PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Objeto según jurisprudencia del consejo de estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Indebida escogencia de la acción ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Única vía para controvertir la legalidad de los actos administrativos/IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN-No es posible corregir la actuación ya que está caducada De acuerdo al material probatorio aportado se observa que la inconformidad el actor se basa en la revocatoria del nombramiento como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de acuerdo a los efectos y la forma como se produce. Efectivamente el actor lo que pretende es desvirtuar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se ordenó la revocatoria de su nombramiento. La acción adecuada para cuestionar el acto administrativo mediante el cual el señor es nombrado como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y luego revocado tal nombramiento por los mismos miembros del Área Metropolitana, se lograría por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, única vía posible para controvertir la legalidad de los actos administrativos y obtener el consecuente restablecimiento del derecho. Por lo tanto no es posible corregir la actuación, ya que la acción debida está caducada, pues la demanda se presentó con posterioridad al vencimiento de los cuatro meses de ejecutoriado el acto administrativo del cual presuntamente se causó el daño. Se evidencia en el actuar del demandante el interés de cuestionar la legalidad del acto administrativo que lo retira, en sede de acción de reparación directa, muy probablemente

al haber descuidado el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-Se debe escoger de manera adecuada la acción que procede/DAÑO ANTIJURÍDICO-Proviene de la alegada ilegalidad de un acto administrativo El Consejo de Estado, en materia de acciones contencioso administrativas, ha sido enfático en precisar sobre los fines y los motivos que diferencian las acciones de reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho y que deben tomarse como referente para escoger de manera adecuada la acción que procede para reclamar ante la jurisdicción, tal como se refleja el marco teórico de este concepto. Por tanto, no resulta procedente que se adelante un proceso en ejercicio de la acción de reparación directa cuando el presunto daño proviene de la alegada ilegalidad de un acto administrativo, máxime cuando la correspondiente acción, como ocurrió en el caso concreto, hubiere caducado; este fenómeno no hace viable el ejercicio de una acción diferente a la que por Ley corresponde. Lo contrario, que es lo pretendido por el actor, es violación del debido proceso que constituye derecho fundamental al tenor del artículo 29 de la Constitución Política, pues pretermitir las acciones correspondientes y sus ritualidades no es más que ir en contravía de la norma constitucional. INEPTITUD DE LA DEMANDA-Por indebida escogencia de la acción En concepto del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo, lo que procede es declarar la ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción, si bien la parte Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T. recurrente afirma no cuestionar la legalidad de tal acto administrativo, de lo planteado en la demanda se infiere que sus cuestionamientos si atacan de manera directa la legalidad de la decisión contenida en ella. INEPTITUD DE LA DEMANDA-Por Indebida escogencia de la acción según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Objeto según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Objeto según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01)

E.A.S.T.

CONCEPTO No. 213 / 2013

Bogotá, 15 de octubre de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000201000600 01(47869)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Elkin Octavio Día Pérez.

DEMANDADO: Nación – Municipio de Medellín.

Sentido del Concepto: Solicitud de confirmación de la providencia, al alegarse la legalidad de actos administrativos / Indebida escogencia de la acción / No procede la acción de reparación directa. / Desconocimiento al debido proceso por cuenta de la parte demandante.

El Ministerio Público presenta a Consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. El Señor Elkin Octavio Díaz Pérez a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa entabló demanda contra el Municipio de Medellín, por los perjuicios ocasionados con motivo del procedimiento mediante el cual fue revocado su nombramiento como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá el 10 de enero de 2008 por parte del Alcalde de Medellín. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T. 1.2. La contestación.

