PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Falla del servicio por muerte de civiles atribuida a miembros d

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio por muerte de civiles atribuida a miembros del Ejército Nacional FALLA DEL SERVICIO-Las civiles no eran combatientes/RESPONSABILIDAD ESTATAL POR EL USO DE ARMAS-Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza de los militares Esta Delegada es concordante con la tesis del Tribunal de Antioquia, en el sentido de que el caso bajo estudio nos ubica dentro de los mal llamados "falsos positivos", contrario a las funciones para las cuales está instituida la Fuerza Pública, de proteger la vida, honra y bienes de las personas, siendo el uso de las armas la última razón en contra de las personas. En este orden de ideas lo que demuestran las pruebas es el uso indiscriminado de las armas de fuego por parte de los militares contra los civiles "dados de baja", evidenciándose el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por parte de los militares, lo que permite hacer la imputación fáctica en cabeza de la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional bajo el régimen de falla en el servicio, no pudiéndose de conformidad con los mencionados medios probatorios respaldar los argumentos de defensa esgrimidos por la entidad demandada, en cuanto a la culpa exclusiva de la víctima. Luego de ninguna forma quedó demostrado que la conducta activa de las víctimas, hubiese sido factor determinante en los hechos, como para exonerar a la entidad demandada de responsabilidad. PERJUICIOS MATERIALES-En la modalidad de lucro cesante tiene connotación de

ilicitud/PRUEBAS-La actividad que desempeñaban las víctimas era ilícita Referente a la inconformidad de la parte demandante por el no reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, esta Delegada del Ministerio Público, considera que se sale de la lógica jurídica, que el Estado en uso del poder punitivo, persiga y sancione a título de responsabilidad penal la actividad ilícita del narcotráfico, que se inicia con el cultivo ilícito de plantas de las cuales se extraen sustancias psicoactivas (coca por ejemplo), su procesamiento y venta al menudeo o mayorista, que por esta cadena ilícita de actividades reconozca el dinero dejado de percibir en cualquiera de las etapas a título de remuneración, pues la connotación de la ilicitud no lo permite. Ello implicaría el desconocimiento de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política que enmarca el derecho fundamental al trabajo lícito. Es patentar la elección de un trabajo digno avenido a derecho por el trabajo motivado por fines criminales, sin importar en sede de reparación directa las razones socioculturales. No es posible aplicar la presunción de que cumplía labores informales o trabajo informal licito y de allí subsumir la presunción jurisprudencial para el reconocimiento de al menos un salario mínimo legal mensual vigente pues obra prueba en donde la progenitora de uno de los occisos da cuenta que la labor diaria consistía en “raspar” hoja de coca, es decir que eran “rapachineros” los occisos, lo cual significa que la actividad desempeñada está comprobada como ilícita.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por falla del servicio/FALLA DEL

SERVICIO-Por la actuación dolosa de los militares/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra de los soldados responsables del daño antijurídico Esta Delegada teniendo en cuenta que los hechos en que resultaron muertos los señores se produjeron ante una evidente falla en el servicio por la actuación dolosa del grupo de militares, y que la misma deja abierta la posibilidad de declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) de la Nación en cabeza del Ministerio de Defensa, debe recordarse el deber de incoar acción de repetición en contra de los soldados presuntamente responsables del daño antijurídico producido, de conformidad con el Art. 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001. EXCESO EN LA RESPUESTA DE LA FUERZA PÚBLICA-Jurisprudencia del Consejo de Estado EXCESO EN LA RESPUESTA DE LA FUERZA PÚBLICA-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) CONCEPTO No. 085 / 2015 Bogotá, D.C. 21 de mayo de 2015

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctora Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000201001024-01(53114)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: María Edilma Taborda Tangarife y Otros DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / Falla del servicio / Muerte de particulares con armas de dotación oficial, a manos de soldados de Ejército Nacional / El daño se produjo como consecuencia de una actuación irregular del agente estatal en ejercicio pleno de sus funciones / La connotación de la ilicitud de una actividad no permite deprecar indemnización por concepto de daños materiales a en la modalidad de lucro cesante / Causal de nulidad contenida en el artículo 140 numeral 7 del Código de Procedimiento Civil, por ausencia de poder para actuar / Deber de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda – Los hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones, narra la demanda:

