PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Privación injusta de la libertad por error judicial

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2009. Doctor.

MAURICIO FAJARDO GOMEZ (E)

Consejero Ponente. Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 09 – 223.

Acción de Reparación Directa. Expediente No. 76001233100020050553901 (36961).

Demandante: German Adolfo Salazar Camacho y otros.

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro.

Honorable Señor Consejero. En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada procede a emitir concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 31 de marzo de 2009, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

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ANTECEDENTES

LA DEMANDA.

El señor German Adolfo Salazar Camacho, su compañera permanente señora Carmen Soraya Salazar Erazo, sus hijastras, y su padre señor José María Salazar, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa – prevista en el artículo 86 C.C.A. – solicitaron que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la NaciónFiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial - Consejo Superior de la

Judicatura, por los perjuicios que se les causaron por la falla del servicio por error judicial que llevó a que el señor German Adolfo Salazar Camacho fuera privado injustamente de la libertad, por el periodo comprendido desde el 20 de noviembre de 2003 hasta el 15 de enero de 2004. En la demanda se establece que el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali, condenó a 45 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio doloso y agravado en concurso con porte ilegal de arma de fuego, a quién dijo llamarse German Adolfo Salazar Camacho, ser hijo de Jorge Eliécer y Ana Hilda y nacido el 30 de julio de 1973 en Yumbo – Valle del Cauca, por hechos sucedidos en junio de 1997, siendo el mismo capturado en flagrancia puesto a disposición del Juzgador pero dejado en libertad provisional por vencimiento de términos. Fl. 21. c. 1. Estando en libertad el verdadero autor de los hechos investigados, el Juzgado tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, fue el encargado de ejecutar la sentencia condenatoria, procediendo a emitir orden de captura contra el sindicado; así el 20 de noviembre de 2003 fue puesto bajo arresto el verdadero German Adolfo Salazar Camacho. Fl. 25. c. 1.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) Así las cosas, la defensa solicitó al Juzgado Tercero, que dispusiera al CTI

llevar a cabo un estudio comparativo de las huellas dactilares que le habían sido tomadas en su momento al supuesto señor Salazar Camacho y las tomadas al verdadero German Salazar Camacho, conminando entonces el Juzgado a dicha tarea a los miembros del CTI de la sección de Lofoscopia mediante diversos oficios en los que envió ambas cartas dactilares, omitiendo estos su deber, hasta cuando finalmente en enero de 2004 envían el estudio en el que se declara que el capturado no corresponde al verdadero autor de los hechos; es decir quién está en prisión no es el verdadero responsable. Fl. 25. c. Finalmente en la demanda se declara que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad concluyo que el condenado bajo el proceso radicado con N° 200-0152 es un impostor y el demandante es inocente de todos los cargos y que por ende no se encuentra solicitado por ese Juzgado ni por ningún otro. Fl. 26. c. 1.

CONTESTACIONES.

La Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura, se pronuncia mediante apoderado oponiéndose a todas las peticiones y condenas solicitadas en la demanda, aduciendo que de acuerdo con la normas corresponde a la Fiscalía General a través de sus delegadas, llevar a cabo toda la etapa de instrucción e individualización del procesado, estableciéndose así que dicha tarea se entiende cumplida cuando la investigación entra en la etapa de investigación dirigida por los jueces en la cual lo que se busca es juzgar al sindicado ya individualizado; razón que lleva a deducir por parte de la defensa que nada tienen que ver los Jueces

para este caso con el error judicial, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y mucho menos con la privación injusta de la libertad de que fuera víctima el señor Salazar Camacho. Fl. 52. c. 1.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) Finalmente plantea la Rama Judicial que sean declaradas todas las excepciones que se encuentren probadas en el curso del proceso y que sea excluida en caso de condena de cualquier pago por concepto de perjuicios, pues esto correspondería a la Fiscalía General de la Nación. Fl. 60. c. 1. La Fiscalía General de la Nación, se pronunció mediante apoderado oponiéndose a cada una de las declaraciones y condenas que fueran solicitadas por el demandante, alegando que “… para que la responsabilidad de la Nación sea declarada, se debe demostrar con claridad una falla del servicio, bien sea por simples actuaciones administrativas, omisiones, hechos u operaciones de la misma naturaleza, y que esa falla sea la causa directa de un perjuicio ocasionado a un tercero, siendo esta la causa común y frecuente de la responsabilidad estatal.”1 Manifiesta la defensa que se configura una culpa exclusiva de la víctima, por cuanto una vez se le extraviaron sus documentos de identificación no interpuso demanda alguna, con la cual se permitiera saber que dichos documentos ya no se encontraban en manos de su propietario, permitiendo así que otra persona se aprovechara de dicho descuido y entrara a suplantarlo en este caso en un proceso penal; que por todo lo anterior se

