PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Jurisprudencia del consejo de estado sobre caducidad de la acci

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad de la acción El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa. Para el Ministerio Público la fecha a partir de la cual debe contabilizarse el término de caducidad es aquella en la que se suscribió el acta de recibo final y liquidación, esto es, el 14 de noviembre de 2003, lo que lleva a concluir que la acción no estaría caducada por cuanto la demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 20 de octubre de 2005. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre caducidad de la acción RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por el daño antijurídico causado en la ejecución de obra pública Encuentra el Ministerio Público que se acreditaron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la administración, esto es el daño antijurídico y la imputación, por cuanto se estableció que el inmueble del que el demandante era poseedor y luego adquirió la propiedad sufrió daños como consecuencia de la ejecución de una obra pública. De los medios de prueba referidos se concluye que se establecieron los presupuestos de la responsabilidad del departamento de Casanare, pues se demostró, por un lado, que el predio

que comunicaba con el barrio La Pradera de Monterrey pertenecía al demandante y, por el otro, que el departamento a través de contratista ejecutó obras de construcción del alcantarillado pluvial en el municipio de Monterrey, y aunque no se determinó de manera clara la fecha exacta en que posiblemente ocurrió el daño, si se estableció que éste fue consecuencia de la obra. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Indemnización de perjuicios por daño causado en ejecución de obra pública En primer lugar en criterio del Ministerio Público, tal como lo señaló el tribunal, habría lugar a reconocer el valor correspondiente a la reconstrucción de la carpeta asfáltica por cuanto en la ejecución de la obra se afectó y no se reparó al concluir aquélla; así mismo se deberá cancelar el valor para la construcción del canal abierto, porque las aguas caen directamente al predio. De otro lado, contrario a las conclusiones del a-quo, para el Ministerio público sí habría lugar a reconocer la indemnización por los daños causados al predio por el vertimiento de aguas en el terreno, por cuanto éstos son consecuencia directa de la obra pública que contrató y ejecutó el departamento a través de Conalde. La cuantificación de la condena deberá efectuarse en incidente posterior por cuanto no se aportó con el dictamen prueba documental que respalde las afirmaciones que allí se consignan sobre el costo de la recuperación del inmueble. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se demostró omisión en las obligaciones convencionales de los terceros llamados en garantía

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 2 Expediente 39779 En este punto se comparten las consideraciones del a-quo, toda vez que no se demostró que por parte del Contratista y/o de la interventora se hubiere incurrido en una actuación por fuera del objeto de los contratos o en una supuesta omisión en sus obligaciones convencionales y que uno y otro hecho hubieren generado el daño cuya indemnización se reclama. Por tanto, no podría imputarse responsabilidad al demandado y a la llamada en garantía y, por ende, a los denunciados en el pleito. Así las cosas el llamado a responder es el Departamento de Casanare, entidad contratante de la obra pública.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO 074/2011

Bogotá, D. C., 6 de abril de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION C

Consejero Ponente Doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref.: Proceso 39779 (850012331000 2005 00660 01) Acción de reparación directa

Actor: Hildefonso Contreras

Demandado: Departamento de Casanare – Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales “Conalde Ltda” El Ministerio Publico, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda. El 20 de octubre de 2005 el señor Hildefonso Contreras, en

ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra el Departamento de Casanare – Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 3 Expediente 39779 “CONALDE LTDA”, para que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados con la construcción de dos tramos del alcantarillado de aguas lluvias del municipio de Monterrey a la finca denominada “El Refugio” hoy “La Vega” de su propiedad, en desarrollo del contrato de obra pública No. 470 -02 del 27 de septiembre de 2002, cuya construcción destruyó aproximadamente 500 metros lineales de pavimento en asfalto, así como por la destrucción de pastos y praderas como consecuencia de dicha obra (fls. 2 a 6 C. 1). 1.2. La contestación.- El Departamento de Casanare (fls. 43 a 47 C. 1). Sostuvo que los daños causados a la finca no pudieron ocurrir en octubre de 2003 porque en el acta de liquidación fechada 14 de septiembre de 2003 quedó consignado que estaba ejecutado el 99% del contrato. Propuso como excepciones: la “caducidad de la acción”, “inepta demanda por falta de estimación razonada de la cuantía”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “exceso en la valoración del presunto perjuicio” porque es desproporcionado el

