PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Falla en el servicio por muerte de un agente de policía
Detalles
- Título
- PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Falla en el servicio por muerte de un agente de policía
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla en el servicio por muerte de un Agente de Policía TEORÍA DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA-Recae sobre ambas partes en especial quien esté más capacitada para aportarlas Debe este Despacho pronunciarse en concordancia con los argumentos expuestos en la apelación presentada por el apoderado del actor, al advertir que de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, impera para la resolución de estos casos la “teoría de la carga dinámica de la prueba”, la cual establece que más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla. En este sentido resulta claro para éste Despacho que la sentencia del a-quo adolece de cualquier consideración sobre los exhortos pedidos por el demandante en su escrito inicial, ya que estos nunca fueron aportados por la parte que los produjo - que era la única capacitada para aportarlos - y aun así el Tribunal decidió proseguir con el juicio, agravando la situación del demandante al responsabilizarlo por la no incorporación de estos oficios policiales pedidos en el exhorto desobedecido. CARGA DE LA PRUEBA-No puede el Tribunal imponer pruebas adicionales a las que el actor tenía y menos aquellas que son de carácter oficioso Respecto de la falta de prueba de la vinculación del Agente a la institución policial, no entiende éste Despacho la calificación de inválido que hizo el a-quo del recibo de auxilio
postmortem presentado por el demandante, ya que por su naturaleza, dicho recibo permite inferir un vínculo laboral preexistente, pues este es expedido únicamente a favor de los familiares sobrevivientes de un agente declarado muerto por causas relacionadas al servicio. No puede el Tribunal imponer cargas probatorias adicionales a las que el actor tenía, menos en tratándose de pruebas que por ley el colegiado está facultado para pedir de forma oficiosa a cualquiera de las partes. En concordancia, apoya éste Despacho la solicitud del actor en su apelación, consistente en que, como quiera que las pruebas solicitadas con la demanda nunca fueron practicadas, y dada su importancia, se oficie nuevamente a la entidad demandada para que las aporte. FALLA EN EL SERVICIO-Por incumplir con las técnicas mínimas para patrullaje en zonas de alta peligrosidad/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por la muerte presunta del Agente de policía Para esta Delegada que los perjuicios irrogados al actor como consecuencia de la muerte presunta del señor luego de su desaparecimiento en acción, mientras prestaba labores de Policía en el Municipio de Sabana de Torres, Santander, constituyen falla en el servicio de la Policía Nacional, quien incumplió con su deber de observar las normas técnicas mínimas para patrullaje en zonas de alta peligrosidad, enviándolo a ejecutar ésta labor sin el equipo necesario y en la compañía de uno solo de sus compañeros agentes. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS Se insiste, el silencio probatorio de la institución, constituye per se el indicio de responsabilidad administrativa de ésta, razón por la cual teniendo en cuenta a la parte débil de la litis, debe proferirse sentencia a su favor. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que las entidades demandadas son administrativamente responsables de los perjuicios irrogados al actor por la muerte presunta del Agente, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del caso objeto de estudio. DEFECTO FÁCTICO-Jurisprudencia constitucional 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS CONCEPTO No. 22 / 2014
Bogotá D.C, Febrero 10 de 2014
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.
E. S. D.
EXPEDIENTE: 680012331000200700624 01 (48285)
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
ACTOR: PASCUAL BALLESTEROS VILLALOBOS
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra la Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional. Temas: Falla en el servicio por muerte / Carga dinámica de la prueba.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.
I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - Hechos El Señor Pascual Ballesteros Villalobos, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso
3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS Administrativo, entabló demanda contra La Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a él, con ocasión de la desaparición - con posterior declaración de muerte
presunta – de Fernando Ballesteros, hijo del demandante, quien para la época de los hechos se desempeñaba como agente de Policía en el Cuarto Distrito de Barrancabermeja, compañía energética de Sabana de Torres. De acuerdo a la demanda, el 3 de Junio de 1992 el agente Ballesteros salió con otro compañero a prestar vigilancia en las instalaciones de la compañía energética de Sabana de Torres, misión de la que nunca regresó, al parecer por haber sido víctima de secuestro por parte de comandos guerrilleros operantes en la zona. El Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, en atención a demanda presentada por los padres del agente Ballesteros, declaró la muerte presunta de éste por desaparecimiento, mediante sentencia de 24 de Noviembre de 2005. Con base en estos hechos, y apoyo legal en el marco constitucional de los deberes de protección por parte del Estado a sus agentes, el actor entabló demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander, alegando falla en el servicio de las entidades demandadas, al considerar que éstas contravinieron las normas y estrategias técnicas aplicables en zonas de alta peligrosidad, al autorizar el desplazamiento de aquel sin el mínimo de agentes requeridos para patrullaje en zonas denominadas rojas, y en este sentido, deben ser declaradas responsables por los daños antijurídicos soportados a raíz de los hechos arriba descritos. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. La Policía Nacional contestó la demanda declarando que no es demostrable que un
