PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Ejecutoria de las providencias y firmeza de las decisiones judi

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Ejecutoria de las providencias y firmeza de las decisiones judi
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Ejecutoria de las providencias y firmeza de las decisiones judiciales La pluralidad de sujetos pasivos sobre los que recayó el fallo, hace que la firmeza de la decisión contenida en la providencia ocurra en diferentes momentos para cada uno de ellos, quedando en firme con posterioridad en el tiempo para aquellos sujetos que interpusieron y agotaron los recursos pertinentes, y un en primer momento en el tiempo, para aquellos quienes como el demandante, no hicieron uso de los recursos de ley. Como fue expuesto en el marco normativo del presente concepto del Ministerio Público, no podrá interponer el recurso de casación quien no apeló la sentencia de primer grado, ni adhirió a la apelación de la otra parte; razón de sobra para, una vez comprobado que el demandante no interpuso siquiera el recurso de apelación por cuenta propia, o adhirió al de aquellos dentro de su misma causa que si lo hicieron, desestimar el argumento de un supuesto uso de dicho recurso que ampliara la ejecutoria de la sentencia absolutoria para el demandante, dándole plazo adicional a éste para hacer uso de la acción de reparación. Es claro para ésta Delegada que la falta de pruebas dentro del expediente y en el escrito de apelación que demuestren los supuestos recursos interpuestos por el actor a la sentencia de primera instancia, es evidencia de su inexistencia y de la voluntad de, mediante una falacia jurídica, aprovechar la multiplicidad de sujetos sobre los que versa el fallo del H. Tribunal y los diferentes recursos de los que éstos hicieron uso, para ampliar la

ejecutoria de una sentencia que quedó en firme para el demandante desde el día 20 de Febrero de 2001. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad de la acción/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad Administrativa Para esta Delegada, la decisión del H. Tribunal de abstenerse de conocer del fondo del asunto por hallar probada la caducidad de la acción interpuesta en la demanda es correcta, ya que un acucioso análisis jurídico demuestra que a diferencia de lo presentado por el actor en su capítulo de pruebas, la caducidad de la acción de reparación por la detención sufrida por el demandante, empezó a correr desde la ejecutoria de la sentencia de primera instancia que éste no apeló, la cual ocurrió el día 20 de Febrero del año 2001; dándole a aquel la oportunidad de ejercitar la acción sólo hasta el 20 de Febrero de 2003. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que la acción de reparación directa impetrada por el actor había caducado al momento de la presentación de la demanda, y en este sentido, la Fiscalía General de la Nación NO puede ser declarada administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor. Así, se proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del caso objeto de estudio. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 42979 250002326000200502703 01

JEBS CONCEPTO No. 133 / 2012

Bogotá, D.C., Abril 26 de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200502703 01 (42979)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: JHON DE JESUS BOTELLO PEREZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. Temas: Privación Injusta de la Libertad. Acción de Reparación Directa – Caducidad. Ejecutoria de las providencias. Firmeza de las decisiones judiciales.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala, concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - Hechos El señor JHON DE JESUS BOTELLO PEREZ Y OTROS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada contra LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor JHON DE JESUS BOTELLO PEREZ, primero desde el día 17 de Junio de 1997 hasta el 10 de Julio del mismo año, y luego desde el 14 de Junio hasta el 22 de Diciembre de 2000, tras hacerse efectiva su captura por los presuntos punibles de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La captura del Sr. Botello, quien para la época de los hechos era agente de policía retirado, se efectuó en flagrancia, luego de que agentes del CTI, siguiendo la pista del homicidio de un patrullero que atendía un robo, allanaran la casa de aquel, encontrando en su poder armas oficiales, uniformes de dotación oficial y equipos de comunicaciones, lo cual agregó veracidad al testimonio de uno de los capturados por el robo y homicidio del patrullero, quién previamente había relacionado al Sr. Botello como parte integrante de la banda de delincuentes que