entiende excluida de toda responsabilidad la Fiscalía General pues actuó conforme se lo dictan las normas procesales penales. Fls. 76 a 81. c. 1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 31 de marzo de 20092, accedió a las pretensiones de la demanda, sosteniendo que: “Para la Sala es claro que en el caso bajo estudio se presentó una equivocación en relación a la persona que debería estar en el establecimiento carcelario, pues como se demostrado (sic) dentro del expediente se trataba de un ciudadano que no había cometido ilicitud alguna, razón por la cual esta Corporación considera que el señor 1 Fl. 76 del cuaderno 1. 2 Fls. 108 a 138 del cuaderno ppal.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) German Adolfo Salazar Camacho soportó una carga que no tenía que sobrellevar, toda vez que la Fiscalía a quien correspondió calificar el sumario (…) debió cerciorarse de que los datos suministrados por el sindicado correspondieran con la realidad y posteriormente la Administración Judicial representada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas debió se más cuidadoso y diligente en relación a la individualización del verdadero infractor. Fl. 134. c. ppal. A demás como obra en las pruebas aportadas en el expediente, se efectuaron unos requerimientos tendientes a que se efectuara la correspondiente comparación dactilar: la primera tramitada por el

apoderado del señor German Adolfo Salazar Camacho con respuesta del 27 de octubre de 2003 obrante a folio 418 cuaderno N°. 2 y la segunda solicitada el 22 de diciembre de 2003 suscrita por el accionante (…). Fl. 135. c. ppal.

APELACION.

La Fiscalía General de la Nación en su calidad de demandada por intermedio de apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por el cual se accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando que la privación de la libertad de que fue víctima el demandante no se debe a una conducta de esta entidad, pues la orden de captura fue emitida por el Juzgado de conocimiento y ejecutada por el Juez de ejecución de penas y en ningún momento realizó dicha conducta la Fiscalía; que por esta razón debe ser exonerada de toda responsabilidad. Fl. 155. c. ppal. Finalmente concluye el escrito de apelación que no se le puede imputar la omisión que persigue la pretensión de la demanda, pues la Fiscalía simplemente se encontraba dentro del giro ordinario de su actividad, cumpliendo así “con unos deberes que le impone la constitución, la ley y sus reglamentos, cuyo desconocimiento acarrearía consecuencias desfavorables, tanto penales como disciplinarias, al funcionario que no cumpla con dicho mandato.”3 3 Fl. 156 del cuaderno ppal.

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La Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, interpuso recurso de apelación pero no lo sustento en el tiempo designado procesalmente para dicho fin. CONCEPTO Esta Agencia del Ministerio Público con el objeto de rendir concepto dentro del presente proceso, fundamentara el mismo en el desarrollo de la siguiente situación jurídica, cual es determinar si el demandante al ser capturado por la presunta comisión de unas conductas delictuales, fue víctima de una privación injusta de la libertad, y si con esta circunstancia se le causaron unos perjuicios de los cuales se supone son responsables tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura. Así las cosas, la declaratoria de responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda está sustentada en el hecho de haber sido injustamente privado de la libertad el señor German Adolfo Salazar Camacho, toda vez que la investigación penal adelantada en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, concluyó con la declaratoria de que la persona que se encontraba presa no era el real autor de las conductas penales, que por ende quedaba excluido de cualquier responsabilidad en los hechos objeto de pena, pues quién decía llamarse como él era no más que un suplantador. En efecto, el artículo 284 de la Constitución Política Colombiana consagra el derecho a la libertad como “fundamental”, mientras que en el inciso 4 del 4 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por

motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) artículo 29 establece la presunción de inocencia respecto de todas las personas cuando no se les haya declarado judicialmente culpables. Estos derechos se encuentran amparados también, en normas jurídicas de carácter internacional, que han sido oportunamente ratificadas por Colombia, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos5 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”6; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…". Así las cosas del análisis conjunto de la normatividad aludida se permite