grupo subversivo haya secuestrado al Sr. Ballesteros, y que en tal sentido es una situación que se deriva de hechos exclusivos de terceros. Igualmente señaló que no existe claridad en la exposición de los hechos y que falta acervo probatorio para considerar las pretensiones. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander falló, en sentencia del 11 de Abril de 2013, negando las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. Encuentra la Sala que no existe criterio de imputación material que permita vincular la conducta de la administración con los actos o hechos desencadenantes del daño, los cuales en su concepto adolecen de prueba que clarifique su ocurrencia durante el servicio prestado por el actor. Lo anterior, basado principalmente en el hecho de que no existe prueba de la vinculación del agente Ballesteros a la institución policial, más que un recibo de “Auxilio Postmortem” a favor de los padres del desaparecido, en los que no aparece el nombre de aquel. 1.3.2. De otra parte, aun cuando el demandante pidió que se oficiara al cuerpo de Policía
para que rindiera informe sobre las diligencias efectuadas por el comandante del Distrito sobre el desaparecimiento de los dos agentes, el libro de registro de ingreso y salida del día de los hechos y sobre otros asuntos relacionados; la comandancia respondió no haber encontrado archivo alguno sobre los temas solicitados, respuesta que el Tribunal encontró satisfactoria, declarando no exitoso el recaudo de ésta prueba fundamental y trasladando la responsabilidad de la imposibilidad de conseguirla a la parte que la solicitó (demandante). Consecuentemente, concluyendo que la parte demandante no probó el nexo entre la actuación del Policía Nacional y la muerte presunta del Sr. Ballesteros, falló el Tribunal negando las pretensiones de la demanda. 1.4. Argumentos de la apelación Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado del actor presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander de 11 de Abril de 2013. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS Considera ajeno a derecho un fallo basado en la inexistencia de pruebas que, de acuerdo a la teoría de la carga dinámica de la prueba, debían ser aportadas por la
parte demandada. En este sentido, exhorta a los magistrados del H. Consejo de Estado a aplicar la jurisprudencia imperante en esa corporación, de acuerdo a la cual la carga de aportar ciertas pruebas, corresponde a la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla, especialmente en casos como el que nos ocupa, en el que dichas pruebas no son de dominio público por encontrarse al interior de instalaciones militares y de policía, bajo control de estos entes. Igualmente, resalta el mandato de los artículos 114 y 115 de la Ley 1395 de 2010, sobre la importancia de utilizar el precedente jurisprudencial como derrotero para la solución eficaz de casos que, como el presente, involucren el reconocimiento y pago de perjuicios causados a reclusos, conscriptos y otros agentes estatales de seguridad.
II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Son responsables pecuniaria y administrativamente las entidades demandadas por los perjuicios sobrellevados por el actor con ocasión de la muerte presunta del agente Ballesteros? 2.1.2. ¿Podía el a-quo fallar negativamente a las pretensiones basado en la falta de una prueba que por su naturaleza correspondía presentar - o en su defecto pedir - al demandado? 2.2. Marco teórico Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público:
6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. La carga dinámica de la prueba Veamos que ha dicho la doctrina sobre este tema de gran relevancia para el caso objeto de estudio1: “Consideraciones acerca de la carga dinámica de la prueba 1 LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, Juliana
Pérez Restrepo, Artículo, Estudios de Derecho -Estud. DerechoVol. LXVIII. Nº 152, diciembre 2011. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS La carga dinámica de la prueba es una tesis que surge como consecuencia de un complejo caso de responsabilidad médica en Argentina, y de las construcciones teóricas en torno a este tema consolidadas por PEYRANO2, quien en su obra “Cargas Probatorias Dinámicas”, la que comparte con otros autores, elabora toda una sistematización al respecto. Esta tesis sustenta que “más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla.” 3 De la misma forma, en la obra de PEYRANO se sostiene: “Así pues, esta nueva teoría no desconoce las reglas clásicas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarla o perfeccionarla, flexibilizando su aplicación en todos aquellos supuestos en que quien debía probar según la regla tradicional se veía imposibilitado de hacerlo por motivos completamente ajenos a su voluntad.”4 Esto indica que la carga de la prueba no está señalada de antemano, no se establece previamente el sujeto que debe probar de acuerdo con lo que se
persigue. Dependiendo de las circunstancias del caso concreto, del objeto litigioso y la mayor o menor posibilidad de consecución de la prueba, ésta le corresponderá aportarla a aquella parte que esté en mejores condiciones para hacerlo. Lo anterior, es corroborado por TAMAYO, el cual afirma que: “No se trata de que a priori y como principio general inmutable, se invierta la carga probatoria que incumbe a una de las partes. De lo que se trata es de obligar a todos los contendientes a aportar todas las pruebas que estén a su alcance para lograr el conocimiento de la verdad real. En este orden de ideas el juez podrá prescindir, en tratándose de la prueba de la culpa, de un principio general que le imponga al demandante probar la culpa del demandado. Pero también deberá prescindir, de un principio general de presunción de la culpa, todo depende del caso concreto.5 2 VALENTÍN, Gabriel. Análisis Crítico de la llamada Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas. [En línea]: http://egacal.e-ducativa.com/upload/AAV_GabrielValentin.pdf [Marzo 17 de 2011]. 