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) Los jóvenes John Fredy Areiza, Carlos Darío Hernández y John Mauricio Vergara, se desempañaban como "raspachines" en una finca de la vereda Chorrillos del Municipio de Valdivia (Antioquia), como única opción para subsistir y ayudar a sus hogares. El 3 de septiembre de 2008, en el momento en el que se encontraban esperando a uno de sus capataces para iniciar sus labores cotidianas de recolección en el sembrado, fueron alcanzados por tropas del Ejército, estando dentro de la finca cerca al cultivo desplazándose sin portar armas y sin ningún tipo de estrategia, y sin más explicaciones se oyeron disparos y más tarde aparecieron muertos los jóvenes antes mencionados. Según la versión entregada por el Ejército, éstos jóvenes hacían parte de grupos armados al margen de la ley y fueron tildados de guerrilleros. 1.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Concluyó

señalando el tribunal que la entidad demandada es responsable a título de falla en el servicio, por la muerte de señores John Fredy Areiza Taborda, Carlos Darío Hernández y John Mauricio Vergara, toda vez que se encuentra plenamente acreditado, que el daño fue causado por miembros de dicha Institución militar que se encontraban de servicio y con ocasión del mismo, en hechos acaecidos el 3 de septiembre de 2008, en la vereda Chorrillos del Municipio de Valdivia Antioquia. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. La parte demandante 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) El apoderado del accionante manifiesta su desacuerdo respecto al no reconocimiento o abstención de pronunciarse acerca los perjuicios solicitados para el joven Jorge Iván Hernández Mazo, por ausencia de poder, al respecto considera que si bien es cierto al momento de presentar la demanda este ya era mayor de edad, no es menos cierto que en el control de admisión de la demanda, el despacho no advirtió dicha irregularidad. Respecto al perjuicio material solicitado para los demandantes de los diferentes grupos familiares, se aparta de los argumentos esgrimidos por el Tribunal, en el sentido que los mismos no fueron reconocidos por la actividad ilícita a la que se

dedicaban los jóvenes John Fredy Areiza Taborda, Carlos Darío Hernández y John Mauricio Vergara. Al respecto considera que el tribunal debió analizarse dicho perjuicio desde la capacidad para laborar que tenía cada uno de ellos y de lo presumible de su salario. 1.4.2. La demandada – Nación Ministerio de Defensa En relación con la falla en el servicio, señala que ha sido reiterado en múltiples oportunidades por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que el hecho exclusivo y determinante de la víctima, culpable o no, constituye causal de exoneración de la responsabilidad, pues no sólo debe demostrarse la ocurrencia del daño sino también debe probarse la relación directa e inmediata entre la conducta del Estado y el daño causado. En tal sentido, indica que dicha circunstancia tiene la plena capacidad para romper el nexo de causalidad, en tanto que resulta evidente que la verdadera causa del daño no es atribuible al Estado sino a la misma víctima.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

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Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público

 ¿El Estado en cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional debe o no responder administrativa y patrimonialmente por el fallecimiento de los señores John Fredy Areiza Taborda, Carlos Darío Hernández y John Mauricio Vergara a manos de soldados de las fuerzas militares, en hechos que se presentaron como consecuencia de un presunto enfrentamiento con individuos al margen de la ley en medio de un operativo organizado por el Batallón de Infantería No. 10 Co. Atanasio Girardot, como parte de las funciones a cargo de los uniformados?  ¿Hubo exceso en la respuesta por parte de los militares, teniendo en cuenta que reaccionaron presuntamente a la detonación de disparos? 2.1.2. Problema Jurídico planteado por la parte demandante  ¿Es lógico reconocer indemnización por concepto perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante cuando la persona directamente afectada derivaba su sustento de una actividad ilícita?  ¿La capacidad que otorga la mayoría de edad, obliga a una persona a que comparezca por si a un proceso? 2.1.3. Problema jurídico planteado por la parte demandada  ¿En los hechos ocurridos se configuró una causal eximente de responsabilidad que exonere al Ejército Nacional? 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. 2.2.2. Régimen de responsabilidad aplicable La jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que en casos como el que nos ocupa, en el cual de los hechos se desprende que se está alegando por la parte demandante, un ilícito procedimiento militar; se debe analizar bajo la óptica de la falla en el servicio, con miras determinar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en el actuar de los miembros del Ejército Nacional. Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C, veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 05001-2324-000-1994-00895-01 (20437), Actor: JOSÉ DE JESUS GIRALDO y OTROS,

Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA - POLlCÍA NACIONAL-, Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA 2.2.3. Exceso en la respuesta de la fuerza pública.

