PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por lesiones con arma de fuego de dotación oficial a un infante

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por lesiones con arma de fuego de dotación oficial a un Infante de Marina RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se demostró que el daño se produjo por incumplimiento de las normas en el manejo de las armas RESPONSABILIDAD OBJETIVA-La obligación de devolver a los soldados en el mismo estado en que ingresaron al servicio militar obligatorio En el caso sub judice, se configuraron los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la administración, toda vez que quien había sido vinculado a la Armada Nacional en calidad de Infante de Marina conscripto, fue objeto de heridas con arma de fuego de dotación oficial, que le ocasionaron lesiones con secuelas que arrojaron una incapacidad relativa permanente del 39.58%. Esa situación generó la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Armada Nacional toda vez que quien es vinculado bajo la modalidad en referencia es expuesto a un riesgo excepcional al manipular y portar armas, como lo sucedido al Infante, cuando la arma de dotación oficial asignada a su compañero se le disparó accidentalmente ocasionándole heridas en la pierna Izquierda. De la misma manera, se advierte, que no se probó que las lesiones acaecidas fuera el resultado de un actuar imprudente, negligente o descuido del lesionado, y que las mismas tienen ocurrencia por el riesgo asumido en la realización de actividades peligrosas o de la utilización de objetos propios de sus funciones lo que lo hace riesgoso, además, no existe prueba que su comportamiento por otra circunstancia constituyera en alguna medida la causa del hecho dañoso.

Así las cosas, la existencia de la lesión, de que la misma fue sufrida en cumplimiento de misión dentro del servicio Militar Obligatorio, y que se provocó con arma de Dotación Oficial, y la no acreditación de un comportamiento culposo de la víctima, dejan incólume la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Armada Nacional, máxime porque no se demostró que el hecho dañoso se produjo, por incumplimiento a toda las recomendaciones e inducciones impartidas dentro de la formación Militar para el manejo de las armas. No puede obviarse el amplio desarrollo jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ha permitido una decantación total en la línea jurisprudencial, respecto a la responsabilidad objetiva y de resultado de regresar a los conscriptos en el mismo estado en que ingresaron a prestar el servicio militar obligatorio. PERJUICIOS CAUSADOS-Disminución en su capacidad laboral Acierta la Sala del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al concluir que los perjuicios causados al accionante son imputables a la Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, con ocasión de las lesiones sufridas con proyectil de arma de dotación oficial y que a la postre le ocasionaron una disminución en su capacidad laboral del 39.58% al señor al encontrarse prestando guardia en el puesto “Puente Colombia”, en ejercicio de funciones de Infante de Marina conscripto, adscrito al Batallón de Infantería Unidad BN2 con sede en Bahía Málaga (Valle del Cauca). 1

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www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Al sobrevenir de su lesión condiciones de vida diferente a la normalmente llevada Deben reconocerse para la víctima directa, al emerger de las pruebas allegadas el daño a la vida de relación; concretamente de la valoración psiquiátrica practicada en medicina legal, al dar cuenta que su vida nunca volvió a ser igual, al sobrevenir de su lesión condiciones de vida diferente a la normalmente llevada. Y en cuanto al perjuicio material, debe ser reconocido al señor, contemplando la vida productiva llevada a cabo antes del ingreso el servicio militar obligatorio, teniendo en cuenta el criterio Jurisprudencial del H. Consejo de Estado, al cuantificar el mismo en un salario mínimo mensual cuando se desconocen los ingresos reales por una actividad económica no formal. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo

CONCEPTO DE CONCILIACIÓN No. 37/2013

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera EXPEDIENTE: 760012331000200603339-01(37308)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: EDIN ARTURO GALEANO GARCÍA y OTROS DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL Sentido del concepto: La conciliación resulta viable. / No se demostró ningún eximente de responsabilidad por la institución Castrense. / El infante de marina conscripto no se vincula a la Armada por medio de contrato laboral sino obligatoriamente en cumplimiento de un mandato constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. Los señores Edin Arturo Galeano García (lesionado), Luz Dary, Yuliana, y Gloria Galeano García, y Jaime Villada Corrales, actuando en nombre propio en calidad de hermanos y como terceros damnificados, a través de apoderado judicial presentan demanda ante esta Corporación en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL a fin de que se declare la responsabilidad por los perjuicios materiales y morales 3

