PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - En delitos de lesa humanidad no hay término de caducidad respec

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de seguridad y protección que debe prestar la fuerza pública RECURSO DE APELACION-La segunda instancia revisa únicamente los aspectos impugnados y los vinculados al objeto de impugnación CADUCIDAD-De acción de reparación directa no fue objeto de apelación en sub examine CADUCIDAD-Procedencia de su evaluación dentro del medio de control cuando no es objeto de recurso según sentencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En delitos de lesa humanidad no hay término de caducidad respecto de esta En el presente caso, el Ministerio Público encuentra necesario motivar la decisión de no proponer que se termine el proceso por caducidad del medio de control, en atención a que, como ya se expresó, la demanda fue radicada en el año 2017, pero el hecho que dio origen a la misma (la muerte del señor…..) ocurrió el día 29 de noviembre de 1990. Así, tenemos un medio de control iniciado aproximadamente 26 años después de ocurrido el hecho que da lugar a la controversia, imponiéndose la necesidad de motivar expresamente el pronunciamiento al respecto. En relación a la caducidad del medio de control de reparación directa, el literal i), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 contempla un término de 2 años contados a partir del hecho generador del daño. Sin embargo, con base en los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional de imprescriptibilidad en relación con los hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, se ha considerado que los medios de control de reparación directa que se inicien con

ocasión de dichos delitos no tienen término de caducidad. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Titulo de imputación falla probada del servicio Así, el Ministerio Público considera que el régimen de imputación que debe aplicarse es el subjetivo, a título de falla del servicio, debido a que los cargos se basan en un juicio de reproche frente acciones y omisiones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, y no se basan en un daño ocurrido como consecuencia del ejercicio de una actividad legítimamente desplegada por parte de dicha institución RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Presupuestos jurídicos para su existencia Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co DAÑO ANTIJURÍDICO-Se encuentra acreditada su existencia en el sub examine Entendido el daño como el detrimento o menoscabo causado en los bienes, derechos o intereses legítimos de una persona, sea natural o jurídica, que sea directo, personal y cierto, tenemos que se encuentra acreditado, ya que se probó que el señor…… (q.e.p.d.) nació el día 26 de septiembre de 1963 y falleció el 20 de noviembre de 1990, por muerte violenta producida por heridas de arma de fuego en la cabeza, hecho que, naturalmente, significó un menoscabo en los bienes, derechos o intereses legítimos para los allegados

de dicha persona. VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA-Valor probatorio en los procesos de justicia y paz, según regulación legal PRUEBAS OBRANTES-Permiten inferir que acción determinante de muerte violenta fue atribuible al ejército nacional ……hay que resaltar que en este caso en concreto este grupo paramilitar aprovechó la oportunidad de la versión para confesar la verdad de sus delitos, y en esta ocasión especial lo que ellos hicieron fue señalar de una manera desprevenida lo que sucedió este día y, dentro de este relato, trajeron a colación la participación y colaboración que tuvo el EJÉRCITO NACIONAL. Ellos no estaban involucrándolos directamente, ni señalándolos directamente, pero de forma espontánea mencionaron la participación o colaboración que tuvo el EJÉRCITO en este lamentable hecho. Así, se le da credibilidad a este medio probatorio porque ellos estaban haciendo un relato de la verdad de los hechos y en esa verdad de los hechos surgió desprevenidamente el tema de la participación del EJÉRCITO NACIONAL, por lo que se tiene que tener esta versión, que no es una versión, sino una confesión, como plena prueba.Por todo lo anterior, el Ministerio Público considera que en este caso se encuentra acreditada la responsabilidad del EJERCITO NACIONAL por los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1990, ya que existen suficientes elementos para considerar que la muerte del señor…. (q.e.p.d.) se dio por un señalamiento por parte de miembros de dicha institución, entre otros aspectos que aportan elementos de juicio suficientes para considerar que el grupo al margen de la

ley denominado “Clan Rojas”, actuó en este lamentable hecho con ayuda de los efectivos de la Fuerza Pública. Así, el Ministerio Publico conceptuará en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda. Esta conclusión se impone en atención a que las pruebas obrantes en el expediente permiten inferir, con el grado razonable de certeza que permiten los procesos donde se involucra el derecho internacional humanitario, que una acción atribuible al EJÉRCITO NACIONAL tuvo influencia en la muerte violenta por disparos de arma de fuego del señor….(q.e.p.d.), ocurrida el 29 de noviembre de 1990, en el corregimiento de Sevilla, municipio llamado Zona Bananera, del departamento del Magdalena. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JCNE PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 108 / 2019

