PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por las lesiones padecidas como consecuencia de un accidente de

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por las lesiones padecidas como consecuencia de un accidente de tránsito FALLA EN EL SERVICIO-En la señalización vial por parte de la entidad territorial condenada/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADOIndemnización indexada por los perjuicios por daño emergente En concepto de esta Procuraduría Delegada, los perjuicios irrogados a título de daño emergente consolidado y futuro, que fueran condenados en abstracto, en sentencia de segunda instancia, debidamente ejecutoriada, proferida por el Honorable Consejo de Estado, en fecha tres (3) de febrero de 2010, donde fuera fulminada la responsabilidad administrativa del Municipio de Quimbaya, conforme al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, y que fueran reconocidos mediante incidente de liquidación de perjuicios, por el Tribunal Administrativo del Quindío, tal y como lo ordena la sentencia revocatoria y la Ley, se encuentran determinados en su cuantía acogiendo las cifras arrojadas al liquidar los valores correspondientes a cada una de las indemnizaciones a las que tiene derecho el demandante, considerando las fórmulas aplicadas jurisprudencialmente por el Consejo de Estado y el IPC, lo que conllevó en definitiva a una indemnización indexada por los perjuicios reconocidos por el daño emergente, consolidado y futuro, en razón de los gastos médicos y asistenciales que el lesionado hoy actor a sufragado y deberá cubrir por el resto de su vida probable. 1

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CONCEPTO DE CONCILIACIÓN No. 27 /2012

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2012 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez EXPEDIENTE: 630012331000199800643-02 (44015) Acción de Reparación Directa

ACTOR: CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE Y OTROS DEMANDADO: Municipio de Quimbaya Sentido del concepto: La conciliación resulta viable por haberse probado en el proceso los elementos de la responsabilidad del Municipio de Quimbaya (Quindío), por las lesiones sufridas por al actor. / La condena en abstracto fue liquidada teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales del H. Consejo de Estado (fórmulas para liquidar), las pruebas aportadas y el índice de precios al consumidor.

I. ANTECEDENTES

1.1. DEMANDA.

Mediante providencia del 3 de febrero de 2010, el H. Consejo de Estado revocó la sentencia del 10 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, resolviendo en su lugar declarar administrativa y extracontractualmente responsable al Municipio de Quimbaya, por los perjuicios causados al señor Carlos Arturo Peláez Álzate, tras las lesiones padecidas como 2

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www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o consecuencia del accidente de tránsito, que tuvo su origen en una falla en el servicio de señalización vial por parte de la entidad territorial condenada. De la que se resume lo siguiente: 1.2. Fallo de segunda instancia El H. Consejo de Estado, atendiendo los argumentos del recurrente decide Revocar la Sentencia Proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 10 de noviembre de 1999, y en su lugar resuelve: Primero: DECLÁRASE patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Quimbaya -Quindíopor los perjuicios causados al señor Carlos Arturo Peláez Álzate, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, Segundo: En consecuencia, CONDÉNESE al municipio de Quimbaya -Quindíoa pagar las siguientes sumas de dinero: a) A título de lucro cesante consolidado para Carlos Arturo Peláez Álzate: la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MIL -$138'032,794-, b) A título de lucro cesante futuro o anticipado para Carlos Arturo Peláez Álzate: la suma de CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MIL -$111'560'594-. c) Por concepto de alteración a las condiciones de existencia para Carlos Arturo Peláez Álzate: la suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 3

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o D) Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE LESIONADO 100 SMMLV

NANCY GIRALDO CÓNYUGE 80 SMMLV

GALVIS

NATALIA PELÁEZ GIRALDO HIJA 80 SMMLV

LUIS CARLOS PELÁEZ GIRALDO HIJO 80 SMMLV

GUSTAVO PELÁEZ PADRE 80 SMMLV

ROSALINA ÁLZATE GARCÍA MADRE 80 SMMLV

ASTRID PELÁEZ ÁLZATE HERMANA 50 SMMLV

LUZ ELENA PELÁEZ ÁLZATE HERMANA 50 SMMLV

SUSANA PELÁEZ HERMANA 50 SMMLV ÁLZATE her

GUILLERMO PELÁEZ ÁLZATE HERMANO 50 SMMLV

JAVIER. PELÁEZ . HERMANO 50 SMMLV

ÁLZATE MARÍA PATRICIA PELÁEZ ÁLZATE HERMANA 50 SMMLV e) Así mismo, se condena, en abstracto, al pago de los perjuicios irrogados a título de daño emergente consolidado y futuro, los cuales se liquidarán mediante incidente. Por el mismo concepto, el Municipio de Quimbaya le suministrará al señor Carlos Arturo Peláez Álzate una silla de ruedas adecuada a sus condiciones físicas. Además, en el incidente de liquidación se determinará el momento en que ésta

deberá remplazarse por la condenada.

