PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Perjuicios causados por la falla del servicio de tratamiento, m

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios causados por la falla del servicio de tratamiento, manejo, disposición y recolección de basuras RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Responde por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas/DAÑO ANTIJURÍDICO-Concepto o definición El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos estructurales A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio

una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIOElementos que la estructuran Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Definición o concepto/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Término de caducidad Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019)

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IUS-2012-19674 La caducidad de la acción es el fenómeno procesal en virtud del cual el administrado pierde la posibilidad de demandar un acto administrativo o reclamar en la vía

jurisdiccional las consecuencias jurídicas de un hecho, una omisión o una operación administrativa, fenómeno que se da por la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción, establecido en nuestro ordenamiento jurídico por razones de seguridad jurídica e interés general. El Código Contencioso Administrativo establece diferentes plazos para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dependiendo de la acción de la que se trate. Así, dicho Código establece en el numeral 8º del artículo 136 que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-En el caso bajo estudio operó este fenómeno Lo anterior lleva a esta Delegada a concluir que en el caso bajo estudio operó el fenómeno de la caducidad de la acción, pues según lo afirmado por los demandantes, desde el inicio de las actividades del relleno de Henequén se les ocasionó perjuicios, actividades que de acuerdo al dictamen pericial rendido por la ingeniera, tuvieron lugar desde el mes de abril de 1993, mientras que la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2003, es decir más de dos años después del día siguiente del acaecimiento de los hechos conocidos por los actores. En consecuencia, por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, por lo que la

sentencia de primera instancia merece ser revocada. FALLA DEL SERVICIO-En el presente caso se encuentra demostrada por la falta de vigilancia y control Se encuentra demostrada en el proceso la falla del servicio consistente en la falta de vigilancia y control por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS sobre el manejo operacional, técnico ambiental dado por el Consorcio LIME CARTAGENA al relleno sanitario de Henequén, falla que además se siguió dando luego de la sanción impuesta a dicho Consorcio por la Corporación Autónoma Regional del Dique CARDIQUE, pues según la última Resolución citada, el Distrito continuó depositando residuos sólidos en dicho relleno luego de que fuera cerrado a partir del 30 de septiembre de 2001 en virtud de una sentencia de tutela DAÑO-La contaminación y devaluación de tales inmuebles, está debidamente demostrada en el proceso Una vez establecida la propiedad de los demandantes sobre los predios mencionados, encuentra esta Delegada que la ocurrencia del daño reclamado, es decir la contaminación y devaluación de tales inmuebles, está debidamente demostrada en el proceso no sólo con las pruebas testimoniales, las que dieron cuenta de la contaminación sufrida por los bienes de los actores por causa del relleno sanitario de Henequén, sino también con el dictamen pericial rendido por la profesional, Especialista en Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

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IUS-2012-19674 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO-En este caso se demostró la falla de la entidad demandada relativa al manejo de las basuras y residuos sólidos Se concluye que en el caso bajo estudio se encuentran demostrados los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de la falla en el servicio, pues se acreditó la falla de la entidad demandada relativa al manejo de las basuras y residuos sólidos y líquidos en el relleno sanitario de Henequén de la ciudad de Cartagena; el daño sufrido por los demandantes, cuyas propiedades sufrieron un impacto ambiental; y el nexo de causalidad entre la falla y el daño, debido a que quedó acreditado que dicho impacto se debió al mal funcionamiento del mencionado relleno. Bogotá D.C., 31 de enero de 2012 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 12-28

Acción de Reparación Directa Radicado: 130012331000200301744 02 (42019)

Actor: Jesús María Martínez Castro y Rosa Elena Guarnizo

Ángel

Demandado: Distrito de Cartagena Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de

apelación presentado por la parte demandada, mediante el cual solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las súplicas de la demanda, con fundamento en los argumentos que se expondrán. ANTECEDENTES Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019)