Bogotá D.C., 29 de julio de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 47001-23-33-000-2017-00179-01 (63836)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CECILIA DEL CARMEN ARÉVALO DE GARCÍA Y

OTROS

DEMANDADO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Sentido del concepto: Se conceptúa que la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, debe ser CONFIRMADA// Se probó que el Ejército Nacional ha participado por acción en la muerte violenta ocurrida al allegado de los demandantes // Caso de reclamación por las aflicciones y perjuicios materiales causados a allegados de persona que fue asesinada por orden de grupos al margen de la ley con colaboración del Ejército Nacional // Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de seguridad y protección que debe prestar la Fuerza Pública.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1. Objeto del litigio La señora CECILIA DEL CARMEN ARÉVALO GARCÍA Y OTROS radicaron acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JCNE La reclamación se funda en que consideran que el EJÉRCITO es responsable de los daños morales a la salud, a derechos convencional y constitucionalmente amparados y daños materiales causados a los allegados de quien en vida se conoció por el nombre de Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.) como consecuencia de la muerte de este último a manos de los denominados grupos paramilitares, que presuntamente obraban en sus actos delictivos con la colaboración del EJÉRCITO NACIONAL. En el escrito de la demanda, los accionantes formularon las siguientes pretensiones (transcripción parcial con posibles errores): “PRETENSIONES 1.- Declarar administrativa, contractual y extracontractualmente responsables a la NACIONMINISTERIO DE DEFENSA, COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y EJERCITO NACIONAL, por los perjuicios causados a nosotros como hermanos de la víctima y a nuestros mandantes, señores CECILIA

AREVALO DE GARCIA, ROSE MERY GARCIA AREVALO, LEIDY GARCIA

AREVALO, NEHEMIAS GARCIA SANCHEZ, ERWIN GARCIA SANCHEZ,

VLADIMIR GARCIA SANCHEZ, JOSE ALBERTO GARCIA SANCHEZ,

MARIA TERESA GARCIA GARCIA, PEDRO CELIA NIGRINIS, ANDRES GUERRA GARCIA, ALFREDO DE JESUS LIEVANO ALCOCER, ALBA SANCHEZ TAPIA, calidades de madre, hermanos, tíos, sobrino, cuñado y madrastra de la víctima señor ANDRES GARCIA AREVALO (Q.E.P.D), debido a

la falla del servicio en que incurrieron las demandadas dada la violación grave de derechos humanos que constituyó la ejecución extrajudicial del causante. 2.- Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIONMINISTERIO DE DEFENSA, COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y EJERCITO NACIONAL, a pagarnos como hermanos de la víctima y a nuestros mandantes señores CECILIA AREVALO DE GARCIA, LEIDY

GARCIA AREVALO, VLADIMIR GARCIA SANCHEZ, JOSE ALBERTO

GARCIA SANCHEZ, MARIA TERESA GARCIA GARCIA, PEDRO CELIA NIGRINIS, ANDRES GUERRA GARCIA, ALFREDO DE JESUS LIEVANO ALCOCER, ALBA SANCHEZ TAPIA, en su calidades de madre, hermanos, tíos, sobrino, cuñado y madrastra de la víctima señor ANDRES GARCIA AREVALO (Q.E.P.D), por los perjuicios causados en las siguientes cuantías…” Ahora bien, en los hechos de la demanda se narró lo siguiente (transcripción parcial con posibles errores): “SEXTO.- Teniendo en cuenta la responsabilidad que tenía el causante ANDRES GARCIA AREVALO (Q.E.P.D), al estar a cargo de la finca que se encontraba en plena producción de banano, el día 29 de noviembre de 1990, se dirigió a la finca a inspeccionar y establecer con los trabajadores todo lo atinente a la comercialización de la fruta el cual ya se encontraba negociada con una empresa exportadora de