precio de compra del bien con el monto de la indemnización pretendida, “culpa exclusiva de terceros” en este caso CONALDE y de su aseguradora (Cóndor S. A.) en calidad de ejecutora y garante del contrato No. 470 de 2002 respectivamente y la Universidad de Cartagena como interventora del mismo. - CONALDE LTDA (fls. 75 a 90 C. 1). Argumentó que la terminación de los trabajos se realizó en septiembre de 2003 y que cumplió con todos los requerimientos técnicos y las obras fueron recibidas sin objeción alguna. Propuso como excepciones: “la caducidad de la acción”; “perención del proceso”, por haber transcurrido más de nueve (9) meses de inactividad procesal; “carencia de legitimación por pasiva”; “enriquecimiento sin causa” y “reducción de las eventuales indemnizaciones” según fuere el resultado de lo probado en el proceso. 1.3. Llamamiento en garantía. El Departamento de Casanare llamó en garantía a la Universidad de Cartagena y a la aseguradora el Cóndor S. A. CONALDE LTDA llamó en garantía a la aseguradora el Cóndor S. A.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 4 Expediente 39779 - La Universidad de Cartagena (fls. 186 a 202 C. 2). Advirtió que si bien es cierto tuvo a su cargo la interventoría de las obras de alcantarillado pluvial en Monterrey, también

es cierto que al iniciar sus actividades ya existían el proyecto y los trazados y estaba suscrito el contrato y las servidumbres requeridas. Afirmó que era imposible aseverar que en la última semana de octubre de 2003 se rompieran algunos metros de la vía pavimentada para introducir el colector que descargó aguas en el predio del actor, pues esa fue una de las primeras actividades que se ejecutaron y que el 14 de septiembre de 2003 el nivel de avance era del 99%. Propuso como excepciones la “caducidad de la acción” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”. Sostuvo que se ajustó al convenio 230 de 2002 y que las obras objeto de interventoría se ejecutaron a cabalidad y las recibió la entidad contratante sin reparos y destacó que en el informe final del proyecto dejó advertido cuáles trabajos quedaban pendientes para terminar el sistema de alcantarillado pluvial en Monterrey. - Respecto de Cóndor S. A. Compañía de Seguros no fue posible su vinculación, por cuanto fueron infructuosas las labores de notificación mediante comisorio (fls. 224 a 227 y 230 y 230 vto C. 1) 1.4. Denuncia del pleito. La Universidad de Cartagena denunció el pleito para provocar la vinculación de Liberty Seguros S. A. y de la Sociedad de Servicios de Ingeniería S. A. - Liberty Seguros S. A. (fls. 252 a 268 C. 2). Propuso como excepciones la “caducidad de la acción” y la “falta de legitimación en la causa por activa”. Sostuvo que el 14 de

septiembre de 2003 solo quedaba por ejecutar el 1% de las obras y la misma fue recibida a satisfacción por el departamento, de manera que cualquier reclamación correspondería atenderla a este como contratante, a Conalde como contratista y a su garante Cóndor S. A.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 5 Expediente 39779 - Sociedad de Servicios de Ingeniería S. A. (fls. 321 a 327 C. 2). Señaló que sus funciones fueron dirigir y coordinar las actividades administrativas y financieras de la interventoría del proyecto de construcción del alcantarillado pluvial del municipio de Monterrey. Propuso como excepciones la “caducidad de la acción” y la “falta de legitimación en la causa por pasiva”. 1.5. La sentencia de primera instancia. (fls. 374 a 395 C. Consejo de Estado). El Tribunal Administrativo de Casanare declaró responsable administrativamente al Departamento de Casanare por los perjuicios causados en el predio “La Vega” o “El Refugio”, ubicado en el sector del Higuerón del municipio de Monterrey, con ocasión de la ejecución de las obras de alcantarillado pluvial de esa localidad, objeto del contrato No. 470 de 2002. En consecuencia, lo condenó a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de $58.788.152.oo, que deberá actualizarse a la fecha de ejecutoria

del fallo con base en la variación del índice de precios al consumidor. 1.6. La impugnación. - El Departamento de Casanare apeló el fallo (fls. 397 a 407 C. Consejo de Estado). Solicitó revocar la sentencia impugnada y en su lugar declarar la caducidad de la acción basado en el hecho que el actor reconoció en la demanda haber tenido conocimiento del hecho dañoso en el mes de enero de 2003 y la demanda fue presentada el 20 de octubre de 2005. A renglón seguido señala que si se toma la fecha de la terminación de la obra para contar el término de caducidad (14 de septiembre de 2003) también estaría caducada la acción pues el plazo para presentar la demanda sería el 15 de septiembre de 2005. Destaca que el demandante adquirió la propiedad el 24 de noviembre de 2005, luego el señor Contreras no tenía la titularidad del derecho reclamado y el hecho que posteriormente haya adquirido la propiedad del inmueble sobre el cual recayeron los daños imputados al departamento de Casanare, no lo legitima para ser beneficiario de ellos. Quien tenía la titularidad para reclamarlos era la anterior propietaria y ella no demandó ni está probado que cedió derecho litigioso a favor de Hildefonso Contreras.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Expediente 39779 - La parte actora interpuso apelación adhesiva (fls. 435 y 436 C. Consejo de Estado).

