PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad del estado por muerte con arma de fuego por mie

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por muerte con arma de fuego por miembro de Policía Nal RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Su estudio se basa en el art. 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructurales en que descansa la culpa RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Evolución jurisprudencial del Consejo de Estado sobre títulos de imputación DAÑO ANTIJURIDICO-Al ocasionarse muerte con arma de fuego Se encuentra acreditado que en hechos ocurridos el 1 de junio 2003 el señor…. falleció por haber sido impactado con un proyectil del revólver asignado a un agente de la Policía Nacional, hechos que la parte demandante atribuye a un proceder arbitrario e injustificado del uniformado y, por su parte, la versión oficial indica que ello obedeció a la respuesta que los policiales ofrecieron a los ataques físicos y armados de los que habían sido objeto por parte de la víctima y su hermano. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No prospera contra demandado por eximente de responsabilidad ….el Ministerio Público considera que la víctima no solo contribuyó con el resultado fatal del que fue objeto, sino que su conducta fue la determinante en la reacción de las autoridades y, por ende, la causa única eficiente de la muerte por la que se concurrió en procurada de reparar perjuicios materiales y morales que el Estado se vio obligado a ocasionar, pues ante el proceder característico de delincuentes de gran peligrosidad que demostraron los hermanos…., la respuesta de la entidad

castrense era la apropiada no solo para su defensa sino para la de toda la comunidad que residía en el citado sector, tal como pasa a indicarse. Existen pruebas que demuestran que antes que ocurriera el incidente entre la policía y los hermanos…., estos últimos se presentaron en la casa de la señora… con el objeto de cobrar un dinero que les adeudaba el esposo de ésta, el señor…. , dichos acreedores se presentaron de manera violenta preguntando por su deudor, intentaron ingresar por la fuerza, golpearon en el rostro a la señora…. para que les informara donde estaba su esposo, y la amenazaron de regresar a matarla si no lo encontraban en el lugar que ella les indicó…… CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Operó como eximente de responsabilidad

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 ….En tal escenario, la conducta desplegada por la víctima y su hermano pueden enmarcarse en lo que legal y jurisprudencialmente se ha denominado “culpa exclusiva de la víctima”, eximente que tal como lo ha indicado el Consejo de Estado consiste en “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en

la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”. Así las cosas, contrario a lo indicado en la decisión de primera instancia, para el Ministerio Público es claro que los hechos objeto de la demanda no permiten endilgarle responsabilidad administrativa y patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en su favor se configura la eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la víctima”, lo que obligaría a revocar la concesión parcial de las súplicas de la demanda contenida en la decisión de primera instancia. PROCESO PENAL-Terminó con cesación de procedimiento por existencia de causal de justificación No sobra resaltar que el proceso penal adelantado contra los uniformados que participaron en el operativo en el que resultó muerto el señor…..terminó con cesación de procedimiento por haberse demostrado la existencia de una causal de justificación (ejercicio de un deber legal y legítima defensa) determinación que refuerza la conclusión que soporta el presente concepto, esto es, que el hecho se produjo por la culpa exclusiva de la víctima que motivó la reacción de la autoridad ante un peligro actual e inminente que éste y su hermano representaban. 2 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2018-092988

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2018 Doctor

RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 18-28

Acción: Reparación Directa Radicado: 080012331000200501570 01 (60362)

Actor: Luz Mirian Hidalgo Barros y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable Señor Consejero, Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la señora Luz Mirian Hidalgo Barros y otros, solicitaron que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales que se produjeron por la muerte del señor GARYS ENRIQUE ARIZA MARTÍNEZ, hecho que tuvo lugar el 31 de mayo de 2003 en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), como consecuencia de disparo proveniente de arma de fuego asignada al agente activo de la Policía

Nacional GEOVANNY ALBERTO MEZA BRAVO.

