PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Muerte de ciudadano no pudo acceder a servicio médico porque la

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Muerte de ciudadano no pudo acceder a servicio médico porque la cédula fue dada de baja RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 7 de junio de 2013

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 13–101

Acción: Reparación Directa Radicado: 050012331000200400910 01 (46673)

Actor: Liliana María Moreno y Otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable Señor Consejero Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante

el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la señora LILIANA MARÍA MORENO RAMOS y otros, RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías

que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio por acción u omisión de la administración/RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Conocido como daño especial/RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el 2 470012331000200700290 02 (46257)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el

H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir.

FALLA DEL SERVICIO-Demostrar la ocurrencia del daño imputable a la parte demandada El Ministerio Público comparte la conclusión a la que arribó el A quo, ya que la actuación del profesional del derecho a cargo de la demanda no contribuyó en probar las pretensiones indemnizatorias de sus representados, pues debiendo preocuparse en recopilar todos los elementos que configuran la responsabilidad administrativa del estado, solo se limitó a poner de presente la existencia de una falla de la entidad demanda, sin demostrar la ocurrencia 3 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 12 de junio de 2013

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 13–103

Acción: Reparación Directa Radicado: 470012331000200700290 02 (46257)

Actor: Sara Guzmán García

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Honorable Señor Consejero Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la señora SARA GUZMÁN GARCIA, obrando en nombre propio y en representación de su hija MARIANA HERNÁNDEZ GUZMÁN, solicitó al Tribunal Administrativo del Magdalena que se 4 470012331000200700290 02 (46257)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 declarara la responsabilidad administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil por los perjuicios causados con la muerte del señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS y las lesiones sufridas por la menor antes mencionada, por los hechos descritos en el líbelo petitorio. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condenara al pago de los

perjuicios materiales, morales, y fisiológicos que les fueron ocasionados. Contestación La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que no existía sustento probatorio para considerar que había ocasionado la muerte del señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS por haber cometido el error involuntario de dar de baja la cédula de ciudadanía con cupo numérico 592.302, ya que dicho yerro no podía ser la causa de los daños demandados. Agregó que la muerte del señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS debió producirse por un caso fortuito o fuerza mayor, pues no se comprobó que la misma hubiese ocurrido por una enfermedad terminal o de aquellas que requieren de constante atención médica. Finalmente, formuló la excepción “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, tras considera que no existía una relación de causalidad entre el daño demandado y la falla que le era imputada. Sentencia Por sentencia del 7 de julio de 2010 el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: 5 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 “(…) En efecto, por una supuesta equivocación involuntaria, el ente oficial ingresó a la base de datos que se lleva con el objeto de archivar la identificación de las personas registradas como ciudadanos colombianos – ANI ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN – el fallecimiento del referido señor, padre y abuelo de las accionantes, y en virtud de ello el mismo fue retirado de la nómina de pensionados del

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, dejando de percibir en consecuencia la mesada pensional a que tenía derecho y, como es obvio, dejando de recibir la atención médico - asistencial que dicha asignación le procuraba. Pues bien, lejos de detenerse a examinar si, en efecto, existió o no falla en el servicio por parte de la administración, hecho éste que en todo caso podría considerarse como acreditado toda vez que el representante judicial del ente oficial encausado, tanto en la contestación de la demanda como en la oportunidad de presentar alegatos finales, e inclusive, en la propia audiencia de conciliación, manifestó su responsabilidad en la ejecución de tales hechos, dejando constancia en forma expresa de ello, empero, no puede soslayarse el que una vez enterada la administración de la equivocación en que había incurrido en detrimento de los derechos del referido señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS, y como fe de erratas resolvió enmendar dicho yerro profiriendo el respectivo acto administrativo con el cual se ordenó la corrección de la información indebidamente ingresada al sistema ANI, premencionado; sin embargo, debe acotar la Sala que habrá de proferirse decisión en el sentido de denegar las súplicas del libelo, comoquiera, que el elemento principal y fundamental de aquellos que estructuran la responsabilidad del Estado por falla en el servicio por acción, cual es, la existencia de un daño antijurídico, no se encuentra debidamente acreditado. En efecto, el daño que demandan las accionantes como de responsabilidad del ente oficial, no es otro que la muerte del señor

