PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Perjuicios materiales morales y de daño a la vida

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios materiales, morales y de daño a la vida RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del

Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Causales eximentes según jurisprudencia del Consejo de Estado _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912)

Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., Noviembre 23 de 2.012 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 12-204

Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912)

Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional –

Ejército Nacional – Policía Nacional Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

 La Demanda

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros En ejercicio de la acción de reparación directa1, los distintos grupos familiares accionantes, solicitaron al Tribunal Administrativo de Córdoba, declarar a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL solidariamente responsables extracontractual y administrativamente, de los perjuicios materiales, morales y de daño a la vida de relación que les fueron ocasionados a los demandantes, quienes fueron lesionados por los miembros del Ejército y de la Policía Nacional, con arma de fuego, en hechos sucedidos el día 28 de octubre

de 2007, en horas de la noche en el Municipio de Ciénaga de Oro – Departamento de Córdoba.

Primer Grupo Familiar:

Señores CRISTÓBAL RAMÓN NARANJO AVILÉZ, AURORA ROSA RODRÍGUEZ

ARROYO, LILIBETH NAROANJO RODRÍGUEZ, PATRICIA DEL CÁRMEN

NARANJO RODRÍGUEZ, TULIO ENRIQUE NARANJO RODRÍGUEZ; LIBIA

ISABEL NARANJO HERNÁNDEZ, JULIA ROSANARNAJO HERNÁNDEZ, PETRONA CECILIA NARNAJO HERNÁNDEZ, PEDRO MANUEL NARANJO HERNÁNDEZ y WILLIAM NARANJO TOBIAS, demandan resarcimiento por las lesiones sufridas por el señor CRISTÓBAL RAMÓN NARANJO AVILÉZ.

Segundo Grupo Familiar: Señores JORGE LUIS GONZÁLEZ VILLERA, JAIRO MANUEL GONZALEZ FUENTES, AMADA DE JESÚS VILLERA PACHECO y JAIRO RAFAEL GONZÁLEZ VILLERA, demandan resarcimiento por las lesiones sufridas por el señor JORGE LUIS GONZÁLEZ VILLERA. 1 Demanda presentada el 14 de enero de 2.010

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912)

Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros Tercer Grupo Familiar: Señores CRISTÓBAL RAFAEL GUZMÁN GÓMEZ, quien actúa en nombre y representación de los menores VANESA CAROLINA y YEISON DANIEL GUZMÁN ARGUMEDO, LEYDA REGINA ARGUMEDO AVILÉZ, MARÍA ELENA SALCEDO GÓMEZ, quienes demandan resarcimiento por las lesiones sufridas

por CRISTÓBAL RAFAEL GUZMÁN GÓMEZ.

Cuarto Grupo Familiar: Señores HERNÁN ELÍAS VILLERA PACHECO, quien actúa en nombre y representación de sus menores hijos YURIS PAOLA, HERNÁNDAVID y JUNA

CAMILO VILLERA AVILÉZ; JUAN JOSÉ VILLERA PACHECO, DONAIDA DEL CÁRMEN PACHECO MESTRA; EVERTO ENRIQUE, JUAN CARLOS, MARÍA EUGENIA y AMADA DE JESÚS VILLERA PACHECO, demandan resarcimiento por la lesiones sufridas por HERNÁN ELÍAS VILLERA PACHECO. Como fundamentos de las distintas pretensiones, se presentaron los que se sintetizan a continuación: Afirman los demandantes que el día 28 de octubre de 2007 se llevó a cabo una jornada electoral para la elección de Gobernadores, Alcaldes y Concejales en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Relatan además, que las elecciones transcurrían normalmente, pero que al finalizar el horario de votación y cuando los jurados procedían al respectivo

conteo de votos, sin saberse exactamente las circunstancias que la originaron, se presentó una trifulca protagonizada por los habitantes del pueblo, puesto que consideraban que las elecciones para Alcalde del

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros precitado municipio las había ganado EDUARO ELÍAS ZARUR FLÓREZ, y que el perdedor de la contienda era el señor PLINIO D’PAOLA CUELLO; hechos en que perdió la vida el señor LUIS ENRIQUE BEDOYA CHIMA y resultaron heridos, los aquí demandantes.

