PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por los daños antijurídicos generados de un acto administrativo

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por los daños antijurídicos generados de un acto administrativo que posteriormente fue declarado nulo ACTO ADMINISTRATIVO-Que durante su vigencia generó perjuicios a unas personas determinadas La Sección Tercera del Consejo de Estado ha dicho que la acción de reparación directa es la vía procesal adecuada e idónea para reclamar los eventuales perjuicios derivados de los efectos particulares surtidos por una acto administrativo durante su vigencia y que posteriormente desaparece del mundo jurídico bien por vía jurisdiccional o bien por vía de la revocatoria directa; toda vez que el artículo 86 del C. C. A. preceptúa que la acción de reparación directa procede para buscar la reparación de los daños antijurídicos generados por la administración a causa de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble, o cualquier otra causa como la desaparición de un acto que generó perjuicios a unas personas determinadas. Lo anterior guarda estrecha relación con la cláusula general de responsabilidad contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, en virtud de la cual, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de sus agentes. DECLARATORIA DE NULIDAD DE UN DECRETO-Que para ese entonces se hallaba vigente y que posteriormente despareció del mundo jurídico/DAÑO ANTIJURÍDICO-Se solicita resarcir daños patrimoniales que le fueron irrogados en

cumplimiento de una norma que estaba vigente El Estado deberá responder por los perjuicios ocasionados a consecuencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el administrado no está en el deber jurídico de soportar, lo que por sustracción de materia necesariamente excluye aquellos daños que jurídicamente deben soportar las personas, pues éstos gozan de presunción de legalidad, siendo cargas que se imponen indiscriminadamente a las personas y que deben aceptar por el hecho de convivir en sociedad, como es el caso del pago de impuestos, tasas y contribuciones; la limitación temporal de su derecho de libertad y de locomoción cuando se trata del servicio militar obligatorio etc. Para el caso que nos ocupa, tal circunstancia toma especial relevancia, pues nótese que lo reclamado por la parte actora no es más que la devolución de unos pagos que tuvo que efectuar por concepto de aportes parafiscales al SENA, I.C.B.F., y cajas de compensación familiar en vigencia del Decreto 2996 de 2004, el cual, posteriormente fue declarado parcialmente nulo por sentencia del 12 de octubre del 2006 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado; es decir, que la parte actora pretende el resarcimiento de daños patrimoniales que presuntamente le fueron irrogados al imponerle la obligación de efectuar aportes parafiscales durante los años 2004, 2005 y 2006 en cumplimiento de lo dispuesto por una norma que para ese entonces se hallaba vigente, y que posteriormente despareció del mundo jurídico al ser declarada nula. 1

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo DECLARATORIA DE NULIDAD-De un acto administrativo por vía jurisdiccional tiene efectos retroactivos pero dejando a salvo las situaciones consolidadas La Cooperativa Alianza PersonalCOOPERSONAL C. T. A., acatando la imposición de una carga económica contenida en el Decreto 2996 de 2004; acto administrativo que se presumía legal, hizo una serie de pagos durante el tiempo que dicha norma estuvo vigente, entendiéndose tal obligación como un daño jurídico o una carga que se hallaba en la obligación de soportar; no obstante, tal presunción de legalidad se desvaneció con la declaratoria de nulidad del referido Decreto 2296, pues al existir una decisión judicial como ésta, el daño ocasionado a la demandante se torna en antijurídico y, por ende, susceptible de ser resarcido por la administración. No obstante lo anterior, tenemos que los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo por vía jurisdiccional tiene por regla general efectos retroactivos o ex-tunc, pero, dejando claro que la declaratoria de nulidad de dicho acto no implica una declaratoria de inexistencia del mismo, toda vez que éste se halla amparado por la presunción de legalidad hasta tanto no sea declarado ilegal, por lo que en ese lapso de tiempo logró generar una serie de efectos, los cuales en su momento se reputaban