GUSTAVO GUZMÁN RIOS, el cual atribuye aquella parte a la depresión profunda que empezó a padecer la referida víctima una vez se dio por enterado de que por un error de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dejaría de percibir la mesada pensional a que tenía derecho, sumado al hecho de que, dada su avanzada edad, debía recibir diversos tratamientos médicos a efecto de manejar las patologías que padecía - por ejemplo, se habla en la demanda de una artritis crónicaprocedimientos médico asistencia les que no pudo seguir recibiendo debido a su exclusión del sistema general de seguridad social en salud. Ahora bien, no puede soslayarse que abunda en el presente proceso la prueba documental, entre éstas, por supuesto, la copia del acta o registro civil de defunción del señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS, la cual, huelga acotar, fue aportada a la contención en fotocopia simple o informal, esto es, sin el lleno de los requisitos previstos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al sub examine por remisión expresa del artículo 267 del CCA, de suerte, pues, que carece de absoluto valor probatorio y por tanto no puede ser tenida en cuenta como prueba contundente a efecto de acreditar los hechos expuestos 6 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 en la demanda. Lo anterior en el sentido de que la prueba conducente es aquella que “la ley admite para probar un hecho, lo cual significa que se debe acudir al texto legal para saber si el hecho que se pretende

demostrar puede ser demostrado con ese medio de prueba”. (…) Comoquiera que la ley procesal no le otorga valor probatorio alguno a las copias simples de documentos públicos, como vienen a serlo la mayoría de las probanzas aportadas al plenario, principalmente, la copia del registro civil de defunción del señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS, teniendo en consideración que sólo es dable predicarse autenticidad de los documentos originales, o de las copias que cumplan con alguno de los requisitos fijados por la misma ley procesal para otorgarles tal condición y, ante la inexistencia de ley especial que disponga lo contrario, cualquier acuerdo entre las partes respecto del mérito probatorio de documentos que no reúnen los requisitos para ser valorados, se reitera, ha de reputarse inexistente… (…) No obstante lo anterior, y aun aceptando en gracia de discusión que se tuviera como probada la muerte del referido señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS, bien sea porque se le confiriera valor probatorio a la copia simple del registro civil de defunción aportado, ora porque se tuviera como válida la prueba del estado civil a través de los testimonios rendidos en la Corporación, de igual manera, devendría la inferencia de que no hay lugar a acceder a las súplicas del libelo por no existir una relación o nexo de causalidad entre el daño deprecado y la falla en el servicio de la administración. En efecto, y a mero título de ilustración, se refiere la Sala muy sucintamente al hecho de que, atendiendo los hechos tal cual como fueron narrados en el libelo genitor - puesto que, huelga acotar,

tampoco se aporta suficiente prueba al plenario acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se sucedieron los hechos objeto de demanda - habría de inferirse que la muerte del señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS, ocurrió por causa natural, seguramente, en atención a su edad avanzada - 80 años según lo probado en el proceso - de suerte, pues, que no existe prueba que acredite el hecho de que la referida víctima hubiere padecido algún tipo de accidente o enfermedad que le hubiere obligado a acudir a un centro médicoasistencial y en este se hubieren negado a atenderlo por encontrarse que como consecuencia del yerro en que incurrió el ente oficial encausado, el señor GUZMÁN RÍOS aparecía como retirado del sistema por haber fallecido sin que tal hecho hubiere ocurrido aún. En efecto, arguyen los testigos citados al proceso que cuando la señora SARA GUZMÁN, accionante en la contención, se percató del estado de su padre con ocasión del llamado de su menor hija quien le gritare desde la sala de televisión de la vivienda que compartían "mamá papito cerró los ojos", ya este había fallecido, tanto así que cuando salió a auxiliarlo trasladándolo a un centro de salud en el sector de Gaira en la ciudad de Santa Marta ya el señor se encontraba muerto, de tal guisa que mal podría imputársele responsabilidad a la administración en los insucesos narrados cuando nada tiene que ver la 7 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2013-187542 Registraduría Nacional del Estado Civil con la muerte natural del señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS. Situación diferente se presentaría si se hubiera probado suficientemente en el proceso que el señor GUZMÁN RIOS falleció producto de la falta de atención médico - asistencial que requería, como consecuencia del yerro de responsabilidad de la administración, empero, comoquiera que ni siquiera se probó la efectiva muerte del referido, menos se acreditan las circunstancias de hecho que rodearon su defunción. Ahora bien, aun cayendo en una actitud de laxitud total respecto de la nula o deficiente actividad probatoria desplegada por la parte actora en la contención y admitiendo la Sala que tanto el daño antijurídico, es decir, la muerte del señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS, como las circunstancias que rodearon su fallecimiento se encuentran probadas, y por tanto, se diera por sentado que le asiste responsabilidad a la administración en los hechos que se le imputan, debería igualmente negarse la pretensión indemnizatoria impetrada, habida consideración de que, respecto de los perjuicios morales no se probó la relación de parentesco o grado de consanguinidad de las accionantes con quien afirman era su padre y abuelo, por la potísima razón de que los registros civiles de nacimiento que se aportaron a efecto de acreditar tal hecho fueron allegados también en copia simple o informal, los cuales, de conformidad a lo explicitado, carecen de absoluto valor probatorio. Respecto de los perjuicios materiales, no habría razón jurídica de peso

