PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por ocupación permanente o temporal de inmueble

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Daños causados por afectación a inmueble por Plan de Ordenamiento Territorial ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por ocupación permanente o temporal de inmueble PRUEBA DOCUMENTAL-Los recortes de prensa no dan fe de la ocurrencia de los hechos/PRUEBA DOCUMENTAL-Las publicaciones de prensa, no prueban los hechos de la demanda, sino únicamente la noticia. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Deben probarse los gastos o la pérdida de oportunidad de percibir ganancia Como se indicó en párrafos precedentes, la sociedad actora no contaba con licencia de construcción de una estación de servicio en el lote objeto de la controversia. Además, no probó que incurrió en gastos o perdió una oportunidad concreta de percibir algún tipo de ganancia, pues no demostró contrato alguno para la elaboración de anteproyectos o planos, ni tampoco que adelantara o estuviera pendiente de adelantar, alguna explotación económica que se hubiera visto frustrada por el cambio del uso del suelo. No basta con decir que se proyectaba la construcción de una estación de servicio, pues ese presunto perjuicio es hipotético, incierto, eventual y en esa medida no es indemnizable. COSTAS JUDICIALES-El juez es competente cuando el accionante es temerario, no colabora con la práctica de pruebas o actúa para dilatar el proceso

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 077 / 2011

Bogotá, D.C., 10 de octubre de 2011.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 41.618 (470012331000 2006 00952 02) PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) Acción de Reparación Directa

ACTOR: CIPRIANO LÓPEZ E HIJOS S.EN C.

DEMANDADO: DISTRITO DE SANTA MARTA El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 5 de julio de 2006 (fl. 64 vto. C. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, la SOCIEDAD CIPRIANO LÓPEZ JANICA E HIJOS S. EN C., demandó al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para que se le declarara responsable de los perjuicios materiales, presentes y futuros, por la afectación impuesta por el Plan de Ordenamiento Territorial al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 080-71149, de propiedad de la sociedad, afectado en su totalidad como espacio público como parte de una zona verde recreativa o parque y para la solución del anillo vial intersección de

Mamatoco – Troncal – Vial Alterna, que ha causado perjuicios a la persona jurídica y a sus miembros, no solo por la ocupación jurídica y física, sino además por la incapacidad de explotación económica de la propiedad al no ser posible el desarrollo de proyecto inmobiliario alguno. Solicitó que se condenara a reconocer a su favor las agencias en derecho de acuerdo con la tarifa del Colegio de Abogados de Bogotá; perjuicios materiales, presente y futuros, que a la fecha de radicación de la demanda asciende a $1.167’703.317,oo, que corresponde a:  $323’150.000,oo valor comercial del predio;  $344’221.150,70 rendimiento comercial del capital estimado como valor del predio;  $20’000.000,oo por costo de honorarios de elaboración de esquema básico o anteproyecto arquitectónico propuesto en el predio y asesoría técnica y legal pre procesal para agotar vía gubernativa, presentación de oferta de venta del predio, preparación de avalúos comercial y agotamiento de etapa de conciliación prejudicial.  $420’332.166,70, actualización de la cuantía a la fecha probable de ejecutoria de la sentencia –estimado en 48 meses-. Por lucro cesante pidió incluir los intereses compensatorios de la falta del uso del capital representativo de la indemnización y pago de condena en costas. Adujo que con el POT se ocupó jurídicamente el inmueble, de lo cual tuvo conocimiento 8 años después por comunicación de 13 de abril de 2005 suscrita

por el secretario de Planeación; que el 5 de junio hicieron propuesta de venta al alcalde sin obtener respuesta; que el predio solo se puede desafectar con la revisión general del POT; que ante la renuencia del alcalde a reconocer a la sociedad la indemnización o la desafectación de la propiedad, se intentó la conciliación prejudicial con solicitud del 21 de octubre de 2005. La ocupación 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) adquirió el carácter de permanente y como consecuencia de la adopción del POT incorporó de manera definitiva como espacio público y se colocó a disposición del interés general; se ocupó para el desarrollo del anillo vial. Afirmó que debía aplicarse el régimen de daño especial por la desproporcionalidad de la carga pública impuesta. 1.2. Contestación de la demanda. (fls. 358 a 365 C. 1). El Distrito de Santa Marta se opuso a las pretensiones. Propuso como excepciones: carencia del derecho, inexistencia de la obligación a cargo del Distrito y caducidad de la acción porque trascurrieron más de dos años desde la expedición del Acuerdo 005 de 2000 y la fecha de presentación de la demanda. Señaló que el Concejo Distrital expidió el Acuerdo 005 de 2000, que fue sancionado y promulgado, por lo cual la actora no puede afirmar que solo vino a

