PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por l

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por la muerte de una persona al pisar artefacto explosivo CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Dentro de los dos años siguientes a la fecha del hecho generador Como la muerte por causa de la explosión de mina antipersona tuvo ocurrencia el 2 de abril de 1997 y la demanda se presentó el 16 de septiembre de 1998, dentro de los dos años siguientes a la fecha del hecho generador, la acción de reparación directa se ejercitó en tiempo, según lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Se aportaron copias de los registros civiles de nacimiento para acreditar el parentesco Con las copias de los registros civiles de nacimiento de la víctima como de quienes intervienen en su condición de hermanos está acreditado el parentesco y la legitimación en la causa de los demandantes. PRUEBA TESTIMONIAL-En los informes oficiales, no se observa que hubo enfrentamientos, solo se trató de un caso aislado Para el Ministerio Público no es admisible que se aprecie y valore la prueba testimonial practicada en el proceso para tener como probado entre otros hechos, los continuos enfrentamientos armados entre la fuerza pública y personas al margen de la ley, pues en los informes oficiales no se da cuenta de enfrentamientos y tan sólo se alude a dos hechos relacionados con el estallido de artefactos explosivos para los meses de marzo y abril de 1997, lo que si bien resulta lamentable, no era tan frecuente para sostener el permanente hostigamiento de los ilegales, ni para admitir que los hechos de violencia

eran reiterados, cuando se observa que los dos sucesos de que se dio cuenta por la propia autoridad corresponden a hechos dirigidos contra la fuerza pública, por lo que se concluye que tales ataques fueron selectivos y no indiscriminados contra la población. En conclusión, para el Ministerio Público las mencionadas declaraciones no resultan creíbles ni confiables pues entran en contradicción con el resto del material probatorio obrante en el proceso, en lo que concierne a las circunstancias referidas en precedencia. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El resultado dañino provino de un acto imprevisible e irresistible Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 31412 Para el Ministerio Público queda claro que no se trató de artefacto explosivo colocado de manera selectiva contra estamento o sede militar. Nada exigía a la autoridad policial que debía prestar de manera permanente vigilancia en el sector de la explosión. No se pude predicar entonces responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, pues el resultado dañino devino en últimas de un acto imprevisible e irresistible sin que se encuentre evidencia alguna de la existencia de una falla en el servicio por parte de la administración, ya que acorde con las mencionadas circunstancias éstas apartan el resultado de los mencionados regímenes de responsabilidad tanto por fuerza mayor o caso fortuito, culpa de un tercero o de la propia víctima si se aceptara la

manipulación del artefacto explosivo. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 31412

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 052/ 2013

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 6800 1231 5000 1999 01505 01 (31412)

Acción: Reparación Directa

Actor: Rosalba Flórez Velásquez y otros Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Para efectos de la audiencia de conciliación convocada por ese Despacho para el próximo 7 de marzo, el Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

Consideración preliminar Se debe señalar que la demandada mediante escrito del pasado 20 de febrero solicitó que se fije nueva fecha para la diligencia de conciliación (Cfr. fl. 245 C.2), petición que está pendiente de ser resuelta. Además se observa que la comunicación enviada a la apoderada de la parte actora para informar de la audiencia de conciliación fue devuelta por cuanto no reside en la dirección indicada (Cfr. fl. 244 vto. C.2).

1. ANTECEDENTES

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 31412 1.1.- Rosalba Flórez Velásquez (madre de la víctima), obrando en nombre propio y en representación de los menores Aristides, Diana Milena y Luis Eduardo Pacheco Flórez (hermanos) presentaron demanda contra la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional, para que se le declare patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la muerte del joven Yeison Pacheco Flórez en hechos ocurridos el 2 de abril de 1997, cuando pisó artefacto explosivo (mina antipersonal) (Cfr. fls. 11 a 24 C.1). 1.2. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones. Manifestó que el ente público no conocía de la existencia de tal artefacto explosivo en la zona pues nunca fue informada de ello, que el sitio donde se hallaba el explosivo era utilizado como basurero y en su proximidad jugaban los menores sin que siquiera la comunidad haya conocido de la presencia de tales artefactos. Indicó que la mina antipersona no estaba dispuesta contra la autoridad, que el hecho es atribuible tanto a un tercero como a la propia víctima. (Cfr. fls. 39 a 41 C.1). 1.3. En los alegatos el Ministerio Público señaló que no era admisible el riesgo