Tercero: La entidad pública condenada pagará los gastos concernientes al dictamen médico-laboral practicado al señor Peláez Álzate, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, el 19 de agosto de 2009.

Cuarto: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o 1.3. Incidente de Liquidación La parte actora, atendiendo lo dispuesto por el H. Consejo de Estado en su sentencia revocatoria de fecha 3 de febrero de 2010, en cuanto a la liquidación de perjuicios irrogados a titulo de daño emergente consolidado y futuro, presentó escrito de incidente el 22 de julio de 2010, en el cual solicitó al Tribunal la liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, consolidado y futuro, teniendo en cuenta que los hechos que dieron origen a la demanda acaecieron el 5 de abril de 1997 y que a la fecha de presentación del incidente transcurrieron trece años, tres meses y quince días; memorial en el cual demandó el pago de los siguientes conceptos: 1) Servicios de fisioterapia (indemnización consolidada y futura) la suma de $ 231.168.000 2) Consulta médica domiciliaria y controles (indemnización futura y consolidada) la suma de $ 4.591.000

1. Gastos de atención y cuidado:

Indemnización consolidada la suma de $62.688.800 pesos m/te.

Indemnización futura: Se liquidará teniendo en cuenta el salario mínimo mensual y aplicando la tabla de vida probable de la víctima que es de 48.16 años, equivalente a 577.92 meses y que al restar el periodo consolidado arroja una diferencia de 418.92 meses a indemnizar. Se aplicará la fórmula que de manera reiterada viene aplicando el Consejo de Estado.

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1. Medicamentos.

El señor CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE, por su estado de discapacidad, esta obligado a usar: -Sonda diaria para orinar, que en el año 1997 costaba $900.00 y a la fecha de presentación del escrito de incidente costaba $2.500.00. -Guante quirúrgico diario para evitar infecciones, que en el año 1997 costaba $700.00, y a la fecha de presentación del escrito de incidente costaba $1.400.00. - Silocaina para hidratar la sonda, un tubo al mes, que para el año 1997 costaba $3.500.00 y a la fecha de presentación del escrito de incidente costaba $7.500.00. - Un paquete mensual de gasa para la curación, que en el año 1997 costaba $6.000.00 y a la fecha de presentación del escrito de incidente asciende a la

suma de $14.000.00. -Cinco pañales diarios, los que para el año 1997, costaba el paquete de 8 unidades $3.500.00, y a la fecha de presentación del incidente costaba $10.500.00. -Cremas para hidratación de la piel, un tarro mensual, que para el año 1997 costaba $3.800.00 y a la fecha de presentación del incidente costaba $9.500.00. -Delifón 5 mgs pastas, formulado por el urólogo, el que para el año 1997 costaba $8.000.00 la caja, y a la fecha de presentación del incidente costaba $19.000.00. Una caja trae cuatro pastillas y se consume 4 cajas mensualmente. -Enfermera encargada de las curaciones por un valor de $70.000.00 mensuales. -El daño consolidado se liquidará con los anteriores parámetros y hasta la fecha en que se decida el incidente, aplicando las correspondientes formulas 6

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o matemáticas. -La indemnización futura se liquidará atendiendo la tabla de vida probable de la víctima que es de 48.16 años, equivalente a 577.92 meses y que al restar el período consolidado arroja una diferencia de 418.92 meses a indemnizar 5) Gastos de transporte, desde el año 1997 al año 2010, la suma de $ 26.410.000 1.4. Contestación al incidente.

El MUNICIPIO condenado se opuso a las pretensiones del incidentista, objetó las mismas por error grave, en razón a la desproporción de su cuantía. Esgrime que no existe certeza de que al señor CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE se le haya hecho tratamiento de rehabilitación física durante trece años, tres meses y quince días. Indica que según los protocolos médicos, los tratamientos de fisioterapia física de paraplejia se deben realizar durante el primer año y no se hacen extensivos a la vida probable del paciente, pues serian innecesarios al no tener recuperación en los movimientos y al tener certeza de que el lesionado no los obtendrá en el futuro. Alega que no existe prueba de que los galenos especialistas en neurología, fisiatría, traumatología y ortopedia, que trataron al paciente, hayan solicitado rehabilitación física desde el momento de su lesión hasta su vida probable, ni que tenga que continuar con la intensidad de las terapias. Considera que las facturas suscritas por el Dr. ALBERTO BETANCOURT DAMELINES, son falsas por existir simulación en el contenido de los documentos, 7