jurídicos, lo que se constituyó en situaciones jurídicas consolidadas, las cuales ha entendido el Consejo de Estado como situaciones concretas e individuales que se produjeron en vigencia de un acto, pero, que en aras de la seguridad jurídica, no podrán realizarse devoluciones o restituciones encaminadas a llevar hacia atrás los efectos de esta situación jurídica consolidada, pues ya tales consecuencias se causaron y se consumaron, no siendo posible volver sobre ellas. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No procede porque los aportes parafiscales ingresaron al erario público y fueron reinvertidos La reparación directa procede frente a situaciones que se encuentren sub judice, excluyéndose en aras de la seguridad jurídica, todas aquellas situaciones que se encuentren consolidadas, como es el caso de los aportes parafiscales al SENA, I.C.B.F. y a las cajas de compensación familiar hechas por la Cooperativa Alianza PersonaCOOPERSONAL C.T.A. para las vigencias fiscales de los años 2004, 2005 y 2006, toda vez que para el momento en que se efectuaron dichos pagos, el decreto 2996 de 2004 se hallaba vigente y pese a que posteriormente fue declarada su nulidad parcial en sede judicial, es lo cierto que frente a los pagos de aportes parafiscales de los años 2004, 2005 y 2006 se generaron situaciones jurídicas consolidadas cuyas consecuencias se consumaron y causaron, pues tales dineros ingresaron al erario público y posteriormente volvieron a ser reinvertidos en la consecución de los fines del Estado, imposibilitándose

entonces volver sobre ellas y en consecuencia, no resulta procedente la reparación de perjuicios. La Procuraduría General de la Nación en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad, a través de esta Delegada, solicita se declaren imprósperas las pretensiones de la acción de reparación directa de la referencia, confirmando la sentencia apelada. 2

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Rzo CONCEPTO No. 067/ 2013

Bogotá D.C., 5 de abril de 2013

HONORABLES

CONSEJEROS DE ESTADO.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor HERNÁN ANDRADE RINCÓN EXPEDIENTE: 080012331000200700786 01 (45565)

Acción: Reparación Directa

ACTOR: Cooperativa Alianza Personal-COOPERSONAL

DEMANDADOS: Nación-Ministerio de la Protección Social,

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA e Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarI.C.B.F.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN de la sentencia recurrida/. La nulidad de los decretos emanados del Gobierno Nacional no resultan por sí solos relevantes en la realización del daño/. No hay lugar a la devolución de los dineros cancelados por la Cooperativa Alianza Personal-COOPERSONAL C.T.A. por concepto de pago de aportes parafiscales al SENA, I.C.B.F. y a la Caja de Compensación Familiar de los años 2004, 2005 y 2006 dado que sobre estas sumas se han generado situaciones causadas y consumadas por la primacía del principio de seguridad jurídica/.

Escapa a la aplicación de los efectos ex – tunc de la sentencia de nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 4

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1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – hechos

La NaciónMinisterio de la Protección Social expidió el Decreto 2996 de 08 de septiembre de 2004 en el cual obligó a las Cooperativas de Trabajo Asociado a incluir dentro de sus estatutos y reglamentos, en general, el pago de contribuciones especiales al SENA, I.C.B.F. y la Caja de Compensación Familiar. En virtud de demanda de nulidad contra la resolución en mención el Honorable Consejo de Estado, en sentencia de fecha 12 de octubre de 2006, declaró la nulidad de la expresión: “y contribuciones al SENA, I.C.B.F., y cajas de compensación familiar”. Durante el tiempo que el acto administrativo estuvo vigente desde noviembre de 2004 hasta octubre de 2006, la Cooperativa Alianza personalCOOPERSONAL canceló al SENA, I.C.B.F. y las distintas cajas de compensación familiar donde se encontraban aliados sus asociados, pagaron las contribuciones especiales. Pidió que se declarara responsable extracontractualmente a la NaciónMinisterio de la Protección Social por los daños antijurídicos ocasionados a COOPERSONAL C.T.A. por las sumas dinerarias canceladas a dichas entidades con sus intereses de plazo o remuneratorios y los intereses moratorios 1.2. La contestación de la demanda 1.2.1. El Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarI.C.B.F. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. contestó la demanda y 5

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www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo manifestó que no le constan los giros realizados al SENA y cajas de compensación familiar y que revisada la base de datos de la entidad, aplicativo Sistema de Recaudo Regional (SIREC) en el cual se registran los pagos portados por las cajas de compensación familiar al ICBF se constató que la COMBARRANQUILLA giró los aportes cancelados por la Cooperativa Alianza Personal, así: a) vigencia 2004 noviembre y diciembre; b) vigencia 2005 enero a diciembre; y c) vigencia 2006 enero a octubre.

