PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por falla en el servicio en la muerte de soldado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPARACION DIRECTA-Por falla en el servicio en la muerte de soldado RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Fundamento legal/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Presupuestos para que sea declarada/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO/ Del nexo de causalidad/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-El daño antijurídico/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-El concepto de imputación Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe al interesado En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones.Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que

ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos” REGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Aplicable a los miembros de las F.F.A.A. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero El título de imputación para los miembros de las fuerzas armadas es diferente para

los soldados profesionales y para los soldados que prestan obligatoriamente el servicio militar. Para los soldados profesionales, el título de imputación aplicable es el régimen ordinario o subjetivo, donde el actor, debe acreditar la falla en el servicio, dado que, esta clase de personas ingresan voluntariamente y como tal, tienen una relación laboral con el Estado. Los daños originados de esta relación, es decir, los originados con ocasión del servicio o por causa del servicio y en relación directa con él, deben acreditarse por parte de quien pretende lograr una responsabilidad administrativa del Estado, salvo que, se demuestre que pese a ser soldados que han asumido el ejercicio de la labor voluntariamente, le han impuesto una carga desproporcionada, caso en el cual, se estudiará la imputación del daño bajo el título de responsabilidad de riesgo excepcional; en cambio, el soldado que está prestando de manera obligatoria su servicio militar, el título de imputación es el de responsabilidad objetiva o riesgo excepcional, comparativamente con la situación de sus demás compañeros de armas y así lo plasmó e Consejo de Estado en los siguientes términos FALLA EN EL SERVICIO-No se acreditó por parte del actor, sino, que por el contrario, se demostró que el soldado expuso su vida al realizar una actividad sin autorización RIESGO EXCEPCIONAL-No se acredita el riesgo excepcional, pues no obra prueba alguna de que los soldados hubieren sido sometidos asumir riesgos que fueran más allá de los propios de la actividad El apelante plantea la configuración del riesgo excepcional al exponer a los soldados a

labores en una zona de orden público alterado, confiados probablemente en el hecho de que estaba en curso un cese al fuego para lograr la entrega de los secuestrados. Sobre el particular se debe señalar, que no se acredita el riesgo excepcional, pues no hubo una desproporción en el riesgo, pues no obra prueba alguna en el expediente de que los soldados que formaban parte de esta escuadra hubieren sido sometidos a circunstancias que desbordara sus capacidades logísticas, de entrenamiento o de combate, o asumir riesgos que fueran más allá de los propios de la actividad y misión para la cual habían sido entrenados, inclusive si miramos con detenimiento la labor encomendada era simplemente la de observación y escucha, ni siquiera de combate, pero no obstante ello, la misma requería de ciertas precauciones, que fueron desconocidas por los soldados que se alejaron de la compañía para ir a recoger agua del rio. La misión que se les encomendó a todos los soldados, incluyendo oficiales y suboficiales, era la de “observación y escucha” en determinadas coordenadas, y la labor de rancho, podía recaer en uno u otro soldado. Es una simple división del trabajo de un equipo que tiene una misión. La función para todos, llevaba implícita las medidas de seguridad que todos sus miembros estaban en capacidad de atender y poner en práctica y las labores que estaban 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero desempeñando, era una labor para la cual el Estado Colombiano los había capacitado. De manera que, estas consideraciones hacen que no se acompañe al apelante cuando plantea que hubo un riesgo excepcional, ya que tratándose de soldados profesionales, debía de probarse minuciosamente, lo cual no sucedió.

CONCEPTO No 122/ 2018

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero Bogotá D. C, 16 de agosto de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

Expediente: 500012333000201000014 01 (61.012)

Acción: Reparación Directa

Actor: Celia Ríos Jaimes y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida/ No existió riesgo excepcional en las actividades del soldado profesional/ Para los soldados profesionales, el

título de imputación aplicable es el régimen ordinario o subjetivo, donde el actor, debe acreditar la falla en el servicio, dado que, esta clase de personas ingresan voluntariamente y como tal, tienen una relación laboral con el Estado. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda Celia Ríos Jaimes y otros, actuando en nombre propio y en representación de los hijos del soldado profesional DANIEL VILLABONA ORDUZ, demandan en reparación directa a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, por la muerte de su esposo y padre ocurrida el 10 de enero de 2008, en el corregimiento de Tomachipán, del municipio de San José del Guaviare (Guaviare), para obtener la indemnización por los perjuicios materiales y morales ocasionados con dicho deceso.