1.2.1. El Municipio de Medellín, contestó la demanda por conducto de apoderada judicial a folios 61 y s.s. oponiéndose a las pretensiones:  Señala que pese a que el demandante fue nombrado como Director del Área Metropolitana, su elección no era forzosa para la Junta Directiva del Área Metropolitana, pues el hecho de que estuviera postulado dentro de la terna para optar dicho cargo, no le confería derechos en relación con el cargo, pues la ocupación de dicho cargo era una mera expectativa.  Considera que no procede ningún reconocimiento de perjuicios toda vez que el nombramiento es un acto administrativo complejo de la Junta Metropolitana que de conformidad con las normas de la función pública comenzaba a surtir efectos con el acto de posesión, lo cual no sucedió ya que el demandante libre voluntariamente desistió del nombramiento.  Concluyó que si el accionante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la dignidad humana, el debido proceso debió acudir al Juez Constitucional para tutelar a la Junta Metropolitana por haber revocado el nombramiento de manera ilegal. Y de otro lado, consideraba que el entonces Alcalde de Medellín había actuado bajo falsa motivación, debió haber demandado en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la segunda acta en la que se revocó el nombramiento como un acto administrativo. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en sentencia del veinticuatro (24) de abril de 2013 denegó las pretensiones con las siguientes consideraciones:

 En el presente caso se advierte la existencia de un problema procesal relacionado con la indebida escogencia de la acción, en tanto que los hechos presentados se infiere que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la impetrada cual fue la de reparación directa.  Precisó que los hechos narrados en la demanda se basaron en la existencia de la supuesta vía de hecho en la que incurrió el entonces Alcalde de Medellín al revocar su nombramiento como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por lo que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T.  Concluyó que del análisis de las pruebas obrantes se encuentra que el daño invocado tiene como causa una decisión administrativa, pues el nombramiento tuvo origen en el acto administrativo contenido en el acta No. 001 del 8 de enero de 2010. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 295 a 299 del cuaderno del Consejo de Estado):

 Consideró un desacierto la sentencia inhibitoria del presente caso, pues el Tribunal por no decidir lo que no se le pidió omitió examinar detenidamente las peticiones del escrito de la demanda, pues el fallador tiene que hacerlo estrictamente delimitado por lo que se le ha demandado.  Concluyó que en medio de la construcción por parte del Tribunal de una petición distinta a la formulada por el demandante y de la ausencia de valoración de los medios de prueba que sustentan la petición realmente formulada por el demandante mal pudiera arribarse a un fallo de fondo, razón por la cual debe revocarse la decisión inhibitoria para luego de corregir los yerros presentados, se decida de fondo acogiendo a las peticiones de la demanda puesta a consideración del fallador.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Frente a los presuntos perjuicios irrogados al señor Elkin Octavio Díaz Pérez en razón a la revocatoria de su nombramiento como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por parte del Municipio de Medellín en cabeza del Alcalde, era procedente la acción de reparación directa? 2.2. Marco Teórico. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47869 (050012331000201000600 01)

E.A.S.T.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Indebida escogencia de la acción ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es deber de la parte que incoa una demanda, lo haga en ejercicio de la acción que corresponde a los hechos y pretensiones. Frente al tema de la escogencia de la Acción, en Consejo de Estado ha dicho: “El C. C. A. establece que mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa (art. 86) y que mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo, se le restablezca en su derecho y se le repare el daño; también se tendrá esta acción para que se modifique una obligación fiscal o de otra clase, o se produzca la devolución de lo pagado indebidamente” (art. 85).1 En relación con la acción procedente cuando se solicita declarar la responsabilidad por los daños ocasionados por actos administrativos legales, el Consejo de Estado, por auto de 19 de julio de 2010, sostuvo: “Encuentra la Sala que, es probable que en la concreción o materialización