Argumentó que no comparte la conclusión del a quo por cuanto no se reconoce el valor del pedraplen y para recuperar la carpeta asfáltica debe removerse la sub base o pedraplen ya que es la única forma de garantizar la calidad del trabajo; que este es un daño cuantificado y avaluado por el perito, dictamen que no fue desvirtuado en el fallo. Afirmó que la sentencia no le dio valor probatorio a los daños consistentes en lo que deberá invertir para recuperar los pastos artificiales deteriorados así como la reforestación del bosque de galería que se derribó entre la vía afectada y el disipador. Resaltó la contaminación ambiental y los insumos y costos para la recuperación del terreno. Sostuvo que hay una depreciación del predio ya que con las obras realizadas se afecto el valor comercial del inmueble.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Como el proceso fue apelado por el departamento del Casanare y por el señor Hildefonso Contreras puede ser revisado en su totalidad. 2.1. Problema jurídico.- Consiste en determinar si por razón de la construcción de una obra pública1, el Departamento del Casanare es extracontractual y patrimonialmente responsable de los daños que sufrió el inmueble denominado “La Vega” o “El Refugio”, ubicado en el sector del Higuerón del municipio de Monterrey, que el actor afirma es de su propiedad. 2.2. Legitimación en la causa por activa.

1 SECCIÓN TERCERA. Sentencia de 7 de octubre de 2009. Radicación: 63001-23-31-000-1998-0611-01.Expediente: 16.986.

“En varias oportunidades se ha dicho que aunque el daño causado a los particulares tiene origen en una actividad lícita de la Administración, como es la construcción de una obra pública a favor de la comunidad en general, lo cierto es que los afectados, esto es, los propietarios de los inmuebles aledaños a la obra, no tienen por qué soportar la carga excepcional o el mayor sacrificio que implica el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, generalmente materializado con la desvalorización de sus predios. En este orden de ideas, se ha concluido que el daño es imputable al Estado bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en consideración a que el perjuicio no tiene origen en la ilegalidad de un acto administrativo ni en una falla del servicio.”

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Expediente 39779 - El señor Hildefonso Contreras, acciona por vía de reparación directa y aduce que es propietario del inmueble rural denominado “La Vega” o “El Refugio”, ubicado en el sector del Higuerón del municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, del cual ejerce la posesión desde el 27 de septiembre de 2002. Tal como lo indica la Sección Tercera2, la propiedad del bien inmueble se establece con la prueba del título y modo, “(…) en el presente caso la parte actora tenía la carga de acreditar, en primer término, el daño que le fue irrogado; a tal efecto, teniendo en cuenta que el accionante invocó la condición de

propietario del predio que se vio afectado por la irrupción de las aguas debido a la alegada omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte de las entidades demandadas, debía demostrar tal calidad de la manera que lo exige el ordenamiento jurídico, vale decir, tomando en consideración que la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un bien inmueble solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato o el que haga sus veces, en el presente caso, la resolución administrativa que dio lugar a la apertura del folio de matrícula inmobiliaria aportado con la demanda y referido en apartado precedente) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-ley 1250 de 19703— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o la del sólo certificado de registro (…) (…) Resulta evidente que la comentada carga probatoria no ha sido satisfecha por la parte actora dentro del presente proceso, pues la sola aportación de la copia del folio de matrícula inmobiliaria antes aludida no basta para acreditar la condición de propietario del predio 2 Sentencia de 4 de febrero de 2010 Expediente No. 17.720 (70001-23-31-000-1995-05072-01) 3 (pie de página de la cita) El tenor literal de los preceptos que se referirán a continuación, todos integrados dentro del aludido

Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8 de 1969, es suficientemente ilustrativo en esta materia: “ARTICULO 1o. El registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado, que se prestará por funcionarios públicos, en la forma aquí establecida, y para los fines y con los efectos consagrados en las leyes. ARTICULO 2o. Están sujetos a registro:

1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.

2. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres, salvo la cesión del crédito prendario.