banano de la región. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE SEPTIMO.- A partir de ese día empezó el viacrucis para toda la familia, compañeros y amigos que desde ese día 29 de noviembre de 1990, se dirigió a la finca y al correr de las horas y al ver que no llegaba en la noche y no saber nada de él, empezó la angustia por lo que se procedió a llamar al trabajo a compañeros del trabajo y amigos y familiares si conocían del paradero de él, y al nadie dar explicación de donde se encontraba se hicieron caravanas al lugar donde se encontraba la finca y sus lugares aledaños, preguntando en la misma finca y los trabajadores manifestaron que él no había llegado ese día. (…) DECIMO PRIMERO.- Desesperados teniendo en cuenta que habían trascurrido tres (3) días desde el momento de la DESAPARICION, y sin recibir ninguna noticia por parte de las autoridades, fuimos enterados que unos campesinos habían visto en el monte un cadáver el cual se encontraba en estado de descomposición, para lo cual nos dirigimos a observar si podía ser nuestro ser querido, siendo desafortunadamente la persona que estábamos buscando presentando signos de tortura y un orificio generado por una bala en su cuerpo, llenando de angustia, dolor, rabia e impotencia a todos los familiares por la forma desalmada e inhumana en que fue muerto por parte de los antisociales. (…)

DECIMO QUINTO.- Teniendo en cuenta que para la región en la cual ocurrió la tortura y asesinato del causante señor ANDRES GARCIA AREVALO (Q.E.P.D.), se presentó la denuncia ante los juzgados de justicia y paz, afín de que se hicieran los trabajos de inteligencia a fin de determinar cuál de los grupos al margen de la ley que operaba en la región llámese paramilitares o guerrilleros, se le atribuía tan execrable crimen, crimen que contradice los tratados internacionales como los derechos humanos que reprochan la tortura y los asesinatos sistemáticos siendo Colombia un estado parte y firmante de los mismos. DECIMO SEXTO.- Como consecuencia de la investigación realizada, arrojo que en la región en que ocurrió tan execrable crimen se encontraba para la época haciendo presencia los paramilitares del Clan Rojas, lo cual daba luces que los posibles asesinos podrían ser miembros de ese Clan, por lo que tenían que ser llamados para que en versión determinaran si ellos eran los responsables de ese crimen. DECIMO SEPTIMO.- Una vez conocido esa investigación se procedió a llamar en versión a los miembros que componen el Clan Rojas, diligencia a los cuales se presentaron los miembros del Clan Rojas compuesto por sus cabecillas RIGOBERTO ROJAS MENDOZA, ADAN ROJAS MENDOZA, y ADAN ROJAS OSPINO y en audiencia reconocerían que fueron los autores de tan atroz crimen que enluto nuestra familia. DECIMO OCTAVO.- En la versión que dieron los integrantes de dicho Clan Rojas 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE además de reconocer el execrable crimen manifestaron cuales fueron los motivos o móviles para realizar el mismo y quienes participaron directa o indirectamente en la comisión del delito, es por eso que se vincula en esta demanda al Estado Colombiano a través del MINISTERIO DE DEFENSA, COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y EJERCITO NACIONAL, quienes desafortunadamente fueron participes de los hechos, violando con esto sus verdaderas función de proteger a la población civil y los derechos humanos al aliarse con el paramilitarismo siendo un episodio de vergüenza de nuestro país ante los estados internacionales. (…) VIGESIMO PRIMERO.- por todo lo expuesto su señoría, queda demostrado la responsabilidad del Estado Colombiano a través del MINISTERIO DE DEFENSA, COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y EJERCITO NACIONAL, quienes desafortunadamente fueron participes de los hechos, violando con esto sus verdaderas función de proteger a la población civil y los derechos humanos al aliarse con el paramilitarismo siendo un episodio de vergüenza de nuestro país ante los estados internacionales”. Por su parte, el EJÉRCITO NACIONAL presentó contestación de la demanda, en la que señala que no existen elementos probatorios dentro del proceso que permitan imputar el daño alegado a dicha entidad, para dar más énfasis a lo anterior, agrega que el daño le resulta atribuible a personas ajenas a la Fuerza Pública. Así mismo, interpuso la excepción de caducidad de la acción en atención

a que la demanda se interpuso luego de transcurridos más de 2 años después de la ocurrencia del hecho, también señala que varios de los demandantes no se encuentran legitimados en la causa por activa, al no existir prueba de su relación con el señor Andrés García Arévalo (q.e.p.d.), por último, considera que tampoco se encuentran probados los perjuicios reclamados. 1.2. Sentencia de primera instancia A través de Sentencia del 14 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Magdalena decidió el asunto en primera instancia resolviendo acceder a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la decisión señaló lo siguiente: “De las declaraciones recaudadas en la audiencia de pruebas del proceso de la referencia y de las versiones libres de los postulados Rigoberto Rojas Mendoza, Adán Rojas Mendoza y Adán Rojas Ospino ante la Fiscalía Novena de la Unidad Especializada de Justicia Transicional es posible endilgar responsabilidad estatal al Ejército Nacional por la muerte violenta del señor Andrés Avelino García Arévalo. (…) Para la Corporación el daño antijurídico le es imputable en el caso concreto al 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE Ejército Nacional, por cuanto si bien en principio, podría señalarse que el hecho es atribuible a un tercero (grupo armado al margen de la ley); se observa de una

evaluación conjunta y armónica de las pruebas aportadas al plenario que en efecto agentes de la entidad participaron en la muerte del señor García Arévalo. Desde esa perspectiva, tal como lo indica la línea jurisprudencial arriba citada, la responsabilidad es atribuible al Estado en aquellos eventos en los cuales el hecho dañoso se produce con la complicidad activa del Estado. En el asunto objeto de estudio, se advierte que tal confabulación tiene ocurrencia, toda vez que el deceso del señor Andrés Avelino García Arévalo fue consecuencia de la alianza entre un grupo paramilitar de la zona con integrantes del Ejército Nacional, quienes permitieron y coadyuvaron la actividad delictiva de aquél, hasta el punto de señalar a la víctima como objetivo militar por su supuesta labor sindicalista, siendo contraria esta actividad a las funciones constitucionales que le son impuestas a las autoridades, las cuales se encuentran instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”. 1.3. El recurso de apelación interpuesto por la parte accionante Inconforme con la decisión, el EJÉRCITO NACIONAL interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos: “Para empezar, se ha de manifestar que en el presente asunto no obra prueba legal que ponga en cabeza de mi prohijada la responsabilidad pretendida y que hiciere surgir la obligación de reparar. (…) En la sentencia de primera instancia se realiza la imputación del daño a la entidad que represento teniendo en cuenta las versiones libres rendidas por los postulados

de justicia y paz, no se puede endilgar la responsabilidad a una Entidad, solo porque en una versión libre de juramento, un postulado manifieste, “un integrante de los batallones que nos daban movilidad, era del batallón Cordova” sin más datos, tales como grado, apellido, nombre, más aún cuando en testimonio rendido por la señora ROSE MARY, fue indagada por el trámite que hiciera ante justicia y paz como denunciante y esta no pudo explicar al despacho como se realizó dicho trámite, lo que deja un sin sabor y vacíos en estas declaraciones. SOLICITUD DE ACATAMIENTO DE PRECEDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO Solicito respetuosamente que en el presente caso se de aplicación al precedente del Consejo de Estado en lo relativo a la versión libre como medio probatorio quien ha manifestado al respecto: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE ‘En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la Sala ha sostenido que aquéllas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración de una persona dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio…’ Sin embargo en el presente caso se ordenó incorporar la versión libre como prueba

y además se ordenó su ratificación, algo que como vemos no se logró llevar a cabo antes de cerrar el período probatorio y a todas luces desconoce el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera, razón por la cual se insiste que dicha prueba no puede ser tenida en cuenta de conformidad con la reiterada jurisprudencia. Por todo lo anterior se deberá limitar la primera instancia a dictar fallo de fondo con el abundante material probatorio allegado y practicado en el trámite procesal dejando de lado la versión libre en acatamiento del precedente judicial, el Consejo de Estado ha dejado claro que Es deber del juez y la administración, al momento de identificar y construir la norma de conducta y de juicio, aplicar los criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha de los hechos que fundan la controversia, pues estos hacen parte del marco de legalidad histórica a ser observado. Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 68001233100020090029501 (57279), Sep. 04/17 ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Revisado el acervo probatorio no existe prueba alguna que indique que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional haya tenido que ver de forma alguna en la desaparición y muerte de GARCÍA AREVALO ya que a pesar de que la demanda indica una presunta participación de miembros de la Institución en el acto criminal, probatoriamente no se logró establecer nexo causal al respecto, ya que no existen investigaciones disciplinarias o penales que así lo permitan”

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el

recurso, el Ministerio Público en su función de intervención en defensa del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto se puede formular de la siguiente manera: ¿Se encuentra acreditado en el presente proceso que al EJÉRCITO NACIONAL le resulta atribuible responsabilidad, porque de acuerdo a la confesión en versión libre rendida ante Justicia y Paz colaboraron con el grupo paramilitar del “Clan Rojas” para dar muerte al señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.) en 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1990 en el corregimiento de Sevilla municipio llamado Zona Bananera del departamento de Magdalena? 2.2. Análisis fáctico y probatorio En el expediente existe abundante material probatorio que correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado éste material la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.2.1. Copia de archivo de audio correspondiente a versión libre rendida el 6 de marzo de 2015, por los postulados Rigoberto Rojas Mendoza, Adán Rojas Mendoza y Adán Rojas Espino, ante la Fiscalía Novena de la Unidad Especializada de Justicia Transicional de Barranquilla. Documento obrante a folio

49 del expediente. Los postulados que presentan versión libre en esta prueba eran cabecillas del “Clan Rojas”, grupo paramilitar que operaba en la zona donde se dio muerte violenta al señor Andrés García Arévalo (q.e.p.d.). Ellos afirman que fueron quienes ordenaron el asesinato a esta persona y que para ello obtuvieron información y colaboración del EJÉRCITO NACIONAL. 2.2.2. Certificación del 29 de septiembre de 2016, expedida por la Fiscal 65 Especializada Adscrita a la Fiscalía 9 Especializada de Justicia Transicional de Barranquilla. Documento obrante a folio 18 del expediente. En este documento se certifica el registro del señor Nehemías García Sánchez como víctima del grupo desmovilizado llamado “Los Rojas”, por el homicidio de su hermano Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.). Además, se cita parte de la versión libre presentada por los postulados Rigoberto Rojas Mendoza, Adán Rojas Mendoza y Adán Rojas Espino, donde señalan que ellos fueron quienes ordenaron el asesinato al identificado señor García Arévalo, con participación del EJÉRCITO. 2.2.3. Copia de Registro de Defunción correspondiente a Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.), del día 20 de noviembre de 1990, de la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla. Documento obrante a folio 30 del expediente. Documento referente al daño que afectó a los allegados del señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.) con su muerte. 2.2.4. Copia de Derecho de Petición del día 18 de abril de 2017, presentado por el