excepcional en cuanto no se trató de una actuación legítima de la autoridad que haya colocado en riesgo a la población, toda vez que el artefacto fue colocado por grupo al margen de la ley. Que tampoco se probó que la autoridad haya tenido conocimiento de la existencia de dicho elemento, ni que en la zona se haya presentado enfrentamiento armado entre la fuerza pública y la subversión (Cfr. fls. 163 a 166 C. 1). 1.4. El a-quo accedió a las pretensiones. Tuvo por acreditada la peligrosidad de la ciudad de Barrancabermeja y que la fuerza pública no advirtió a la ciudadanía la existencia de tales artefactos explosivos. Que estaba probado el daño con el hecho de la muerte del joven Yeison Pacheco Flórez, cuyo deceso se produjo como consecuencia de esquirlas de un artefacto explosivo, ante lo cual concluyó el “desequilibrio de las cargas públicas traducido en el riesgo extremo y excepcional que debían soportar como contrapartida de la actuación del Estado, encargado de mantener el orden público en zonas de alto riesgo para la población civil.” Condenó al ente público al pago de perjuicios morales en Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 31412 s.m.l.m.v. de 100 para la madre y de 80 para cada uno de los hermanos (Cfr. fls. 167 a 202 C.2).

1.5. Apeló el Ministerio Público. Reiteró las alegaciones finales presentadas antes del fallo. Añadió que la población no conocía de la existencia de tales artefactos explosivos, que el riesgo no era latente. Que según los testimonios el peligro se enmarcaba a la zona por donde transitaba la autoridad. Indicó que las manifestaciones de los testigos no cuenta con respaldo probatorio, por lo que no deben ser de recibo sus declaraciones para aceptar el desequilibrio frente a las cargas públicas (Cfr. fls. 254 y 255 C.2). Sobre la potestad del Ministerio para recurrir es oportuno aludir a decisión de SALA PLENA de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 27 de septiembre de 2012. Radicación 08001-23-31-000-2008-00557-01 (44541), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, decisión de la cual son los apartes siguientes: “[…] La Sala con fines de precisar su jurisprudencia desarrollará los lineamientos contenidos en el auto del 25 de septiembre de 2005, exp. 29677, de forma que se aparta del contenido y alcance de las últimas providencias reseñadas proferidas por la Subsección A de esta Sección, puesto que la primera interpretación refleja una lectura y hermenéutica que se ajusta en mejor medida a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política, el artículo 127 del Decreto 01 de 1984 –C.C.A.– y de los artículos 300 y siguientes de la ley 1437 de 2011 –nuevo código de procedimiento administrativo y de lo

contencioso administrativo–. Los fundamentos de la mencionada conclusión son los siguientes: 4.1. La literalidad del artículo 277 no dá lugar a hesitaciones o anfibologías; la función de control moral asignado al Ministerio Público de manera directa por el Constituyente primario no entra en discusión. La finalidad de la existencia de una extensión de esa función y ese aparato organizacional al interior de los procesos tiene tres grandes objetivos que no pueden ser desconocidos, inclusive por encima y con independencia del sistema procesal que se adopte. Esas tres tareas fundamentales en materia judicial, son: i) la protección del patrimonio público, ii) la defensa del orden –y en general podría decirse del ordenamiento– jurídico, y iii) la protección y garantía de los derechos fundamentales. […] Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 31412 En consecuencia, las tres misiones referidas del Ministerio Público al interior de toda actuación judicial, no propenden por el rompimiento del equilibrio o la igualdad que garantiza todo proceso, sino que tienen u ostentan un alcance superior. Su fundamentación reside en que, con independencia de las partes que se vinculan a los procesos judiciales, exista un tercero independiente y autónomo, a cuyo cargo se encuentra una función de control jurídico y moral que propende porque no se lesione el patrimonio público (verificación de la prevalencia del interés general sobre el particular), no se adopten decisiones