Contestación La entidad se opuso a las pretensiones de la parte actora, indicó que el comportamiento del señor GARYS ENRIQUE ARIZA MARTÍNEZ y su

hermano fue el que condujo al daño, pues al haber agredido a uno de los uniformados y disparado contra los miembros de la policial nacional permitía 3 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 que se configurara la causal eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la víctima”, y que ahora no podían pretender beneficiarse de la misma para obtener una reparación de perjuicios. Sentencia de primera instancia Por providencia del 9 de junio de 2017 el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Escritural, declaró la responsabilidad reducida de la entidad accionada, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) En el caso que se estudia, hemos visto que, antes que atacar, los hermanos Ariza Martínez, lo que hacían era huir de las autoridades que pretendían capturarlos o aprehenderlos, es decir que su acción no era de ataque ni de confrontación, sino de evadir la acción quienes los perseguían. En cuanto hace referencia a la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad, es claro que dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos en los que perdiera la vida el señor Garys Ariza, no puede hablarse en rigor de legítima defensa de la vida o de la integridad personal del agente que disparó su arma de fuego, ni la de terceros, ya que tanto la conducta de los hermanos Ariza Martínez, como la de los agentes que los perseguían, devienen violatorias del principio de precaución, en la medida en que el ahora difunto Gary Ariza, en

medio de la oscuridad que lo rodeaba, habría detonado en dos ocasiones el arma que previamente le habría quitado al agente Barraza, y uno de los agentes que los perseguía, concretamente el agente Meza Bravo, en medio de la misma oscuridad, disparó sin identificar previamente un blanco preciso y sin cerciorarse de la necesidad de esos disparos, de donde se concluye que no prospera la causal de exoneración de responsabilidad propuesta por la demandada, sin perjuicio, claro está, de hacer las deducciones correspondientes a la hora de cuantificar los perjuicios, atendiendo a las circunstancias anotadas en líneas superiores, relacionadas con la conducta imprudente que se le achaca a los hermanos Ariza Martínez, la cual, a no dudarlo, contribuyó en la causación del perjuicio en una proporción que estima la Sala en un 50%. Recapitulando, se tiene que las partes se plantean problemas jurídicos diferentes, así: mientras que para los demandantes, la muerte de Garys Enrique Ariza Martínez, se produjo a manos de los agentes de la policía, sin ninguna clase de justificación, para la demandada, la muerte del mencionado señor se produjo bajo el amparo de la causal eximente de responsabilidad de legítima defensa por culpa exclusiva de la víctima. 4 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2018-092988

Como se dijo en precedencia, para la Sala no se probó la eximente de responsabilidad de la administración, razón por la cual debe responder por los daños ocasionados a los

demandantes, disminuidos en un 50%, atendiendo a la conducta imprudente de quien resultara ser la víctima directa de los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2003, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, quien en vida respondiera al nombre de Garys Enrique Ariza Martínez. (…)” Apelación La apoderada de la entidad accionada solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por considerar que se había demostrado que los uniformados habían actuado de manera prudente y diligente, indicó que el hecho dañoso se produjo por la culpa exclusiva y determinante de la víctima, que además de haber lesionado a uno de los policías también le arrebataron y se llevaron un arma de dotación oficial, la cual utilizaron en su huida para atentar contra los uniformados y debido a su reacción defensiva se produjo la lesión fatal de uno de los hermanos Ariza Martínez.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problemas Jurídicos  ¿Son atribuibles a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional los daños ocasionados a la parte actora con ocasión de de la muerte del señor GARYS ENRIQUE ARIZA MARTÍNEZ debido a impacto de arma de fuego asignada a uno de sus uniformados?  ¿Existe rompimiento del nexo causal en los hechos objeto de demanda por la presencia de alguna eximente de responsabilidad en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional?

Análisis Jurídico El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el 5 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación, no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían considerando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva basada en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos

probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente ha manifestado el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de

2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196. 6 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Caso concreto Los hechos en los que la parte actora sustentó sus pretensiones fueron sintetizados en la decisión de primera instancia en los siguientes términos: “(…) Señalan los accionantes que el señor Garys Enrique Ariza Hidalgo nació el 07 de enero de 1973, que contrajo matrimonio con la joven Luz Mirian Hidalgo Barrios y que, de la mencionada unión