Fundan sus pretensiones en que el soldado profesional VILLABONA ORDUZ, fue asesinado por parte del grupo terrorista de las FARC, en el marco del cese al fuego bilateral pactado con el gobierno nacional para lograr la liberación de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo a principios del año 2008. El asesinato se produjo en el área de 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero operaciones, luego de que el soldado VILLABONA ORDUZ, fuera designado como ranchero de la compañía y para ello, fue a tomar agua para la preparación de la comida de sus compañeros. A título de imputación señaló una falla en el servicio por parte del Ejército, en la medida que se confiaron en el cese al fuego acordado, lo que condujo a omitir cuidados y errores tácticos durante el desarrollo de la operación militar encomendada 1.2. Contestación de la demanda. Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional: Se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que los hechos que rodearon la muerte del soldado VILLABONA ORDUZ, estuvieron enmarcadas dentro del actuar del grupo terrorista de las FARC, constituyéndose en el hecho de un tercero. Señaló también que la muerte se dio en cumplimiento de un acto que genera un riesgo propio del servicio. 1.3. Concepto del Ministerio Público. Sostuvo que Villabona Orduz perdió su vida al ser sometido a un riesgo excepcional, dado que se había anunciado un cese al fuego por razón del acuerdo entre gobierno y el grupo terrorista para la liberación de las personas secuestradas y al parecer, el mismo fue incumplido por las FARC, ante lo cual, solicita que se condene a la Nación – Ministerio de Defensa y se concedan las pretensiones solicitadas por los actores del presente proceso. 1.4 Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo Sala Transitoria de la ciudad de Bogotá, mediante fallo de primera instancia fechado el 23 de octubre de 2017, negó las pretensiones de la demanda y absolvió administrativamente al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacionalal considerar que Villabona Orduz al ser soldado profesional, mediaba una relación laboral y el título de imputación que debía demandar era la falla en el servicio, la cual no se acreditó por parte del actor, sino, que por el contrario, se demostró que el soldado Daniel Villabona Orduz, expuso su integridad física y su vida al realizar una actividad sin autorización de su comandante. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del actor, interpuso recurso de apelación, exponiendo los siguientes argumentos:  Pese a lo que expresa el ad quo, señala que el informativo administrativo por muerte si fue tachado de falso y ello lo funda en el mismo texto de la demanda, 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero cuando en uno de los renglones del mismo señala: “…7) Sin embargo, los organismos internacionales del Ejército Nacional y el Gobierno Nacional en coordinación temeraria con la prensa nacional y mundial decidieron callar y ocultarse al país y demás organismos internacionales el craso

error que cometieron exponiendo a humildes y abnegados servidores de la patria a ser acribillados por el enemigo narco – terrorista de las FARC, llegando al punto de pretender creerle a esta sanguinaria organización criminal el ingenuo cuento de que ellos respetarán la vida de los uniformados bajo la falsa promesa del compromiso de un cese al fuego provisional, mientras se lograba el objetivo de las secuestradas, engaño y burla en el que cayeron los altos mandos del Ejército Nacional, resultando ahora comprometida, como debe ser la institución militar y el Estado a responsabilizarse de los graves daños materiales y morales causados con la muerte violenta del soldado profesional DANIEL VILLABONA ORDUZ; de lo cual, el mismo Ejército de Colombia en insólita contradicción intenta confundir el INFORMATIVO ADMINISTRATIVO POR MUERTE creyendo con ello hacer creer a los familiares del uniformado que su muerte ocurrió dizque “EN COMBATE O POR ACCION DIRECTA DEL ENEMIGO”, ARGUMENTO ESTE INSENSATO Y

ABSOLUTAMENTE FALSO, CON EL QUE TRATAN DE ELUDIR SU RESPONSABILIDAD…”

(cursivas fuera de texto)  Reitera que el informe administrativo por muerte es falso, y se basa para ello, en el testimonio del también soldado profesional RAMIRO ROJAS LANDINEZ, quien sostiene, que Villabona Orduz fue a coger agua para cumplir con sus labores de ranchero y fue asesinado por una bala de las FARC. Siendo así, considera que el Ejército expuso al soldado VILLABONA ORDUZ a un riesgo excepcional en desarrollo del servicio que él debía desempeñar.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Se expresa en los siguientes términos: 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandante  ¿El informativo administrativo por muerte realizado por el Ejército Nacional es prueba que genera certeza o fue tachado de falso y como tal, debe desestimarse por parte del ad quen? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público.  ¿Se acreditaron los postulados de la responsabilidad estatal por falla en el servicio?  ¿Se demostró la falsedad de informe administrativo que da cuenta de la muerte del soldado Villabona Orduz?  ¿Se presentó culpa exclusiva de la vícitma? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las

autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. 2.2.2. Del nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de Imputación. Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado1. “El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad no es otro que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, e l daño y e l nexo causal entre los dos anteriores , cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano

dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar. La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el afectado no tiene el deber jurídico de soportar; una falla del servicio por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones o deberes a cargo de la Administración; y e l nexo o relación de causalidad entre el uno y el otro, lo que implica necesariamente demostrar que fue esa falla en la prestación de l servicio la que produjo e l daño antijurídico . A su turno, la Administración se exonera de responsabilidad demostrando que obró diligentemente, es decir, que su proceder fue correcto y adecuado y que no incurrió 1 LE TOURNEAU, Prilleppe. “La responsabilidad civil”, editorial Legis Bogotá D. C. Traducción de la primera edición 2003, pág. 82. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero en falla alguna del servicio, o acreditando la presencia de una causa extraña como lo es la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la culpa también exclusiva de un tercero, circunstancias que enervan la responsabilidad de la accionada”2. 2.2.3. Carga de la prueba.