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo padecidos en su integridad física, a consecuencia de las lesiones padecidas, al encontrarse prestando el Servicio Militar, como infante de marina en la Armada Nacional Batallón de Infantería Unidad BN2 en Bahía Málaga (Valle del Cauca), al ser objeto de un disparo con arma de dotación oficial por parte de un compañero

infante de marina perteneciente al mismo Batallón, lo cual le dejó lesiones personales con consecuencias de perturbación funcional permanente en la Rodilla Izquierda. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1 La Nación – Ministerio de Defensa Armada Nacional, dio contestación oportuna a la demanda, declarando que los hechos no le constan y que se atenía a lo que resulte probado. 1.3. Fallo de primera instancia. Agotado el trámite procesal, la Sala de decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 28 de noviembre de dos mil ocho (2008), declaró administrativamente responsable a la Nación – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL, por los perjuicios ocasionados al señor Edin Arturo Galeano García, por la lesión producida por arma de fuego de dotación oficial y los condenó a pagar a título de indemnización por concepto de perjuicios morales para unos y denegó este y otras suplicas para otros. 1.4. Recurso de apelación. La parte demandante inconforme con el monto de los perjuicios morales reconocidos y los negados en el fallo, lo recurrió en apelación manifestando en resumen lo siguiente: Respecto al perjuicio material no reconocido al señor Galeano García, dice que 4

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo no le asiste razón al a quo para argumentar que, lo niega por que al momento del

deceso el occiso no devengaba suma alguna por actividad laboral, toda vez que la bonificación mensual que recibía como conscripto tenía destinación exclusiva para satisfacer sus necesidades de higiene y aseo personal durante la prestación del servicio, por lo que no tenia condición de ingreso salarial y mucho menos de apoyo económico a la familia; razonamiento que desconoce toda la jurisprudencia que obra al respecto, ya que lo que se reclama no es la ínfima cantidad de dinero que el Estado le otorga a quienes prestan el servicio militar obligatorio, sino el monto económico que se puede dejar de percibir por la imposibilidad de trabajar, ante la disminución de su capacidad de trabajo, además de que, con los testimonios obrantes se encuentra demostrado que antes de ingresar al servicio militar era productivo económicamente. Así mismo, en cuanto al monto de los perjuicios morales reconocidos manifiesta, que es irrisoria y no se compadece del dolor, la angustia y la tristeza que sufrieron como consecuencia de las lesiones del señor Edin Arturo, que los testimonios que obran en el proceso, son contundentes y claros en afirmar la dimensión del sufrimiento de toda la familia, que por eso se le deben reconocer los perjuicios al señor Jaime Villada Corrales en calidad de padre de crianza. En cuanto al daño a la vida de relación que no se le reconociera, argumenta que si es procedente pues son los mismo testimonios obrantes, y la valoración psiquiátrica practicada en medicina legal, los que dan cuenta, que su vida nunca volvió a ser igual, pues su esfera exterior se vio modificada, al no poderse desenvolver en condiciones normales, para ejecutar todas las actividades cotidianas que le generaban alegría y placer, tales como las actividades agrícolas

y pecuarias que él como campesino adelantaba.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo Pasa el Ministerio Público a presentar su concepto en relación con la viabilidad de conciliar los perjuicios reconocidos, fundamentada en la responsabilidad del Estado como consecuencia de las lesiones padecidas por el señor Fernando Lemus Trillos. 2.1. Marco Teórico 2.1.1. Responsabilidad del Estado El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Carta Política, según el cual, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, los elementos de la responsabilidad, en general, descansan en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Realizado el respectivo análisis de cada una de las pruebas allegadas, se puede concluir que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar, toda vez, que se estableció la existencia de los elementos integradores de la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, en los términos de la Constitución Política, dentro del régimen de riesgo excepcional. Se encuentra demostrado que Edin Arturo Galeano García sufrió lesiones, que le ocasionaron una disminución laboral del 39.58% como consecuencia de la herida propiciada

con el arma de dotación oficial por parte un compañero infante de marina perteneciente al mismo Batallón, soportadas cuando se encontraba en el puesto de guardia “Puente Colombia” prestando el servicio Militar Obligatorio, y que se suceden al estar permanentemente expuestos al riesgo generado por el manoseo y porte de las armas de fuego, que fue lo que aconteció en el presente caso. 6

