PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad administrativa y patrimonial del estado po

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por falla en el servicio por omisión en deber de protección y seguridad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Se sustenta en el art. 90 de la Constitución Política AUTORIDADES PUBLICAS-Fines para los cuales están instituidas según la Constitución Política artículo 2 CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde a quien alega un hecho o un derecho según jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO ANTIJURÍDICO-El demandado no estaba obligado a soportar ….De ahí, que es procedente establecer que el daño antijurídico consistió en las lesiones que recibió el señor…..al momento de estar trabajando como erradicador de cultivos ilícitos, el día 29 de mayo de 2009, por un ataque perpetrado por grupos subversivos. VALORACIÓN PROBATORIA-Arroja certeza de que grupos al margen de ley ocasionaron lesiones a demandante/HECHO DE UN TERCERO-No se configuró como causal excluyente de responsabilidad/FALLA EN EL SERVICIOResponsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por omisión en deber de protección y seguridad a erradicadores de cultivos ilícitos/FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN-Se demostró en deber de protección por Acción Social, Ejército y Policía Nacional al ejecutarse actividades de erradicación de cultivos ilícitos/DAÑOOcasionado a demandante fue producto de incumplimiento de esquemas de seguridad que se han debido implementar

De la valoración al acervo probatorio y los hechos probados dentro del proceso, se desprende la certeza que los grupos al margen de la ley, fueron quienes le ocasionaron lesiones al señor…. en los hechos que se presentaron el 29 de mayo de 2009, en la zona de Valdivia (Antioquia). Sin embargo, de lo anterior no es posible inferir que se configuró una causal excluyente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, por cuanto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, se adecuó la omisión en que incurrieron las entidades demandas, es decir, Acción Social, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en el deber de protección de las personas que estaban ejecutando actividades de erradicación de cultivos ilícitos, en virtud de un programa presidencial. …… Por ende, no es procedente valorar la causal de hecho de un tercero, como eximente de responsabilidad, en el entendido que bajo los aspectos facticos y jurídicos del caso en Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 estudio, es evidente la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y cada una de las dependencias que conforman Acción Social (Departamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaAgencia Presidencia de la Acción Social y la Cooperación Internacional-Fondo de Inversiones para la Paz). En efecto, dicha responsabilidad radica en las omisiones que se presentaron en el manejo del programa de erradicación de cultivos ilícitos con los trabajadores que desarrollarían tales funciones, por cuanto no se desplegó un esquema de seguridad de conformidad con las políticas impuestas por las mismas entidades, es decir, por todo el grupo coordinador de Acción Social. El daño ocasionado al señor……, fue producto del incumplimiento de los esquemas de seguridad que se debían implementar en la zona donde se iba a desarrollar la actividad de erradicación de cultivos ilícitos, toda vez que si bien a través de los diferentes testimonios se explica detalladamente que dentro de la licitación del programa a realizar se contaba con la intervención de la Policía o el Ejército Nacional como garantes de la seguridad de los erradicadores de cultivos ilícitos, es de advertir que de las pruebas recaudadas no existe evidencia probatoria que así lo respalde, ni tampoco prueba de la actividad práctica de Acción Social. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA-Por parte de entidades demandadas al ser las causantes del daño las cuales responderán por perjuicios al actor/FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN-En deber de protección y seguridad a erradicadores de cultivos ilícitos/INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Por parte de entidades demandadas de acuerdo a lo pactado en proceso La omisión en las funciones que debían desarrollar tanto el grupo ejecutor del programa de Acción Social, como el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se enmarcan en una responsabilidad solidaria entre las entidades, por los daños que le fueron causados al

señor…., en su pierna izquierda como consecuencia del disparo que recibió por parte de grupos al margen de la ley. De ahí que sea dable para esta Delegada, solicitar que se depreque responsabilidad contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional-Acción Social, toda vez que del material probatorio aportado es evidente los elementos de prueba que permiten indicar que los hechos ocurridos el día 29 de mayo de 2009, se estructuraron por la actuación de las entidades demandadas, configurándose con ello el fundamento de imputación de la falla en el servicio por la omisión en el deber de protección y seguridad a los erradicadores de cultivos ilícitos. …. De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso se observó que se acreditaron los presupuestos para la evidente configuración de la falla en el servicio por la omisión en el deber de protección y seguridad de las entidades demandadas. Por tanto ésta Delegada solicita respetuosamente se revoque la sentencia apelada y se condene a pagar los daños y perjuicios a la parte demandante de conformidad con lo probado dentro del proceso. 2 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra de funcionarios responsables/SENTENCIADebe ser revocada Al evidenciarse una falla en el servicio, es motivo suficiente para recordarle a la NaciónMinisterio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional y Acción Social, el deber de incoar acción de repetición en contra de los funcionarios responsables, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001. Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia recurrida proferida por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 31 de marzo de 2016, al encontrarse probado los presupuesto de la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional-Acción Social, bajo el título de imputación de la falla en el servicio por la omisión en los deberes de protección y seguridad, según los hechos ocurrido el día 29 de mayo de 2009, en la zona de Valdivia (Antioquia).