que representen una vulneración o trasgresión al orden jurídico (garante de legalidad en sentido material), y las garantías esenciales de los individuos sean una materialidad a lo largo del juicio (labores de garantía y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). […] 4.3. En este orden, cabría preguntarse cómo se garantiza la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías fundamentales si la actuación del Ministerio Público sólo se circunscribe a la presentación o rendición de un concepto que con independencia de la importancia que reviste en la etapa de alegaciones finales –bien en primera o segunda instancia– no es vinculante para el funcionario judicial y, por lo tanto, puede apartarse de las consideraciones vertidas en el mismo. De allí que, la posibilidad de interponer recursos –capacidad de que le asiste a cualquiera de las partes materiales o formales en el proceso– es una herramienta procesal a través de la que se garantiza la materialidad de los objetivos fijados por el Constituyente. No quiere ello significar que el Ministerio Público pueda desplazar a las demás partes, sino que, es posible que con miras a la protección del patrimonio público, del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales haga uso de los instrumentos que le brinda el ordenamiento adjetivo para el cometido de sus fines. […] En ese orden de ideas, a la luz de la cosa juzgada constitucional de que trata el artículo 243 de la Constitución Política, esta Sala precisa y puntualiza su jurisprudencia en torno a la capacidad con la que cuenta el Ministerio Público

para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción, para lo cual reitera –en materia de conciliación, pero extensivo a otros asuntos o tópicos– los lineamientos contenidos en el auto del 25 de septiembre de 2005, exp. 29677, oportunidad en la que esta Sección se ocupó de la materia objeto de análisis en los siguientes términos: “Cuando se trata del agente del Ministerio Público, este podrá recurrir, siempre y cuando tenga interés jurídico para hacerlo porque la decisión del juez implique un detrimento al patrimonio público, a los derechos fundamentales o una transgresión al ordenamiento jurídico. […] Así las cosas, la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es principal y relevante, sin que sea posible limitar sus facultades por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo, en razón a que este último lo que deberá verificar es que exista el interés en la respectiva Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 31412 actuación desplegada por el agente o el procurador respectivo, esto es, que el derecho o instrumento procesal que se esté ejerciendo –sin importar su naturaleza– sea procedente según la ley adjetiva y, de otro lado, que le asista interés en el mismo, lo cual se verificará a partir del análisis del contenido del acto procesal, pues tendrá que estar encaminado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías

fundamentales, independiente de la forma que lo rodee. […] Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público –como representantes de la sociedad– actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera –o todos– de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991. En el caso el recurso fue admitido, ello implica que no se cuestiona la potestad del Ministerio Público para recurrir, sin embargo resulta oportuno señalar bajo el aludido lineamiento jurisprudencial1 que el interés jurídico para apelar se evidencia de manera clara pues con el recurso se busca no sólo preservar o proteger el patrimonio público sino evitar una transgresión al ordenamiento jurídico en cuanto se estaría condenando injustamente al Estado al no existir los presupuestos probatorios para una condena en contra de la administración, por lo que se infiere que con el recurso se pretende una nueva valoración rigurosa y mesurada de los medios de prueba, en especial de los testimonios rendidos dentro de la actuación, en aras de impedir una erogación por parte del Estado por una supuesta falla en el servicio que no existió.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO La controversia se contrae a establecer si a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional le cabe responsabilidad extracontractual por el hecho de la 1 “Cuando se trata del agente del Ministerio Público, este podrá recurrir, siempre y cuando tenga interés jurídico

