PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - El término para intentarla empieza a contarse a partir de la ej

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 148 /2010

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2010 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente Dra. RUTH STELLA CORREA PALACIO

E. S. D.

Ref: Proceso No 37382 (73001233100020060127701) Acción de reparación directa

Actor: Juan Correcha Cabezas y otros Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- JUAN CORRECHA CABEZAS y ALICIA TRIANA DE CORRECHA, en ejercicio de la acción de reparación directa, instauraron demanda1 contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación, para que se les declare administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios causados como consecuencia del error judicial en que incurrió la Sala de Decisión Penal del Tribunal Judicial de 1 Presentada el 5 de junio de 2006 (fls 1 y 2 c. ppal)

2 Expediente No 37382(01277) Ibagué, toda vez que para la fecha en que profirió la sentencia confirmatoria del fallo condenatorio de primera instancia ya había operado la prescripción de la acción penal que se adelantaba en contra del procesado José Dagoberto Rojas Orjuela por el delito de homicidio culposo agravado cometido en contra del joven

Juan Gregorio Correcha Triana (hijo de los demandantes). Así consta en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, aprobada en acta No 40 del 12 de mayo de 2004, que declaró sin valor la sentencia proferida por el Tribunal, lo que trajo consigo que los perjuicios materiales y morales derivados de la injusta e impune muerte del hijo de los hoy demandantes no fueran indemnizados. 1.2 Contestación.- Las entidades demandadas contestaron la demanda.  El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls 393 a 393 y 498 a 502 c. ppal) se opuso a las pretensiones. Presentó como referente jurisprudencial la sentencia de la Sección Tercera de 28 de octubre de 1976, Exp 1482, que trata sobre la falla del servicio de la administración de justicia para luego concluir frente al caso concreto que la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué no incurrió en dolo ni mora en el trámite de la apelación del señor Dagoberto Rojas Orjuela, pues éste se desarrollo dentro del término razonable establecido para tales efectos.  La Fiscalía General de la Nación (fls 431 a 441 y 504 a 512 c. ppal) se opuso a las pretensiones. Advierte que de conformidad con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que dejó sin valor la sentencia condenatoria y decretó la prescripción de la acción penal, surge claro que el fenómeno de la prescripción acaeció en la etapa de la causa, más no en la etapa de instrucción, razón suficiente para que no se le

pueda imputar responsabilidad alguna a la Fiscalía.

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3 Expediente No 37382(01277) 1.3 El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 9 de julio de 2009, declaró “probada la caducidad de la acción y en consecuencia proferir fallo inhibitorio” Para el a-quo, la conducta que generó el daño surgió de la omisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dado que profirió la sentencia confirmatoria cuando la acción penal ya se encontraba prescrita, por tanto el término de caducidad de los dos años para que los actores pudieran ejercer la acción de reparación directa debía contarse a partir del 31 de octubre de 2002 (fecha máxima con que contaba el Tribunal para proferir sentencia e impedir que operara la prescripción de la acción penal) y como la demanda se presentó 6 de junio de 2006, concluyó que para esa fecha ya había operado la caducidad de la acción. Indicó que si bien el recurso de revisión se surtió con posterioridad a la omisión que generó la prescripción de la acción penal, lo cierto es que el perjuicio sufrido por los actores se derivó de la omisión de la decisión judicial oportuna y no de la sentencia de revisión. 1.4 Apelación.- El apoderado de la parte actora (fls 587 a 595 c. 4) alega no compartir la tesis del Tribunal que plantea contabilizar el plazo de caducidad de la acción desde el 31 de octubre de 2002 (fecha máxima con que contaba el Tribunal Superior para proferir fallo de segunda instancia), pues una

interpretación en ese sentido resulta contraria a derecho. Advierte que, en el caso concreto la manera correcta de contabilizar el término de los dos años para incoar la acción de reparación directa, debe partir desde 16 de junio de 2004, fecha en la cual el Juzgado Penal del Circuito emitió auto de obedecimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y ordena ejecutar los efectos legales de dicho fallo.

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4 Expediente No 37382(01277) II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico Corresponde abordar el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa, para establecer si en el caso concreto operó o no. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 8, del artículo 44 de la ley 446 de 1998, determinó que operaba la caducidad de la acción de reparación directa al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que causa el daño. La parte actora pretende que se declare administrativamente responsable a las entidades demandadas, como consecuencia de la decisión tardía proferida por el Tribunal Superior de Ibagué, pues una vez vencido el termino legal para proferir fallo, confirmó la sentencia condenatoria impuesta en primera instancia, la que posteriormente y en sede de revisión fue declarada sin valor por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al declarar la prescripción de la acción penal seguida contra José Dagoberto Rojas Orjuela, que igualmente operó frente a la

acción civil, pues se había ejercido dentro del mismo proceso penal. Tratándose del ejercicio de la acción de reparación directa en casos como el que hoy es objeto de estudio, el término para intentarla empieza a contarse a partir de la ejecutoria de sentencia que declaró la prescripción de la acción penal, pues a partir de ese momento se concreta el daño y nace para los afectados la posibilidad de reclamar las indemnizaciones pertinentes. El hecho que causa el daño De los soportes documentales debidamente allegados al proceso, se destaca la copia auténtica de la sentencia de 12 de mayo de 2004, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de revisión promovida por el apoderado del sentenciado José Dagoberto Rojas Orjuela con

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5 Expediente No 37382(01277) el fin de dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué de 7 de junio de 2002, que confirmó el fallo condenatorio, por considerar que la acción penal se encontraba prescrita para el momento en que fue proferida (fls 347 a 363 c.ppal). “(…)

8. Dado que la sentencia del Tribunal fue expedida el 7 de noviembre de 2002, evidentemente su expedición se produjo cuando ya se habían superado los cinco (5) años que tenía el Estado jurisdicción para dictarla, como que dicha oportunidad venció el 31 de octubre anterior de ese mismo año.