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

3 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 2.1. Problemas jurídicos.

2.1.1. Problema planteado por la parte demandante.  ¿De acuerdo a las circunstancias que se presentaron los hechos del 29 de mayo de 2009, existió omisión en la protección y seguridad que debían brindar tanto la Policía como el Ejército Nacional al personal que cumplía las labores como erradicadores de cultivos ilícitos? 2.1.2. Problemas planteados por el Ministerio Público:  ¿De acuerdo al acervo probatorio, es procedente endilgar responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación–Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional-Acción Social, por los daños ocasionados con las lesiones de Jairo Escobar A, por parte de grupos al margen de la ley, en hechos ocurridos el 29 de mayo de 2009?  ¿La parte actora cumplió con la carga probatoria para demostrar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación–Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional-Acción social? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos

que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”1. 2.2.2. Omisión del deber de protección del Estado. 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Expediente: 29939. 4 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 Frente el tema la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha explicado lo siguiente: “El daño es producto del incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, el régimen de imputación es subjetivo por falla en el servicio, como se explicó ad supra. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la

Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía”.Y dado que el artículo 2 de la Constitución Política establece que las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”2 2.2.3. Teoría de la posición de garante. La figura jurídica de la posición de garante, ha tenido un desarrollo jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ha considerado: “Respecto a la posición de garante y tratándose del deber de prestar seguridad a las personas, esta Corporación ha señalado que el Estado debe responder patrimonialmente cuando omitió tal deber, en los casos que: “a) Deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”. Luego entonces, para endilgar responsabilidad patrimonial al Estado por la omisión en el deber de

protección, no es necesario el previo, expreso y formal requerimiento por parte del amenazado o afectado pues, de comprobarse alguna de las hipótesis anteriores, el Estado estará llamado a responder, en tanto incumplió su deber de garante con la persona en particular. En sentencia del 31 de enero de 2011, esta Corporación planteó cinco criterios para determinar los casos en los que el estado omitió su deber de protección y por los cuales se encuentra llamado a responder, así: “i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afectaba a 2 CE, de fecha 28 de enero de 2015. Rad. 250002326000200300506-01(30748). C.P. Olga Melida Valle de la Hoz. 5 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 organizaciones y a las personas relacionadas con éstas; ii) que se tenía conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de “riesgo constante”; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño”3. 2.2.4. Carga probatoria.

Sobre el tema de la carga probatoria el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente: “…se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”4 “…Cuando se imputa responsabilidad al Estado en virtud de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y de tal circunstancia se derivan daños a terceros, se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar y el nexo de causalidad entre estos dos, es decir que fue ese erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño. Esto significa que recae en el demandante la carga de la prueba, en virtud de la cual le corresponde acreditar dichos extremos de la falla. Y al respecto, resulta necesario recordar en relación con esta carga, que la misma consiste en que quien afirma un hecho debe probarlo, porque de lo contrario, le corresponde asumir las consecuencias de que dicho hecho no haya sido debidamente acreditado”5 (subrayado fuera de texto) 2.3. Las pruebas obrantes Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, las que se encuentran acreditadas dentro de la sentencia, y de las cuales se citaran en el caso concreto detalladamente. 2.4. Caso concreto

De acuerdo con el marco teórico, cabe advertir las siguientes situaciones que llevan a esta Delegada a solicitar que se revoque la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia: 3 CE, de fecha 12 de diciembre de 2014. Rad. 08001233100020010237101 (30488). C.P. Ramiro de Jesus Pazos Guerrero. 4 Sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 23116, del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez. 5 Sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 20228, del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. Danilo Rojas Betancourth. 6 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01  De la lectura de la demanda, se desprende que la parte actora pretende que se declare que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía NacionalDepartamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaAgencia Presidencia de la Acción Social-Dirección Nacional de Estupefacientes y Empleados S.A, son administrativa y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de las lesiones que sufrió Jairo Escobar Arias, cuando se desempeñaba como erradicador de cultivos ilícitos en los hechos ocurridos el día 29 de mayo de