En sentencia del Consejo de Estado del veintidós (22) de junio de dos mil once (2011) Radicado número: 05001-23-25-000-1995-00048-01(20716) Magistrado

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) Ponente Enrique Gil Botero sobre la desproporción en el uso de la fuerza pública se dijo: (…) “Efectuadas las anteriores consideraciones, y en atención a los medios probatorios señalados, para la Sala es evidente que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio por exceso de la fuerza pública1, como quiera que el resultado fue desproporcionado en relación con la inminencia de la circunstancia. 2.2.4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos como referente del Consejo de Estado en relación con el uso de la fuerza estatal. “En relación con los parámetros en el uso de la fuerza estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado2: “74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. La expresión “arbitrariamente” excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el 1 “A la luz de la realidad que se deja expuesta, el sentenciador encuentra que el caso sub examine no permite concluir prima facie, que por haberse dado la legítima defensa, la administración no responde. Si ella resultó excesiva, como en puridad lo fue,

el centro de imputación jurídica demandado debe llevar su cuota de responsabilidad, y, por lo mismo, indemnizar los perjuicios causados en la proporción que corresponda. La ley colombiana, se enseña, sólo reconoce como legítima la que resulta proporcionada a la agresión. En ningún caso bendice o patrocina los excesos. Por ello el profesor Alfonso Reyes Echandía, en su obra "Derecho Penal, Parte, General. Editorial Temis", enseña: "La correspondencia entre defensa y agresión debe subsistir tanto en relación con los medios empleados, como respecto de los bienes puestos en juego. Esta proporción, en todo caso, no ha de entenderse en forma abstracta y de manera absoluta; es necesario determinar concretamente cuándo la defensa de un determinado bien o el empleo de cierto instrumento justifican el sacrificio del interés perteneciente al agresor. En todo caso la valoración judicial de esta adecuación ataque-defensa, aunque obviamente se realiza ex post facto, requiere por parte del funcionario que deba calificarla un juicio ex ante, vale decir, un esfuerzo mental que lo sitúe idealmente en el escenario de los hechos, en forma tal que su decisión se ajuste en la medida de lo posible a la situación vivida por los protagonistas" (Obra citada, p. 170) (Destacado de Sala). “Dentro de la misma perspectiva discurre el profesor Juan Fernández Carrasquilla, cuando predica: "En cuanto a los bienes en conflicto, la proporcionalidad es la misma necesidad de la defensa. El agredido solo esta autorizado para causar el menor mal posible en las circunstancias del caso, de ningún modo para el “revanchismo”, y esto quiere decir que

ha de dirigir su reacción contra el bien menos importante del agresor dentro de los que es necesario lesionar, conservando la utilidad de la defensa para suprimir el peligro de la agresión. Así, si es suficiente con matar al perro azuzado, no se tolerará la lesión corporal de quien lo incita; si lesionar es suficiente, no se permitirá matar; si basta con asustar o amedrentar, no se toleran lesiones o muerte...” (Derecho Penal Fundamental. Volumen II. Temis, pp. 337 y ss.). “(…) “Pero es más: La valoración de la realidad fáctica exige, igualmente, que el juez aprecie las condiciones subjetivas de las personas comprometidas en el conflicto, pues la comunidad demanda que la autoridad policiva esté especialmente educada y preparada para hacerle frente a situaciones con el universo que tiene la que se estudia. Ella no puede acudir a excesos como los que ahora se deploran. Los que infringen la ley deben ser sometidos en la forma más razonable posible, tratando de evitar, hasta el exceso, el uso de las armas. La ley y los reglamentos de la policía señalan, en forma muy precisa, en qué casos puede darse la legítima defensa. Esta es lícita, pero tiene contornos jurídicos muy claros. En esta oportunidad la Corporación reitera la filosofía que ha recogido en muchos fallos en los cuales ha predicado: La administración, cualquier que sea la forma de actuación y cualquiera que sea la realidad social sobre que recaiga, ha de respetar como algo Sagrado e inviolable, la dignidad de la persona humana, que es fundamento del orden político y de la paz