Según la parte actora, la asonada se generó al parecer porque el candidato a la alcaldía PLINIO D’PAOLA CUELLO, ingresó al Colegio Madre Bernarda en donde supuestamente depositó una bolsa con votos y que al momento de expedirse el siguiente boletín electoral, dicho candidato iba ganando por 45 votos, lo que generó que una multitud enardecida de personas saliera a las calles, quemara el Colegio, las instalaciones de la Alcaldía, la Registraduría y también quemaran varias viviendas y se saquearan varios locales comerciales. Que ante estos hechos, la Policía intentó tomar el control, pero los policiales eran muy pocos en comparación con el número de manifestantes, por lo que

se pidieron refuerzos al Ejército Nacional, que hizo presencia inmediata en la zona. Los demandantes afirman además, que los miembros de la Policía y del Ejército dispararon sus armas de fuego en contra de la multitud, resultando lesionados en estos hechos los señores CRISTOBAL RAFAEL GUZMÁN GÓMEZ,

HERNÁN ELIAS VILLERA PACHECO, JORGE LUIS GONZÁLEZ VILLERA,

CRISTÓBAL RAMÓN NARANJO AVILÉZ.

 La Contestación Policía Nacional

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros Solicitó mediante apoderado judicial que se despachen negativamente las pretensiones de la demanda, en razón de que todas estas constituyen meras apreciaciones subjetivas de la parte actora; además, considera que no se estructuran en el presente caso los presupuestos para responsabilizar administrativamente a la entidad.

Ejército Nacional Se opuso también a las pretensiones de la demanda, afirmando que la parte actora pretende establecer un nexo causal que permita generar una imputación en contra dela Administración, pero hasta el momento no cuenta con sustento probatorio, y por tal no ha podido acreditar de manera seria, el fundamento de su imputación; pues en el caso concreto no se ha probado cuál fue la actividad ilícita o irregular realizada por los miembros de las

fuerzas militares, que pudiera generar la responsabilidad de la administración. Refiere que en el proceso no se prueba de ninguna forma, cuál fue la actividad irregular de las demandadas que causó el daño antijurídico a los demandantes y que pueda comprometer la responsabilidad del Estado.  La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 30 de abril de 2012, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no estaba demostrado que el daño sufrido por los demandantes fuera imputable al Estado. Al respecto, el a quo manifestó lo siguiente: “(…) De igual forma se acreditó, que la turba usó fuego, palos, y hasta armas de fuego, ya que vez que según el informe de la Policía elaborado

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IUS 2012-441408 6 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros por el comandante de la Estación de Policía de Ciénaga de Oro de fecha 29 de octubre de 2007 (fl. 1-3 cuaderno 1), se consignó “Sea oportuno hacer claridad que ante la gran cantidad de personas, que en forma tumultuaria destruyeron los bienes antes mencionados, no solamente piedras, palos y variados objetos contundentes en contra de la fuerza pública policía, sino también armas de fuego, escuchándose disparos

que salían de la multitud contra la fuerza pública e instalaciones institucionales.” Por lo tanto, la Sala expresa que el uso de las armas por personal de la Fuerza Pública el día de los hechos, fue para contrarrestar el daño que la misma multitud enardecida estaba generando, por lo que su uso por parte de los miembros de la Policía y el Ejército Nacional tuvo como finalidad repeler la agresión, que además el Comandante de la Policía en declaración manifestó que los tiros fueron al aire y no en contra de una persona. Por lo que acogiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cuál ha dicho que si bien el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por tanto, recurrir a las armas para su defensa, ésta potestad sólo puede ser utilizada como el último recurso, para repeler el peligro y siempre que no constituya una reacción indiscriminada; en el sub-lite el uso de las armas no fue desproporcionado, sino necesario para contrarrestar y defenderse de la acción de los revoltosos que querían destruir las sedes de las entidades públicas, así como para la defensa de los mismos miembros de la Fuerza Pública ante la gravedad de la agresión. De igual forma se debe decir, que si bien los hoy actores no fueron sindicados en el proceso penal seguido por los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2007, por los delitos de terrorismo, hurto, daño en bien ajeno, incendio, asonada y otros; si pudo mediar la culpa de estos en la concreción del daño sufrido, ya que al ver que se formaba la revuelta estos decidieron quedarse en el sitio para presenciarla, lo que es a todas