concluir, sin lugar a dudas, que la libertad individual se constituye como un derecho fundamental, que única y exclusivamente puede verse limitado o condicionado en aquellos eventos que de manera previa han sido señalados en la ley o en la Constitución. Ahora bien, la configuración del daño considerado antijurídico padecido por el demandante, se produjo cuando el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Valle del Cauca emite resolución N° 00152-2000 de fecha 14 de enero de 20048, por medio de la cual ordena la libertad inmediata e incondicional del señor German Adolfo Salazar Camacho puesto que “no es la misma persona que fuera condenada por el 5 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972. 6 Tema que ha sido ampliamente estudiado por la Sección Tercera en sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente: 14698. Consejera Ponente: María Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente: 16013. Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar. 7 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 8 Fls. 467 del cuaderno 2.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) juzgado 9° penal del circuito local, por medio de la sentencia del 7 de diciembre de 1999.”9; lo que conduce a realizar un estudio de las normas que se encontraban vigentes para el momento de los hechos, entre las que se encuentra el artículo 90 de la Constitución Política, el cual determina la

responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables con ocasión de la acción u omisión de sus autoridades públicas y la ley 270 de 1996, que entró a regir desde el momento de su promulgación producida el 7 de marzo de 1996, que reguló de manera especial, lo concerniente a la privación injusta de la libertad en los artículos 6510 y 6811. Es por lo anterior que en este caso no se tiene como fundamento jurídico el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haber sido derogado expresamente por el nuevo Código de Procedimiento Penal y que en su momento se refería a los casos bajo los cuales se entendía configurada una privación injusta de la libertad; razón que justifica que la norma bajo la cual se debe analizar la responsabilidad del Estado en este caso sean los artículos 65 y siguientes de la ley 270 de 1996 que tienen relación con el tema de privación injusta de la libertad. Atendiendo al material probatorio que fue aportado, consta en el expediente, copia autentica del informe secretarial de 25 de junio de 1997, emitido por la Unidad de Reacción Inmediata Centro Fiscalía 57 LocalValle del Cauca12, en el que se dio cuenta de la captura en flagrancia del señor identificado como German Adolfo Salazar Camacho, como autor de los presuntos delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma, tomándosele como 9 Ibídem 10 “Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de

sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. 11 “ Artículo 68 Privación Injusta De La Libertad . Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado reparación de perjuicios”. 12 Fls. 13 del cuaderno 3.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) corresponde las huellas dactilares para obtener su identificación y así procedieron a declarar mediante resolución interlocutoria N° 0027 de julio de 1997 la medida de aseguramiento sin beneficio de libertad provisional en contra de dicha persona. Continuando con la investigación correspondiente la defensa solicita al juez de conocimiento le sea concedida la libertad provisional a su defendido, motivando la misma en que se presentaba un vencimiento de términos para que se llevara a cabo audiencia pública de acusación; procediendo el Juzgado Noveno Penal del Circuito del Valle del Cauca a conceder la misma13, quedando así en libertad el procesado conocido bajo el nombre de German Adolfo Salazar Camacho. Con posterioridad y dando continuación al proceso penal, el Juzgado Noveno Penal del Circuito del Valle del Cauca, profirió sentencia N° 111 de fecha 7 de diciembre de 199914, en la que resolvió condenar al señor German Adolfo Salazar Camacho a la “PENA PRINCIPAL DE CUARENTA Y CINCO AÑOS (45) Y SEIS (6) MESE DE PRISIÓN, MÁS EL