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo 2.1.2. Régimen de responsabilidad con los soldados conscriptos Cuando se habla de “conscripto”1, se hace referencia al soldado que recibe la instrucción militar obligatoria. Pero cuando se habla de soldado profesional se hace referencia al que se alista voluntariamente y a cambio recibe remuneración o contraprestación, gozando de una protección de carácter salarial y prestacional, por este motivo también son reconocidos como “soldados voluntarios” La ley 48 de 1993, reglamentó el Servicio de Reclutamiento y Movilización, señalando como modalidades y tiempo de prestación de servicio militar obligatorio 2 las siguientes en su artículo 13: i) Soldado regular de 18 a 24 meses, ii) soldado bachiller, de 12 meses, iii) auxiliar de Policía bachiller de 12 meses y iv) del soldado campesino de 12 hasta 18 meses. . 2.1.3. Frente a la responsabilidad extracontractual del Estado, la diferencia de vínculo, genera también diferencias a su vez del régimen a aplicar. Veamos que

nos dice el Consejo de Estado: “Esta Sección del Consejo de Estado, a partir de la legislación y la ponderación de la naturaleza y alcances de tales vínculos, ha concluido que frente al soldado profesional la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual en relación con los daños sufridos por éstos con ocasión de la exposición a los riesgos inherentes a su actividad laboral, dirigida ésta a la protección del Estado y de sus instituciones porque tales riesgos están cubiertos por la ley, en la cual se prevé la obligación para el Estado de indemnizar a su servidor público, por los daños sufridos con ocasión y razón del servicio y que cobra vigencia en forma automática, cuando se produce “el siniestro” que se ampara legalmente. Y exceptúa del régimen indemnizatorio anotado, los daños provenientes de la falla del servicio o del sometimiento del soldado a un riesgo distinto al que asumió voluntariamente, eventos en los cuales cobra vigencia el 1 Diccionario Pequeño Larousse ilustrado. Edición 2002. Página 277 2 Es decir conscriptos u obligatorios 7

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo régimen de responsabilidad contenido en el artículo 90 de la Constitución. En efecto: Tratándose de daños sufridos directamente por los Agentes públicos vinculados laboralmente con el Estado (colaboradores permanentes) la indemnización adquiere características especiales, toda vez que la ley prevé

para ellos una legislación que predetermina la indemnización –a for fait-, que resarce el daño causado dentro de los riesgos propios que debe asumir el servidor, como inherentes al servicio prestado. Esa predefinición legal de indemnización en materia de riesgos profesionales, hace que el terreno de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrita sólo a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, o sea los daños derivados de la conducta falente o culposa del Estadopatrono, o los daños producidos por el sometimiento del Agente al un riesgo distinto al asumido a su ingreso al servicio, con violación al principio de igualdad frente a las cargas públicas. En relación con el conscripto la jurisprudencia ha dicho que si bien éstos pueden sufrir daños con ocasión de la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, consistentes en la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad etc. Ellos no devienen en antijurídicos, porque dicha restricción proviene de la Constitución; pero que pueden sufrir otros daños que si devienen en antijurídicos y que si tienen su causa en dicha prestación, cuando ocurren durante el servicio y en cumplimiento de las actividades propias de él, que les gravan de manera excesiva, en desmedro de la salud y de la vida, los cuales deben indemnizarse por el conglomerado social a cuyo favor fueron sacrificados dichos bienes jurídicos, porque se da quebranto al principio de igualdad frente a las cargas públicas. Ahora pese a que la ley ha venido, paulatinamente, reconociendo el derecho

del conscripto que ve disminuida su capacidad psicofísica o laboral o fallece con ocasión y por razones del servicio, a ser indemnizado y en algunos casos a recibir pensión de invalidez, como se verá a continuación, esa protección dista mucho de la que se prevé para los agentes públicos vinculados laboralmente al Estado (colaboradores permanentes), ya que no es integral, no proviene de una relación laboral y por tanto no está llamada a generar que el campo de responsabilidad civil extracontractual quede circunscrito a los daños por fuera del ámbito de protección de esa legislación, como si sucede con la indemnización a for fait”3 Para los conscriptos, el vínculo se deriva del deber constitucional contenido en los artículos 216 a 227 Capítulo II del Título VII, de la Carta Política, en donde se 3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de Agosto de 2005, radicado 16.205. Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez. 8