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o pues las facturas no son de los años 1997, 1998 Y 1999, sino actuales, pues estas fueron aprobadas a través de la DIAN mediante la Resolución No. 010000003915 del 14 de septiembre de 1998, razón por la cual no pudieron ser

impresas después de aprobada la mentada Resolución. Arguye que para los años 1997, 1998 Y 1999 la consulta médica de ninguna forma tendría un valor de $20.000.00. Manifiesta que de las pruebas allegadas por el incidentista no se puede concluir que el señor CARLOS ALBERTO PELÁEZ ÁLZATE requiera de controles médicos permanentes, y mucho menos que éstos sean necesarios como mínimo dos (2) veces al año; y que en caso tal de haber necesitado estos controles, los mismos fueron realizados por su respectiva E.P.S., pues para el año 1997 el señor CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE, se encontraba como beneficiario en la Caja Nacional de Previsión Social y a partir del año 2001 en adelante como cotizante de la E.P.S. Sanitas S.A. Esboza que es excesivo y desproporcionado el supuesto salario devengado por la señora MARÍA NURY OSORIO LOAIZA, pues el salario mínimo en el año 1997 equivalía a $175.005.00 mensuales, en el año 1998 a $203.826.00 mensuales, en el año 1999 a $236.460.00 mensuales, y para el año 2000 ascendía a la suma de $260.100.00 mensuales. Aunado a lo anterior, alega que no esta probado que el señor CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE, deba tener permanentemente una persona para su cuidado personal. En cuanto a las medicinas, manifiesta que: Según los protocolos médicos, la sonda para orinar puede ser cambiada cada veintiún días, por lo que también se limitara de igual forma la utilización de

guantes quirúrgicos y la silocaina. 8

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o -Si se tiene en cuenta que la mayoría de los pacientes con paraplejia tiene tendencia al estreñimiento, no se explica la utilización de gasa para curaciones, cremas para hidratar ni cinco pañales diarios. -No se prueba en el expediente que el señor CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE se encuentre en tratamiento urológico en el que se especifique que diariamente deba tomar pastas de Delifon. Para finalizar, esboza que el incidentista solicita el pago de una enfermera que le haga las curaciones al señor CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE, cuando se manifestó que ha existido una persona que ya las ha realizado, y cuya liquidación ya se solicitó. 1.5. Liquidación de perjuicios reconocidos en abstracto. El Tribunal Administrativo del Quindío, considera que una vez valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica los elementos probatorios obrantes en el expediente, la Sala concluye que se encuentran acreditados parcialmente, los gastos y el valor de los mismos, que por concepto de daño emergente (consolidado y futuro), solicita la parte incidentista sean pagados por el condenado en abstracto Municipio de Quimbaya. Por tanto la entidad territorial deberá cancelar al lesionado, la suma de

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL

SETECIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($241.405.703,37), a título de daño emergente, consolidado y futuro, en razón a los gastos médicos y asistenciales, que el lesionado ha sufragado y deberá cubrir durante el período de su vida probable, guarismo que se obtiene de sumar las cifras arrojadas al liquidar los valores correspondientes a cada una de las indemnizaciones a las que tiene derecho, y una vez aplicadas las fórmulas aceptadas jurisprudencialmente por el Consejo de Estado y el índice de precios al consumidor – IPCque se plasma en el siguiente cuadro: 9

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INDEMNIZACIÓN

VALOR IND. INICIAL IND. FINAL INDEXADA Indemnización consolidada $ 4.800.000 $ 44,08 $ 109,96 $ 11.973.865,70 por servicios de fisioterapia indemnización futura por $ 6.082.477,70 servicios de fisioterapia Indemnización $ 210.100 $ 69,22 $ 109,96 $ 333.756,08 consolidada por consultas médicas y controles médicos $ 100.000 $ 104,40 $ 109,96 $ 105.325,67 domiciliarios Indemnización consolidada por gastos $ de atención y cuidado $ 34.506.069,24 16.500.000

MARIA NURY OSORIO

LOAIZA Indemnización consolidada por gastos $ de atención y cuidado $ 39.858.181,56 27.960.000 LUZ MARIELLY LÓPEZ QUICENO Indemnización futura medicamentos e $ 429.274 $ 75.531.532,10 insumos Indemnización consolidada transporte $ 39.414.681,87 JOSÉ ISRAEL SOTO Indemnización consolidada transporte $ 4.808.479,06