habría efectuado múltiples robos en la ciudad de Bogotá. En sentencia de 21 de Diciembre de 2000, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., condenó a la mayoría del grupo de procesados por el robo y asesinato del patrullero, y absolvió al Sr. Botello de los punibles 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS imputados con base en el principio de la sana crítica, hallando serias dudas sobre la participación del mismo como autor de las conductas típicas penales a éste atribuidas, basándose principalmente en la anormalidad de su captura respecto de los otros 7 presuntos integrantes de la banda de criminales, no hallando vinculo directo entre los elementos hallados en su poder y su autoría en los hechos alegados. 1.2 Contestación de la Demanda En forma oportuna, la apoderada de la Fiscalía contestó la demanda, manifestando inicialmente que, al no constarle los hechos narrados por el demandante, se atenía a lo que resultara probado en juicio. Se opuso igualmente a todas las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, argumentando que en el caso en cuestión no se configuran los supuestos esenciales que permiten configurar responsabilidad en cabeza de la

Fiscalía, ya que esta actuó conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 250 de La Carta Política, el cual establece su función investigativa y la obliga a adelantar el ejercicio de la acción penal en los casos que revistan las características de un delito. Resaltó la legalidad de la medida de aseguramiento inicialmente impuesta, al calificarla como coherente con lo contenido en los artículos 306, 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, los cuales establecen la naturaleza y procedencia de dicha medida. Por su parte, el apoderado de la Rama Judicial del Poder Público contestó la demanda en términos similares a los de la Fiscalía, defendiendo la legalidad de las cargas soportadas por el Sr. Botello, apartándose de dichos planteamientos 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS sólo en el entendido de que, en caso de hallarse probada responsabilidad alguna, será ésta en cabeza de la Fiscalía, a quien describe como el ente con autonomía presupuestal para atender dichas reparaciones. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló en sentencia del 12 de Octubre de 2011, negando las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los

siguientes argumentos: 1.3.1. La Sala encontró que la acción de reparación directa se encontraba caducada, ya que acorde con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la oportunidad para interponerla se extinguirá vencido el plazo de 2 años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de la operación administrativa que dio lugar a aquella, siendo para el caso en cuestión, la ejecutoria de la sentencia proferida por el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ocurrida el día 20 de Febrero de 2001, como es visible en el edicto del folio 369 anverso del cuaderno 32. 1.3.2. No habiendo apelado la decisión contenida en la providencia de 21 de Diciembre de 2000, halló el Tribunal que la misma quedó en firme para el Sr. Botello desde el día 20 de Febrero de 2001, de esta forma, contaba éste con dos años contados a partir de ese momento para interponer la acción de reparación correspondiente, término que vencía el 20 de Febrero de 2003; y éste la interpuso sólo hasta el 29 de Noviembre de 2005, de forma claramente extemporánea, dando sustento a la negativa de las pretensiones de la demanda. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979

250002326000200502703 01 JEBS 1.4. Argumentos de la Apelación Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado del actor presentó escrito de apelación a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 12 de Octubre de 2011. En éste expone los siguientes argumentos en contra del fallo: 1.4.1. Alega el apoderado de la parte actora, que el H. Tribunal erró al calcular la fecha de caducidad de la acción de reparación correspondiente, ya que, apoyado en una certificación expedida por la Secretaría de los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá en 2004, esgrime éste que la verdadera fecha de ejecutoria de la sentencia favorable a su cliente se dio el día 15 de Diciembre de 2003, ya que, en su concepto, olvida el Tribunal que durante el proceso se surtió el recurso de apelación y posteriormente el de casación, los cuales ampliaron la ejecutoria de la referida providencia en los términos mencionados; dando como resultado plazo hasta el día 15 de Diciembre de 2005 para interponer la acción dentro del término legal, la cual fue interpuesta finalmente el día 29 de Noviembre del mismo año.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Fue presentada la demanda fuera de término de caducidad para la acción de reparación directa? 2.1.2. ¿No habiendo apelado la decisión, quedó en firme ésta para el actor desde el día 20 de Febrero de 2001, o podía el Sr. Botello beneficiarse de la extensión