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo prevé la conformación de la Fuerza Pública, su finalidad, su regulación y la obligación que todos los colombianos de estar dispuestos a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, depositando en la ley las condiciones que eximen del servicio militar. Como se anotó en el numeral que antecede, los conscriptos son definidos legalmente. Aún antes de la vigencia de la Constitución

de 1991, ya se preveía el régimen de responsabilidad y la obligación del Estado de responder por la salud e integridad de las personas que prestan el servicio militar obligatorio, tal como lo recuerda el Consejo de Estado. “Desde antes de la entrada en vigor de la Constitución 1991, la ley civil y la jurisprudencia de la Sala –con base en la doctrina extranjera– señalaba y estudiaba, respectivamente, que el daño debía tener las siguientes características: ser cierto, particular, anormal y recaer sobre un derecho protegido jurídicamente. Por consiguiente, cuando ingresan al Estado, por su decisión imperativa, varones para la prestación del servicio militar obligatorio, en primer término, nacen para el Estado, entre otras, las obligaciones de vigilancia y seguridad en la salud del conscripto y, en segundo término, nace para el conscripto el derecho correlativo a obtener las prestaciones debidas (protección jurídica). Ese derecho del conscripto, correlativo a la obligación del Estado de su vigilancia y seguridad, si no se satisface adecuadamente crea unas lesiones, ciertas y particulares, a situaciones que tienen protección jurídica, como son la vida y la salud, que exceden los inconvenientes inherentes a la prestación de ese servicio, y que dan lugar al aparecimiento de la lesión antijurídica o daño antijurídico”4 2.2. Caso Concreto Se encuentra demostrado, que con el fin de cumplir con el mandato constitucional y reglamentado por la Ley 48 de 1993, respecto a la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, el señor Edin Arturo Galeano García se vinculó al Armada Nacional como infante de marina (fl. 36) en febrero 16 de

4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente

12648. Consejera Ponente Dra María Elena Giraldo Gómez. Se reitera en los mismos términos en la sentencia del 2 de Mayo de 2002. Expediente 13247.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo 2005, adscrito al Batallón de Infantería BN2 con sede en Bahía Málaga (Valle del Cauca). El 16 de enero de 2006, cuando se encontraba en el puesto de vigilancia denominado “Puente Colombia” (fl.24), el arma de dotación del infante Vélez Pulgarin se disparó, ocasionándole heridas en el tejido blando de la pierna izquierda(fl. 146). Atendiendo los acontecimientos sucedidos, el 02 de marzo de 2007 la Junta Médica Laboral de la Armada Nacional estudió los documentos de sanidad relacionados con el estado de salud del Infante de Marina Edin Arturo Galeano García, y elevó Acta No. 056 (fis. 169-176) en la que concluyó que, a raíz del impacto de bala en su pierna izquierda, el uniformado no era apto para realizar actividad militar en razón a que soportaba una disminución de la capacidad laboral, equivalente al 39.58% y debía determinársele incapacidad permanente

parcial. Con fundamento en la valoración realizada por la Junta Médica Laboral, y por tiempo militar cumplido, el 08 de febrero de 2007 fue dado de baja el Infante de Marina Regular Edin Arturo Galeano García (fis. 180-182). 2.3. Las Pruebas obrantes En el expediente se encuentran allegadas las siguientes:  De (fls. 75 – 78 c.2) obran testimonios de las señoras María Irene Jaramillo Ruiz y María Consuelo Sanchez.  A (fls. 16 – 17) obra resumen de historia Clínica de Edin Galeano García. 10