JESÚS ANTONIO

MARÍN ÁLVAREZ Indemnización consolidada transporte $ 3.610.372,45 CARLOS GUSTAVO LONDOÑO indemnización futura $ 92.257 $ 16.232.785,02 transporte 10

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perjuicios en concreto y objeta las mismas por error grave, en razón a la desproporción de su cuantía y por lo tanto solicita que su poderdante sea absuelto y se condene en costas al actor. Así mismo, hace referencia de lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010, que modifica el art. 211 del Código de procedimiento Civil, norma que determina que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización………”El Juez de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión, se condenara a quien la hizo pagar a la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia”.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Pasa el Ministerio Público a presentar su concepto en relación con la viabilidad de conciliar los perjuicios reconocidos, por la condena impuesta al MUNICIPIO DE QUIMBAYA (Quindío), fundamentada en la responsabilidad del Estado como consecuencia de las lesiones sufridas por CARLOS ARTURO PELÁEZ ÁLZATE.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o 2.1. Marco Teórico 2.1.1. Responsabilidad del estado – Clausula General de responsabilidad El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le

sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, los elementos de la responsabilidad en general descansan en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligado a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que este resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Y en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello 12

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www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 2.1.2. Artículo 59 de la Ley 23 de 1991: "Podrá conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción contencioso administrativa a través de las acciones previstas en los artículos 85. 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Parágrafo 1.- En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito. Parágrafo 2.- No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario." (Se resalta y subraya). 2.2. Pruebas. Tanto el incidentista como el condenado en abstracto, solicitan que se tengan como pruebas las aportadas por ambos al proceso de reparación directa. 2.2.1. Las aportadas por el incedentista: -Certificación expedida por la fisioterapeuta Marina Mejía García (fl. 13. C. Incidente). 13

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www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o - Certificación expedida por la fisioterapeuta MARINA MEJÍA GARCÍA. Factura de venta No. 7001 del 05 de mayo de 1997, factura de venta No. 7010 del 20 de septiembre de 1997, factura de venta No. 7029 del 05 de marzo de 1998 y factura de venta No. 7050 del mes de febrero de 1999, documentos expedidos por el Dr. ALBERTO BETANCOURT DAMELINES. (fls. 14 a 17 del c. de Incidente). -Certificación suscrita por el Dr. Luis Eduardo Gómez Sabogal (Fl. 18 c. Incidente). -Documento autenticado, suscrito por la señora María Nury Osorio Loaiza (fl. 19 c. de Incidente). -Documento autenticado, suscrito por el señor Jesus Antonio Marín Álvarez (fl. 20 c. de Incidente). -a (fl. 10 de c. Incidente) solicitud dictamen pericial con el fin de que el Instituto de Medicina Legal indique que medicina y materiales médicos debe usar el Sr. Peláez Álzate. 2.2.2. Pruebas decretadas por el Tribunal. A (fls. 138 a 144 del c. de pruebas) dictamen pericial solicitado por ambas partes, y que fuera practicado por Hospital Departamental del Quindío. 2.3. Caso Concreto.  Pretende el condenado en abstracto Municipio de Quimbaya, oponerse a la liquidación resultante del incidente liquidatario de la condena en abstracto por daños emergentes consolidado y futuro, por la lesión cervical sufrida por el

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cual contiene certificaciones de precios de los medicamentos y, de donde se deduce que no hay duda alguna que el señor Peláez Álzate, dado su estado de paraplejía, requiere de una sonda diaria para orinar, del guante quirúrgico y la xilocaina para las curaciones, de gasa, de cinco pañales diarios, de crema para hidratar la piel, de solución salina para limpiar la herida de delifon de 5 mg.  En cuanto a la indemnización consolidada por servicios de fisioterapia, a fl. 13 del C. del Incidente, reposa la certificación suscrita por la especialista que prestó los servicios y el valor cobrado por la rehabilitación física durante los meses de mayo 1 de 1997 a 30 de mayo de 1998, el cual fue de $4.800.000, suma que se reconoció e indexo de acuerdo a las pautas establecidas por el Consejo de Estado, y que se liquidara con base en la única prueba obrante para demostrar ese servicio y, sin controvertir el mismo por ser un servicio 15

