PGN - ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA - Causal de tráfico de influencias

ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Contra un senador del congreso de la república por estar incurso en las causales consagradas en los artículos 183-4 y 183-5, constitucionales, por la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Competente par a conocer la sala especial de decisión de pérdida de investidura del consejo de estado ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Marco legal ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Aplicación del principio de legalidad ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Causal de indebida destinación de dineros públicos ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURACausal de tráfico de influencias

PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6:

PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO N° 131/2023

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2023. Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente: Dr. JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

E. S. D.

Proceso: 110010315000202301705-00

Medio de control: Pérdida de Investidura (art. 413 Ley 1437 de 2011)

Actor: Diego Vásquez Contreras

Demandado: Jairo Alberto Castellanos Serrano Honorable Magistrado: En mi condición de agente de la Señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos

277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y dentro de la oportunidad establecida por el numeral 3 artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, con todo respeto, como representante de los intereses de la sociedad, defensor del orden jurídico y garante de los derechos fundamentales, procedo a rendir concepto en el proceso de pérdida de investidura de la referencia.

1. ANTECEDENTES Contenido 1.1. Demanda; 1.2 Contestación, 1.3 Sentencia de Primera instancia 1.4 recurso de apelación.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 2 1.1. Demanda El ciudadano Diego Vásquez Contreras, en su calidad de ciudadano solicitó la pérdida de investidura de JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO, con base en las causales consagradas en los artículos 183-4 y 183-5, constitucionales, por la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias.1.1.1. Fundamento fáctico de la demanda En la demanda se expuso que la Procuraduría General de la Nación inició proceso disciplinario contra el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano (rad. IUS -2022-740475 -IUC D-2023-274-9777 por favorecer a su cuñado “(…) con diferentes contratos mientras fue alcalde de Toledo Norte de Santander (…)”. Se objeta por el demandante que el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano se hubiera servido de María Camila Rivera López, Asesora grado

1 de su UTL, para asumir su defensa técnica. En criterio del demandante, el hecho que el senador Alberto Castillos fuera abogado y le hubiera otorgado poder a la funcionaria Riviera López perseguía emplear su investidura para ahorrarse el gasto de la defensa técnica de un abogado, separando a la funcionaria de sus funciones legislativas en la UTL. 1.1.2 Fundamento jurídico. Lo anterior, para el demandante configuró una indebida destinación de recursos públicos al separar a la funcionaria Riviera López de las funciones netamente legislativas propias de su rol, como miembro de una UTL, para no destinar recursos propios a la contratación de una defensa técnica. Por otro lado, adujo que se configuró un tráfico de influencias al emplearse la condición de congresista, por parte del señor Alberto Castellanos, para presionar a la funcionaria Riviera López para ejercer su defensa técnica. 1.1. Contestación del congresista Alberto Castellanos Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los cargos no cuentan con el mérito fáctico y/o jurídico para soportar la declaratoria de pérdida de investidura. Sobre la señora Riviera López estimó que su conducta se limitó a ser “una averiguación administrativa” única y exclusivamente para notificarse del auto de apertura de investigación. Adujo que la referida funcionaria no llegó a ejercer la defensa técnica del PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710

3 congresista Alberto Castellanos, ni se presentó interrupción en el desempeño de funciones en la UTL. Finalmente, agregaría que el poder otorgado a la funcionaria no cumplía con los requisitos del C.G.P. ni de la Ley 2213, por ende, no debía tenerse como prueba. 1.2. Sentencia de primera instancia En sentencia proferida el 28 de julio de 2023 la Sala Diecinueve Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, decidió en primera instancia las pretensiones de la demanda, así: “(…) PRIMERO: Negar la solicitud de pérdida de investidura instaurada por el señor Diego Vásquez Contreras, en contra del Senador de la República Jairo Alberto Castellanos Serrano, por las causales de indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias.

SEGUNDO: Ejecutoriada la sentencia, envíese copia de esta providencia a la Mesa Directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.