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IUS-2012-19674 1-. Demanda Los señores JESÚS MARÍA MARTÍNEZ CASTO y ROSA ELENA GUARNIZO ÁNGEL, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron al Tribunal Administrativo de Bolívar declarar administrativamente responsable al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS por los perjuicios materiales y morales a ellos causados por la falla del servicio de tratamiento, manejo, disposición y recolección de basuras, desperdicios sólidos, lixiviados y desechos hospitalarios en el relleno sanitario de Henequén, con lo cual se ocasionó la contaminación y devaluación comercial de: i) la finca Campo Bello de propiedad de JESÚS MARÍA MARTÍNEZ CASTRO, cuyos linderos, medidas y áreas se establecen en la escritura de englobe No. 308 de febrero 5 de 1998, expedida por la Notaría Tercera de Cartagena el 30 de junio de 1998, con registros de matrícula

inmobiliaria No. 060-171542, 060-17154, 060-11270, 06016431, 060-20312, y 060-80859 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad; y ii) la casa-finca de propiedad de ROSA ELENA GUARNIZO ÁNGEL, la que construyó y posee desde 1993 y cuya dirección es Barrio Nueva Venecia Calle Principal, Manzana G Lote 12, en un predio que adquirió mediante escritura pública No. 4824 del 24 de diciembre de 1997 de la Notaría Segunda de Cartagena, registrada bajo la matrícula inmobiliaria No. 06046376 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron condenar al demandado a pagarles, como reparación del daño ocasionado, los perjuicios de orden material y moral estimados en la suma de $3.465.485.700.oo. 2-. Contestación de la demanda El DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones; en relación con los supuestos fácticos se atuvo a lo que resultara probado en el proceso respecto de todos menos el 4º, que precisó era parcialmente cierto; y propuso como excepciones la inexistencia del daño antijurídico por parte del Distrito y la falta Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019)

5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2012-19674 de legitimación en la causa “activa” (sic), con base en los siguientes argumentos: “Propongo de las siguientes excepciones de fondo ya que si con detenimiento se examinan los fines perseguidos por el accionante y descritos en las Pretensiones de su memorial demandatorio, observamos claramente que la acción instaurada resulta improcedente, en el caso de la inexistencia del daño antijurídico por parte del distrito, toda vez que Revisadas las actuaciones del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se advierte de manera inequívoca que no ha incurrido en hechos y omisiones que LE HAYAN PRODUCIDO UN DAÑO o afectación al patrimonio de los accionantes Falta de legitimación en la causa activa (sic) toda vez que si de muestra alguna daño (sic) le correspondería resarcirlo a la empresa LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S.A. E.S.P. LIME, pues era la encargada de la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de: Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final Procedemos, entonces a referirnos expresamente a la petición del accionante: En cuanto a las pretensiones: son improcedentes en la presente demanda por inexistencia del daño, pues como se explica, las actuaciones del Distrito de Cartagena han estado ajustadas a ley (sic) y esto lo ratifica el contratado (sic) de concesión del servicio público de aseo en sus diferentes componentes que esta entidad está realizando de conformidad con la legislación vigente sobre la materia.”

El DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS denunció el pleito a la EMRESA LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S.A. E.S.P. LIME, prestadora del servicio de aseo, la cual no fue vinculada al proceso en tal calidad por no haberse aportado la prueba de su existencia y representación legal (C. principal. Fls. 210 a 213, 222 y 223). 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró administrativamente responsable al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por falla en el servicio en el tratamiento de manejo, disposición y recolección de basuras, desperdicios sólidos, lixiviados y desechos hospitalarios, que originaron la contaminación y consecuente deterioro patrimonial de los bienes Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2012-19674 inmuebles de propiedad de los demandantes; y lo condenó al pago de los perjuicios, para lo cual ordenó una peritación. Tales decisiones fueron adoptadas con fundamento en las consideraciones que se citan enseguida: “En el anterior contexto, tenemos con base en las pruebas legalmente recopiladas, que los demandantes adquirieron unos predios de terrenos ubicado (sic) en el Departamento de Bolívar, jurisdicción del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias,