nació el menor Keiner Enrique Ariza Hidalgo el 15 de abril de 2002. Sostienen que los hermanos Ariza Martínez, la noche del 31 de mayo de 2003 se encontraban en busca del señor Nixon con el fin de cobrarle un dinero que le adeudaba a uno de ellos y que al no encontrarlo en su residencia, se produjo una alteración en el ánimo del señor Bladimir, quien realizó el cobro a sus familiares de manera airada. Camino a su residencia se encontraron con el mencionado señor Nixon, quien le abonó la suma de $10.000 pesos a la deuda. Posteriormente, los hermanos Ariza Martínez, se detuvieron en la tienda ubicada en la calle 18 con cra. 16, donde se tomaron una cerveza cada uno. Afirman que estando en el sitio antes mencionado, llegaron los agentes de la Policía Nacional, señores Daniel Torres Torres y Servio Tulio Barraza Peña, a quienes se sumaron posteriormente los agentes Gregorio Navarro y Geovany Meza Bravo, quienes, sin mediar palabra, intentaron esposar a Bladimir, quien se resistió, presentándose un intercambio de golpes entre ellos, en el que resultó involucrado el señor Garys Enrique Ariza Martínez. Ante lo ocurrido, los hermanos Ariza salieron corriendo, llegando en ese momento refuerzos de la Policía Nacional, quienes los aprehendieron en la calle 17 con cra. 15. Ubicado Bladimir en el vehículo oficial para su traslado a la estación de la policía, pudo ver a su hermano Garys tendido en el piso, con la cara ensangrentada, con vida y sin ninguna herida de bala.

Aducen que momentos después del altercado y de la captura de Bladimir Ariza, se produjo el traslado de Garys a la emergencia del Hospital Departamental de Sabanalarga-Atlántico, quien llegó 7 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 pasadas las 00:00 horas del 1º de junio del 2003, llegó muerto y completamente desnudo a dicha institución. Mencionan que en el protocolo de necropsia que práctico la Sección de Patología Forense de la Regional Norte, se indica que se encontró en el cadáver laceración del colon transverso, laceración a nivel del lóbulo hepático izquierdo, laceración del bazo, concluyendo que la muerte se produjo por síndrome anémico agudo, debido a hemorragia interna en el tracto abdominal, provocada por herida de proyectil de arma de fuego, que lesionó bazo, hígado, colon transverso y corazón; habiéndose extraído el proyectil alojado en el arco costal izquierdo, cara anterior. Siguen diciendo que tanto el proyectil de arma de fuego extraído del cuerpo de Garys Ariza Martínez, como las armas de los agentes de la Policía que intervinieron en el operativo la noche del 31 de mayo de 2003, fueron entregadas en custodia al Laboratorio de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Norte, el cual en dictamen del 23 de junio de 2003, estableció en el capítulo denominado “HALLAZGOS Y RESULTADOS”, que: “(...) Dispuestos tanto el proyectil

incriminado recuperado en la práctica de la necropsia efectuada a Garys Enrique Ariza Martínez, como en los proyectiles patrones tomados de las tres armas de fuego, tipo Revolver Calibre 38 especial, marca “SMIT & WESSON” sobre los porta objeto del microscopio de comparación especial para balística, se apreció que existen nexos de uniprocedencia y de causalidad con los proyectiles patrón tomados del arma de fuego tipo revolver, calibre 38 especial, marca “SMIT & WESSON”, con número de serie 6D88485. En el capítulo denominado “CONCLUSIONES”, se indica que: “(...) adelantado el respectivo estudio microscópico comparativo de proyectiles, se concluye que el proyectil incriminado y recuperado en la práctica de la necropsia efectuada al Joven GARYS ENRIQUE ARIZA MARTÍNEZ, fue disparado por el arma de fuego tipo revolver, calibre 38 especial, marca “SMIT & WESSON”, con número de serie 6D88485”. Señalan que conforme al registro de entrega y recibo de armas fuego que se le hace a los agentes de la Policía de la Estación Rural de Sabanalarga-Atlántico, se encuentra consignado que para el día 31 de mayo del año 2003, aproximadamente a las 21:15 horas, le fueron entregados al agente Geovany Alberto Meza Bravo, el arma de fuego tipo revolver calibre 38 especial, marca “SMIT & WESON”, con número de serie 6D88485, con seis cartuchos de munición, acta que aparece, firmada por el antes indicado. Conforme al oficio No. 0187 del 20 de abril de 2004, suscrito por el Intendente Gonzalo Chavarría López, en su

condición de comandante de la Estación Rural de Policía de Sabanalarga, se indica que al Subintendente Geovany Alberto 8 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2018-092988