para hacerlo porque la decisión del juez implique un detrimento al patrimonio público, a los derechos fundamentales o una transgresión al ordenamiento jurídico.” Decisión de SALA PLENA del Consejo de Estado del 27 de septiembre de 2012. Radicación: 08001-23-31-000-2008-00557-01 (44541), Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 31412 muerte del joven Yeison Pacheco Flórez, como consecuencia de la explosión de una mina antipersona. 2.1 Caducidad. Como la muerte por causa de la explosión de mina antipersona tuvo ocurrencia el 2 de abril de 1997 y la demanda se presentó el 16 de septiembre de 1998 (Cfr. fl. 24 C.1), dentro de los dos años siguientes a la fecha del hecho generador, la acción de reparación directa se ejercitó en tiempo, según lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 2.2. Legitimación en la causa Con las copias de los registros civiles de nacimiento de la víctima como de quienes intervienen en su condición de hermanos (Cfr. fls. 2, 4, 5 y 62 C.1) está acreditado el parentesco y la legitimación en la causa de los demandantes. 2.3. Título de imputación Sobre la responsabilidad del Estado por actos terroristas, en eventos que tienen

alguna similitud con el caso sub-lite, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado2: En primer lugar, cabe anotar que en circunstancias tan graves de perturbación del orden público como las que vive nuestro país, la obligación de diligencia, vigilancia y cuidado por parte de las autoridades es imperativa. Sin embargo, en este caso, el Estado no tuvo conocimiento de alguna amenaza de bomba en la zona ni de probabilidades de un atentado contra algún ciudadano de la población; por lo tanto, no tuvo la oportunidad de conocer las circunstancias especiales que ameritaran una protección también especial. Más aún, no está demostrado en el proceso que se haya solicitado amparo alguno. 2 Sentencia del 28 de abril de 2005 Expediente 16175 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 31412 Cuando el grupo al margen de la ley atacó con fines delincuenciales y de desequilibrio social, lo hizo de manera sorpresiva, fue un acto planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, al no existir razonables indicios que indicaran un inminente ataque o el hecho de que existiera una alta probabilidad del mismo, dicha situación se convierte en un circunstancia imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública. Sobre el particular, la Sala ha dicho en otras oportunidades, “…. los atentados terroristas dirigidos inesperadamente contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos

que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. “No existe, entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción de la delincuencia. Tampoco se presenta un riesgo concreto y excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones. “No podría pensarse, por lo demás, como lo pretende la parte actora, que el Estado está obligado a responder por los perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la realización de cualquier delito. Si bien aquél tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, no puede concluirse, a partir de ello, que sea responsable de su comisión en todos los casos, ya que sólo pueden considerarse imputables a él cuando han tenido por causa la acción o la omisión de uno de sus agentes, como podría ocurrir con el delito de terrorismo, en aquellos eventos en los que ... la acción de los antisociales fue facilitada por la omisión en el cumplimiento de un deber concreto de la administración, o tuvo por causa la realización de un riesgo creado lícitamente por ésta, que tenía carácter excepcional o especial, en relación con quienes resultaron afectados3…”. Además, si no existen tales indicios el Estado no puede constituirse en un ente omnisciente, omnipresente ni omnipotente para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia, pues no tiene la oportunidad de prever un eventual ataque. Por todo lo anterior, es necesario rechazar la imputación por la falta de funcionamiento del deber de vigilancia o protección

de la Fuerza Pública. En segundo lugar, por lo que hace al daño especial, es necesario entender, ante todo, que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación de la Administración orientada a cumplir su misión del servicio público, que se traduce en un daño que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas del mismo. El daño especial se define como una carga que viola el principio de igualdad de las personas ante la ley, 3 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sentencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585, Actor: Noemí Revelo de Otálvaro y otros. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 31412 situación que no ocurre con los ataques de la subversión o de la delincuencia en general, en donde el Estado no solo no realiza actividad alguna sino que casi siempre es, por el contrario, el objetivo principal e inmediato del ataque. No quiere decir todo lo aquí expresado, que el Estado tenga que ser indiferente ante las tragedias que se derivan de la acción de los movimientos subversivos y de los perjuicios que causen sus ataques. Como sucede frente a determinadas hipótesis de ruptura del nexo causal, el Estado debe acudir en beneficio de los damnificados asumiendo el pago de las indemnizaciones que, de acuerdo con determinadas condiciones técnicas, señale el legislador. En otras palabras, con fundamento en el principio de solidaridad consagrada en