cuyos linderos y cabidas se encuentran en las escrituras públicas Nos. 1224 de mayo 9 de 1989 de la Notaría Primera de Cartagena y 6033 del 18 de noviembre de 1996 de la Notaría Tercera de Cartagena; posteriormente englobados mediante escritura pública 308 de febrero 5 de 1998 de la misma Notaría… En el sub examine, la accionante probó la existencia del daño ambiental por contaminación y deterioro en el medio ambiente, en la instauración de las acciones judiciales tendientes a obtener la reparación del daño. Si se analiza la prueba documental que reposa a fls 264 y siguientes del c.p, se observan una serie de documentos ( resoluciones), emanados de la Corporación Regional del Canal del Dique, que ponen en evidencia los malos manejos que se le venía dando al tratamiento de la basura en el relleno sanitario escogido para el efecto, en punto de los diferentes vertidos directos de lixiviados, (líquidos contenidos, producto de la disposición de las basuras ) al canal de aguas pluviales que atraviesa dicho relleno, que por su composición, metales pesados, generaba grave contaminación. La referida prueba documental pone en evidencia, según la visita efectuada por CARDIQUE hacia el año 1998, de las graves anomalías que se venían presentando en la recirculación de lixiviados que ameritaban una urgente intervención del CONSORCIO LIME, o en su defecto del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, como responsable, éste, de la prestación del servicio público esencial de aseo urbano a los usuarios, en los términos de los artículos 365 y 366 de la Carta

política, que reconoce a los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado, dentro del deber que le cabe prestarlo de manera eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, cuyo objeto estará siempre encaminado a la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y de agua potable. (…) …Entonces, para el Tribunal no cabe dudas (sic) que los problemas de contaminación ambiental generados por el relleno sanitario existían desde 1995, como se manifiesta en dicho informe, sin que las autoridades llamadas a solucionarlos Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2012-19674 tomaran las medidas adecuadas para solucionarlos, impidiendo la contaminación del medio ambiente como a la larga sucedió. Lo anterior se hace mas patente cuando mediante concepto técnico No.211 de febrero 23 de 2000, que obra a fl 295, se afirma que dicho relleno sanitario entró en funcionamiento sin el debido permiso ambiental, lo que pone en evidencia la falta de control del Distrito en el manejo y depósito de las basuras en su jurisdicción, por parte del concesionario LIME CARTAGENA.... De otro lado, las pruebas testimoniales que corren a fls a 393 (sic), también reflejan el grave perjuicio originado por el relleno

sanitario de Henequén en las propiedades de los actores…” Además, en cuanto a los perjuicios, el Tribunal expuso: “…En el presente encuentra el tribunal que los testimonios que corren en la actuación enfatizan en el aspecto económico, pero frente al aspecto moral de los demandantes poco se dice… …Entonces, no se encuentra en este caso la acreditación de un perjuicio moral, ni hay lugar a reconocer la existencia, teniendo en cuenta que la angustia, zozobra, congoja o padecimiento que pudo implicar para el demandante la situación que dio lugar al presente proceso, no fue de manera clara demostrada. Y que decir de la señora ROSA ELENA GUARNIZO, a quien ni siquiera se alude en este aspecto en los testimonios recepcionados. (…) Ahora bien, para efectos de liquidar este perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la Sala de este tribunal dispondrá que se surta mediante el respectivo trámite incidental, dado que si bien es cierto que el perjuicio existe, también lo es que en el plenario no existe ni la información ni la prueba necesaria para cuantificarlo de manera correcta. Al respecto debe advertirse que no existe certeza acerca de cual era el valor de la tierra (mt2) en la zona de ubicación de los bienes de los demandantes para el mes de noviembre de 2001, ya que ninguna de las experticias lo dicen. Como quiera que la prueba aportada y que reposa en la actuación, ofrecen serias dudas sobre el mentado proyecto ganadero que se tenía en mente llevar a cabo por los demandantes, por cuanto no está clarificado con las pruebas pertinentes que para la iniciación de dicho proyecto ganadero, se hubiese obtenido un préstamo, ya sean bancarios o personales,