luces imprudente, pues estos debieron alejarse del lugar de los disturbios cuando vieron que la turba se acercaba, con palos y piedras a destruir las sedes de las entidades públicas, pues según la declaración rendida en este proceso contencioso administrativo, estos (los actores y el declarante) al ver que se estaban formando los disturbios decidieron quedarse en el lugar; puesto que se dijo en esa declaración que “uno que sabe como son estas cosas decidimos no hacer bulto ni unirnos a la gente que protestaba simplemente nos quedamos como se dice popularmente viendo los toros desde la vaya (sic), o sea nos quedamos en el centro cerca de la estatua” (fil. 260 del cuaderno principal). “ya habían dado el primer boletín y entonces sale donde el aspirante de la alcaldía iba ganando, fue cuando llegó el agente de Policía con una bolsa y la tiró dijeron el segundo boletín y entonces ale Plinio de Paola ganándole al otro aspirante por cuarenta y cinco votos, ahí es donde

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros empieza el escándalo, nosotros estábamos aquí en el parque ahí se encontraba el señor Cristóbal Naranjo, el joven Jorge Luis González

Villera, el Señor Cristóbal Guzmán Gómez y Hernán Villera”

(…)Conforme los anteriores pronunciamientos puede concluir esta Sala, que en el caso concreto no se dan los elementos necesarios para endilgar responsabilidad alguna a las entidades demandadas, toda vez que no existen las pruebas necesarias en el expediente para concluir que el daño causado a los demandantes fue debido a una falla del servicio de la Policía o el Ejército Nacional, ya que de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual los actores resultaron heridos, no se puede concluir que hubo una irregularidad, ineficiencia o ausencia de servicio, requisito esencial para que se concluya la falla del servicio. (…)Así mismo tampoco es aplicable la teoría del riesgo excepcional, y daño especial por el uso de armas de fuego, porque no se demostró que el arma con el cual se causó las heridas a los demandantes fueron las usadas por el Estado. (…)”  La apelación El apoderado dela parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba con miras a que ésta sea revocada, argumentando que hay lugar al reconocimiento de indemnización de perjuicios dado que el material obrante en el expediente permite concluir que el daño es imputable a las entidades demandadas, ya que de las declaraciones obrantes en el expediente, está demostrado que los miembros de la Policía y del Ejército dispararon contra las personas que se encontraban en la manifestación, ocasionado las lesiones de los demandantes.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

PROBLEMA JURÍDICO

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto?

ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos

estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

La jurisprudencia del Consejo de Estado en lo referente a la aplicación del principio iura novit curia, ha dicho lo siguiente: “(…) Con relación al régimen de imputación de la responsabilidad a la entidad estatal, puede suceder que la parte demandante considere que el hecho dañoso se produjo por una actuación atribuible a la Administración a título de falla, por no haber funcionado el servicio o haberlo hecho mal o tardíamente y en consecuencia, sea ese el régimen de imputación que alegue; al respecto, se observa que en virtud del

principio iura novit curia, cuando el demandante alega determinado régimen de imputación de responsabilidad -como en el sub-lite, donde se plantea una falla del serviciopero el juzgador encuentra que es otro el que se ajusta a los hechos narrados en el libelo introductorio, puede, si así lo considera necesario, apartarse de aquel y aplicar el correcto; sin embargo, sea uno u otro el régimen de imputación procedente, los elementos que lo conforman deben aparecer plenamente demostrados; de otro lado, a pesar de que en casos como el aquí analizado el régimen que normalmente se maneja es el de la responsabilidad objetiva, en el que resulta irrelevante la conducta culposa de la entidad demandada, nada obsta para que además, con las pruebas allegadas al plenario, se acredite que efectivamente hubo una falla del servicio que produjo el hecho dañoso. (…)”2 2 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA - Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil cuatro (2004) - Radicación número: 85001-23-31-000-1997-0395-01(15650)

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912)

Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros CASO CONCRETO Se ha sostenido en reiterados fallos del Consejo de Estado, que cuando se trata del uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública, se pueden presentar casos en los cuales aquellos actúan en orden a sus funciones y en cumplimiento de los deberes legales asignados, y en otras situaciones actúan completamente por fuera del servicio, causándose así que se aplique en el primer caso el régimen objetivo de responsabilidad y en el segundo caso se habla de una falla probada del servicio.