social. El Estado puede utilizar, con toda energía, dentro de los límites impuestos por el principio de proporcionalidad, todos los medios de que dispone para impedir que el hombre realice conductas antijurídicas, pero no tiene el poder de segar la vida humana, ni de torturar al hombre. La autoridad no es en su contenido social, una fuerza física. Los integrantes de la fuerza física deben actuar siempre con la especial consideración que demanda la persona humana, pues como lo dijeron Tomas y Valiente, al terminar una conferencia sobre la tortura judicial, en la Universidad de Salamanca, en 1971, no hay nada en la creación más importante que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre” (Resaltado fuera del texto). Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, el 4 de marzo de 1993, expediente 7237. 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh), sentencia Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, sentencia del 19 de enero de 1995. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones

en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra párr. 52), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres. “75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores, está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, párr. 154 y Caso Godínez Cruz,

supra 63, párr. 162).” “(…) “Como se desprende de los anteriores planteamientos, el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar una vida humana se establece como un criterio de ultima ratio, es decir, que se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión. No debe perderse de vista que el artículo 2 de la Carta Política asigna en cabeza de las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive frente a aquellos que pueden ser catalogados como delincuentes.”3 “Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete la responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.” (negrillas, subrayado y cursivas del original). 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 26 de mayo de 2010, expediente 18.888. C.P. Enrique Gil Botero. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) 2.3. Las pruebas obrantes.

Dentro del abundante material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguientes que son pertinentes para el análisis de esta Procuraduría Delegada:  Copia auténtica de la investigación penal adelantada por la Justicia Penal Militar, Fiscalía General de la Nación y la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, expedientes de los cuales se extractan las siguientes pruebas:  A folios 2 - 5, 9 - 17 del cuaderno 5 de copias, consta el informe de fecha 4 de septiembre de 2008 y el informe de patrullaje, suscrito por el Comandante de la Compañía C al Comandante de BIGIR No. 10 del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, con relación a los hechos sucedidos el 3 de septiembre de 2008 de acuerdo a la misión táctica "Saya 1" de la Operación "Fallo". Se envía un equipo de combate quien a las 10.10 horas, avisa que se observa un grupo de hombres armados, procedieron a lanzar la proclama identificándose como Ejército Nacional pero los sujetos reaccionaron abriendo fuego contra la tropa, por lo que el Cabo se vio en la obligación de repeler el fuego enemigo. Fueron en apoyo con otros soldados profesionales y al llegar al sitio se realizó el registro donde se encontraron 4 sujetos neutralizados con dos armas largas tipo fusil, una pistola y después que llegó el CTI se encontró un revólver que había quedado bajo un cuerpo. Insumos para el procesamiento de alcaloides y un cristalizadero con toda la infraestructura para el procesamiento de alcaloides.

Informes de necropsia de: 10

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01) Carlos Darío Hernández Mazo, con orificio de entrada, sin tatuaje, en región frontal derecha y salida en cervical izquierdo. Traumatismos penetrantes cráneo encefálico y cervical con fractura frontal derecha, laceración menigno encefálica en relación con las regiones frontal, temporal y basal derechas. Laceraciones extensas con compromiso de tejidos blandos, piel exofágica y traqueal.

Trayectorias: antero - posterior, derecha a izquierda, supero - inferior.

Orificio de entrada flanco izquierdo, por encina de cresta ilíaca con salida en flanco derecho posterior.

Trayectoria: antero-posterior, infero-superior, izquierda a derecha.

Orifico de entrada en región dorso lumbar derecha sin orificio de salida.

Trayectoria: postero anterior, infero superior. (fls. 261 – 292).