En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses

de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”3 2.2.4. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de las F.F.A.A.  El título de imputación para los miembros de las fuerzas armadas es diferente para los soldados profesionales y para los soldados que prestan obligatoriamente el servicio militar. Para los soldados profesionales, el título 2 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera Magistrada Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordoñez, EXP. 2007472, de fecha 11 de agosto de 2011. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero de imputación aplicable es el régimen ordinario o subjetivo, donde el actor, debe acreditar la falla en el servicio, dado que, esta clase de personas ingresan voluntariamente y como tal, tienen una relación laboral con el

Estado. Los daños originados de esta relación, es decir, los originados con ocasión del servicio o por causa del servicio y en relación directa con él, deben acreditarse por parte de quien pretende lograr una responsabilidad administrativa del Estado, salvo que, se demuestre que pese a ser soldados que han asumido el ejercicio de la labor voluntariamente, le han impuesto una carga desproporcionada, caso en el cual, se estudiará la imputación del daño bajo el título de responsabilidad de riesgo excepcional; en cambio, el soldado que está prestando de manera obligatoria su servicio militar, el título de imputación es el de responsabilidad objetiva o riesgo excepcional, comparativamente con la situación de sus demás compañeros de armas y así lo plasmó e Consejo de Estado en los siguientes términos.4 “ Por ello, la jurisprudencia de la Sala ha considerado también, en principio, que en la medida en que una persona ingresa libremente a una de estas instituciones y se vincula al ejercicio de esa clase de actividades que entrañan riesgo para su vida e integridad personal, está aceptando como una probabilidad y lo asume como característica propia de las funciones que se dispone a ejercer; esto se puede predicar de los agentes y oficiales de la Policía Nacional, así como de los miembros de las Fuerzas Armadas: Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, y de los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS. En la medida que, cuando el riesgo se concreta y el servidor público – agente de policía, soldado etc.- sufre lesiones o encuentra la muerte cuando se hallaba ejerciendo sus funciones y por razón de las mismas, surge el derecho

al reconocimiento de las prestaciones sociales consagradas en el régimen laboral especial al que está sujeto; sin embargo, la responsabilidad por ese daño no se le puede imputar al Estado, a menos que logre demostrar que hubo de por medio una falla del servicio o que la víctima fue expuesta a un riesgo excepcional, comparativamente con la situación de sus demás compañeros de armas…” 2.3. Pruebas en el proceso Para efectos de este concepto se destacan las siguientes:  En el folio 58 aparece el informativo administrativo por muerte del soldado profesional VILLABONA ORDUZ, en los siguientes términos: “(…)DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: A. Tomando como base el informe suscrito por el teniente SARRIA MENDOZA JULIO CESAR Comandante de Compañía “D” del Batallón No 2 Contra el Narcotráfico, en desarrollo de la Misión Táctica “DETECTOR”, el 10 de enero de 2008, el Primer Pelotón de la Compañía “D” al mando del S.S TORRES MOGOLLÓN HOLGER aproximadamente las 13:30 horas una escuadra del primer pelotón de la compañía “D” al mando del señor CS SILVA ACUÑA EMERSON, tenía como responsabilidad de tener un puesto de observación y escucha en coordenadas (02°, 17”57” – 71°45”56”) con los soldados profesionales CHANTRE PAJOY 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de mayo de 2007, radicación No 16200) 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero WILLIAM, VILLABONA CRUZ DANIEL Y CORDOBA JESUS RODRIGO, realizando esta actividad por un error táctico fueron a recoger agua sin la seguridad y autorización del comandante de escuadra, siendo sorprendidos por bandidos de la primera cuadrilla de la ONT – FARC, donde reacciona inmediatamente el pelotón hallando al soldado CHANTRE PAJOY WILLIAM reaccionando al fuego enemigo, realizando el registro después del combate de encuentro unos metros más adelante se halla al soldado profesional VILLABONA ORDUZ DANIEL quien resultó muerto.”  En el folio 265 a 268 se encuentra el testimonio del también soldado profesional RAMIRO ROJAS LANDINEZ. Los apartes relevantes para este concepto son: “(…) PREGUNTADO: Podría informar a este despacho, si Daniel Villabona Orduz, para el instante que fue (sic) acribillado por la guerrilla de las FARC se encontraba armado y en posición de avanzada hacia el enemigo? CONTESTÓ: Por lo que a mí me dijeron, él no estaba en una posición de combate, pero como él iba a recoger el agua él tenía eran (sic) las ollas para recoger el agua.