la Constitución Política, es necesario que se establezcan, como ocurre en la mayoría de los países que se ven afectados por la acción terrorista o guerrillera, procedimientos legales o administrativos en virtud de los cuales se indemnice a las víctimas de los ataques. Pero en ese caso no se estaría hablando estrictamente de responsabilidad, sino de una obligación indemnizatoria fundada en la equidad y en los principios en los que se asienta la noción del Estado Social de Derecho. 2.4. Caso concreto 2.4.1. Daño Está acreditado el hecho de la muerte de Jeison Pacheco Flórez con el registro civil de defunción (Cfr. fl. 64 C.1) 2.4.2. Circunstancias del hecho Conforme a las respuestas brindadas por la Unidad Investigativa de Policía Judicial no se cuenta con informe por la muerte del menor Yeison Pacheco Flórez, que frente al hecho sólo aparece registrado en el libro de minuta de servicios de la central de comunicaciones anotación en el sentido de que a la 15.50 horas en la diagonal 60 con transversal 45 del barrio Las Granjas hizo explosión un artefacto, resultando tres personas heridas y muerto un menor de edad. Se refiere además que para marzo y abril de 1997 sólo aparecen dos anotaciones relacionadas con el estallido de artefactos explosivos para el 17 de marzo y 5 de abril de 1997 (Cfr. fls. 67 y 74 C.1). Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co

11 Expediente 31412 El personero municipal de Barrancabermeja informó que para la época del deceso del menor Yeison Pacheco no se presentaron enfrentamientos, reiterando lo relativo a las explosiones del 17 de marzo y 5 de abril de 1997 (Cfr. fl. 68 C.1). Las informaciones anteriores están corroboradas con las respuestas brindadas por el Comandante Operativo Especial de la Estación de Policía de Barrancabermeja y el Comandante del Batallón A.D.A. No. 2 Nueva Granada (Cfr. fls. 69 y 72 C.1). Destacando que en el segundo de los citados se alude a la ocurrencia del hecho sobre las 2.30 p.m. y a la detonación por subversivos del ELN de artefacto explosivo en lote baldío del barrio Las Granjas. La prueba testimonial frente a las circunstancias del hecho corresponde a suposiciones o versiones de oídas. Ramiro Reina Altuve manifestó que el menor estaba buscando leña cuando “tal vez” se paró sobre el explosivo y da cuenta de enfrentamientos frecuentes en la zona entre la autoridad y la subversión (Cfr. fl. 106 y ss. C.1). Por su parte la señora Martha Judith Monsalve Quintero indicó que los hechos ocurrieron en la mañana y se enteró cuando llegó de trabajar (Cfr. fl. 109 y ss. C.1), lo que denota que su dicho es igualmente de oídas pues el hecho tuvo ocurrencia en las primeras horas de la tarde. A su vez Hilda Rosa Botía indicó que el menor había salido a buscar leña y alude a enfrentamientos continuos entre la fuerza pública y la subversión (Cfr.

fls. 111 y ss. C.1). En la demanda se aludió a que el día 2 de abril de 1997 el menor Yeison Pacheco estaba jugando futbol con varios amigos cuando se acercó a zona que era utilizada como basurero, donde escuchó un ruido y trató de indagar de qué se trataba cuando estalló el artefacto explosivo (hechos 4 y 5 C.1) (Cfr. fl. 13 C.1). Las mencionadas afirmaciones hechas en la demanda sobre las circunstancias del hecho no encuentran respaldo en la citada prueba testimonial, pues los declarantes no aluden a la actividad deportiva que realizaba el menor, ni a la presencia de otros menores que resultaron heridos. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 31412 Los referidos testimonios son de oídas y, en concepto del Ministerio Público, sospechosos, como quiera que son uniformes, casi copiados, en sus relatos aluden a circunstancias que no podían haber conocido pues no estaban presentes al momento de la explosión. Los testigos recitan que para aquella época se presentaban continuos enfrentamientos entre la fuerza pública y la subversión, lo que no concuerda con lo dicho en las respuestas brindadas por los comandantes de policía y ejército, las que son claras en informar que no se presentaron tales enfrentamientos. Las consideraciones anteriores bastan para señalar que la prueba testimonial es sospechosa, por lo que su credibilidad está en entredicho.