DISCUSIÓN: De acuerdo con los hallazgos tanto externos como internos, la muerte de CARLOS DARÍO MAZO HERNÁNDEZ, fue ocasionada por SHOCK TRAUMÁTICO, secundario a traumatismos penetrantes cráneo encefálicos, cervical y toraco abdominal, con compromiso menigno encefálilco, tráqueo

esofágico, diafragmático, hepático, intestinal; además fracturas en las extremidades superiores e inferior derecha.  John Fredy Areiza Tabora: Orificio de entrada en cervical al nivel del tercio medio sobre la línea media sin orificio de salida. Orificio de entrada localizado en región infra mamilar derecha con salida en región infraescapular derecha interna. Orificio de entrada en región epigástrica en relación con vertex y línea media. Orificio de entrada en el tercio medio e interno del muslo izquierdo.  Informe pericial de necropsia de John Mauricio Vergara Goméz, que presenta orificio de entrada sin tatuaje en región lumbar derecha con trayectoria supero inferior, postero anterior y derecha izquierda. Herida en abdomen que laceró el riñón derecho, herida transfixiante de la aorta abdominal, herida transfixiante de arteria renal derecha, laceración del músculo psoas derecho, fractura completa con sección medular a nivel de primera vértebra lumbar, fractura de la creta ilíaca izquierda. Hemoperitoneo de 1500 cc y 100 cc de retroperitoneo. (carpeta marcada con C.O. 2 fls. 16-20) 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01)  El análisis de disparo en mano realizado por los técnicos del Departamento

Administrativo de Seguridad "DAS", obrante a folio 63 - 65 de la carpeta No 2, con relación a las muestras arrojó el siguiente resultado: “John Mauricio Vergara Gómez: Arma que posiblemente disparó: Revólver calibre 38 largo. Resultados: Se encontraron particular de residuo de disparo en las muestras tomadas a las manos de John Mauricio Vergara Gómez. No se encontraron partículas de residuos de disparo en ninguna de las muestras tomadas a Elías Taborda Callejas, Carlos Darío Hernández Mazo y John Frey Arciza (sic) Taborda  Testimonio rendido bajo juramento ante la Procuraduría General de la Nación por la señora Luz Mila del Carmen Hernández Mazo, (mamá de Carlos Dario Hernández). Al ser interrogada sobre las actividades que hacían las personas a las cuales les preparaba la alimentación, no sabe pero cuando les preguntaba ellos decían que estaban "Raspando". Dice que su hijo Carlos le decía que estaban "raspando coca" y que llevaba en esa finca 20 días (carpeta anexo No. 2, fls. 87 – 88)  Luz Aleida Areiza Taborada, hermana de John Fredy, también declaró ante la Procuraduría General de la Nación, y manifestó que trabajaba en una casa por Briceño y no sabía que estaban haciendo ellos, ellos supuestamente estaban raspando coca. (fls. 100 – 101)  En queja que formula la señora Gilma Lucía Roldán Correa obrante a folios 9, vacunadora del hospital San Juan de Dios de Yarumal, manifestó que el día 3 de septiembre de 2008, como a las 9.15 a 100 am, cogieron a John Fredy Areiza,

junto con Mauricio, Carlos y Elías, "todos ellos trabajaban juntos en una cocina ilegal de coca" y refiere que los torturaron, pues John Fredy tenia chuzones en la parte del pecho y en ambos muslos. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.53114 (050012331000201001024-01)  La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora Provincial de Yarumal, luego de practicar varias pruebas, entre ellas la reconstrucción de los hechos según diligencia obrante a folios 789795 con la presencia de los disciplinados, álbum fotográfico de folios 801 - 822, Informe de Balística 823 - 833, Informe de apoyo técnico con esquema de ubicación y trayectoria de proyectiles folio 853 - 877, la presentó informe evaluativo a la Procuraduría Regional de Antioquia , sugiriendo muy respetuosamente formular PLIEGO DE CARGOS a los servidores del Ejército Nacional Montoya Cardona Ramiro, Cabo Tercero del Ejército y a los soldados profesionales Andrade Palacios Jesús, Úsuga Montoya Giovanny, Lopera García Alex Adrián, Grisales Prisco John Jairo, por considerar que el comportamiento de los militares desbordó la función pública asignada, pues

"desviaron esa actividad legítima del Estado y ejecutaron conductas que trascendieron la misión constitucional de la Fuerza Pública, cual es la de protección a la vida e integridad de las personas y se cometieron actos ajenos al servicio, constitutiva d