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 Respecto a la indemnización futura por el mismo servicio, fue acertado el Tribunal de conocimiento al apegarse a lo dicho por el Hospital Departamental Universitario del Quindío, en el dictamen pericial emitido (fls. 138-143 C. de pbas) respecto a que el Sr. Peláez Álzate, efectivamente requiere hasta su vida probable y cada mes fisioterapia, por lo que para efectos de reconocimiento de este daño emergente, aplicó lo establecido en el Decreto 2423 de 1996, lo que de entrada desvirtúa lo dicho por el apelante. Máxime cuando no obraba prueba de este cobro futuro.  En cuanto a la liquidación establecida por los gastos de Transporte y cuidado personal que se dice haberse prestado al señor Carlos Arturo Peláez Álzate, a pesar de no ser la oportunidad procesal para tacharlos de falsos; por haber sido tenidos en cuenta como pruebas aportadas y practicadas desde la primera instancia, y de que en la contestación del incidente se guardó silencio al respecto, además de conducente y pertinentes para cuantificar los rubros en precedencia, persigue ahora, que se desechen las pruebas consistentes en certificaciones aportadas y declaraciones rendidas por los señores Jesus Antonio Marín Álvarez, Carlos Gustavo Londoño Londoño, Jose Israel Soto López y Maria Nury Osorio, debido a que se presentan las circunstancias en formatos de igual identidad, previamente escritos con la misma caligrafía de computador o maquina de escribir autenticadas en la notaria única del circulo de Quimbaya el día 7 de mayo de 2010 cuando habían transcurrido muchos

años de la supuesta prestación de los servicios de transporte y cuidado personal. 16

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o  En fin, dado que lo anunciado en precedencia tal y como se dijo que no era la oportunidad probatoria para sacar esa deducción y que la misma se basa en solo suposiciones cuando dice el condenado que “Con relación a los gastos de transporte no existe una certeza de cuantas carreras se realizaron por los prestadores de este servicio y su cobro no se compadece con la realidad, observemos como en la declaración rendida por el señor JESUS ANTONIO MARÍN ÁLVAREZ el día 11 de abril de 2011 ante el juzgado primero promiscuo municipal de Quimbaya, sostiene que cobraba por ida y regreso a la ciudad de Armenia desde el municipio de Quimbaya la suma de $80.000 pesos por carrera, suma que consideramos desproporcionada y excesiva para los años de prestación de servicio, hace aproximadamente 12 años, cuando en la actualidad el cobro de una carrera a la ciudad de Armenia tiene un valor de $40.000 pesos, igualmente dice haber realizado carreras a las ciudades de Pereira y Manizales las que no tienen sustento en la respectiva certificación. Así mismo es contradictoria la declaración del señor CARLOS GUSTAVO LONDOÑO cuando expresa que mensualmente le podía cobrar entre $700.000 y $800.000 pesos a CARLOS ARTURO PELÁEZ y que desde el 2006 para acá

de $4'000.000 a $5'000.000 de pesos, aportando entonces una certificación de muy dudoso valor probatorio que establece un total de $3'200.000 pesos por carreras realizadas entre el año 2006 al 2010”.  Así mismo, al considerar igualmente excesivo y desproporcionado el salario devengado por la señora Osorio Loaiza, por el hecho de manifestar ella en su declaración que no tenia conocimiento de medicina, y que su labor se circunscribía a atenciones de baño, curaciones, terapia, acostarlo y levantarlo, pretendiendo desconocer lo devengado por el simple hecho de manifestar que no sabia de medicina, cuando es el Tribunal Contencioso del Quindío, quien con apego a las pruebas aportadas, a su valor probatorio, concretamente los testimonios rendidos por los señores Soto López, Marín Álvarez y Londoño Londoño ante el Juzgado promiscuo Municipal de Quimbaya, es lo que lo hace 17

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 630012331000199800643 02 (44015) Ev o reconocer la cuantía liquidada por concepto de Indemnización consolidada por gastos de transporte y gastos de atención.  Por tanto esta Delegada considera que el auto liquidatario del 1 de marzo de 2012 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Quindío, resuelve incidente a efectos de cuantificar los perjuicios reconocidos en abstracto por el

H. Consejo de Estado, mediante sentencia revocatoria del 3 de febrero de 2010, condenó al MUNICIPIO DE QUIMBAYA, a pagar al señor CARLOS

ARTURO PELÁEZ ÁLZATE, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 241.405.703.37) a titulo de indemnización por el daño emergente, consolidado y futuro, en razón a los gastos médicos y asistenciales, que el lesionado ha sufragado y deberá cubrir durante el periodo de su vida probable, a raíz de las lesiones ocasionadas al demandante a consecuencia del accidente de tránsito, que tuvo su origen en una falla en el servicio de señalización vial, de la siguiente