3. Los contratos de prenda agraria o industrial.

4. Los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones”. “ARTICULO 3o. El registro de los documentos referentes a inmuebles se verificará en la oficina de su ubicación; el de los automotores, en la de su matrícula. Los contratos de prenda agraria o industrial se inscribirán con referencia al inmueble a que están destinados o en que se hallen radicados los bienes objeto del gravamen”.

Sin embargo, las disposiciones que de manera más clara, dentro del cuerpo normativo en cuestión —Decreto-ley 1250 de 1970— explicitan cuáles son los alcances, desde el punto de vista probatorio y de eficacia de los negocios jurídicos que afecten la propiedad o cualquier derecho real sobre bienes sujetos a registro—los relacionados en el artículo 2 que se acaba de citar—, de la inscripción o registro correspondiente, son los artículos 43 y 44 ibídem: “Artículo 43. Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro. Artículo 44. Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquél”.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 8 Expediente 39779 respecto del cual, según se afirma en la demanda, se concretó el daño cuya reparación se reclama en el sub lite , pues dicha certificación da cuenta apenas del modo de transmisión del dominio, más no del título respectivo, (…) (…) ello conduce a concluir que la parte actora no acreditó la condición que invocó en la demanda para

formular las pretensiones que en ella se incluyen y, consecuencialmente, que no demostró tener legitimación en la causa, presupuesto necesario, según se explicó, para proferir sentencia de mérito favorable a las anotadas pretensiones; o, desde otra perspectiva, no se ha demostrado la ocurrencia del daño cuya reparación se depreca, de suerte que se echa en falta dicho elemento indefectible a efecto de estructurar una declaratoria de responsabilidad patrimonial en contra de los demandados.” (Negrilla y subrayas fuera del texto) En este caso se acreditaron los elementos necesarios para establecer el derecho de propiedad del inmueble que alega el señor Contreras. Se allegó el certificado de tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria No. 470-72448 (de fecha 6 de junio de 2007) (fls. 190 y 190 vto C. 1) donde consta que la finca denominada “La Veguita” pertenece al señor Hildefonso Contreras. Así mismos, se anexó copia autenticada de la escritura pública No. 762 de 24 de noviembre de 2005 (fls. 65 C. de pruebas) donde la señora Adelina Martínez le vende al señor Hildefonso Contreras un predio rural denominado “La Veguita” ubicado en la vereda centro jurisdicción del municipio de Monterrey (Casanare) y se hizo una rectificación de área y una actualización de linderos. Y, en la audiencia de interrogatorio el actor aporto copia autentica del título de adquisición y del certificado de tradición (fls. 61 a 68 C. de

pruebas). - Si bien es cierto el actor acreditó la propiedad del inmueble con posterioridad a la presentación de la demanda, se debe destacar que en el libelo demandatorio alegó que tenía la calidad de poseedor previamente a obtener la propiedad del inmueble, hecho que probó, así: - Se allegó documento privado (promesa de compraventa) suscrito el 27 de septiembre de 2002 por los señores Efrain Antonio Tejedor Pinto e Hildefonso Contreras (fl. 7 C. 1) y reconocido judicialmente por los mismos (fls. 46 y 58 C. de pruebas). - Testimonio rendido por el señor Efrain Antonio Tejedor Pinto (fls. 46 y 47 C. de

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 9 Expediente 39779 pruebas), quien afirmó que en el año 2002 le vendió tres lotes al señor Contreras y que entre esos lotes existía la vía el Higuerón que conectaba los predios al barrio La Pradera de Monterrey. Sostuvo que entre los años 2002 y 2003 se ejecutó la obra de alcantarillado de aguas lluvias de Monterrey y que para esa época ya le había vendido los terrenos al señor Contreras. Agregó que le vendió al hoy actor por medio de un documento y en el mismo se definió que el señor Contreras y la señora que le había vendido a él harían los tramites de la escritura; y que le hizo entrega del inmueble

aproximadamente en abril de 2002. - Testimonio rendido por el señor Valerio Pineda (fls. 48 y 48 vto C. de pruebas), quien sostuvo que en el año 2002 el señor Tejedor Pinto le vendió al señor Hildefonso Contreras una finca con una extensión entre 15 o 20 hectáreas y agregó que había una vía de acceso que conectaba el predio con el barrio La Pradera de Monterrey. - Testimonios rendidos por los señores Jaime Antonio Montañez Velasquez (fls. 49 y 50

C. de pruebas) y Samuel Chaparro Esguerra (fls. 54 y54 vto C. de pruebas), quienes indicaron que el señor Tejedor le vendió el predio al señor Hildefonso Contreras, que había una vía que comunicaba la finca con el barrio La Pradera de Monterrey. - Testimonio rendido por el señor Pedro Exehomo Triana Álvarez (fls. 51 a 53 C. de pruebas), topógrafo que participó en la construcción del alcantarillado pluvial en el sector del barrio La Pradera, señaló que el predio que comunicaba con el barrio La Pradera de Monterrey pertenecía al señor Contreras, que se levantó todo lo existente en la vía.