de un acto administrativo se infieran perjuicios, los cuales habrá que distinguir de manera clara, a efectos de identificar la acción procedente para solicitar el restablecimiento del derecho en cada caso concreto. En efecto, el daño se puede relacionar de forma directa o indirecta con un acto administrativo, pero es posible que devenga de sus efectos legales y ajustados al ordenamiento jurídico, lo que configura la responsabilidad por el acto administrativo lega l 2 , o de su materialización, siendo así una operación 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de Agosto de 2005. Radicado interno 29552, Consejera Ponente. Dra. María Elena Giraldo. 2 (pie de página de la cita) Al respecto, resulta pertinente consultar las siguientes providencias: sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 16079, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, y sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T. administrativa. Por consiguiente, se debe tener claridad en lo que se refiere a la naturaleza del detrimento, toda vez que si el mismo deriva de un acto administrativo que la parte considera ilegal, habrá lugar a deprecar la correspondiente indemnización de perjuicios a través del ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; ahora, si el daño se produce con motivo de la expedición de un acto administrativo frente al cual no se discute la legalidad, o porque es una operación administrativa por la ejecución fáctica del acto, la acción procedente será la de reparación directa, de conformidad con el artículo 86 del mismo estatuto. Sobre el particular, esta Sala ha señalado: “La Sala ha indicado, con relación a la debida escogencia de la acción, que para determinar cual de ellas es la procedente, en cada caso particular debe tenerse en cuenta la causa de los perjuicios reclamados, es decir, si ella proviene de la expedición de un acto administrativo que se presume legal, la acción correspondiente será la de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del C. C. Administrativo, por cuanto es la demostración de la ilegalidad del acto y su consecuente declaración de nulidad lo que torna en antijurídico el daño causado con el mismo, en tanto que, si los perjuicios se derivan de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, la acción pertinente para reclamar indemnización, es la de reparación directa consagrada en el artículo 86 de esa misma codificación. Es decir que la acción de reparación directa no es procedente cuando existen actos administrativos que se consideran ilegales y decidieron en sede administrativa la situación que se discute ante la jurisdicción, por cuanto la declaración de voluntad de la administración esta amparada por la presunción de legalidad, cuyos fundamentos

jurídicos, en tanto estén vigentes, no permiten estimar que existe un daño antijurídico indemnizable…”3 (…) (Subrayas y negrillas fuera del texto). 2.2.2 El objeto de la acción de reparación directa y la acción de nulidad y restablecimiento. El Consejo de Estado mediante providencia del tres (3) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00568-01(37268 expresó: “En este orden de ideas, es importante anotar que el objeto de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., es el de obtener la 16421, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 3 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de enero de 2005, exp. 28559, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T. declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la consecuente reparación del daño irrogado cuando éste proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, siempre que esta última no consista en un acto administrativo, porque cuando la ilegalidad de éste constituye

la fuente de un daño, la ley prevé como acción pertinente, la de nulidad y restablecimiento del derecho. Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., tiene por finalidad que quien se crea lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica, pida la anulación del acto administrativo que hubiere determinado la vulneración y a la vez pida también el restablecimiento de su derecho. Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido que4: “1. El C. C. A. establece que mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa (art. 86) y que mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo, se le restablezca en su derecho y se le repare el daño; también se tendrá esta acción para que se modifique una obligación fiscal o de otra clase o se produzca la devolución de lo pagado indebidamente (art. 85). Del principio de legalidad enunciado se aprecia, claramente, que una y otra acción se originan en causas o conductas distintas y persiguen objetos diferentes. En efecto: La causa que origina la acción de nulidad y restablecimiento es un acto

administrativo que el demandante considera ilegal; persigue (objeto) la nulidad del acto y además el restablecimiento y/o la indemnización y/o la devolución de lo indebidamente pagado. Tal acción persigue: 1) impugnar la validez de un acto jurídico administrativo y, como declaración consecuencial, 2) restablecer el derecho subjetivo lesionado. Las causas que pueden motivar el ejercicio de la acción de reparación directa son variadas: 1) un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa; 2) la condena o la conciliación por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público 4 Ver, entre otros pronunciamientos, autos proferidos el 13 de febrero y el 28 de septiembre de 2006, exps. 27.992 y 29.669. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T. que no estuvo vinculado al proceso y/o 3) las conductas materiales provenientes de los particulares que le causan daños a la Administración. Y el objeto de tal mecanismo judicial radica en la declaratoria de responsabilidad extracontractual y la consecuente reparación del daño causado (…)”. (Negrillas y subrayas del original).

2.3. Las pruebas obrantes Obran los siguientes en el plenario: .  A folio 50 del cuaderno de pruebas obra copia auténtica del acta de la Junta Metropolitana No. 1 del 10 de enero de 2008, en la cual los alcaldes de Itagüí, Bello, Sabaneta, Barbosa, Caldas, Estrella, Girardota, Copacabana y Medellín eligieron unánimemente al arquitecto Elkin Díaz Pérez como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  A folio 69 del cuaderno de pruebas obra copia del acta de Junta Metropolitana extraordinaria No 2 del 30 de enero de 2008 convocada por el Alcalde Metropolitano, los miembros del Área Metropolitana revocaron el nombramiento que se le había hecho al señor Elkin Díaz Pérez.  A folio 10 del cuaderno de pruebas obra copia del oficio que el señor Elkin Díaz Pérez dirigió al entonces Alcalde de Medellín manifestando su decisión de declinar al nombramiento que unánimemente la Junta Metropolitana le hizo. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe destacar las siguientes situaciones:  El señor Elkin Díaz Pérez fue elegido por los miembros del Área Metropolitana como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante acta de la Junta Metropolitana No. 1 del 10 de enero de 2008. Posteriormente mediante acta de Junta Metropolitana extraordinaria No 2

del 30 de enero de 2008 los miembros del Área Metropolitana revocaron el nombramiento que se le había hecho en la Junta del 10 de enero del mismo año por no reunir los requisitos exigidos por la Ley para desempeñar el cargo.  De acuerdo al material probatorio aportado se observa que la inconformidad el actor se basa en la revocatoria del nombramiento como Director del Área 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T.

Metropolitana del Valle de Aburrá de acuerdo a los efectos y la forma como se produce. Efectivamente el actor lo que pretende es desvirtuar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se ordenó la revocatoria de su nombramiento.  La acción adecuada para cuestionar el acto administrativo mediante el cual el señor Elkin Díaz Pérez es nombrado como Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y luego revocado tal nombramiento por los mismos miembros del Área Metropolitana, se lograría por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, única vía posible para controvertir la legalidad de los actos administrativos y obtener el consecuente restablecimiento del derecho. Por lo tanto no es posible corregir la actuación, ya que la acción debida está caducada, pues la

demanda se presentó con posterioridad al vencimiento de los cuatro meses de ejecutoriado el acto administrativo del cual presuntamente se causó el daño. Se evidencia en el actuar del demandante el interés de cuestionar la legalidad del acto administrativo que lo retira, en sede de acción de reparación directa, muy probablemente al haber descuidado el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  El Consejo de Estado, en materia de acciones contencioso administrativas, ha sido enfático en precisar sobre los fines y los motivos que diferencian las acciones de reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho y que deben tomarse como referente para escoger de manera adecuada la acción que procede para reclamar ante la jurisdicción, tal como se refleja el marco teórico de este concepto.  Por tanto, no resulta procedente que se adelante un proceso en ejercicio de la acción de reparación directa cuando el presunto daño proviene de la alegada ilegalidad de un acto administrativo, máxime cuando la correspondiente acción, como ocurrió en el caso concreto, hubiere caducado; este fenómeno no hace viable el ejercicio de una acción diferente a la que por Ley corresponde. Lo contrario, que es lo pretendido por el actor, es violación del debido proceso que constituye derecho fundamental al tenor del artículo 29 de la Constitución Política, pues pretermitir las acciones correspondientes y sus ritualidades no es más que ir en contravía de la norma constitucional. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.47869 (050012331000201000600 01) E.A.S.T.  En concepto del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo, lo que procede es declarar la ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción, si bien la parte recurrente afirma no cuestionar la legalidad de tal acto administrativo, de lo planteado en la demanda se infiere que sus cuestionamientos si atacan de manera directa la legalidad de la decisión contenida en ella.  La Procuraduría General de la Nación en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada declarar la indebida escogencia de la acción.

III. CONCLUSIÓN Conforme a lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público solicita la confirmación de la sentencia impugnada del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, conforme a las razones señaladas en las consideraciones del presente concepto.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co