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS del término de ejecutoria otorgada a las partes apelantes dentro de su causa? 2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable,

como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Libertad y presunción de inocencia. Normas Supraconstitucionales. Uno de los temas importantes para definir frente a casos como el objeto de la litis, es el tema de la libertad y la presunción de inocencia. Veamos que ha venido diciendo el Consejo de Estado: “El Derecho a la libertad Bajo la Constitución de 1886 estaba previsto en el artículo 23 y en la Carta fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó en el artículo 28. Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas; así: -En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...". -En la Convención Americana de Derechos

Humanos, ratificada por la ley 16 de 1972 que prescribe: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas". De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. El derecho de Presunción de inocencia es de categoría constitucional, por 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS virtud de la cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado. Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley: -Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". -Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8° dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...". -Decreto ley No 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”. En la Constitución de 1991que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año - se consagró en el inciso 4 del artículo 29, según el cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".. . También el legislador extraordinario en el decreto ley 2.700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Penal, artículo 2º…” Anteriormente, esta misma Sala frente al tema había manifestado: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979

250002326000200502703 01 JEBS “Es por ello que se ha considerado que si bien la medida de aseguramiento es cautelar, ha de tenerse en cuenta además el principio universal de la presunción de inocencia a fin de que el administrador de justicia, haga uso racional de la medida y en el caso de que le asistan las razones normativas sustanciales, también le es perentorio tener presente el principio universal de presunción de inocencia. Adicionalmente como norte y guía, que el derecho a la libertad dentro de las culturas occidentales y democráticas es uno de los derechos humanos más preciado, contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia como Derecho Fundamental, connotación de gran valía dentro de la concepción filosófica del Estado Social de Derecho. De tal suerte que la detención preventiva es una medida excepcional, que “procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo del Estado”. (Las negrillas son de la Sala). 2.2.3. Ejecutoria, Firmeza y Cosa Juzgada en las Providencias. Sobre éste tema, determinante para el caso en cuestión, el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable, establece: ARTÍCULO 331. EJECUTORIA. <Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta. La interposición del recurso de anulación contra un laudo arbitral, no suspende ni impide su ejecución. No obstante, el interesado podrá ofrecer caución para responder por los perjuicios que la suspensión cause a la parte contraria. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el competente para conocer el recurso de anulación en el auto que avoque conocimiento, y esta deberá ser constituida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se declare desierto el recurso. Una vez aceptada la caución, en las condiciones y términos fijados por el Tribunal, se entenderá que los efectos del laudo se encuentran suspendidos. Cuando el recurrente sea una entidad pública no habrá lugar al otorgamiento de caución. (Subrayado fuera de texto). 2.2.4. Recurso de Casación. Oportunidad para interponerlo. Sobre este recurso extraordinario, alegado por la parte actora para justificar la interrupción de la ejecutoria de la sentencia favorable en primera instancia,

establece el Código de Procedimiento Civil: ARTÍCULO 369. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 184 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso podrá interponerse en el acto de la notificación personal de la sentencia, o por escrito presentado ante el tribunal dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de aquélla. Sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o aclaración de la sentencia, o éstas se 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS hicieren de oficio, el término se contará desde el día siguiente al de la notificación de la respectiva providencia. No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado, ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando la del tribunal haya sido exclusivamente confirmatoria de aquélla. (Subrayas y Negrilla fuera de texto). 2.3. Caso Concreto. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:  Original del certificado de reclusión emitido por el Establecimiento Carcelario de Bogotá, en el que consta que JHON DE JESUS BOTELLO