TERCERO: Remítase copia de la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación, en los términos de la parte considerativa de esta providencia. (…)” Para examinar si el congresista acusado incurrió en las causales de pérdida de investidura previstas por: el numeral cuarto del artículo 183 de la Constitución Política, “por la indebida destinación de dineros públicos”; y el numeral 5 del artículo 183 ejusdem por “tráfico de influencias”; la Sala, en un primer lugar, se dispuso a exponer los aspectos generales de la

pérdida de investidura, y en segundo lugar, definió el marco jurídico de las aludidas causales, así como de las funciones de los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo – UTL-. Al examinarse el caso concreto, la Sala encontró acreditado la calidad de congresista del demandado, y estimó que “(…) los congresistas administran indirectamente dineros públicos con respecto del pago de los emolumentos por las funciones desempeñadas por los miembros de sus UTL (…)”. Sin embargo, para la Sala el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano al haber otorgado poder a la Asesora Grado I de su UTL, María Camila Rivera López para notificarse dentro del proceso disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC 2023-274-9777 no configuró la indebida destinación de recursos públicos de forma directa, ni indirecta. Para la Sala, la actuación de la abogada María Camila Rivera López – de conformidad a los elementos probatorios recaudadosse limitó a: revisar el expediente, tomar copias y notificarse del auto de apertura de investigación disciplinaria. Lo anterior en atención a que en el plenario se acreditó que el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano revocaría el poder otorgado a la señora Rivera López, el 1 de marzo de 2023, y nombraría su apoderado de PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 4 confianza, el siguiente 14 de marzo. De forma tal que la señora Riviera López no ejerció “(…)

formal ni materialmente como defensora dentro de la investigación disciplinaria IUS E-2022740475 – IUC D-2023-274-9777 por insuficiencia de poder (…)” a la señora Riviera López, sumado a que el poder tampoco cumplió los requisitos del C.G.P y de la Ley 2213 de 2022. Frente al presunto tráfico de influencia, en la decisión de primera instancia estimó que: (….)tampoco se acreditó que el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, haya ofrecido alguna dádiva a un miembro de su UTL, en este caso a la Doctora María Camila Rivera López, con el objeto de que aceptara el poder a ella conferido y gestionara los trámites a los que se ha hecho mención en apartes anteriores y tampoco está dentro de las funciones de las UTL la labor encomendada por el Congresista, por cuanto no se trató de un asunto que ella estuviese conociendo o hubiese debido conocer por las funciones de su cargo. (…) 1.4 Recurso de apelación Contra la anterior decisión, el señor Diego Vásquez Contreras elevó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, para en su lugar, proferir sentencia denegando las pretensiones de la demanda. Alegó, que contrario a lo concluido por la primera instancia, el uso de una funcionaria de la UTL por parte de un congresista para representarlo en un proceso disciplinario – con independencia si su actuación se limita a la notificaciónes un abuso de poder, susceptible de configurar la indebida destinación de los recursos públicos. Agregaría que, de no tener la calidad de congresista, el señor Jairo Alberto

Castellanos Serrano, no habría podido imponer a la señora Rivera López representarlo ante la Procuraduría General de la Nación.

2. CONSIDERACIONES 2.1 Problema Jurídico; 2.2. Prepuestos Procesales Necesarios Para Proferir Sentencia De Fondo2.3. Marco Normativo Del Medio de la pérdida De Investidura de congresistas; 2.4 sobre la causal de pérdida de investidura “indebida destinación de dineros públicos”, 2.5 sobre la causal de pérdida de investidura “tráfico de influencias”, 2.6 Caso Concreto 2.1. Problema jurídico Para este agente del Ministerio Público, examinada la impugnación elevada por la parte demandante, el problema jurídico a examinar en la segunda instancia se trata el de verificar si ¿la decisión de primera instancia, incurrió en un error de calificación jurídica, al considerar PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 5 que las actuaciones de la señora Riviera López dentro del proceso disciplinario IUS E-2022740475 IUCD-2023-274-9777 seguidas contra el congresista Castellanos Serrano no configuraron una indebida destinación de recursos públicos y tráfico de influencias, pese a ser la primera miembro de la UTL del convocado? 2.2. Prepuestos procesales necesarios para proferir sentencia de fondo Previamente a abordar el problema jurídico, se examinará si en el asunto de la referencia

se reúnen los elementos para proferirse sentencia de fondo. 2.2.1. Competencia. La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado resulta competente para conocer, en primera instancia del medio de control de pérdida de investidura elevado contra el congresista Diego Vásquez Contreras, de conformidad con el contenido del artículo 1841 y 237-52 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1881 de 20183. Ello, atendiendo a que se acreditó en el plenario la elección del señor Jairo Alberto Castellanos Serrano, como senador de la República en el periodo 2022-2026, con el resultado del escrutinio E -26 del 13 de marzo de 2022. 2.2.2 La legitimación en la causa. En el presente asunto, se acreditó la legitimidad en la causa por pasiva del convocado, con certificado del 26 de enero de 2023, por el cual el Secretario General del Senado de la República certificó que el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano funge como Senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026. 1 (…) Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.(…) 2 Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: (…)

5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución

y la ley. (..) 3 “(…) ARTÍCULO 2. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.(…) PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 6 2.3 MARCO NORMATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

DE CONGRESISTAS.