señor Nehemías García Sánchez a la Fiscalía Novena de Justicia Transicional de Barranquilla. Documento obrante a folio 78 del expediente. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE A través de este derecho de petición, el hermano del señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.) solicitó a la Fiscalía 9 Especializada de Justicia Transicional copia del expediente respectivo por la muerte violenta de dicha persona, donde postulados desmovilizados de “Los Rojas” señalaron en versión libre dicho asesinato involucrando al EJÉRCITO NACIONAL en los hechos. 2.2.5. Oficios suscritos por los Juzgados de la Justicia Penal Militar, de la oficial de operaciones del Batallón Córdova y del Archivo de la Unidad Táctica del Batallón Córdova, suscritos en octubre de 2017, donde se señala no existir registros de investigaciones o denuncias por la muerte del señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.). Documentos obrantes a folios 153 a 155 del expediente. Pruebas aportadas por el EJÉRCITO NACIONAL con el fin de señalar que no existen elementos que permitan vincular a dicha institución con la muerte del señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.). 2.2.6. Copia de certificación del 6 de octubre de 2008, N° 2008 – 087, expedida

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documento obrante a folio 199 del expediente. Este documento es relativo a las circunstancias de muerte del señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.), con importancia para efectos de determinar el daño que afectó a los allegados de esta persona. 2.2.7. Audio correspondiente a testimonios recibidos en audiencia de pruebas del presente proceso, celebrada el 24 de enero de 2018. CD a folio 211 del expediente. Corresponde a los testimonios de los señores Abel José Rivera García, Nicolasa Judith Ariza de Gutiérrez, Libia Ester Ibarra Charris y Nieves Cubides Vásquez. También interrogatorio de parte a la señora Rose Mary García Arévalo. En esta prueba se testifica sobre múltiples hechos relativos a las circunstancias de muerte del señor Andrés Avelino García Arévalo (q.e.p.d.) y su relación con los allegados demandantes. También se deja constancia de la no comparecencia de múltiples testigos citados, como fueron Janethe López Maiguel, Cristóbal Pérez, Cristina Pérez, Edilsa Varela y Ángel Giraldo. 2.3. Análisis jurídico En el presente caso, los allegados del señor Andres Avelino García Arévalo (q.e.p.d.) consideran que el EJÉRCITO NACIONAL es responsable extracontractualmente por la muerte de esta persona, aduciendo que él fue asesinado por orden de miembros de los denominados grupos paramilitares adscritos al entonces llamado Clan Rojas, con colaboración de la Fuerza Pública,

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE en hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1990, en el corregimiento de Sevilla, municipio llamado Zona Bananera, del departamento del Magdalena. En primera instancia se profirió sentencia del 14 de noviembre de 2018, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. Esta providencia fue apelada únicamente por el EJÉRCITO NACIONAL en el sentido de señalar que el material probatorio disponible no permite vincular a los miembros de la Fuerza Pública con las acciones del grupo al margen de la ley, además de que se opone a considerar que se acreditó los perjuicios percibidos por algunos de los demandantes. Pues bien, sea lo primero señalar que en el presente trámite antes de entrar a analizar el caso concreto, es necesario examinar si se presentó caducidad del medio de control teniendo en cuenta que la caducidad es uno de los elementos que se debe evaluar aún de oficio, y los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 1990, pero la demanda fue radicada en el año 2017, aproximadamente 26 años después. 2.3.1. Caducidad del medio de control Aunque la caducidad del medio de control no fue objeto de apelación en el presente trámite, este elemento jurídico siempre puede ser examinado de oficio cuando se encuentren razones para proceder a su análisis, respecto a la procedencia de evaluar la caducidad del medio de control aun cuando no es objeto

de recurso, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: “Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”1. En el presente caso, el Ministerio Público encuentra necesario motivar la decisión de no proponer que se termine el proceso por caducidad del medio de control, en atención a que, como ya se expresó, la demanda fue radicada en el año 2017, pero el hecho que dio origen a la misma (la muerte del señor Andrés Avelino García Arévalo) ocurrió el día 29 de noviembre de 1990. Así, tenemos un medio de control iniciado aproximadamente 26 años después de ocurrido el hecho que da lugar a la controversia, imponiéndose la necesidad de motivar expresamente el pronunciamiento al respecto. 1 Consejo de Estado – Sección Tercera – Sala Plena, Sentencia de Unificación del 6 de abril d