Propuso las excepciones:  Ausencia de legitimación en la causa por pasiva.  Inexistencia de nexo causal entre el daño y la entidad a quien se le imputa responsabilidad.  Inexistencia de la obligación.

Falta de agotamiento de procedimientos especiales previstos por la ley. 1.2.2. El Servicio Nacional de AprendizajeSENA Señaló que la suma que se pretende no corresponde al total de aportes realizados por la Cooperativa Alianza Personal al SENA para las vigencias 2004, 2005, 2006, según el Grupo de Relaciones Cooperativas de la entidad y alegó que esa entidad no fue quien expidió el Decreto 2996 de 2004. Adujo que con posterioridad a la sentencia del Honorable Consejo de Estado, si la Cooperativa siguió realizando aportes, a solicitud del interesado, se hubiere realizado la devolución de los mismos. 1.2.3. El Ministerio de la Protección Social. 6

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo Manifestó que se opuso a las pretensiones de la demanda fundada en que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado los efectos de las sentencias de nulidad se produjeron desde el momento en que se expidió el acto anulado, pero que al anular actos administrativos de carácter general no se afectan situaciones jurídicas consolidadas.

Propuso las excepciones:  Falta de legitimidad en la causa por pasiva.  Cobro de lo no debido.  Caducidad de la acción.  Falta de conformación del litis consocio necesario. 1.3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, en sentencia del 17 de abril de 2012 declaró no probadas las excepciones de falta de legitimidad en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, caducidad y falta de conformación del litis consorcio necesario, planteadas por la apoderada del Ministerio de la Protección Social. Declaró no probadas las excepciones de ausencia de legitimación en la causa por pasiva y falta de agotamiento de procedimientos especiales previstos por la ley, planetas por la apoderada del I.C.B.F. Negó las pretensiones de la demanda. Dijo que las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un juicio de nulidad, no tienen efectos retroactivos, esto es, desde el momento en que se expidió el acto administrativo.

Con sentencia del 12 de octubre de 2006, la Sección Cuarta del Honorable 7

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión contribuciones especiales al SENA, I.C.B.F. y cajas de compensación familiar al considerar que el Gobierno carecía de competencia para su expedición, habida consideración a que era violatorio del principio de legalidad de los tributos en virtud de que la facultad impositiva de los mismos está reservada al legislador ordinario. En ese contexto , se encuentra acreditado el presupuesto de la falla del servicio y su imputabilidad jurídica al Ministerio de la Protección Social, pues se demostró en el curso del proceso que el Gobierno procedió a la expedición de un Decreto contrariando el ordenamiento jurídico, tal y como lo determinó el Honorable Consejo de Estado en dicha sentencia. Sin embargo, no surge la prueba de la imputabilidad del daño antijurídico desde el plano fáctico, en la medida en que si bien el material probatorio recaudado permite concluir que la parte demandante efectuó consignaciones de aportes parafiscales durante la época de vigencia del Decreto No. 2996 de 2004 con destino al SENA y al I.C.B.F., norma que fue declarada nula, no es menos cierto que ante tal hecho resulta inexcusable que la parte actora no hubiere tomado la decisión como correspondía, de solicitar ante la entidad receptora de los pagos por concepto de

parafiscales, la devolución de los mismos bajo la figura del pago de lo no debido. 1.4. Argumentos de la apelación La Nación-Ministerio de la Protección Social, mediante Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004, obligó a todas las Cooperativas de Trabajo Asociado al pago de las contribuciones especiales al SENA, I.C.B.F. y a las cajas de compensación familiar, por ello en cumplimiento de dicha normatividad la Cooperativa Alianza Persona se vio en la obligación de realizar estos aportes donde se encontraban afiliados sus asociados. No obstante, por ser estos aportes de naturaleza parafiscal, según el artículo 150 numeral 12 y 338 de la Carta Política, para ser 8