En este orden de ideas se debe concluir que Hildefonso Contreras se encuentra debidamente legitimado en la causa por activa en tanto que se demostró que, para la fecha de los hechos, era poseedor del terreno que se alega resultó afectado con la obra pública. 2.3. Caducidad de la acción. Argumenta el Departamento de Casanare que operó

la caducidad de la acción.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 10 Expediente 39779 El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8). La jurisprudencia de la Sección Tercera ha interpretado esa norma en aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no. Así en auto del 30 de enero de 20034, reiterado en varias providencias5, se dijo: “Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C. C. A. establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida DE MANERA

RACIONAL DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO BASTA CON LA REALIZACIÓN PURA Y SIMPLE DEL HECHO CAUSANTE DEL DAÑO SINO QUE ES NECESARIO QUE HAYA SIDO CONOCIDO POR EL AFECTADO, LO CUAL EN LA MAYORÍA DE LAS VECES OCURRE AL MISMO TIEMPO. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción. Así mismo, en el derecho español existe una línea doctrinaria y jurisprudencial orientada por el principio pro damato que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas6” 7 4 Auto proferido dentro del proceso 22.688. Actor: Calvet Hooker Jay. Demandado: DAS. 5 Autos que dictó la Sección Tercera el 11 de mayo de 2006. Exp: 30.325. Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia “FIDUBANCOP”. Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de julio de 2007. Exp: 30.512. Actor: Jesús Antonio Martínez Cuenca y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de diciembre de 2007. Exp: 33.373. Actor: Oliverio Díaz Díaz.

Demandado: Municipio de Une. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de diciembre de 2007. Exp: 33.991. Actor: Gonzalo Moreno Rodríguez y otros. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social “CAJANAL”. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 1º de febrero de 2008. Exp: 34.381. Actor: José Óscar Zuleta Vega y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 6 Ricardo de Angel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, edit. Civitas, 1993. 3ª ed., p. 154.

7 Sentencia que dictó la Sección Tercera el 10 de noviembre de 2000. Actor: Viviana Patricia Salcedo. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Reiterada en las siguientes providencias: 27 de febrero de 2003. Exp: 23.446. Actor: Nestor Hernando Rizo Rey. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 2 de febrero de 2005. Exp: 27.994. Actor: Miguel Sáenz Gómez. Demandados: Nación y Municipio de Granada. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 11 de mayo de 2006. Exp: 30.325. Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia

“Fidubancop”. Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de julio de 2007. Exp: 30.512. Actor: Jesús Antonio Martínez Cuenca y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 11 Expediente 39779 Para el Ministerio Público en el presente caso no ha operado el fenómeno de caducidad de la acción. En primer lugar se observa que aunque el actor afirmó en el hecho séptimo (fl. 4) que se enteró de la construcción de las obras causantes del daño a mediados de enero de 2003, en el mismo hecho agrega que “dado que por la violencia que se generó por el enfrentamiento entre las auto defensas de Casanare y el Bloque Centauros, de Córdoba y Urabá, fue amenazado y debió salir desplazado de Monterrey desde septiembre de 2002, pudiendo solo regresar a su finca a principios de febrero de 2004, a constatar los perjuicios ocasionados”. Así las cosas, es claro que la primera fecha constituyó un error. Adicionalmente se advierte que de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos, para el año 2003 el actor no se encontraba en la región de la cual había salido por amenazas (Nubia Rudithza Romero Morales fls. 170 a 172 C. 4, Jaime Antonio Montañez Velásquez

fls. 49 y 50 C. de pruebas y Pedro Exehomo Triana Álvarez fls. 51 a 53 C. de pruebas) Para el Ministerio Público la fecha a partir de la cual debe contabilizarse el término de caducidad es aquella en la que se suscribió el acta de recibo final y liquidación (folio 69

C. 1) esto es, el 14 de noviembre de 2003, lo que lleva a concluir que la acción no estaría caducada por cuanto la demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 20 de octubre de 2005 (fl. 6 vto C. 1).

No podría tomarse como fecha de los hechos el 14 de septiembre de 2003, porque para esa época no habían concluido los trabajos. En la referida acta de recibo y liquidación se consignó que para el 14 de septiembre de 2003 se encontraba ejecutada la obra en un 99% y solo faltaba la restitución de la carpeta asfáltica