y en caso de ser así en qué bancos; o la obtención por otros medios. Como tampoco se probó que se hubiese estado llevando a cabo algún otro proyecto anterior, que hubiese servido de impulso al que se proponían montar etc. Por las consideraciones anteriores, el tribunal acudirá a la indemnización en abstracto y para concretar el valor de los perjuicios en la modalidad de daño emergente únicamente, y se ordenará la elaboración de una experticia que determine de Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2012-19674 manera precisa y sustentada, el valor de la tierra (MT 2) en la zona de ubicación de los inmuebles de los demandantes…” 4-. Recurso La parte demandada presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, con base en los argumentos que se transcriben a continuación: “INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Lo anterior, se fundamenta en que para determinar que existió un daño a los predios de los accionantes, el juez de primera instancia, señala en las consideraciones de la sentencia apelada, unos documentos visibles a folio 264 en adelante, expedidos por

la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL

DIQUE-CARDIQUE: (…) Revisados dichos documentos, no aparece mención en ninguno de ellos que el relleno sanitario, le esté causando daños a los

predios de propiedad de los señores Jesús Martínez Castro y Rosa Guarnizo Ángel, en ningún momento se refiere a predios en particular, estas pruebas solo se fijan en determinar unas actuaciones administrativas de la entidad ambiental de la fecha de los hechos, con el fin de tomar medidas en el relleno sanitario manejado por la empresa Consorcio Lime operadora del relleno. Por lo anterior, de las pruebas relacionadas de folio 264 y siguientes del c.p, no es posible determinar que el Distrito de Cartagena le esté causando un daño a los predios de los accionantes… (…) Igualmente, se le dieron valor probatorio a documentos en copia simple, tal como lo afirma en la página 24 de la sentencia apelada, lo que es contrario a las normas procesales vigentes… (…) El fallador de primera instancia, además cae en el error al darle valor probatorio a un dictamen pericial no practicado según las normas aplicables. Así, se deja claro que muchas de las conclusiones tenidas por el Tribunal Administrativo en la sentencia apelada, surgieron del Dictamen pericial presentado por YOMAIRA DEL CARMEN CEBALLOS CALVO, que se extralimitó en su práctica y por consiguiente deviene en ilegal, ya que no cumple con los requisitos a tener en cuenta para ser valorado en la sentencia.” Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019)

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CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

PROBLEMA JURÍDICO ¿El DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS es administrativamente responsable por la falla en el servicio de tratamiento, manejo, disposición y recolección de basuras, desperdicios sólidos, lixiviados y desechos hospitalarios, que según la parte demandante originó la contaminación y devaluación comercial de los bienes inmuebles de su propiedad? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9

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IUS-2012-19674 A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Entonces, sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio, respecto del cual, ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del

incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” 1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019)

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IUS-2012-19674 La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la

responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho.

2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de junio de 1990, Exp. 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Exp. 4992. 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION

TERCERA - Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - Bogotá D.C., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200301744 02 (42019)

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IUS-2012-19674 CASO CONCRETO La parte actora solicitó la declaratoria de la responsabilidad administrativa del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS por los daños ocasionados con la falla en el servicio de tratamiento, manejo, disposición y recolección de basuras, desperdicios sólidos, lixiviados y desechos hospitalarios en el relleno sanitario de Henequén de la ciudad de Cartagena. Narran los actores en la demanda que con motivo del fallo de tutela proferido por el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena el 15 de febrero de 1993, se clausuró el antiguo botadero de basuras de Henequén; que en consecuencia, las autoridades distritales ordenaron el funcionamiento del nuevo relleno sanitario de Henequén en un área ubicada a 1.200 metros del anterior botadero, cerca de los bienes inmuebles de su propiedad; y que el DISTRITO DE CARTAGENA contrató con el CONSORCIO LIME S.A. – CARTAGENA la recolección, manejo, tratamiento y disposición de las basuras y desechos

sólidos y hospitalarios en dicho relleno, servicio que siempre funcionó con notorias deficiencias técnicas, imprevisión e improvisación, lo que desencadenó una catástrofe ambiental que contaminó sus tierras y propiedades y las torn