DECOMISO DEL ARMA DE FUEGO INCAUTADA EN ESTE PROCESO, al habérsele hallado responsable del delito de HOMICIDIO AGRAVADO (…)” y por ende decretó la revocatoria de la libertad provisional y dispuso que se hiciera efectiva de inmediato la captura de dicho señor. Emitida la sentencia y la orden de captura es puesto preso el verdadero señor German Adolfo Salazar Camacho, el cual a través de su abogado eleva la petición al Juez de que se haga un cotejo dactilar, entre sus huellas y las del supuesto homónimo, para que se compruebe que él no es el autor de los delitos que se le acusan; así queda plasmado entre otros en escrito de 27 de noviembre de 200315 en el que el abogado defensor pone en conocimiento del juez de ejecución de penas que el retenido no es la persona que buscan, que por ende para corroborar que esto es cierto se 13 Fls. 566 a 570 del cuaderno 3. 14 Fls. 575 a 593 del cuaderno 3. 15 Fls. 404 a 406 del cuaderno 3.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) requiere que se haga un estudio minucioso de las huellas que se encuentran en poder del juzgado. Así con fundamento en lo anterior el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Valle del Cauca mediante auto de tramite de fecha 27 de octubre de 2003, remitió al perito en Lofoscopia del CTI,16 las

impresiones dactilares que le fueron tomadas en su momento al verdadero autor de los delitos y las tomadas al señor Salazar Camacho, esto con el fin de que se pudiera esclarecer la identidad de los susodichos; lo anterior fue reiterado mediante auto de trámite de 18 de diciembre de 2003, a su vez solicitado nuevamente por la defensa mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2003; cuando finalmente la Fiscalía General de la Nación a través de su Sección de Criminalística emitió el cotejo dactiloscópico en el cual se concluyó: “Que cotejadas las impresiones epidérmicas de origen digito papilar descrita en el numeral 3.1 con todas y cada una de las impresiones epidérmicas descritas en el numeral 3.2. especialmente el índice derecho, se determina que NO SON IGUALES, es decir NO existe coincidencia topográfica, ni morfológica en sus puntos característicos.”17 De los estudios realizados que obran como evidencia irrefutable de que la persona que se encontraba bajo prisión no era el verdadero autor de los delitos de que se le acusaban, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Valle del Cauca, a través de auto de trámite con número de sustanciación N° 0171 de fecha 14 de enero de 2004,18 ordenó la libertad inmediata e incondicional del señor German Adolfo Salazar Camacho, quedando el mismo libre de cualquier responsabilidad por los hechos investigados; es decir que los hechos delictuales existieron pero no fueron cometidos por el verdadero señor Salazar Camacho sino por un

impostor que además en su momento confesó haber cometido los delitos por los que se le condenaron. 16 Fl. 418 del cuaderno 3. 17 Fls. 451 a 452 del cuaderno 3. 18 Fl. 467 del cuaderno 3.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) Entonces, en aras de lo determinado y comprobado esta Agencia del Ministerio Público se permite concluir que hubo lugar a una privación injusta de la libertad, de un lado por la declaración de que la persona que se encontraba en prisión no era el verdadero culpable, que se trataba de un impostor, y por el otro en la medida en que se demostró en el curso del proceso el carácter de injusta de aquella a la luz también, de lo que ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia de revisión de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, C037 de 5 de febrero de 199619, y de la jurisprudencia del Consejo de Estado como la que ha continuación se presenta: Sentencia de 25 de febrero de 2009, Consejero Ponente, Mauricio Fajardo, en la que se trata la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad: “Se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dicho derecho, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un

beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. (…) el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad. En esas circunstancias, como se hizo alusión anteriormente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir a los particulares que soporten en forma inerme y sin derecho a algún tipo de compensación –como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, el verse privados de la libertad durante aproximadamente 15 meses en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del 19 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, con respecto a la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto”, referido a dicha medida, indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) servicio público de Administración de Justicia. Así las cosas, se

puede concluir que bajo las circunstancias fácticas descritas no estaban en la obligación de soportar los daños que el Estado les irrogó y que deben ser calificados como antijurídicos, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir a los demandantes.” 20 Es así, que se tiene probada la existencia de la privación injusta de la libertad respecto del señor German Adolfo Salazar Camacho, cuando se tiene por cierto el carácter de injusto que tuvo la medida impuesta, por cuanto la Fiscalía General de la Nación omitió sus deberes de individualización del sujeto procesal, aunando el carácter de injusta de la medida, cuando se le solicita el estudio dactiloscópico y sin justificación presunta demora su decisión, impidiendo con esta conducta, que el Juez de conocimiento pudiera tomar el camino adecuado y en derecho de dejar finalmente en libertad a la persona injustamente privada de la libertad; lo que lleva a concluir por lo dicho y lo probado que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura no tiene responsabilidad alguna en los perjuicios causados al demandante con ocasión de la privación de la libertad de que fue víctima, pues ella con su actuar únicamente desempeñó lo que se le había ordenado, por demás confiando en que la Fiscalía había cumplido plenamente su deber de individualización del sujeto procesal involucrado en los hechos. De otro lado se comprueba el daño antijurídico ocasionado, pues de ninguna manera debía el señor Salazar Camacho soportar ser privado de su derecho fundamental a la libertad y locomoción, simplemente por

la inapropiada actuación en la que incurrió la Fiscalía General de la 20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009. Consejero

Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicado: 25508.