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo posible su existencia legítima requiere de norma legal dictada por el Congreso de la República que las establezca. Fueron precisamente estos los motivos por los cuales el Honorable Consejo de Estado, declaró la nulidad de la expresión “y contribuciones al SENA, I.C.B.F. y cajas de compensación familiar”, pues, el ejecutivo incurrió en una extralimitación de funciones al exigir el pago de estas contribuciones parafiscales sin previa autorización legal. Los pagos realizados en razón de la existencia y presunción de legalidad del Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004, sin que mediara un acto administrativo particular susceptible de ser atacado ante la jurisdicción contenciosa

administrativa, fueron legítimos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Puede ser expresado en los siguientes términos: ¿Determinar si los pagos hechos durante los años 2004, 2005 y 2006 por la Cooperativa Alianza PersonalCOOPERSONAL C.T.A., por concepto de aportes parafiscales, constituyen o no situaciones consolidadas y consecuencialmente si hay lugar o no al reconocimiento económico que la parte demandante persigue? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. 9

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: "a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al

servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización... 2.2.2. Efectos de la nulidad de actos administrativos. El honorable Consejo de estado ha dicho: “los efectos del fallo de nulidad afectan e inciden en las situaciones que se encuentran en discusión ante las autoridades administrativos 10

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo a jurisdiccionales, toda vez que respecto de los actos administrativos particulares, la declaratoria de nulidad de un acto general produce efectos ex -tunc-, esto es que se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad. Así que, si al momento de proferirse la sentencia de nulidad los actos administrativos particulares se encuentran en discusión ante las autoridades administrativas o están demandados ante la jurisdicción contenciosa, que es precisamente el caso que se presenta en relación con los actos administrativos que determinaron oficialmente el impuesto a cargo de la actora, no puede considerarse que la situación jurídica

particular se encontraba consolidada a la fecha en que se profiere el fallo de nulidad [6 de marzo de 2003, expediente 13022]”. ” En reiterada jurisprudencia, esta Sección ha precisado que los fallos de nulidad producen efectos "ex -tunc", es decir, desde el momento en que se profirió, el acto anulado, esto es, que por tener efectos retroactivos las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto anulado. De igual manera, se ha señalado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa [27 de octubre de 2005, expediente 14979”. “Los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo por vía jurisdiccional tiene por regla general efectos retroactivos o extunc, pero, dejando claro que la declaratoria de nulidad de dicho acto no implica una declaratoria de inexistencia del mismo, toda vez que éste se halla amparado por la presunción de legalidad hasta tanto no 11

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo sea declarado ilegal, por lo que en ese lapso de tiempo logró generar

una serie de efectos, los cuales en su momento se reputaban jurídicos, lo que se constituyó en situaciones jurídicas consolidadas, las cuales ha entendido el Consejo de Estado como situaciones concretas e individuales que se produjeron en vigencia de un acto, pero, que en aras de la seguridad jurídica, no podrán realizarse devoluciones o restituciones encaminadas a llevar hacia atrás los efectos de esta situación jurídica consolidada, pues ya tales consecuencias se causaron y se consumaron, no siendo posible volver sobre ellas”. 2.3. Relación de pruebas  Certificación del Revisor Fiscal de la COOPERSONAL C.T.A. en la que se indica que se ha cumplido oportunamente con las obligaciones que señala la ley con relación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F. y SENA (fl. 22).  Copia de la sentencia adiada 12 de octubre de 2006 proferida por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad promovida por Ximena Rojas Rodríguez en contra del Decreto 2996 de 2006 expedida por el Gobierno Nacional (fls 92 a 102).  Certificación expedida por el Director Regional Atlántico del SENA en la que consta que la Cooperativa Alianza Personal C.T.A. durante las vigencias 204, 2005 y a corte del 31 de octubre de 2006 realizó pagos por valor de $98.049.566.oo(fl.165).  Constancia de aportes parafiscales 3% cancelados por la Cooperativa

