PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Demanda extemporánea da lugar a la caducidad

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por privación injusta de la libertad ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Cómputo del término de caducidad/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Demanda extemporánea da lugar a la caducidad El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, al vencimiento del plazo de 2 años. La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término de caducidad de la acción en los casos de privación injusta de la libertad se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera de responsabilidad. ….El Ministerio Público después de estudiar el expediente concluye que la demanda fue extemporánea, puesto que se presentó cuando la acción de reparación directa se encontraba caducada. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS-Regulación legal EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS-Sentencia de la Corte Constitucional ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La caducidad se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que libera de responsabilidad penal/ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA-En el presente caso operó la caducidad De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y la modulación que hace la sentencia C-641 de 2000, la sentencia que libera de responsabilidad quedó ejecutoriada el 16 de febrero de 2006, por lo que el término de caducidad se extendería hasta el 17 de febrero de 2008. Si se considera la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de casación, la sentencia cobró ejecutoria el 9

de marzo de 2006, es decir que a partir del 10 de marzo de 2006 y hasta el 10 de marzo de 2008 la parte accionante contaba con la posibilidad de demandar. Como la demanda se presentó el 31 de marzo de 2008 es evidente que la acción no se ejerció dentro del término previsto en la ley, ya que para ese momento se encontraba caducada la acción. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 Pag. 2 EXP. 53.470 (680012331000200800180 01)

PROCURADURÍA PRIMERA

DELEGADA CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO 144 DE 2015

Bogotá D.C, 24 de julio de 2015

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA REFERENCIA: EXP. 53.470 (680012331000200800180

01)

ACTOR: Hernando Hernández Gómez y otros

DEMANDADO: Nación - Fiscalía General de la Nación Rama

Judicial ASUNTO: Acción de Reparación Directa El Ministerio Público después de estudiar el expediente concluye que la demanda fue extemporánea, puesto que se presentó cuando la acción de reparación directa se encontraba caducada.

El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, al

vencimiento del plazo de 2 años. La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término de caducidad de la acción en los casos de privación injusta de la libertad se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera de responsabilidad. “Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial , pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial. Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a Pag. 3 EXP. 53.470 (680012331000200800180 01) contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal…”1 (Subrayado fuera del texto) La Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, regula la ejecutoria de las providencias así:

“ARTÍCULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las

providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”. La Corte Constitucional en sentencia C-641 de 2000 declaró exequible la expresión “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”, en el entendido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias. La parte demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Nación por la privación injusta de la libertad que padeció el señor HERNANDO

HERNANDEZ GÓMEZ.

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente: i) Que se absolvió al demandante HERNANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ mediante sentencia del 13 de enero de 2006 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 62 al 74 c. principal y fls. 9 a 21 c. de pruebas 6 – c. del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Andrés Providencia y Santa Catalina).

1. Que, según constancia del 24 de enero de 2006, dicha providencia fue notificada al apoderado del señor Hernández mediante telegrama (fl. 23 c. de pruebas 6 – c. del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Andrés Providencia y Santa Catalina). 1 Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

Pag. 4 EXP. 53.470 (680012331000200800180 01) iii) Que de esa decisión fue notificada personalmente al señor HERNÁNDEZ GÓMEZ el 16 de febrero de 2006 (fl. 29 c. de pruebas 6 – c. del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Andrés Providencia y Santa Catalina). iv) Que para notificar a las demás partes fue fijó edicto por el término de 3 días el 30 de enero de 2006 (fl 24 c. de pruebas 6 – c. del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Andrés Providencia y Santa Catalina). v) Que obra Constancia Secretarial del 17 de febrero de 2006 (fl 75 c. principal y fl. sin número entre fls 24 y 28 c. de pruebas 6 – c. del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Andrés Providencia y Santa Catalina) que dice lo siguiente: En atención a lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en auto de octubre 22 de 2001 siendo Magistrado Ponente el doctor CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE y de conformidad con el artículo 223 del anterior Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la

interposición y trámite del recurso extraordinario de casación, y en consideración a que la última notificación de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación se efectuó personalmente el 16 de febrero de 2006, a partir de las 8 de la mañana del 17 de febrero de 2006 y hasta las 4:00 de la tarde del 9 de marzo de 2006 corre el término de 15 días para efectos de interponer el citado medio de impugnación”. En el mismo folio se observa constancia del 9 de marzo de 2006 según la cual por haber cobrado ejecutoria la providencia se regresa el proceso a la oficina de origen. vi) Que el 21 de marzo de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga ordenó el archivo del expediente (c. de pruebas 6, fl. 23 c. 5 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga) vii) Que la demanda se presentó el 1 de abril de 2008 (fl. 97 c. principal). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y la modulación que hace la sentencia C-641 de 2000, la sentencia que libera de responsabilidad quedó ejecutoria el 16 de febrero de 2006, por lo que el término de caducidad se extendería hasta el 17 de febrero de 2008. Si se considera la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de casación, la sentencia cobró ejecutoria el 9 de marzo de 2006, es decir que a partir del 10 de marzo de 2006 y hasta el 10 de marzo de 2008 la parte

accionante contaba con la posibilidad de demandar. Como la demanda se presentó el 31 de marzo de 2008 es evidente que la acción no se ejerció dentro del término previsto en la ley, ya que para ese momento se encontraba caducada la acción. Del Honorable Magistrado, respetuosamente, Pag. 5 EXP. 53.470 (680012331000200800180 01)

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado FMSG/SPDH EXP: 53.470 (680012331000200800180 01)