Con la Constitución Política de 1991 sería incorporado este medio de control, sobre el cual tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, han coincidido en indicar que se trata de una acción pública4 de carácter disciplinario5 y éticopolítica6, que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento estricto del estatuto del congresista7, y por ende, “sancionar al elegido por la incursión en conductas que contrarían su investidura, como lo son la trasgresión del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses”8. De allí que se trata de un mecanismo judicial que constituye un verdadero “juicio de responsabilidad política9”, y que sirve para incitar al congresista al cumplimiento de deberes

inherentes a su cargo como lo es el respeto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la debida destinación de recursos públicos, la evasión de conflictos de intereses, o evitar el tráfico de influencias.10 Ahora, en lo que se refiere al régimen jurídico al que se somete dicha acción la jurisprudencia del Consejo de Estado precisó que, debido a su carácter sancionatorio, por regla general está sujeta a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal, “con las especiales modulaciones para el cumplimiento de los fines constitucionales”. En este sentido le 4Al respecto ver Corte Constitucional Sentencia del 7 de mayo de 2015 SU 264 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y Sentencia del 11 de agosto de 2016, SU–424 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 5 Consejo De Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo, C.P: Ramiro Pazos Guerrero, Sentencia del tres (3) De marzo de dos mil veinte (2020), Rad: 11001-03-15-000-2019-03209-02(Pi) (…) Pues bien, la pérdida de investidura hace igualmente parte de las manifestaciones del derecho sancionador, ya que con su puesta en marcha se busca garantizar la moralidad administrativa que guía el actuar de los congresistas, mediante la imposición de sanciones que cumplen no solo tareas de represión sino también preventivas. (…= 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 21 de agosto de 2012, CP. Hernán Andrade Rincón 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 3 de mayo de 2017, rad: 2016-02058-00 (PI),

C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 8 Corte Constitucional, Sentencia siete (7) de mayo de dos mil quince (2015), Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. SU264/15. 9 Corte Constitucional. Sentencia C-319 de 1994. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. Allí se precisó: un verdadero juicio de responsabilidad política que se define con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la violación al código de conducta que deben observar los congresistas en razón al valor social y político de la investidura detentada. Una vez aplicada la sanción, el congresista pierde su calidad de tal y además, queda inhabilitado de manera permanente para ser congresista. Esta sanción particularmente drástica se estableció en la Constitución, con fundamento en la altísima dignidad que supone ser Representante a la Cámara o Senador, a los intereses sociales que representa en virtud de la confianza depositada por los electores y a la significación del Congreso dentro del Estado Democrático” 10 Ibidem C.P, Hernán Andrade Rincón PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 7 corresponde al juez de la pérdida de investidura “efectuar el juicio objetivo de configuración de la causal, y el subjetivo, de responsabilidad del congresista”11 De manera adicional, en reciente decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo12, - cuyo planteamiento es compartido por el suscrito agente del Ministerio Públicoel Consejo

de Estado se refirió al precedente descrito y consideró que los análisis efectuados por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado al calificar la institución de pérdida de investidura, como un “juicio de responsabilidad política” o al considerar que se dirige a “castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables”, conduce a conclusiones equivocadas, pues “justifica la ampliación de poderes judiciales en la determinación del alcance de la conducta sancionable”. En dicha decisión, se consideró que en virtud del principio de legalidad se impone, al legislador, “consagrar una disposición que establezca de manera clara y precisa la conducta sancionable”, (…) para que el juez deba aplicarla textualmente o de manera restrictiva (…)13", en especial frente a la sanción tan grave como es la pérdida de investidura. 2.4SOBRE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, POR LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión Pérdida de Investidura, Sentencia del 3 de diciembre de 2019, rad: 2019-00771-00(PI). In extenso, allí se precisó lo siguiente: (…) 77. Como se trata de un proceso sancionatorio jurisdiccional, le son aplicables los principios, reglas y garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, correspondiéndole al juez de la pérdida de investidura efectuar el juicio objetivo, de configuración de la causal, y

el subjetivo, de responsabilidad del congresista. 78.La configuración objetiva de la causal conlleva la garantía del principio de legalidad, de manera que el juez determina, con un criterio restrictivo de interpretación , si la conducta endilgada al congresista se ajusta a las causales taxativas que prevén la Constitución y la ley, y en los términos del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, si dicha conducta es atribuible al parlamentario a título de dolo o culpa, o si por el contrario, el comportamiento no resulta sancionable porque fue realizado con amparo en alguna causal eximente de responsabilidad.(…) 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 10 de mayo de 2022, radicado 11001-03-15-000-2019-00771-01, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. 13 En este punto trajo a colación el precedente de la Corte Constitucional que adujo SU-424 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: <La pérdida de investidura impone la prohibición perpetua de ejercer el derecho político a ser elegido popularmente, de manera que comporta la imposibilidad de realizar un derecho constitucional. Así pues, el procedimiento que se aplique en el juzgamiento sobre la procedencia de la pérdida de la investidura debe ser especialmente riguroso y respetuoso de las prerrogativas del demandado, en especial, los derechos al debido proceso y a participar en política y conformar el poder público PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710

8 En lo que se refiere a esta causal, está consagrada en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política14, sin embargo, su contenido fue concretizado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que determina su configuración cuando el congresista destina dineros públicos en contra de los fines estatales, en concreto: «[B]ien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros»15, en otras palabras, esta causal persigue “garantizar que la voluntad del órgano que aprueba el presupuesto no sea alterada por el funcionario que lo ejecuta”16. Entre otras conductas identificadas por la corporación constitutivas de una indebida destinación de dineros públicos, se han identificado “(…) el hecho de pagar o autorizar el pago de salarios a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus servicios (…)”17; “la expedición de las resoluciones (…) que reconocieron y autorizaron unos auxilios educativos para los hijos de unos empleados sindicalizados del concejo municipal (…)”18 Igualmente, la Corporación ha establecido, que los requisitos para la configuración de dicha causal son, que el demandado: i) ostente la condición de miembro de una corporación de elección popular y se encuentre en ejercicio de las funciones propias de su cargo; ii) que esté frente a dineros públicos - son aquellos recursos públicos que administra el Estado19-; iii) que los dineros públicos sean destinados de forma indebida20. En cuanto, este último requisito,

que la indebida destinación de dineros públicos se puede realizar de forma directa o indirecta: la primera, cuando el congresista - ordenador del gastodispone ilícitamente de recursos del erario, para favorecer intereses particulares u ordenar una destinación diferente 14 ARTICULO 183º—Los congresistas perderán su investidura: (…) 4. Por indebida destinación de dineros públicos. (…). 15 Consejo De Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 6 de mayo de dos mil catorce (2014), Radicado núm.: 11001-03-15-000-2013-00865-00. M.P: Enrique Gil Botero. Reiterado en Radicado núm.: 13001-23-33-0002016-01107-01. M.P: Hernando Sánchez Sánchez, reiterado en Consejo De Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 4. M.P.: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023) 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, Sentencia del diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022) rad 110010315000201900771-01. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de agosto de 2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente con radicación 11001-03-15-000-2020-04001-01, 18 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Sentencia del

veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021),Rad: 68001-23-33-000-2019-00892-01(PI) 19 Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 4, Sentencia del 5 de junio de 2023, rad: 11001-03-15-000-2023-00145-00. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28 de marzo de 2017, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas, 11001-03-15-000-2015-02938-00.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 9 a la establecida en el presupuesto21; la segunda, (….)cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el respectivo presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación distinta al objeto para el cual fueron consagrados(…)22 2.5SOBRE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS La causal prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política consagra la pérdida de investidura para los eventos que se acredite “tráfico de influencias debidamente comprobado” por parte de un congresista. Ahora, en lo que se refiere al concepto de tráfico de influencias, para efectos de la pérdida de investidura, no existe definición legal, pero el contenido de la misma ha sido precisado por la

jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación., para la cual, (…) La causal de desinvestidura de tráfico de influencias se configura cuando un congresista antepone su investidura frente a un servidor público, quien bajo el influjo de la dignidad parlamentaria, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien lo solicita. (…)23 Para la configuración de esta causal de pérdida de investidura, la Corporación ha identificado que se deben configurar cuatro elementos “que deberán aparecer demostrados de forma suficiente y concurrente”24: i) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la calidad de congresista25; ii) Que dicha calidad se invoque ante el servidor público “ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en consideración el orden jerárquico existente entre ambos”; iii) Que se reciba, o haga dar, promesa para sí o para un tercero, dinero o dádiva – a excepción de las gestiones de los Congresistas en favor de 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero de 2004, radicación No. 1100103-15-000-2003-1149-01 [PI], C.P. Alier Hernández Enríquez, reiterada en Consejo De Estado Sala Plena de Lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial De Decisión, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, Sentencia del 29 de agosto de 2013, rad 1001-03-15-000-2023-01427-00 (PI). 22 ibidem 23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión de Pérdida de

Investidura, C.P.: Guillermo Sánchez Luque, Sentencia del once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019). 24 Consejo De Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo, C.P.: César Palomino Cortés, Sentencia del treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019), Rad: 11001-03-15-000-2018-00316-01(PI). 25 Sentencias de Sala Plena de 21 de febrero de 2012 (Expediente núm. 2011-00497 (PI), Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón), de 6 de mayo de dos mil catorce (2014), (Expediente núm. 2013-00865 (PI), Consejero Ponente doctor Enrique Gil Botero) y de 21 de junio de 2016 (Expediente núm. 2013-01258-00 (PI), Consejera ponente María Elizabeth García González).

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 10 sus regiones-; y iv) que el beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto que se encuentra conocido o haya de conocer el servidor público. 2.6 CASO CONCRETO Examinado el recurso de apelación elevado por la parte actora, se observa que el mismo objeta la calificación jurídica realizada en la primera instancia, de la conducta del señor Jairo Alberto Castellanos Serrano, que consideró que el congresista no incurrió en las causales de pérdida de investidura previstas por los numerales 4 y 5 del artículo 183 constitucional y

reiteradas por el art. 296 de la Ley 5 de 1993. Previo a examinar el mérito de las alegaciones del recurrente, se tiene que en el expediente se acreditó la condición de la señora María Camila Riviera López como Asesora Grado I dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Jairo Alberto Castellanos desde el 24 de julio, por certificación del Jefe de la División de Recursos Humanos del H. Senado de la República del 27 de abril de 2023. Así mismo , con la demanda se aportó copia del expediente disciplinario IUS-2022-740475IUC D-2023274-9777, en el que reposa la investigación proseguida contra el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano, por la presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En dicho expediente, se observa que por auto del 12 de enero de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano y la notificación del investigado de acuerdo con los artículos 121 y 122 del Código General Disciplinario. De manera posterior, por escrito allegado el 22 de febrero de 2023 se allegó el “poder” otorgado por el señor Jairo Alberto Castellanos a la señora María Camila Rivera López, donde aparece lo siguiente:

“(…) DOCTORA

MARIA CRISTINA FONSECA FONSECA

SECRETARIA PROCURADURIA GR 12

SALA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION

E S. D.

REFERENCIA: PODER PARA REVISIÓN EXPEDIENTE Y NOTIFICACIÓN Expediente IUS E-2022-740475 IUC D-20232749777

JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Cúcuta, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. (…) de Toledo, Norte de Santander, en mi calidad de senador denunciado, respetuosamente le manifiesto a usted, que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctora MARIA CAMILA RIVERA LOPEZ, mayor de edad, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía (…), portador (a) de la Tarjeta Profesional No. (…) del C. S. J, para que en mi nombre y representación revise expediente, se notifique y realice las actuaciones a que haya lugar en esta etapa del proceso. Sírvase, por lo tanto reconocerle personería a mi apoderado en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente, JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 11

C.C. No (…)

ACEPTO MARIA CAMILA RIVERA LOPEZ (…)” En virtud de dicha autorización la señora María Camila Rivera López se notificó el 22 de febrero de 2023 de la investigación proseguida contra el senador Castellanos Serrano; sin embargo, por mensaje de datos del 13 de marzo de 2023 remitido desde la dirección electrónica perteneciente al senado, el señor Jairo Alberto Castellanos remitió poder firmado

al señor Camilo Araque Blanco para ejercer su defensa técnica dentro del referido proceso. Al señor Araque Blanco se le reconoció personería como apoderado del señor Castellanos Serrano en la investigación disciplinaria por auto del 16 de marzo de 2023. Previsto lo anterior, a juicio del suscrito no hubo configuración objetiva de ninguna de las causales invocadas en la demanda para declarar la pérdida de investidu