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo  A (fl. 146 del C.2) figura escrito sobre descripción de las circunstancias en que adquirió la lesión el Infante de Marina Galeano García Edin Arturo.  Copia de Acta No. 4306 realizada por la Junta Médico Laboral de la Armada Nacional el 04 de Diciembre de 1.998 (fis.169–172 C.2) mediante la cual se determina que el Señor Edin Arturo Galeano García presentó una disminución de la capacidad laboral equivalente al 39.58%, generada como resultado de una lesión en su pierna Izquierda con proyectil de arma de fuego.  Copia orden administrativa de personal No. 025 realizada por el Comandante de la Armada Nacional el 08 de febrero de 2007 (fis. 180-182), en la que se

decide dar de baja al soldado Edin Arturo Galeano García, por tiempo de servicio militar cumplido.  A (fls. 186 – 187 del C.2) reposa copia de la resolución por medio de la cual se le reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales al infante Galeano García. 2.4. Responsabilidad. De acuerdo con los medios de prueba encuentra el Ministerio Público que se acreditaron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la administración, bajo los lineamientos jurisprudenciales referidos. En el caso sub judice, se configuraron los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la administración, toda vez que quien había sido vinculado a la Armada Nacional en calidad de Infante de Marina conscripto, fue objeto de heridas con arma de fuego de dotación oficial, que le ocasionaron lesiones con secuelas que arrojaron una incapacidad relativa permanente del 39.58%. Esa situación generó la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Armada Nacional toda vez que quien es vinculado bajo la modalidad en referencia es expuesto a un 11

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co 760012331000200603339 01 (37308) Evo riesgo excepcional al manipular y portar armas, como lo sucedido al Infante Galeano García, cuando la arma de dotación oficial asignada a su compañero Vélez Pulgarin se le disparó accidentalmente ocasionándole heridas en la pierna Izquierda. De la misma manera, se advierte, que no se probó que las lesiones acaecidas

fuera el resultado de un actuar imprudente, negligente o descuido del lesionado, y que las mismas tienen ocurrencia por el riesgo asumido en la realización de actividades peligrosas o de la utilización de objetos propios de sus funciones lo que lo hace riesgoso, además, no existe prueba que su comportamiento por otra circunstancia constituyera en alguna medida la causa del hecho dañoso. Así las cosas, la existencia de la lesión, de que la misma fue sufrida en cumplimiento de misión dentro del servicio Militar Obligatorio, y que se provocó con arma de Dotación Oficial, y la no acreditación de un comportamiento culposo de la víctima, dejan incólume la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Armada Nacional, máxime porque no se demostró que el hecho dañoso se produjo, por incumplimiento a toda las recomendaciones e inducciones impartidas dentro de la formación Militar para el manejo de las armas. No puede obviarse el amplio desarrollo jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ha permitido una decantación total en la línea jurisprudencial, respecto a la responsabilidad objetiva y de resultado de regresar a los conscriptos en el mismo estado en que ingresaron a prestar el servicio militar obligatorio. Por lo anterior, acierta la Sala del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al concluir que los perjuicios causados al accionante son imputables a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, con ocasión de las lesiones sufridas con proyectil de arma de dotación oficial y que a la postre le ocasionaron una disminución en su capacidad laboral del 39.58% al señor EDIN ARTURO 12

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el servicio militar obligatorio, teniendo en cuenta el criterio Jurisprudencial del H. Consejo de Estado, al cuantificar el mismo en un salario mínimo mensual cuando se desconocen los ingresos reales por una actividad económica no formal. 13

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III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Procuraduría Delegada, están probados los elementos necesarios para configurar la responsabilidad administrativa de la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL al estar demostrada la calidad de infante de marina conscripto a cargo de esa Institución castrense, la causa de las lesiones, el daño y el nexo causal con la lesión sufrida por arma de dotación oficial, al asumir funciones y riesgos propios al manipular las mismas, a pesar de tener toda la instrucción posible, máxime cuando la vinculación a la Armada Nacional no se dio de forma voluntaria, sino en cumplimiento de un mandato legal.

Así las cosas, esta Procuraduría Delegada no encuentra argumentos para fulminar la responsabilidad extracontractual de la administración y por ende, no debe oponerse a la celebración de un acuerdo conciliatorio entre las partes. Además, en aplicación del principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución política, a efectos de afirmar la celebración de la conciliación convocada, se deben reconocer y cuantificar conforme a las pruebas obrantes, los perjuicios desconocidos y reclamados dentro del escrito de apelación, pues de lo

contrario considera esta Delegada que no se reúnen los requisitos para llegar a un acuerdo conciliatorio. De los señores Consejeros, respetuosamente,

MARIA PATRICIA ARIZA VELASCO

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