2009, al ser atacado por grupos al margen de la ley.  De ahí, que es procedente establecer que el daño antijurídico consistió en las lesiones que recibió el señor Jairo Escobar Arias, al momento de estar trabajando como erradicador de cultivos ilícitos, el día 29 de mayo de 2009, por un ataque perpetrado por grupos subversivos.  Al contrario de lo dispuesto por el a quo, esta Delegada expondrá varios aspectos fácticos y jurídicos del material probatorio, que permiten por ende demostrar cada uno de los elementos de configuración de la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas:

1. En el documento relacionado como “ASPECTOS TÉCNICOS

REQUERIDOS PARA CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS

TEMPORALES PARA EL ENVIÓ DE TRABAJADORES EN MISIÓN

PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA

ESTRATEGIA GRUPO MÓVIL DE ERRADICACIÓN DEL PROGRAMA

PRESIDENCIAL CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2007”, se estableció en el ítem de grupos de trabajo y método de erradicación, que estos estarían protegidos por dos anillos de seguridad, uno interior de la Policía Nacional y uno exterior del ejército Nacional. (folio 241-246 del cuaderno del Tribunal).

2. Contrato de prestación de servicios N° 359, celebrado entre la Agencia Presidencial para la Acción social y la Cooperación Internacional-Fondo de Inversiones para la PazAcción Social FIP y Empleamos S.A., de

fecha 8 de febrero de 2007, por medio del cual se estipuló como objeto la prestación del servicio de personal temporal en misión por parte de la Empresa de Servicios Temporal, con el fin de implementar la estrategia Grupo Móvil de Erradicación del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (Folios 259 – 275 del cuaderno del tribunal). 7 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01

3. Contrato de trabajo entre la empresa Empleamos S.A. y el señor Jairo Escobar Arias, con la finalidad de cumplir en las instalaciones de la empresa usuaria Acción Social FIP las funciones necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en el contrato de prestaciones de servicio N° 359 de 2007 (folio 276 del cuaderno del Tribunal).

4. A través de los testimonios de las señoras Luz Aidé Osorio Agudelo y Mónica Maria Marín Álvarez, funcionarias que laboraban con la empresa Empleamos S.A., para la época de los hechos, se logró dilucidar que el día 29 de mayo de 2009, el señor Jairo Escobar Arias sufrió un accidente de herida de bala en la pierna izquierda como consecuencia de un ataque terrorista por grupos al margen de la ley, en la zona de Valdivia (Antioquia). (folios 463-472 del cuaderno del

Tribunal).

5. Informe del accidente que presentó el señor Jose Arias Escobar, en el cual se indicó: “EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO

LA LABOR DE ERRADICACION CUANDO SE PRESENTA UN

HOSTIGAMIENTO POR PARTE DE UN GRUPO AL MARGEN DE LA LEY OCASIONANDOLE UNA HERIDA CON BALA EN LA PIERNA IZQUIERDA AL NIVEL DE LA RODILLA” (Folio 637 del cuaderno del Tribunal).

6. Que por medio del oficio de fecha 8 de enero de 2010, la compañía de seguros Positiva, le informó al señor Jose Escobar Arias, la calificación de pérdida de capacidad laboral “Una vez efectuada la valoración de su pérdida de capacidad laboral como consecuencia de Accidente de Trabajo calificado Fractura de fémur izquierdo consolidada, POP, fémur izquierdo, acortamiento MI, restricción de movimiento por fractura fémur, nos permitimos comunicarle que el porcentaje establecido en dicha calificación, la cual se asigna con fundamento en el Decreto 917 de 1999, es del 4.95% (…)”

7. Oficio de fecha 10 de agosto de 2012, expedido por el Batallón de Infantería del Ejército Nacional, por medio del cual indicó que una vez revisado el archivo no se logró ubicar información sobre lo sucedido el día 29 de mayo de 2009. (folio 623 del cuaderno del Tribunal).  De la valoración al acervo probatorio y los hechos probados dentro del

proceso, se desprende la certeza que los grupos al margen de la ley, fueron quienes le ocasionaron lesiones al señor Jose Escobar Arias, en los hechos 8 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 que se presentaron el 29 de mayo de 2009, en la zona de Valdivia (Antioquia). Sin embargo, de lo anterior no es posible inferir que se configuró una causal excluyente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, por cuanto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, se adecuó la omisión en que incurrieron las entidades demandas, es decir, Acción Social, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en el deber de protección de las personas que estaban ejecutando actividades de erradicación de cultivos ilícitos, en virtud de un programa presidencial.  Dentro de ese mismo contexto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha dispuesto que en aquellos casos en donde el daño es causado por un tercero, es el Estado quien se encuentra llamado a responder, en virtud de dos supuestos jurídicos, ya sea porque con su acción contribuyó a la producción del daño o porque pudiendo evitarlo omitió su deber, siempre que ostente la calidad de posición de garante frente a la situación del caso en