PEREZ estuvo recluido desde el día 17 de Junio hasta el día 10 de Julio de 1997. (C. 2 F.156).  Original del certificado de reclusión emitido por el Establecimiento Carcelario de Chiquinquirá, en el que consta que JHON DE JESUS BOTELLO PEREZ estuvo recluido desde el día 14 de Junio de 2000, hasta el día 22 de Diciembre del mismo año. (C. 2 F.161).  Copia auténtica de la sentencia absolutoria calendada 21 de Diciembre de 2000, del Juzgado 4to Penal del Circuito Especializado de Bogotá. (C.1 F.265). 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS  Edicto obrante a folio 369 anverso del cuaderno 32, en el que se señala que el término de ejecutoria de la sentencia favorable al Sr. Botello corrió desde la mañana del día 15 de Febrero de 2001, hasta el día 19 de Febrero de dicho año.  Copia del certificado expedido por la Secretaría de los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá D.C., en el que certifica la ejecutoria de la sentencia de la causa del Sr. Botello para el día 15 de Diciembre de 2003. (F. 158 C.

1) 2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta agencia del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, debe este Despacho pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que la prueba fundamental presentada por la parte actora para demostrar la vigencia de la acción de reparación al momento de presentar la demanda, se trata de un certificado emitido por la Secretaría General de los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, la cual no es la dependencia idónea para certificar éste tipo de información, ya que, como ocurre en el caso presente, la pluralidad de sujetos pasivos sobre los que recayó el fallo, hace que la firmeza de la decisión contenida en la providencia ocurra en diferentes momentos para cada uno de ellos, quedando en firme con posterioridad en el tiempo para aquellos sujetos que interpusieron y agotaron los recursos pertinentes, y un en primer momento en el tiempo, para aquellos quienes como el Sr. Botello, no hicieron uso de los recursos de ley. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS  Como fue expuesto en el marco normativo del presente concepto del Ministerio Público, no podrá interponer el recurso de casación quien no

apeló la sentencia de primer grado, ni adhirió a la apelación de la otra parte; razón de sobra para, una vez comprobado que el Sr. Botello no interpuso siquiera el recurso de apelación por cuenta propia, o adhirió al de aquellos dentro de su misma causa que si lo hicieron, desestimar el argumento de un supuesto uso de dicho recurso que ampliara la ejecutoria de la sentencia absolutoria para el Sr. Botello, dándole plazo adicional a éste para hacer uso de la acción de reparación.  Es claro para ésta Delegada que la falta de pruebas dentro del expediente y en el escrito de apelación que demuestren los supuestos recursos interpuestos por el actor a la sentencia de primera instancia, es evidencia de su inexistencia y de la voluntad de, mediante una falacia jurídica, aprovechar la multiplicidad de sujetos sobre los que versa el fallo del H. Tribunal y los diferentes recursos de los que éstos hicieron uso, para ampliar la ejecutoria de una sentencia que quedó en firme para el Sr. Botello desde el día 20 de Febrero de 2001, de conformidad con el Edicto obrante a folio 369 del cuaderno 32.  Lo anterior indica que, para esta Delegada, la decisión del H. Tribunal de abstenerse de conocer del fondo del asunto por hallar probada la caducidad de la acción interpuesta en la demanda es correcta, ya que un acucioso análisis jurídico demuestra que a diferencia de lo presentado por el actor en su capítulo de pruebas, la caducidad de la acción de reparación por la

detención sufrida por el Sr. Botello, empezó a correr desde la ejecutoria de la sentencia de primera instancia que éste no apeló, la cual ocurrió el día 20 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 42979 250002326000200502703 01 JEBS de Febrero del año 2001; dándole a aquel la oportunidad de ejercitar la acción sólo hasta el 20 de Febrero de 2003.  En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que la acción de reparación directa impetrada por el actor había caducado al momento de la presentación de la demanda, y en este sentido, la Fiscalía General de la Nación NO puede ser declarada administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor. Así, se proferirá concepto tendiente a instar al

H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del caso objeto de estudio.

III. CONCLUSIÓN Esta Agencia del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR en su totalidad, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de Octubre de 2011.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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