Alianza PersonalCOOPERSONAL C.T.A. al I.C.B.F.(fls 199 a 200) 12

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 Lo anterior guarda estrecha relación con la cláusula general de responsabilidad contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, en virtud de la cual, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de sus agentes. 13

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 27º PBX. EXT. 12761 www@procuraduria.gov.co Exp. 080012331000200700786 01 (45565) Rzo Respecto de esta cláusula general de responsabilidad. El Consejo de Estado ha dicho: “(…) La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 901, de una parte, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y, de otra, la obligación de que éste repita contra sus agentes, cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado a la reparación patrimonial. La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”2. Pero, se advierte que en la norma constitucional para derivar la responsabilidad del Estado no sólo se requiere que la víctima no esté obligada a soportar el daño, sino que además se precisa que el daño debe ser imputable a la entidad estatal demandada. (…)”3(negrillas fuera del texto)

 De allí que el Estado deberá responder por los perjuicios ocasionados a consecuencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el administrado no está en el deber jurídico de soportar, lo que por sustracción de materia necesariamente excluye aquellos daños que jurídicamente deben soportar las personas, pues éstos gozan de presunción de legalidad, siendo cargas que se imponen indiscriminadamente a las personas y que deben aceptar por el hecho de convivir en sociedad, como es el caso del pago de impuestos, tasas y contribuciones; la limitación temporal de su derecho de libertad y de locomoción cuando se trata del servicio militar obligatorio etc. 1 Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández 3 Sentencia de junio 6 de 2007, Expediente 16460 14

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Rzo  Para el caso que nos ocupa, tal circunstancia toma especial relevancia, pues nótese que lo reclamado por la parte actora no es más que la devolución de unos pagos que tuvo que efectuar por concepto de aportes parafiscales al SENA, I.C.B.F., y cajas de compensación familiar en vigencia del Decreto 2996 de 2004, el cual, posteriormente fue declarado parcialmente nulo por sentencia del 12 de octubre del 2006 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado; es decir, que la parte actora pretende el resarcimiento de daños patrimoniales que presuntamente le fueron irrogados al imponerle la obligación de efectuar aportes parafiscales durante los años 2004, 2005 y 2006 en cumplimiento de lo dispuesto por una norma que para ese entonces se hallaba vigente, y que posteriormente despareció del mundo jurídico al ser declarada nula.  En ese orden de ideas, al dilucidar si es antijurídica la imposición hecha por el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, en la medida en que le imponía a las Cooperativas como la demandante la obligación de efectuar aportes parafiscales al SENA, I.C.B.F. y cajas de compensación familiar en principio, la respuesta a tal cuestionamiento sería no, ello fundamentado en el hecho de que algunos actos administrativos implican una carga impuesta que debe soportar el particular al imponerle una serie de deberes, los cuales en determinadas ocasiones comportan un componente económico, en eventos como cuando el Estado requiere proveerse de recursos mediante la creación de impuestos cuya destinación será el cumplimiento

de obligaciones legales y constitucionales, así como el cumplimiento de sus propios fines, pues en tales casos se genera un perjuicio considerado como jurídico, toda vez que los asociados están en la obligación de soportarlo en acatamiento de sus deberes constitucionales, legales o a través de actos administrativos que desarrollen tales deberes. 15

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inexistencia del mismo, toda vez que éste se halla amparado por la presunción de legalidad hasta tanto no sea declarado ilegal, por lo que en ese lapso de tiempo logró generar una serie de efectos, los cuales en su momento se reputaban jurídicos, lo que se constituyó en situaciones jurídicas consolidadas, las cuales ha entendido el Consejo de Estado como situaciones concretas e individuales que se produjeron en vigencia de un acto, pero, que en a