conocerlo en los años 2004 y 2005; que si desde 1999 tenía proyectada una estación de servicio cómo puede argüir el desconocimiento de la existencia del POT cuando fue de público conocimiento su elaboración y adopción? 1.3. Fallo de primera instancia.- El Tribunal Administrativo del Magdalena1 declaró responsable al Distrito de Santa Marta por los perjuicios causados a la sociedad actora con la afectación de la restricción del uso del suelo donde se encuentra ubicado el inmueble de su propiedad, y lo condenó a pagar por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente la suma de $345’221.145; dispuso que la sentencia sirva de título traslaticio de dominio en favor del Distrito respecto del bien ocupado. Negó las restantes pretensiones y, de conformidad con la ley 1304 de 2010, impuso a la actora la obligación de cancelar el arancel judicial. Consideró que la acción no había caducado porque el POT no califica específicamente el bien de la sociedad como de uso público ni su afectación por el anillo vial, simplemente establece las características de los suelos que a partir de la publicación serán tenidos como de uso público, por lo que la fecha en que formalmente tuvo conocimiento de la afectación del predio fue el 13 de abril de 2005, cuando la secretaría de Planeación dio respuesta a la solicitud de desafectación. De otro lado señaló que la acción de reparación directa era la procedente porque la fuente del daño endilgable a la administración, de acuerdo con la demanda, fue la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de obras públicas. Encontró probada la afectación al inmueble de propiedad de la sociedad actora al

estar incluido en la construcción del anillo vial para la intersección MamatocoTroncal-Vía alterna; la autoridad administrativa lo ocupó jurídicamente y de hecho. Al efectuar la liquidación de perjuicios tuvo en cuenta el avalúo practicado por el Agustín Codazzi como resultado de la inspección de 15 de mayo de 2008, conforme al cual el valor del predio era de $323’150.000.oo, que actualizado es 1 6 de abril de 2011 (fls. 882 a 896 vto. C. 6). 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) $345’221.145. En cuanto al lucro cesante señaló que si bien se probó que la sociedad obtuvo licencia de construcción para una estación de servicio en 1994, no probó alguna actividad en el predio que hubiera cesado por la ocupación permanente del mismo, ni tampoco valor que hubiera dejado de percibir. 1.4. Apelación.- (fls. 8989 a 941 C. 6). La parte actora impugnó el fallo con el argumento que no solo hubo perjuicios materiales por daño emergente, sino otros de carácter material, lucro cesante, además que se requirió fijación de honorarios y condena en costas procesales. Adujo que debía actualizarse el avalúo a la fecha en que la entidad territorial le de

cumplimiento al fallo. Que el Tribunal no tuvo en cuenta los rendimientos comerciales del valor del bien desde la fecha en que se produjo la ocupación, tampoco los otros daños como la realización del proyecto frustrado de la estación de servicio, los costos pre - procesales y honorarios y costas. Pidió mantener lo resuelto en los numerales 1, 3, 4 y 6; revisar el numeral 2 (sobre la actualización del valor comercial del bien), y revocar los numerales 5 (que niega las demás pretensiones de la demanda) y 7 (no condena en costas)

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en establecer si se acreditaron perjuicios diferentes a los reconocidos por el a-quo y si hay lugar a condena en costas.

De conformidad con el fallo de primera instancia la fuente del daño es la afectación del inmueble por la decisión contenida en un acto administrativo, el POT del Distrito de Santa Marta, que se concretó en la ocupación permanente del bien2, hecho dañoso del cual tuvo conocimiento la parte demandante el 13 de abril de 2005. 2 Caa. ARTICULO 86. ACCION DE REPARACION DIRECTA. <Subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una

actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) Habida cuenta que el actor es apelante único y la competencia está restringida a sus argumentos3, solo procede determinar si hay lugar a aumentar la indemnización que se impusiera en contra del Distrito de Santa Marta. 2.2. Lo probado Del acervo probatorio oportunamente allegado al expediente se encuentra probado que el Distrito de Santa Marta afectó jurídicamente el inmueble de la sociedad identificado con matrícula inmobiliaria 080-71149, en tanto que en el POT le dio uso de recreación y deporte y que no ha cancelado valor alguno al propietario para adquirirlo, por lo que, tal como lo señalara el a-quo, procede ordenar el pago de su valor comercial. No aparece probado otro daño con naturaleza indemnizable, puesto que en el inmueble no se adelantaba ningún proyecto de construcción, ni se demostró la cancelación de otra suma de dinero. (i) La sociedad es propietaria del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 080-71149 y número catastral 010902880001000, adquirido por compraventa mediante escritura pública 1295 de 11 de mayo de 1999 (fls. 79 y

82 a 84 c. 1). (ii) El Acuerdo 005 de 2000 afectó el predio de la actora. El 24 de agosto de 2004 la sociedad pidió desafectar el predio y cambiar el uso del suelo para darle uso productivo porque en las condiciones en las que estaba era imposible adelantar cualquier proyecto (fl. 87) Por Oficio 496, la Alcaldía Mayor de Santa Marta – Secretaria de Planeación se dirigió a la sociedad informándole que la petición de desafectación no se enmarcaba dentro de las consideraciones del respectivo anillo vial planteado por el POT acuerdo 005 de 2000 (fls. 88 y 89 c. 1). Por oficio 525 de 21 de abril de 2005, el Secretario de Planeación aclaró el oficio 496 de 13 de abril, comunicándole a la sociedad que el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 005 de 2000, plantea un anillo vial para la intersección Mamatoco – Troncal – Vía Alterna, el cual incluye el lote de su propiedad, que ese sentido consideraba inconveniente desafectar el predio en cuestión, toda vez que debe primar el interés general de la ciudadanía ante cualquier pretensión personal, por lo que consideraba NO VIABLE la solicitud (fl. 90 c. 1). 3 CPC ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con

aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante. 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) El Acuerdo 005 de 2000 se remitió con oficio de 3 de octubre de 2007, Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta D.T.C.H. 2000 - 2009 (c. anexo). Por oficios de 29 de septiembre de 2005 dirigidos a los Curadores Urbanos 1 y 2 (fls. 93 y 94 c. 1) la sociedad elevó petición de concepto sobre normas urbanas y viabilidad de propuesta de ejecución de proyecto de construcción. El Curador

Urbano 1 le respondió el 19 de octubre de 2005, indicándole que conforme al POT de 2000 el predio se encuentra localizado en una zona definida como de parque propuesto literal b) art. 161 del acuerdo 005 (fl. 95 c. 1). El 19 de octubre de 2005 la sociedad presentó al alcalde del Distrito reclamación administrativa y oferta de venta del predio de su propiedad, señala que el predio tiene un valor comercial de $290’000.000, que el valor de la negociación sería el señalado en avalúo del Agustín Codazzi y la indemnización debe considerar los costos sufragados por elaboración de proyectos y estudios técnicos y los gastos de reclamación (fls. 96 a 106 c. 1). (iii) La sociedad actora no obtuvo licencia de construcción de una EDS para construir en el lote objeto de este proceso. Por oficio CPU 823 de 4 de septiembre de 2007, la Secretaría de Planeación de Santa Marta certificó que la sociedad Cipriano López e Hijos solicitó licencia o autorización para construir una estación de servicio en el sector Round Point de Mamatoco y mediante resolución 174 de 18 de julio de 1994 la secretaría de planeación otorgó la licencia de construcción 092 a la referida sociedad (fl. 438 c. 2) En el interrogatorio de parte del señor Cipriano Claret López (fls. 418 y 419 c. 2), afirmó que es propietario de una estación de gasolina que está al frente del lote; que en el año 2004 logró la financiación para el proyecto de construcción de la estación en el predio objeto de la demanda; en 2004 solicitó la viabilidad de la