particular.  Por ende, no es procedente valorar la causal de hecho de un tercero, como eximente de responsabilidad, en el entendido que bajo los aspectos facticos y jurídicos del caso en estudio, es evidente la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y cada una de las dependencias que conforman Acción Social (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-Agencia Presidencia de la Acción Social y la Cooperación Internacional-Fondo de Inversiones para la Paz). En efecto, dicha responsabilidad radica en las omisiones que se presentaron en el manejo del programa de erradicación de cultivos ilícitos con los trabajadores que desarrollarían tales funciones, por cuanto no se desplegó un esquema de seguridad de conformidad con las políticas impuestas por las mismas entidades, es decir, por todo el grupo coordinador de Acción Social. El daño ocasionado al señor Jose Escobar Arias, fue producto del incumplimiento de los esquemas de seguridad que se debían implementar en la zona donde se iba a desarrollar la actividad de erradicación de cultivos ilícitos, toda vez que si bien a través de los diferentes testimonios se explica detalladamente que dentro de la licitación del programa a realizar se contaba con la intervención de la Policía o el Ejército Nacional como garantes de la seguridad de los erradicadores de cultivos ilícitos, es de advertir que de las 9 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01 pruebas recaudadas no existe evidencia probatoria que así lo respalde, ni tampoco prueba de la actividad práctica de Acción Social.  De las pruebas testimoniales recaudadas, así como de los oficios emitidos por el Ejército Nacional, se logró observar que los erradicadores del cultivos ilícitos, no contaron con la protección de la seguridad del lugar donde se encontraban ejecutando sus labores, lo que a la postre permitió el ataque perpetrado por los grupos subversivos. No tiene ninguna lógica que bajo algunos aspectos como la actividad que iban a ejecutar los trabajadores, la zona donde se encontraban desarrollando dichas funciones y la probabilidad de que se presentara un ataque por parte de estos grupos al margen de la ley, el Estado incumpliera la función constitucional de proteger a estos ciudadanos en su seguridad, derecho a la vida y de otras garantías constitucionales (artículo 2 de la Constitución Política.), conociendo el enorme riesgo al que se sometían.  La omisión en las funciones que debían desarrollar tanto el grupo ejecutor del programa de Acción Social, como el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se enmarcan en una responsabilidad solidaria entre las entidades, por los daños que le fueron causados al señor Jose Escobar Arias, en su pierna izquierda como consecuencia del disparo que recibió por parte de grupos al margen de la ley.  De ahí que sea dable para esta Delegada, solicitar que se depreque responsabilidad contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía NacionalEjército Nacional-Acción Social, toda vez que del material probatorio aportado es evidente los elementos de prueba que permiten indicar que los hechos ocurridos el día 29 de mayo de 2009, se estructuraron por la actuación de las entidades demandadas, configurándose con ello el fundamento de imputación de la falla en el servicio por la omisión en el deber de protección y seguridad a los erradicadores de cultivos ilícitos.  De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso se observó que se acreditaron los presupuestos para la evidente configuración de la falla en el servicio por la omisión en el deber de protección y seguridad de las entidades demandadas. Por tanto ésta Delegada solicita respetuosamente se revoque la sentencia apelada y se condene a pagar los daños y perjuicios a la parte demandante de conformidad con lo probado dentro del proceso. 10 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01  Al evidenciarse una falla en el servicio, es motivo suficiente para recordarle a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional y Acción

Social, el deber de incoar acción de repetición en contra de los funcionarios responsables, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001.

III. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia recurrida proferida por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 31 de marzo de 2016, al encontrarse probado los presupuesto de la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional-Ejército Nacional-Acción Social, bajo el título de imputación de la falla en el servicio por la omisión en los deberes de protección y seguridad, según los hechos ocurrido el día 29 de mayo de 2009, en la zona de Valdivia (Antioquia).

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 11 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.57297 050012331000201002094 01

CONCEPTO No. 161/ 2016

Bogotá, D.C. 16 de septiembre de 2016.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000201002094 01(57297)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Jairo Escobar Arias y otros DEMANDADO: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional-Departamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaAgencia Presidencia de la Acción Social-Dirección Nacional de

Estupefacientes y Empleados S.A.

Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. / Se demostró el daño antijurídico como primer elemento de configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado / Se probó el nexo causal entre el daño sufrido y la actuación de las entidades demandadas / cumplimiento de la carga probatoria a la luz del artículo 177 del C.P.C. / Fundamento de imputación bajo la falla en el servicio, en razón a la posición de garante / Omisión del deber de protección del Estado/ Deber de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se 12 IJCB. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADUR