PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Daño antijurídico como consecuencia del actuar excesivo y despr

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 10 de junio de 2010 Doctora

GLADYS DUQUE ORDOÑEZ

Consejera Ponente (E). Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 10-110. Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público, en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo, en los siguientes términos:

1. En ejercicio del acción de reparación directa y por intermedio de apoderado judicial, el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona, su cónyuge Sandra Yasmith Lopera García, sus hijos Michel Adolfo y Jhonatan Steven Sierra Lopera y Adolfo Rodrigo Sierra Hernández, sus padres Carmen Emilia Cardona Castro y Pedro Nel Sierra Ortiz, y, sus hermanas María Nancy, Dori Luz, Yamile Eugenia, Olga Elena y Adriana Patricia Sierra Cardona pretenden la declaratoria de responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y su condena al pago de los perjuicios que sufrieron con las graves lesiones físicas ocasionadas al señor Fabián Adolfo

Sierra en hechos ocurridos el 28 de octubre de 1997 en la ciudad de 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Medellín, a manos de agentes de la Policía Nacional que de manera innecesaria, arbitraria y excesiva usaron sus armas de dotación oficial en contra del mencionado ciudadano. Narra la demanda que en la fecha atrás mencionada el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona se transportaba, en compañía de su suegra, en un vehículo de su propiedad y dado que su arma de uso personal presentaba algunos imperfectos procedió a hacer dos tiros al aire y dos cuadras más adelante fue agredido por uniformados hiriéndolo de gravedad, quienes para justificar su actuar alegaron una inexistente legítima defensa. Como consecuencia de las heridas causadas por el accionar de los policiales, el señor Sierra Cardona perdió su ojo derecho, lo que le imposibilita el ejercicio de su profesión ya que limita su visión y el desempeño de su actividad como médico cirujano.

2. Durante el término de fijación en lista, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda manifestando no constarle los hechos de la demanda, se adhirió a las pruebas pedidas por la parte actora y propuso la excepción de “culpa exclusiva de la víctima.”

3. El Juzgador de la primera instancia denegó las pretensiones de la

demanda por considerar que no se probó que el daño fuera imputable al Estado toda vez que no existe prueba que haga pensar que los miembros de la Policía Nacional hayan actuado “en forma irresponsable, sin el cuidado y la diligencia necesarios al disparar sus armas de dotación oficial contra el vehículo conducido por FABIÁN ADOLFO SIERRA CARDONA”.

4. Inconforme con la decisión de la primera instancia la parte actora la apeló con miras que se revocada en esta instancia y en su lugar se atiendan sus pretensiones indemnizatorias por considerar que la sentencia desconoció la

2 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. abundante prueba que da cuenta de la injusta agresión que sufrió el ciudadano Fabián Adolfo Sierra Cardona y la desproporción con la que actuaron los uniformados al accionar sus armas en contra del ciudadano que en ningún momento les estaba atacando. EL CONCEPTO La Procuraduría Quinta Delegada no comparte la decisión del juzgador A quo, razón por la cual respetuosamente solicita a la H. Sala su revocatoria para en su lugar despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes breves argumentaciones: Pretende la parte actora que se declare la responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa, Policía Nacional por las serias lesiones físicas que padece el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona debido a la utilización excesiva, desmedida, innecesaria y arbitraria de las armas de dotación oficial

por parte de agentes de esa institución. En lo atinente a la responsabilidad estatal por los daños causados por el uso de las armas de dotación oficial, la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, inicialmente, consideró que debía ser manejado a la luz de la teoría que enseña la falla en el servicio probada; más adelante estimó que debía predicarse la existencia de una falla presunta en el servicio al amparo de la que el actor debía demostrar la causación de un daño indemnizable y que dicho perjuicio se hubiere originado en el accionar de las armas de fuego de dotación oficial por parte de los miembros de la fuerza pública, evento en el cual la administración únicamente podía exonerarse de responsabilidad acreditando que actuó diligente y prudentemente, de suerte que su actuación no podía ser calificada como omisiva, imprudente o negligente. 3 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Más adelante, la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo sostuvo que los daños ocasionados por el uso de armas de fuego de dotación oficial, por considerarse una actividad peligrosa, daba lugar a la aplicación del régimen de presunción de responsabilidad, toda vez que la presunción de falla únicamente resultaba predicable de la responsabilidad médica. Con posterioridad, la sección Tercera afirmó que en tales eventos debía darse aplicación al régimen de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo creado.

Actualmente, al sección falladora ha precisado que sostenido que cuando el daño antijurídico se produzca accidentalmente por la utilización de las armas de dotación oficial, el título de imputación al amparo del cual deben ser analizados y definidos será el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, dado el factor de grave y anormal de riesgo a que el Estado expone a los administrados con el ejercicio de una actividad peligrosa; de suerte que basta la realización de ese riesgo creado por la administración para que el daño le resulte imputable; debiendo entonces la parte actora demostrar de manera fehaciente la existencia del daño y la relación causal entre ese perjuicio y el desarrollo de la actividad riesgosa por parte de la entidad pública demandada; mientras que ésta podrá exculparse probando la existencia de una causa extraña, esto es que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero; no obstante, la Sección Claro precisó que cuando esos daños no provengan del manejo accidental de las armas de fuego sino que sean producto de un mal funcionamiento de la administración, el título bajo el cual deberá decidirse la litis debe el de falla en el servicio probada, de suerte que la parte que pretende la indemnización de dicho perjuicio debe probar, de manera fehaciente, que se produjo por una conducta -activa y omisivaapartada de las obligaciones legales y constitucionales del ente público accionado. 4 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021.

Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En efecto, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado en oportunidad reciente, con ponencia del Consejero Mauricio Fajardo Gómez, sostuvo: “En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados accidentalmente con el uso de armas de fuego, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional1; en efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el D.A.S., o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos. En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño y el nexo causal entre éste y una acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez la Administración, para exonerarse de responsabilidad, deberá acreditar la presencia de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de

imputación bajo el cual se definirá el litigio será el de falla del servicio, en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación. En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación –conducta activa u omisivadel contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales incurrió la Administración y se constituye en un juicio de reproche. Por su parte, en ese campo la entidad pública demandada podrá exonerarse de una declaratoria de 1 5 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir que acató los deberes a los cuales se encontraba obligada o si demuestra que el nexo causal era apenas aparente, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o hecho también exclusivo y determinante de un tercero.” (Sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 05001232400019940207301-17927. Elizabeth

Pérez Sosa y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional) Precisado lo anterior y dado que los demandantes atribuyen el lesionamiento de que fue objeto el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona al uso excesivo y desproporcionado de las armas de fuego de dotación oficial por parte de los miembros de la fuerza pública, el asunto sub examine deberá analizarse a la luz de la teoría que enseña la falla probada en el servicio. Pues bien, la condición de cónyuge, hijos, padres y hermanas que aducen los demandantes respecto del lesionado Fabián Adolfo Sierra Cardona se demuestra con los registros civiles visibles en los folios 7 a 18 del cuaderno ppal., documentos públicos de los que se infiere su legitimación en la causa para actuar. El daño como elemento sine qua non de la responsabilidad estatal se acreditó con el dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral según el cual el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona presenta una disminución de la capacidad laboral equivalente al 37.09%. (fl. 183 cdno. ppal.) Para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que resultó herido el señor Fabián Cardona Sierra la parte actora solicitó se oficiara a la Fiscalía Seccional de Medellín para que remitiera copia auténtica del proceso penal que adelantó en contra del señor Cardona Sierra por su presunta incursión en el delito de violencia contra empleado oficial; prueba documental respecto de la cual resulta necesario 6 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538

Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. precisar que, por tratarse de prueba trasladada de un proceso en el que la entidad demandada no hizo parte, es decir frente a la cual no ha ejercido su derecho a la contradicción, no puede –en principioser apreciada en esta instancia, tal y como lo prescribe el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil2 y lo ha sostenido de manera reiterada esa Máxima Corporación: “En lo que se refiere a la prueba trasladada aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieran sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla no podrán ser valoradas. En los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoque las formalidades legales para su inadmisión.” (Sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 730012331000199700669801-16398, Esneda Alvis Ureña y otros

Vs. INVIAS, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez) No obstante lo anterior, como el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al contestar la demanda manifestó expresamente su adhesión a las pruebas aportadas y solicitadas por la parte actora, expresión de la que se infiere que conoce el contenido de la prueba y que se atiene al resultado de su apreciación por parte del Juez, la copia del proceso penal allegado al plenario deben ser objeto de apreciación y valoración, tal y como lo precisó esa H. Corporación al sostener que: “Los documentos que obran dentro de las referidas pruebas trasladadas serán objeto de valoración probatoria en este proceso, 2 “Art. 185. Prueba Trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. (Subrayas fulera de texto) 7 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. dado que la propia entidad demandada, al contestar la demanda, adhirió a todos los medios probatorios solicitados por su contraparte. Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma reiterada, que la admisión de la prueba con el asentimiento o la propia voluntad de una parte representa la renuncia al, o mejor –se precisa ahora– una forma de ejercer el derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad

de reproducir su práctica, en consecuencia, no le es dable al juez de la causa desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto es la protección del derecho sustancial (art. 228 C. P. C)” (Sentencia de 2 de septiembre de 2009, expediente 05001233100019950154701-17827. María Isabel Llano Hinestroza y otros Vs. Ministerio Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez). Los planteamientos anteriores resultan igualmente aplicables a la copia del proceso disciplinario allegado al proceso por petición de la parte actora, prueba que, adicionalmente, por haber sido practicada por la parte demandada deberá ser objeto de valoración, sin más formalidades3. Pues bien, de la valoración conjunta de la prueba a que se ha venido alusión se tiene que el 28 de octubre de 1997 resultó herido el señor Fabio Alonso Sierra Castaño, cuando un grupo de patrulleros adscritos a la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo, al mando del Agente Jorge Arias Londoño, utilizaron sus armas de dotación oficial lesionándolo en “el pómulo izquierdo con orificio de salida en el ojo derecho”; situación que dio lugar a que se iniciara investigación disciplinaria en contra de los uniformados por su presunta violación al Reglamento de Disciplina y Ética de la Policía Nacional. 3 “A este respecto, cabe decir que según se ha expresado en varias ocasiones por esta Sala, las pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada, que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la

presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen.” (Sentencia de 24 de noviembre de 2005, expediente 20001233100019960272501-13305. Natividad Rozo de Medina Vs. Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar) 8 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Durante el trámite de la investigación disciplinaria se recepcionaron las declaraciones de Edwin Alberto Suárez, Jorge Saldarriaga Carmona, Edisson Alonso Uribe Castaño y César León Velásquez Duque, quienes en forma unívoca describen como, en su condición de integrantes de la patrulla militar, la noche del 28 de octubre de 1997 repelieron el injusto ataque de que eran objeto por parte de los ocupantes de un vehículo que venía en su dirección, el cual, desacatando la orden de “pare”, arremetió en su contra disparándoles en repetidas oportunidades, lo que motivó la reacción inmediata de los policiales quienes accionaron sus armas de dotación oficial contra los agresores, en legítima defensa de sus vidas. (fls. 23 a 36) El ahora demandante Fabián Alonso Sierra Carmona, rindió su declaración durante el trámite de la investigación disciplinaria, aceptando haber disparado al aire su revólver cuando salía del restaurante de su propiedad;

que más adelante, luego de dejar a sus progenitores en su casa, efectuó otros dos disparos al aire; y, que cuando salía del callejón de la calle 43 fue recibido a tiros por la policía. Sostiene que los integrantes de la patrulla no le hicieron ninguna señal para que se detuviera y niega, categóricamente, haber disparado en contra de los uniformados. La declaración rendida por la señora Hermencia García de Lopera, suegra del señor Sierra Carmona, testigo presencial de los hechos por hallarse al interior del vehículo, guarda total similitud y coherencia con lo declarado por su yerno, manifestando expresamente que: “Si, acabavamos (sic) de dejar a los padres de él en la casa de ellos, entonces al voltiar (sic) el señor Fabián hizo dos tiros al aire y volvimos a voltiar (sic) y al salir sobre la 84 fue cuando sentimos los disparos yo me hagache (sic) pues no supe quien estaba disparando, cuando volví a la levantarme fue para mirar que le había pasado al yerno mio o sea a Fabián, entonces él volvio a donde los padres, entonces se bajo como loco para que lo llevaran a la clínica, cuando en ese momento llego la Policía para ofrecernos alluda (sic) nos llevaron al yerno para la clínica, al papá de él y a mi para aca” (fl. 51) 9 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Obra igualmente la declaración rendida por el agente Arias Londoño Jorge,

comandante del grupo de alumnos que dispararon contra el vehiculo ocupado por Fabián Sierra Cardona y Hermencia García de Lopera, quien afirma haber llegado al lugar cuando el vehículo ya había emprendido la huida y haber efectuado un disparo con el revólver de dotación oficial “cuando ya el vehículo tomaba rumbo a San Juan y cuando los alumnos me contaron que desde ese vehículo les habían disparado”; agrega que cuando él disparó se hallaba más o menos a quince metros del vehículo y que tres de los estudiantes dispararon seis cartuchos y uno de ellos tres cartuchos. (fl. 54) La investigación disciplinaria adelantada en contra de los uniformados que participaron en los hechos en que resultó lesionado el señor Fabián Alonso Sierra Cardona concluyó en exoneración de los investigados por haberse considerado que con su conducta no infringieron el Reglamento de Disciplina y Ética, y que actuaron en legitima defensa para repeler la agresión injusta de que eran objeto. (fls. 325 y ss.) Ahora bien, dentro de la investigación penal que se adelantó en contra de los señores Fabián Adolfo Sierra Cardona y Pedro Nel Sierra Ortiz, por los delitos de violencia contra empleado oficial y porte de armas, se recepcionó el testimonio de Rubén Darío Foronda Escobar, trabajador del restaurante de propiedad de Alonso Sierra Cardona, quien corrobora la versión de que al cerrar el establecimiento comercial y escuchar ladrar los perros, efectuó tres tiros al aire. (fl. 5) Esta declaración se confirma con la rendida por la madre de la víctima, señora Carmen Emilia Cardona Castro, quien se hallaba

presente en el restaurante cuando, cerca de la perrera, su hijo efectuó tres tiros al aire (fl. 9); y, se revalida con el testimonio de la señora Hermencia García de Lopera, suegra de Fabián Alonso, el cual guarda total coherencia con el rendido ante la instancia disciplinaria. 10 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Pues bien, en criterio de esta Agencia del Ministerio Público, la valoración en conjunto del material probatorio al que se ha venido haciendo alusión permite inferir que en efecto, tal y como lo plantea, el recurrente el lesionamiento de que fue objeto del señor Fabián Alonso Sierra Cardona obedeció a una falla en la prestación del servicio por parte de la entidad policial accionada toda vez resulta claro que la actuación de los uniformados que integraban la patrulla que disparó en contra del ciudadano usó de manera desmedida y excesiva las armas de dotación oficial con que habían sido dotados para el cumplimiento de su función. La anterior afirmación se sustenta en que si bien el señor Fabián Alonso Sierra Cardona portaba un arma de fuego, los antecedentes cercanos al momento en que es interceptado por la patrulla policial impiden, a juicio del Ministerio Público, afirmar de manera categórica que dicho ciudadano disparó contra los policiales y que, en consecuencia, estos actuaron en legitima defensa. En efecto, de la prueba testimonial recaudada se infiere que el señor Sierra

Cardona accionó su revólver en las afueras del restaurante de su propiedad en tres (3) oportunidades y que, luego de dejar a sus progenitores en su residencia, efectuó otros dos (2) disparos al aire; es decir que para el momento en que se “enfrentó” con la patrulla policial el tambor del revólver podría tener -a lo sumoun (1) proyectil; situación que, en sana lógica, impide tener por cierta la afirmación de uniformados según la cual los ocupantes del vehículo les dispararon en repetidas oportunidades, dando lugar a la reacción inmediata de los uniformados quienes en número de cuatro accionaron sus armas de dotación oficial en al menos veinte oportunidades, según lo declara el agente Arias Londoño Jorge, comandante de la patrulla. (fl. 54 proceso penal) Así las cosas, aún cuando Fabián Adolfo Sierra Cardona hubiere estado armado y realizado algunos disparos al aire, esta sólo situación no 11 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. autorizaba a los uniformados para abrir fuego en contra del vehículo en el que se transportaba, máxime cuando el aludido enfrentamiento armado se encuentra descartado con la prueba testimonial a que se ha venido aludiendo, lo cual pone en evidencia el exceso en el uso de las armas de dotación oficial por parte de los policiales y desvirtúa la legitima defensa como justificación de la conducta de los uniformados. La Sección Tercera del H. Consejo de Estado ya ha tenido la oportunidad de

pronunciarse en algunos casos en que los miembros de la fuerza pública, en cumplimiento de sus funciones, han incurrido en actuaciones de uso excesivo de la fuerza, transgrediendo derechos y bienes de los ciudadanos; siendo dable traer a colación un aparte de la sentencia de 13 de noviembre de 2008, expediente: 16741 cuando con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar, se sostuvo: “Los elementos probatorios recaudados conducen a estructurar la responsabilidad de la administración por falla probada del servicio, bajo el entendido de que los miembros del cuerpo elite de la Policía Nacional no hicieron un uso legítimo de la fuerza, su comportamiento desconoció las obligaciones constitucionales y legales, como quiera las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, solo por esa vía se garantizan la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Las autoridades públicas que incumplan las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, atenten contra los derechos de las personas y vulneren los derechos fundamentales y humanos, como es la vida, el cual tiene una protección constitucional reforzada, comprometen su responsabilidad, y por lo tanto indemnizarán los perjuicios causados. En el sub lite, las pruebas obrantes así lo acreditan y en cambio no permiten ser conclusivas de las imputaciones hechas por la entidad demandada en cuanto al ataque perpetrado por las víctimas contra los miembros de la

fuerza pública. No resultaba suficiente acreditar que al lado de cada uno de los cuerpos se hubiera encontrado una subametralladora, esta circunstancia no demostraba per se, que este armamento hubiera sido utilizado.” 12 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En relación con el tema que se debate, la misma Corporación en providencia de 23 de abril de 2008 dentro del expediente: 16525 con Ponencia del Consejero Mauricio Fajardo Gómez, afirmó: “Tal como ya se ha destacado, las declaraciones del agente que le disparó al señor De Luque no tienen respaldo probatorio en este proceso, pues no se allegó elemento de juicio alguno que permita establecer que la víctima disparó su arma en contra de los agentes de Policía, antes de que éstos lo atacaran. Reitera y resalta la Sala que en el presente caso la alegada configuración de un eximente de responsabilidad se apoya en pruebas insuficientes que se limitan a señalar que el sujeto se encontraba armado y que minutos antes de encontrarse con los agentes de Policía había sido accionada su arma, por él mismo, en otro lugar, circunstancias que no permiten establecer directamente o por vía de indicios que el occiso hubiere disparado contra los agentes de Policía y que esa hubiere sido la razón determinante para que aquellos reaccionaran disparándole.” Así, a juicio del Ministerio Público, la valoración conjunta de la prueba

existente en el plenario conduce a concluir que, en efecto, tal y como lo plantean los demandantes, los uniformados que integraban la patrulla que dispararon en contra del vehículo ocupado por el señor Fabián Alonso Sierra Castaño actuaron con exceso en el uso de sus armas de dotación oficial, pues la afirmación de los policiales en el sentido de que fueron atacados a disparos desde el automotor, lo que motivó su reacción en ejercicio del derecho a la legítima defensa si bien sirvió de base para absolverlos de responsabilidad disciplinaria, no resulta suficiente para configurar la causal de exoneración de responsabilidad consistente en culpa exclusiva de la víctima. Lo anterior, permite concluir que el señor Fabián Alonso Sierra Castaño y sus familiares ahora demandantes sufrieron un daño antijurídico como consecuencia del actuar excesivo y desproporcionado de los agentes del orden público, lo que evidencia la existencia de relación causal entre el 13 5ª.CdeE/WRO/napn IUS2010-169538 Expediente 05001233100019980406301-38021. Fabián Adolfo Sierra Cardona y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional. actuar de la entidad demandada y la causación del perjuicio por el que ahora de reclama indemnización; de suerte que, en criterio de esta Procuraduría Delegada, la responsabilidad administrativa y patrimonial del centro de imputación jurídica accionado sí debe resultar comprometida y por ello, respetuosamente, solicita a la H. Sala revocar la sentencia impugnada para en su lugar declarar responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los daños antijurídicos causados a los demandantes.

Ahora bien, dado que se encuentran comprobados los elementos constitutivos de la falla del servicio que compromete la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, se viabiliza el reconocimiento de la condigna indemnización a título de daño moral al señor Fabián Adolfo Sierra Cardona y su grupo familiar, en los montos que esa H. Corporación estime pertinentes dado que, como ya se advirtió en acápite anterior, la condición de cónyuge, hijos, padres y hermanos que aducen los demandantes respecto de la víctima directa del daño se encu