que permitiera a esta Corporación acceder a la condena de los mismos, comoquiera que no se probó la situación de dependencia económica de la señora SARA GUZMÁN GARCÍA y de la menor MARIANA HERNÁNDEZ GUZMÁN respecto del señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS. En efecto, no obstante los testigos citados manifestaron que el señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS mantenía a su hija y a su nieta, no resultan de recibo para la Sala tales afirmaciones, habida consideración de que existe plena prueba respecto del hecho de que la señora SARA GUZMÁN GARCÍA era capaz laboralmente y, en efecto, por no ser menor de edad y no presentar discapacidad o incapacidad alguna para trabajar, laboraba en un restaurante de propiedad de una amiga y vecina del municipio de Bello (Antioquia), de suerte, pues, que no dependía única y exclusivamente de la mesada pensional que percibía el señor GUZMÁN RÍOS para proveer, al menos, su congrua subsistencia, máxime si se considera que, en todo caso, la obligación alimentaría de los padres hacia los hijos deja de existir cuando estos asumen su propia responsabilidad sobre sus vidas, y si en este sentido, el señor GUZMAN RÍOS no tenía obligaciones para con su hija adulta SARA GUZMÁN mucho menos las tenía respecto de su nieta MARIANA HERNÁNDEZ GUZMÁN cuya manutención sólo era responsabilidad única y exclusiva de sus padres legítimos. (…) De otro lado, debe detenerse la Sala sobre el segundo y último de los

tópicos reseñados en el libelo como daño objeto de demanda, cual es, la lesión fisiológica y psicológica sufrida por la menor MARIANA HERNÁNDEZ GUZMÁN como consecuencia del accidente sufrido en el mes de abril del año 2006, cuando encontrándose en la vivienda en la cual residía con su mamá, la señora SARA GUZMÁN GARCÍA, introdujo 8 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 su mano derecha en un molino eléctrico para triturar maíz resultando gravemente lesionada produciéndose la amputación de tres de sus dedos, tal como aparece probado con el Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales signado por el Profesional Universitario Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual aparece en a folios 83 a 115 del plenario. (…) Pues bien, para la Sala resulta absolutamente absurdo y salido de todo contexto el que pretenda la parte accionante imputar a la entidad oficial encausada el daño que se produjo en la humanidad de la menor MARIANA HERNÁNDEZ GUZMAN, cuando se nota a claras veras que el accidente por ella sufrido fue producido única y exclusivamente de la omisión en la observación del deber de posición de garante que tenía y tiene la señora SARA GUZMÁN GARCÍA en su condición de madre para con la referida menor. Pero peor aún, deviene irracional e inadmisible que quiera endilgársele responsabilidad al ente oficial aduciendo que

como consecuencia de la falla en que incurrió, a la madre de la menor referida le "tocó" trabajar para solventar el sustento diario de su hija, cuando no hace falta siquiera mencionarlo, uno de los deberes principales que le asiste a los padres respecto de sus hijos es precisamente la obligación alimentaria, de suerte, pues, que no puede aceptarse que se arguya que una entidad pública o privada impone a una persona el que deba trabajar para mantener a su descendencia, cuando esta es su obligación legal y moral por excelencia. En este orden de ideas no existe nexo causal entre la falla de la administración y las lesiones sufridas por la menor MARIANA HERNÁNDEZ GUZMÁN, puesto que no se explica la Sala, y de hecho, tampoco aparece probado en el proceso, cómo pudo influir el retiro del señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS del sistema de seguridad social en salud y pensión con el descuido y la negligencia en que incurriere la responsable de su cuidado, esto es, su progenitora, al no estar pendiente de la menor manteniéndola fuera del alcance de tan peligroso electrodoméstico. Cabe anotar además que, en todo caso, ni siquiera puede insinuarse que la responsabilidad de la administración radica en el hecho de que al encontrarse el señor GUSTAVO GUZMÁN RIOS excluido del sistema de seguridad social en salud, a la menor MARIANA HERNÁNDEZ GUZMÁN se le negó la asistencia médica requerida una vez sufrió el lamentable accidente casero, puesto que está probado en la contención que la referida niña no era beneficiaria en salud de su abuelo, sino que lo era de su papá conforme obra en la