PREGUNTADO: Para ese momento que se producen las bajas, estos militares que resultaron asesinados, entraban en combate ó por el contrario, fueron sorprendidos? CONTESTÓ: Combate no

hubo, ellos fueron sorprendidos por la guerrilla. PREGUNTADO: En ese instante que son asesinados estos muchachos debido a la actitud sorpresa que fueron víctimas se encontraban con prendas militares? RESPONDIÓ: Claro que sí, se encontraban con la vestimenta militar. PREGUNTADO: Si Daniel Villabona Orduz vestía prendas militares, cómo portaba su armamento si en sus manos llevaba las vasijas para recoger el agua? CONTESTÓ: El llevaba su fusil a la espalda, no llevaba el fusil de manera ofensiva y lo llevaba en la espalda porque en las manos llevaba las vasijas para recoger el agua. PREGUNTADO: Daniel Villabona lleva vasijas en sus manos, y su fusil terciado en la espalda, es ésta en su experiencia, una posición de indefensión frente al enemigo? CONTESTÓ: No, él se supone que no debería llevar el fusil así, si llevaba el fusil así entonces debería llevar seguridad. Ahí él iba indefenso, obviamente porque llevaba las vasijas en la mano. PREGUNTADO: Si la misión es ranchero, la de Daniel Villabona y va a traer agua para cocinar a su escuadra, díganos si esos soldados llevaban escolta o seguridad? CONTESTÓ: Como yo no estaba con ellos , a mí me dijeron que ellos no llevaban seguridad, iban los dos cada uno con su olla en las manos.

PREGUNTADO: Eso son funciones del comandante de escuadra, de garantizarles su seguridad para que los rancheros vayan por el agua? PREGUNTADO: El ambiente de confiabilidad que se había desplegado públicamente en esa zona frente a la misión de la entrega de los secuestrados y con la

orden de cese al fuego, es para usted un motivo de descuido por parte de la misión táctica que se debió tener en cuenta y planear para darle seguridad a estos soldados? CONTESTÓ: El ambiente era un ambiente de tranquilidad por lo que se iban a dar las liberaciones pero de todas maneras siempre debía haber la seguridad para que los rancheros fueran a recoger el agua .PREGUNTADO: Usted pudo por casualidad presenciar el cadáver de Daniel Villabona Orduz? CONTESTÓ: Si cuando a él lo sacaron del área y lo trajeron al batallón. PREGUNTADO: Podría describir qué clase de heridas le pudo usted ver, cómo quedo él, cómo lo dejaron? CONTESTÓ: La herida que yo le pude ver al soldado Villabona era en la frente, la tenía totalmente destruida. PREGUNTADO: Ese impacto que causa esa lesión en el cráneo severa como lo comenta en su experiencia, se pudo ejecutar a distancia ó cree usted que los soldados fueron acribillados a boca de fuego? CONTESTÓ: Ese disparo que tenía en la cabeza era a boca de fuego, a quema ropa…” 2.4. Caso concreto Señalado el marco teórico y normativo sobre el caso en cuestión, se considera que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, fechada el 23 de octubre de 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero 2017, debe CONFIRMARSE, dado que el soldado profesional VILLABONA ORDUZ en ningún momento fue expuesto a un riesgo excepcional y el actor, no acreditó los postulados de la imputación por falla en el servicio por parte del Estado y si por el contrario, se demostró que hubo negligencia y culpa de la víctima al exponerse al riesgo en una zona altamente peligrosa considerada de orden público. 2.4.1. Basado en la Jurisprudencia del Consejo de Estado citada en el marco teórico de este concepto, según la cual, el régimen de responsabilidad aplicable a los soldados profesionales es el de falla en el servicio, dado la relación laboral que se configura con el Estado colombiano, salvo que, haya sido expuesta la victima a un riesgo desproporcionado en relación a sus compañeros de armas. 2.4.2. El apelante señala en su escrito de apelación, que el informe administrativo elaborado por el Ejército, y que da cuenta de las circunstancias en que murió el soldado VILLABONA ORDUZ, es falso y lo tildó de falso desde el momento mismo de la demanda, y así consta en el punto 7° de los hechos denunciados. Sostiene que quién verdaderamente cuenta cómo ocurrieron los hechos, es el soldado ROJAS LANDINEZ, cuyo tes