9. Siendo ello así y por tanto incuestionable la verdad procesal que revela la secuencia destacada, pleno fundamento le asiste al accionante al demandar la revisión del proceso a

fin de que se decrete la prescripción de la acción penal, toda vez que la sentencia del Tribunal se emitió cuando ya no podía válidamente ser expedida. Fundada entonces la causal expuesta por el actor, la Corte se pronunciará invalidando la sentencia del Tribunal, para en su lugar declarar prescrita la acción penal seguida en su contra, sin que haya lugar a hacer similar pronunciamiento respecto de la acción civil, como lo pide el demandante, toda vez que cuando ésta se ejerce dentro del proceso penal sigue la suerte de tal acción y opera por ministerio de la ley (artículo 98 Ley 599/00) (…)

RESUELVE

1. DECLARAR fundada la causal de revisión invocada

2. DECLARAR sin valor la sentencia del 7 de noviembre de 2002 proferida por el

Tribunal Superior de Ibagué.

3. DECRETAR la prescripción de la acción penal seguida contra el procesado JOSE DAGOBERTO ROJAS ORJUELA por el delito de homicidio culposo. En consecuencia, ordenar la cesación de todo procedimiento adelantado en su contra.

4. Ordenar la devolución de la caución prestada por el procesado para obtener su libertad, así como la cancelación de las medidas cautelares que en relación con muebles e inmuebles se adoptaron en desarrollo del proceso penal”

(resaltado y subrayado ajeno al texto original)

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6 Expediente No 37382(01277) En el caso concreto, dentro del proceso penal seguido en contra de José Dagoberto Rojas Orjuela los hoy demandantes a través de apoderado judicial presentaron demanda de constitución de parte civil para reclamar los perjuicios

materiales y morales que les fueron causados por la muerte de su hijo y el decreto de medidas cautelares de embargo y secuestro de algunos bienes del sindicado (fls 58 a 67 c. ppal). Demanda que fue admitida por la Fiscalía Cuarenta y Seis Seccional del Tolima, quien ordenó decretar el embargo y secuestro de los bienes denunciados por la parte civil (fls 72 a 77 c. ppal) Conforme lo precisó la sentencia en cita, la acción civil que se ejercitó dentro del proceso penal prescribió en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal (articulo 98 de la ley 599 de 2000). En cuanto a la forma como opera la ejecutoria de las providencias, el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos (ley 600 de 2000), preceptuaba: “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día que sean suscritas por el funcionario correspondiente. (…)” (resaltado y subrayado ajeno al texto original) En concepto del Ministerio Público carece de fundamento jurídico lo alegado por la parte apelante, pues es evidente que el daño se concreta desde el momento en que nace a la vida jurídica la sentencia de revisión, o sea cuando esta providencia queda ejecutoriada o en firme.

La providencia mediante la cual el juez cuya decisión se invalida ordena cumplir lo resuelto por el superior no es un requisito de ejecutoria, pues sólo corresponde a la adopción de las medidas necesarias para hacer efectivos los

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7 Expediente No 37382(01277) efectos consecuenciales de esa invalidación y ello para nada modifica el cómputo del término de caducidad. En el caso concreto, respecto de los hoy demandantes el cumplimiento de la sentencia de revisión sólo implicaba el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes del sindicado, circunstancia que no constituye el daño, pues la imposibilidad de reclamar la indemnización surge de la declaratoria de prescripción de la acción penal y la consecuencial prescripción de la acción civil, situación que se consolida con la ejecutoria de la sentencia de revisión. No se requiere acto de ejecución para que esta decisión produzca plenos efectos jurídicos. La sentencia que declaró la prescripción de la acción penal fue proferida en virtud de la acción de revisión fue suscrita el 12 de mayo de 2004 por los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y aprobada mediante Acta No 040 de la misma fecha, así obra en la constancia suscrita por la Secretaria de la Sala (fl 365 c. ppal) y como la demanda de reparación directa se presentó el 5 de junio de 2006 (fls 1 y 2 c. ppal), deviene concluir que para esta fecha ya había operado la caducidad de la acción. La caducidad había ocurrido desde el 13 de mayo de 2006, semanas antes de la

presentación de la demanda. La Corte Constitucional2, frente al fenómeno jurídico de la caducidad, enseña: “ La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a ” perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado (resaltado y subrayado ajeno al texto original) 2 Corte Constitucional, Sentencia C-115, marzo 25 de 1998, M.P. Dr Hernando Herrera Vergara

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8 Expediente No 37382(01277) CONCLUSION En concepto del Ministerio Público, el término perentorio de los dos años fijado en la ley para el ejercicio de las acción de reparación directa, en el caso sub examine expiró antes de que fuera presentada la demanda, operando así el fenómeno jurídico de la caducidad y en razón de ello debe confirmarse la providencia apelada. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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