historia clínica que se levantó con ocasión del accidente por ella sufrido, en el cual consta que la menor fue atendida en la E.P.S SALUDCOOP como beneficiaria de su papá JOVANNY HERNÁNDEZ. (…)” Apelación Para el apoderado de la parte actora, el fallo de primera instancia incurría en una grave contradicción, ya que, aunque dejaba entrever 9 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 que se configuraba la falla, no condenó a la demandada, pese a que estaban demostrados los elementos que configuraban la responsabilidad del estado, esto es, que al haber dado por muerto al señor GUZMAN RÍOS, le impidió ser atendido en los centros hospitalarios donde acudía y recibir la atención médica requerida.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿Se encuentra acreditado que la muerte del señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS y las lesiones de la menor MARIANA HERNÁNDEZ GARCÍA son imputables a la Registraduría Nacional del Estado

Civil?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y

la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era 10 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial,

ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 11 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un

riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Caso concreto Los hechos en que la parte actora se sustentó para intentar la presente acción fueron sintetizados por el A quo en los siguientes términos: “(…) " ... El señor GUSTAVO GUZMÁN RÍOS nació el 06 de junio del año 1929 en el Departamento de Antioquia. El señor GUSTAVO GUZMAN RIOS se encontraba afiliado al Seguro Social en calidad de pensionado y como tal recibía los servicios médico - asistenciales hasta cuando por error gravísimo de la Registraduría Nacional de Estado Civil en el mes de noviembre día 11 de 2005 se le retiraron los servicios y fue anotada la novedad de fallecido cuando la realidad y la verdad era una persona viva que no había muerto (sic). 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de

2006, expediente 1995-00196. 12 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 Esa actitud de la Registraduría causó graves traumatismos internos en el señor GUSTA VO GUZMAN RÍOS quien a partir de esa fecha y dada su edad avanzada no pudo contar más con los servicios médico asistenciales que su entidad prestadora de servicios de salud debía prestarle, lo cual conllevó a que su hija tuviera que buscar mecanismos económicos como el de hacer arepas y venderlas para poder solventar y resolver la parte de la atención médica de su padre, lo que en la realidad no pudo hacer evidentemente. El hecho de buscar alternativas económicas para poder solventar económicamente a su padres, y ante las obligaciones que tenía con su hija Mariana en su cuidado, le originó a ella y a su hija un grave insuceso como fue que la menor Mariana fuera víctima de una las máquinas de moler maíz y le amputaran tres dedos de la mano derecha, circunstancia que no se hubiera presentado de haber percibido su padre y su abuelo no sólo la mesada pensional sino la atención médica a la que tenía derecho como pensionado del Seguro Social y con la cual el señor Guzmán ayudaba en su sostenimiento a su hija y a su nieta, quienes dependían económicamente de él ... Al momento de la ocurrencia de los hechos el señor GUSTAVO GUZMAN RIOS era pensionado del Seguro Social y por la acción del ente demandado desde el mes de noviembre de 2005 hasta su muerte en abril de 2006 no percibió su mesada pensional ni los servicios médicos

a los que tenía derecho ... ". (…)” Responsabilidad de la Registraduría El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que la parte actora, aparte de no demostrar el daño (fallecimiento del señor GUSTAVO GUZMÁN), y el parentesco de los demandantes, tampoco acreditó que la falla de la demandada fuera la causa del daño alegado. Por su parte, la demandante manifestó que si estaban reunidos los requisitos para proferir fallo condenatorio en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que el fallo de primera instancia era incongruente, ya que, aun reconociendo la existencia del error, se rehusó a condenar a la entidad demandada. 13 470012331000200700290 02 (46257) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-187542 El Ministerio Público comparte la conclusión a la que arribó el A quo, ya que la actuación del profesional del derecho a cargo de la demanda no contribuyó en probar las pretensiones indemnizatorias de sus representados, pues debiendo preocuparse en recopilar todos los elementos que configuran la responsabilidad administrativa del estado, solo se limitó a poner de presente la existencia de una falla de la entidad demanda, sin demostrar la ocurrencia del daño y, además, que el mismo fuera imputable a la parte demandada. La falla del servicio que se endilgó a la Registr