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) Nación y finalmente se verifica el nexo causal entre lo injusta de la medida y el daño antijurídico causado. Es entonces que por comprobarse la responsabilidad del Estado sobre el señor Salazar Camacho, que él mismo tiene derecho a solicitar la indemnización correspondiente tal como lo hace en su demanda de los perjuicios morales por la zozobra, angustia y frustración que sufrió por el hecho de haber sido privado injustamente de su libertad, por habérsele impedido continuar con su trabajo y mantener a su familia, además por el hecho de saberse inocente de los hechos que le imputaron y no poder de primera mano obtener oportunidades para comprobar que así era; perjuicios estos que en efecto le fueron reconocidos por el Tribunal de primera instancia y con los cuales está de acuerdo esta Delegada del Ministerio Público. Como resumen de lo anterior la Procuraduría considera que la responsabilidad que se deriva de este proceso, recae en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto con su conducta omisiva condujo a la privación injusta de la libertad del señor Salazar Camacho permitiendo además que la misma se prolongara en el tiempo, cuando demora los estudios dactiloscópicos reiterativamente solicitados por el Juez de

conocimiento. Finalmente aunado a lo dicho por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia21, en la que ha señalado que la libertad pese a ser un 21 Corte Constitucional, Sentencia C774, del 25 de julio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. “LIBERTAD PERSONALAlcance, La libertad personal, principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho, comprende "la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente". DERECHO A LA LIBERTAD PERSONALNo es absoluto e ilimitado. El derecho a la libertad personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del Estado de Derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta Corte: "… Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) derecho fundamental no tiene carácter de absoluto, razón por la que puede

ser limitado por las autoridades en aras de cumplir las formas propias de cada juicio en acatamiento de la ley y la Constitución, también es cierto que como en el caso que nos ocupa cuando se infiere que las autoridades judiciales no cumplieron a cabalidad con las disposiciones legales propias en los procesos penales, con lo cual causan un perjuicio al procesado que se vio privado injustamente de su libertad, el mismo debe ser resarcido por la Administración al haber sido ella la causante del daño antijurídico. Adicional a lo ya dicho, esta Procuraduría Delegada no ignora que en el presente evento se trata de apelante único22, en tanto la parte demandante no mostró inconformidad alguna con el fallo de la primera instancia y que, en consecuencia, atendiendo el principio de non reformatio in pejus no podría agravarse la condena del único impugnante, teniendo en cuenta lo evidente de la responsabilidad de la Administración por la privación injusta a la que fue sometida el demandante; considera el Ministerio Público que atendiendo los principios de reparación integral y equidad contenidos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en el sub. judice habría lugar a incrementar la condena por perjuicios materiales a favor del demandante, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia en los casos como el presente, en el que si bien no se estableció que monto devengaba el señor Salazar Camacho, si consta al interior del expediente que él para la época de los hechos ocupaba un puesto de trabajo en el Ingenio Manuelita ubicado en Palmira – Valle del Cauca, toda vez que el A quo no los

reconoció, sin indicar motivadamente las razones para el no reconocimiento de dichos perjuicios. social y la vida institucional no serían posibles...". 22 “Como quiera que la parte demandada es apelante única y que el recurso se limita a impugnar los perjuicios morales reconocidos en la sentencia y su monto, las consideraciones se restringirán a ese punto. En efecto, se debe estar a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, reformado por la modificación 175 del artículo primero del decreto 2282 de 1989, en el sentido de que: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso…” (Sentencia de 10 de junio de 2009, Expediente 27001233100020000272301-19046, María Eneida Mosquera Pino y otros Vs. Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero)

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IUS 2009-355994 Reparación Directa. 76001233100020050553901 (36961) Con justificación en lo anterior esta Agencia del Minist