Para el Ministerio Público no es admisible que se aprecie y valore la prueba testimonial practicada en el proceso para tener como probado entre otros hechos, los continuos enfrentamientos armados entre la fuerza pública y personas al margen de la ley, pues en los informes oficiales no se da cuenta de enfrentamientos y tan sólo se alude a dos hechos relacionados con el estallido de artefactos explosivos para los meses de marzo y abril de 1997 (Cfr. fl. 74 C.1), lo que si bien resulta lamentable, no era tan frecuente para sostener el permanente hostigamiento de los ilegales, ni para admitir que los hechos de violencia eran reiterados, cuando se observa que los dos sucesos de que se dio cuenta por la propia autoridad corresponden a hechos dirigidos contra la fuerza pública, por lo que se concluye que tales ataques fueron selectivos y no indiscriminados contra la población. En conclusión, para el Ministerio Público las mencionadas declaraciones no resultan creíbles ni confiables pues entran en contradicción con el resto del material probatorio obrante en el proceso, en lo que concierne a las circunstancias referidas en precedencia. Tampoco encuentra respaldo probatorio lo afirmado por la parte actora en cuanto a la proliferación de minas antipersona en la zona, por cuanto no se Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 13 Expediente 31412 acreditó el hallazgo siquiera ocasional de artefactos explosivos dentro de la

zona urbana de Barrancabermeja, pues lo que se ha evidenciado fueron ataques dirigidos de manera selectiva contra la autoridad. Si en gracia de discusión se admitiera la proliferación de minas antipersona en la zona, hay que señalar que los padres de los jóvenes que participaban en la actividad deportiva, incluyendo la madre de la víctima, no les deberían haber permitido merodear por aquélla zona y menos realizar la citada actividad de esparcimiento, configurando una causal que puede exonerar de responsabilidad a la demandada. Todo indica que el 2 de abril de 1997 se presentó el estallido de artefacto explosivo y que este causó la muerte del menor Yeison Pacheco Flórez, sin que se cuente con la necropsia, el acta de levantamiento de cadáver o de inspección, para poder determinar cómo se produjo realmente la muerte, menos aceptar que el explosivo detonó cuando el menor se aproximó a curiosear la causa de un ruido (hecho quinto fl. 13 C.1). Resulta contraevidente lo afirmado en la demanda cuando se afirma que el menor pisó accidentalmente la mina, pues en el hecho sexto de la demanda se expresó que la víctima recibió toda la detonación sobre su cuerpo. Según la anotación hecha en el registro civil de defunción, aparece como causa del deceso “esquirlas de artefacto explosivo, laceración miocárdica y shock cardiogénico”, pero no se puede sostener de manera categórica que el menor pisó accidentalmente la mina, ya que de haber sido así, conforme a las apreciaciones hechas en casos similares (regla de la experiencia), tendría como

consecuencia la pérdida de alguna de sus extremidades, en forma concreta la que haya estado en contacto con la mina, de lo que no se tiene evidencia, generándose la duda del por qué el menor recibió toda la detonación sobre su cuerpo, en especial en el tórax como se infiera de lo consignado en el registro civil de defunción. No se descarta que las lesiones que produjeron la muerte se debieron a que el artefacto fue encontrado y manipulado por los jóvenes por el compromiso físico mencionado. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 14 Expediente 31412 No se probó a ciencia cierta por la parte actora cómo se produjo realmente el accidente. No existía predisposición de los menores al peligro, pues se alega que el menor se aproximó al basurero al haber escuchado un ruido, y que con la explosión del artefacto resultaron otros menores heridos, lo que denota que no existía en los jóvenes prev