Así pues, bajo la óptica del régimen de responsabilidad objetiva por uso de las armas, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, a la parte actora le corresponde demostrar con miras a enervar la responsabilidad administrativa de las demandadas: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la existencia de un nexo de causalidad entre aquél y la actividad de la administración, lo anterior sin perjuicio de que en el estudio del caso se detecte la existencia de una causa extraña o de una causal eximente de responsabilidad. Está demostrado en el expediente, que el día 28 de octubre de 2007 una multitud de simpatizantes del partido Alas Equipo Colombia, opuesto al Partido de la U, ganador del certamen electoral en Ciénaga de Oro (Córdoba) para elegir alcalde municipal, luego de saber los resultados determinaron la destrucción de entidades públicas relacionadas con el evento democrático, teniéndose que la multitud procedió a incendiar la Alcaldía Municipal, la Registraduría Municipal, el Colegio Madre Bernarda; así mismo incendiaron

y saquearon varias viviendas y locales comerciales. Además de los daños

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IUS 2012-441408 11 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros materiales, la asonada dejó como resultado una persona fallecida y varias heridas, entre ellas, los aquí demandantes.

Así mismo, las lesiones sufridas por los señores CRISTÓBAL RAMÓN NARANJO AVILÉZ, JORGE LUIS GONZÁLEZ VILLERA, CRISTÓBAL RAFAEL GUZMÁN GÓMEZ y HERNÁN ELÍAS VILLERA PACHECO están demostradas en el proceso, tal y como quedó consignado en el informe CTI-DS-SC No. 39723 de fecha 29 de octubre de 2007, suscrito por los investigadores REMBER MONTIEL GÓMEZ y LUIS ENRIQUE RAMÍREZ BAENA, obrante a folios 171173 c.1; con lo que en principio, estaría demostrada la existencia del daño, el cual es catalogable como antijurídico, pues es claro que nadie está llamado a soportar que se le inflijan lesiones en su integridad personal. En este orden de ideas, estando demostrada la causación de un daño antijurídico, solamente restaría establecer la existencia de un nexo de causalidad con la actividad de la administración; sin embargo, de acuerdo

con los medios de prueba allegados al proceso, dicho aspecto no resulta configurable pues la parte de la accionante no cumplió con su deber de establecer con claridad las circunstancias de tiempo y modo en que fueron generadas las lesiones de los demandantes, pues éstos no van más allá de afirmar que fue la Fuerza Pública quien les disparó; empero, este dicho no cuenta con ninguno otro asidero válido que lo corrobore, y por el contrario, sí existen pruebas que demuestran que si bien es cierto que la fuerza pública hizo unos disparos, éstos fueron hechos al aire y no en contra de los manifestantes, ello sumado además a que varias personas que se encontraban en la asonada estaban efectuado disparos.

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IUS 2012-441408 12 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros Como fundamento de la anterior aseveración, vale la pena acudir al oficio No. 320 DECOR, suscrito por el señor Intendente Jefe MARIO ENRIQUE VARGAS OSORIO, obrante a folios 1-3 del cuaderno 1: “(…) Sea oportuno hacer claridad que ante la gran cantidad de personas, que en forma tumultuaria destruyeron los bienes antes mencionados, no solamente utilizaron piedras, palos y variados objetos contundentes en contra de la fuerza pública policía, sino que también armas de fuego, escuchándose disparos que salían de la