3 PEYRANO, Jorge Walter, et al. Cargas Probatorias Dinámicas. Op. Cit., Pág. 60. 4 Ibíd. Pág. 60. 5 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Responsabilidad civil médica en los servicios de salud. Medellín: Biblioteca Jurídica Dike, 1993, Pág. 91. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS La carga dinámica de la prueba es, finalmente, una obligación para el juez, que debe contar con la capacidad de estructurar los hechos jurídicamente relevantes y la respectiva parte a la que le incumbe probarlos, en este sentido el juez es un ente activo que debe repartir las cargas probatorias. En otras palabras, el juez es el único que tiene la posición de obligado con la carga de la prueba, pues las partes no tienen deber u obligación de llevar la prueba. En Colombia la carga probatoria dinámica no ha tenido consagración legal expresa, ha sido de tratamiento jurisprudencial. Empero, en el proyecto de ley de Código General del Proceso, en su artículo 167, se incluye la carga probatoria dinámica, a saber: “Artículo 167.- Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determinados hechos, corresponde a ella demostrarlos. (…)”. Negrilla y subrayado fuera del texto. 2.2.3. El defecto fáctico en la jurisprudencia constitucional6: Al respecto ha establecido la Corte Constitucional: “La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado, desde sus inicios, que el defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado...”. Y ha sostenido de igual manera, que la acción de tutela
únicamente procede cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia.” (…) 6 Corte Constitucional, Sentencia T-078/10, Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS “La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Y una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución.
La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado las distintas modalidades que puede asumir el defecto fáctico: (i)Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio (iii) Defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la sana crítica. En la sentencia T-902 de 2005 se hizo un amplio estudio de dichas categorías y a continuación se reseñan las que son de interés al caso sub examine.” 2.3. Caso concreto. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:
1. Copia del recibo expedido a nombre de Pascual Ballesteros por parte de la Policía Nacional, por concepto de Auxilio Postmortem – Córdoba, pensionado CACEN (folio 14, cuaderno 1). 2.4. Caso concreto.
10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto: Inicialmente, debe este Despacho pronunciarse en concordancia con los
argumentos expuestos en la apelación presentada por el apoderado del actor, al advertir que de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, impera para la resolución de estos casos la “teoría de la carga dinámica de la prueba”, la cual establece que más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla. En este sentido resulta claro para éste Despacho que la sentencia del a-quo adolece de cualquier consideración sobre los exhortos pedidos por el demandante en su escrito inicial, ya que estos nunca fueron aportados por la parte que los produjo - que era la única capacitada para aportarlos - y aún así el Tribunal decidió proseguir con el juicio, agravando la situación del demandante al responsabilizarlo por la no incorporación de estos oficios policiales pedidos en el exhorto desobedecido. Respecto de la falta de prueba de la vinculación del agente Ballesteros a la institución policial, no entiende éste Despacho la calificación de inválido que hizo el a-quo del recibo de auxilio postmortem presentado por el demandante, ya que por su naturaleza, dicho recibo permite inferir un vínculo laboral preexistente, pues este es expedido únicamente a favor de los familiares sobrevivientes de un agente declarado muerto por causas relacionadas al servicio. No puede el Tribunal imponer cargas probatorias adicionales a las que el actor tenía, menos en tratándose de pruebas que por ley el colegiado está facultado para pedir de forma oficiosa a cualquiera de las partes.
En concordancia, apoya éste Despacho la solicitud del actor en su apelación, consistente en que, como quiera que las pruebas solicitadas con la demanda 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS nunca fueron practicadas, y dada su importancia, se oficie nuevamente a la entidad demandada para que las aporte. Lo anterior indica para esta Delegada que los perjuicios irrogados a Pascual Ballesteros Villalobos como consecuencia de la muerte presunta de Fernando Ballesteros luego de su desaparecimiento en acción, mientras prestaba labores de Policía en el Municipio de Sabana de Torres, Santander, constituyen falla en el servicio de la Policía Nacional, quien incumplió con su deber de observar las normas técnicas mínimas para patrullaje en zonas de alta peligrosidad, enviándolo a ejecutar ésta labor sin el equipo necesario y en la compañía de uno solo de sus compañeros agentes. Se insiste, el silencio probatorio de la institución, constituye per se el indicio de responsabilidad administrativa de ésta, razón por la cual teniendo en cuenta a la parte débil de la litis, debe proferirse sentencia a su favor. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que las entidades demandadas
son administrativamente responsables de los perjuicios irrogados al actor por la muerte presunta del agente Ballesteros, y proferirá concepto tendiente a instar al
H. Consejo de Estado a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del caso objeto de estudio.
III. CONCLUSIÓN Ésta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado REVOCAR en su totalidad, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Santander de 11 de Abril de 2013, desfavorable a los demandantes.
Del Honorable Magistrado, 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 48285 680012331000200700624 01 JEBS
MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO
Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co