construcción de la estación y en el 2005 le contestaron que no y fue cuando propuso que se lo compraran. Las Curaduría 1 y 2 de Santa Marta informaron que no adelantaron trámite alguno para expedir licencia urbanística o de construcción para una EDS en predios del sector de la glorieta de Mamatoco, folio de matrícula 080-711499, a nombre de la sociedad Cipriano López e hijos (fls. 439 y 440 c. 2). Esto es, la sociedad demandante obtuvo licencia de construcción de una EDS en 1994, entendiéndose que se trata de la ubicada en un lote ubicado al frente del inmueble que es objeto de controversia en este caso el cual solo adquirió la sociedad en 1999. (iv) Avalúo del predio. Con la demanda se aportó avalúo presentado el 30 de mayo de 2006 por el arquitecto Jorge Luis Barrios Conde: valor comercial del inmueble: $323’150.000.oo -6.463 m2 a $50.000- (fls. 123 a 128 c. 1). 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) El 15 de mayo de 2008 se practicó inspección judicial con asistencia de perito del IGAC (fls. 511 y 512 c. 2) El IGAC solicitó allegar documentación para efectuar el avalúo (fls. 445 a 451 c.

2). El avalúo comercial rendido por el IGAC fue entregado al Tribunal el 27 de junio de 2008, en el que se presenta como valor total del predio $323’150.000,oo (fl. 519 c. 1 y cdo. Anexo). La Secretaría de Planeación del Distrito informó por oficio 872 de 26 de septiembre de 2007 que la administración distrital no ha adelantado ningún estudio técnico para adquirir por vía de enajenación voluntaria o administrativa el predio con matrícula inmobiliaria 080-711499, sector glorieta de Mamatoco, “no obstante este predio es susceptible de afectación por parte de la Gobernación, por encontrarse en la franja de intersección de la vía alterna al puerto con la Troncal caribe” (fl. 466 c. 2). v) En el expediente no hay prueba que la sociedad hubiera incurrido en gastos que deban ser indemnizados. La parte actora en memorial de 27 de agosto de 2008 afirmó que el costo de ejecución de la obra era de $1.800’000.000.oo y allegó copia del decreto 2090 de 1980 reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura (fls. 531 a 587 c. 2) La Sociedad Colombiana de Ingenieros señaló en oficio de 1 de septiembre de 2008 que el esquema básico o anteproyecto de una estación de servicio contiene dos componentes uno de ingeniería y otro de arquitectura y que se necesita conocer los estudios para cuantificar los honorarios (fl. 588 c. 2). Por auto de 31 de octubre de 2008 el tribunal requirió a la actora para que

pusiera a disposición de las sociedades de Ingenieros y Arquitectura toda la documentación relacionada con el anteproyecto a que hace referencia y que estima en $1.800’000.0000, esto es, planos, estudios básicos, etc. (fls. 601 a 603 c. 2). El actor señaló que había allegado copia de 4 planos, de la planta y fachada del proyecto (fls. 604 y ss. c. 2)  Plano que corresponde a la intersección, efectuado por el Distrito de Santa marta en 1997, proyecto fase para la construcción de la vía alterna al puerto de Santa Marta, construcción segundo calzada sector la YE la Gaira – Rodadero (fls. 607 c. 2)  Plano de Planta general. Proyecto estación de servicio troncal Mamatoco, elaborado en agosto de 1999 por el art. Luis Ignacio Diaz Granados. No aparece nombre de propietario (fls. 608 y 609 c. 2)  Plano de surtido de combustible. Propietario Cipriano López. Elaborado en mazo de 1999 por Ar. Orlando Muñoz Manosalva (fl. 610 c. 2). 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) Se observa que al parecer los dos últimos planos corresponden a dos lotes distintos por la ubicación de los mismos respecto de la Troncal del Caribe, uno

en la parte superior y el otro abajo  Un plano levantado por topógrafo, sin indicación de fecha (fl. Sin número) La sociedad de Ingenieros señaló que no tenían base para el cálculo de honorarios porque el decreto que menciona el actor fue derogado y no hubo acuerdo ente las partes (fls. 618 a 620 c. 2). La sociedad de Arquitectos señala que la documentación no es suficiente (fl. 628 ib), pero después ésta presentó informe de valor de proyecto de construcción y los honorarios por el mismo (fls. 693 a 698 c. 2). Por oficio de 19 de junio de 2005 la sociedad se dirige a la Secretaria de Planeación Distrital y le manifiesta que desde antes del Acuerdo 005 de 2000 tiene un proyecto de construcción de una estación de gasolina y gas; que nunca se le notificó el cambio del uso del suelo; que el daño es grande por los gastos de inversión de estudio de suelos y porque pierde la oportunidad de poner a producir el lote. Solicita se conceda el cambio de uso para la construcción de estación (fl. 91 c. 1). Estas pruebas no acreditan gastos en que la sociedad actora hubiera incurrido primero, uno de los planos corresponde a una obra proyectada por el Distrito, esto es, no se levantó por orden y a costo del actor. Y respecto de los otros no se aporta prueba alguna sobre el valor cancelado, de haber sido así. Se destaca igualmente que el informe de la sociedad de Arquitectos hace referencia al valor del proyecto y honorarios por el mismo, los cuales no hay lugar a aplicar en este caso toda vez que no es un daño cierto en tanto que no se demostró que por parte de la sociedad se hubieran adelantado diligencias para la

construcción de la EDS en ese lote, ni se probó que se efectuaron erogaciones por ese concepto. Respecto de los recortes de prensa que se allegaron con la demanda se debe señalar que no sirven de prueba de los hechos. Sobre los artículos de prensa la Sección Tercera ha señalado que la Sala suele abstenerse de valorarlos4 “como quiera que en principio las informaciones difundidas en medios de comunicación no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos sino, simplemente, de la existencia de la noticia o de la información5.” Se les puede apreciar como 4 sentencia de 11 de febrero de 2009. Radicación número: 50001-23-31-000-1992-04478-01(23067) 5 (pie de página de la cita) “Sin embargo, los reportes periodísticos allegados al expediente carecen por completo de valor probatorio, toda vez que se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, como que adolecen de las ritualidades propias de este medio de prueba: no fueron rendidas ante funcionario judicial, ni bajo la solemnidad del juramento, ni se dio la razón de su dicho (art. 227 C.P.C.). Estos recortes de prensa tan sólo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido, por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás

requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial. De modo que el relato de los hechos no resulta probado a través de las publicaciones periodísticas a que se alude en la demanda, habida consideración que no configura medio probatorio alguno de lo debatido en el proceso, pues tan sólo constituyen la versión de quien escribe, 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) prueba documental, pero no con fuerza para acreditar la veracidad de su contenido: “(…) unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. (…) Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser

apreciadas como prueba testimonial.6 La SUBSECCIÓN C. 7 de julio de 2011. Radicación número: 05001-23-24-0001994-00332-01(20835) “[S]e debe precisar que en relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos que fueron allegados como prueba, y que obran en fotocopia simple a folio 46 del legajo principal y 95 y 96 del cuaderno de pruebas, se hace necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados7. De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales las publicaciones de prensa, no prueban los hechos de la demanda, sino únicamente la noticia. 2.3. Objeto de la apelación. (i) valor del predio. Ley 388 de 1997, (Julio 18) -Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997 -FE DE ERRATAS Diario Oficial No. 43.127, de 12 de septiembre de 1997- “Por la que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso. En: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º

de marzo de 2006, exp. 16587. Al respecto ver igualmente: sentencia de 17 de junio de 2004, exp. 15.450. 6 Sentencia de 10 de junio de 2009. Radicación número: 73001-23-31-000-1998-01406-01(18108) 7 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia proferida el 17 de junio de 2004, expediente 15.450 y sentencia del 4 de diciembre de 2007, expediente 15.498. 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones” ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. El artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así: "Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: (…) c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos; (…) k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo

dispuesto en la presente ley; l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley; 0(…)." ARTICULO 60. CONFORMIDAD DE LA EXPROPIACIÓN CON LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El artículo 12 de la Ley 9ª de 1989, quedará así: "Toda adquisición o expropiación de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. Las adquisiciones promovidas por las entidades del nivel nacional, departamental o metropolitano deberán estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos definidos en los planes de desarrollo correspondientes. Las disposiciones de los incisos anteriores no serán aplicables, de manera excepcional, cuando la expropiación sea necesaria para conjurar una emergencia imprevista, la cual deberá en todo caso calificarse de manera similar a la establecida para la declaración de urgencia en la expropiación por vía administrativa." ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989: El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con

las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 41.618 (470012331000 2006 00952 02) (…)” En el expediente se rindió dictamen por el IGAC que determinó que el valor comercial para el año 2008 era de $323’150.000,oo, valor que actualizado en primera instancia ascendió a $345’221.145,oo., suma por la que condenó el a-quo En concepto del Ministerio Público el precio fue dictaminado por la entidad públic