multitud contra la fuerza pública e instalaciones institucionales, ante tal magnitud de desastre y agresión contra los uniformados que custodiábamos los comicios electorales, fue necesaria la intervención y apoyo del ejército nacional, que se encontraba al mando del señor Teniente Coronel RICAUTE (sic) Jefe de Operaciones. Así mismo las estaciones de policía vecinas y el comando apoyaron con personal hasta lograr calmar los ánimos. (…)” (resaltado fuera del texto) Entrevista del señor LUIS ALFONSO DUEÑAS SOTO, FOLIOS 36 AL 39 C. 1: “(…) También entraron otras personas que estaban encapuchados (sic) y reconocí inmediatamente a los otros sí por ser de aquí del Ciénaga de Oro. Igualmente éstos sujetos intentaron de prender fuego a mi casa no lo hicieron por auxilio de vecinos que clamaban no la prendieran porque hay casas vecinas de palma, cuando logro salir ya de mi escondite como a los diez minutos que la fuerza pública viene en camino y encuentro toda mi casa destruida, la gran mayoría de las cosas estaban en la mitad de la calle y todo saqueado, no son no se (sic) como no se incendió la casa que tiene un rancho de palmas dado que hicieron muchos disparos dentro de ella arriba hacia el patio, gritaban (…) MARÍA DEL CÁRMEN sal que te vamos a matar, donde estás perra, inmediatamente salieron de mi casa la fuerza pública capturó algunos de esos encapuchados cuando huían y creo que fueron puestos a disposición. (…)” (negrillas fuera del texto)

Declaración jurada rendida por el señor Sargento Viceprimero MARIO ENRIQUE VARGAS ante la Fiscalía Veintiuna Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Cereté – Córdoba, obrante a folios 120 al 128 del c.1:

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912) Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros “(…) había una multitud de gente con palos, unos ya encapuchados e inmediatamente se inició la de Troya, primero salieron hacia la alcaldía y la quemaron, la Registraduría, después regresaron al colegio Madre Bernarda y fue imposible controlarlos, el ejército hizo unos tiros al aire y unos policías hicieron unos disparos al aire para persuadirlos y que no quemaran los votos pero eso se nos volvió incontrolable, (…) PREGUNTADO.- Usted dice que hizo disparos al aire. Díganos exactamente a qué le disparó usted.- CONTESTÓ.- Nosotros disparamos al aire porque el colegio es de dos pisos y a los alrededores hay casas y no podíamos disparar sino al aire para no darle a nadie y los disparos los hicimos desde adentro del colegio conmigo habíamos como 12 policías dentro del colegio, el ejército estaba en las esquinas haciendo disparos al aire, (…)”

Corolario de lo anterior, se tiene que es cierto que tanto los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional hicieron uso de sus armas de fuego, pero no contra los civiles como lo afirman los demandantes, sino que se limitaron a hacer disparos al aire, en un fallido intento de persuadir y dispersar a la turba destructiva, que no sólo estaba armada con objetos contundentes, sino que además tenían armas de fuego, de las cuales sí hicieron uso indiscriminado, tal y como se extracta del declaración del señor DUEÑAS SOTO, arriba referida. Además de lo anterior, no existe ninguna prueba en el expediente que demuestre que los proyectiles que lesionaron a los demandantes provenían de las armas de dotación de la Fuerza Pública; luego es claro que en el presente proceso, no es posible establecer la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta asumida por los miembros de las entidades demandadas y el daño reclamado en la demanda que permita enervar la responsabilidad administrativa de los entes de imputación demandados, por lo que, de contera, las pretensiones de los actores no están llamadas a prosperar y en consecuencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba merece ser confirmada.

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Expediente: 230012331000-2010-00059-01 (44.912)

Demandantes: Cristóbal Román Naranjo Aviléz y otros

Sin perjuicio de lo anterior; no puede pasar inadvertida la conducta desplegada por las personas lesionadas -hoy demandantes-, quienes pretenden que se les reconozca un resarcimiento indemnizatorio por los daños causados a su integridad personal, cuando está plenamente demostrado que ellos mismos se expusieron imprudentemente a sufrir algún tipo de daño o lesión, pues pese a la gravedad de la situación de orden público que se presentó en Ciénaga de Oro el día 28 de octubre de 2007, los actores manifiestan que permanecieron justo en el centro de la asonada, es decir, en medio del parque principal “simplemente nos quedamos como se dice popularmente viendo los toros desde la vaya (sic), ósea nos quedamos en el centro de la estatua” (…) “nosotros estábamos aquí en el parque”, actitud que carece de toda lógica, pues lo normal sería que una persona con el mínimo sent