Meza Bravo, le correspondió el cuarto y primer turno de vigilancia desde las 21:00 horas del 31 de mayo del 2003, hasta el día 1o de junio del 2003, a las 7:00 horas. Sostienen los demandantes que para cumplir con el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, se presentó solicitud de esta índole, el 28 de marzo de 2005, ante la Procuraduría Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual por reparto le correspondió a la catorce (14), y una vez se cumplieron los trámites propios de la misma, el 21 de junio del mismo año, se llevó a cabo la mencionada diligencia, la cual se dio por fracasada por falta de ánimo conciliatorio de parte de la entidad demandada. (…)” Daño Causado Se encuentra acreditado que en hechos ocurridos el 1 de junio 2003 el señor Garys Enrique Ariza Martínez falleció por haber sido impactado con un proyectil del revólver asignado a un agente de la Policía Nacional, hechos que la parte demandante atribuye a un proceder arbitrario e injustificado del uniformado y, por su parte, la versión oficial indica que ello obedeció a la respuesta que los policiales ofrecieron a los ataques físicos y armados de los que habían sido objeto por parte de la víctima y su hermano.

Frente a las anteriores tesis el a quo se inclinó por declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada, pues pese a dar por comprobada la agresión de los hermanos ARIZA MARTÍNEZ contra los uniformados, el despojo del arma de dotación oficial, y el ataque de los mismos contra los policías, consideró que estos últimos no debieron disparar y que lo adecuado era establecer un cerco para neutralizarlos sin ponerlos en riesgo, ni a ellos ni a la comunidad del sector en el que se presentaron los hechos, por lo que estimó que la condena debía ser reducida en un 50% por la imprudencia de la víctima frente al daño al que se expuso. Pese a lo anterior, el Ministerio Público considera que la víctima no solo contribuyó con el resultado fatal del que fue objeto, sino que su conducta fue la determinante en la reacción de las autoridades y, por ende, la causa única eficiente de la muerte por la que se concurrió en procurada de reparar perjuicios materiales y morales que el Estado se vio obligado a ocasionar, pues ante el proceder característico de delincuentes de gran peligrosidad que demostraron los hermanos ARIZA MARTÍNEZ, la respuesta de la entidad castrense era la apropiada no solo para su defensa sino para la de toda la comunidad que residía en el citado sector, tal como pasa a indicarse. Existen pruebas que demuestran que antes que ocurriera el incidente entre la policía y los hermanos ARIZA MARTÍNEZ, estos últimos se presentaron en la casa de la señora YOMARIS ESTHER DITA DEL CASTILLO con el objeto

de cobrar un dinero que les adeudaba el esposo de ésta, el señor NIXON RICARDO SIERRA ÁVILA, lugar en el que dichos acreedores se presentaron 9 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 de manera violenta preguntando por su deudor, intentaron ingresar por la fuerza, golpearon en el rostro a la señora YOMARIS para que les informara donde estaba su esposo, y la amenazaron de regresar a matarla si no lo encontraban en el lugar que ella les indicó4. Esta información fue corroborada por el señor NIXON RICARDO SIERRA ÁVILA, quien en denuncia formal además expresó que se encontró con los hermanos ARIZA MARTÍNEZ en el sitio que su esposa les había indicado, que estas personas lo tomaron por el cuello para conminarlo a que pagara el dinero que le adeudaba a uno de ellos, que les entregó lo que llevaba consigo y que le advirtieron que si no cancelaba todo el dinero antes del domingo siguiente, regresarían a matarlo5. De los anteriores hechos se enteró la autoridad cuando hacían un recorrido por la zona, lugar en que uno de sus moradores les relató lo ocurrido y les describió a quienes habrían sido los autores de los mismos, personas que, según el informe oficial, habrían encontrado en la tienda de razón social “San Gil”, donde fueron abordados para pedirles una requisa y estos reaccionaron de manera violenta, despojaron del arma de dotación oficial a uno de los agentes y agredieron a uno de ellos, ante lo cual los uniformados

procedieron a pedir refuerzos por radio y sus agresores emprendieron la huida. El informe también relató que en medio de la persecución los dos sujetos dispararon en repetidas ocasiones con el arma que le habían arrebatado a los uniformados, que ellos repelieron el ataque, pero que como iban por un lugar oscuro dispararon hacia donde vieron que provenía el fogonazo, y que lograron reducirlos cuando uno de los perseguidos al parecer se encontraba herido6. Sin querer relatar los pormenores descritos en las declaraciones, indagatorias, e informes oficiales que se allegaron dentro del proceso penal que fue allegado a la presente actuación, lo cierto es que dichos documentos lejos de demostrar un proceder arbitrario o injusto de la Policía Nacional, lo que denota es que dicha institución actuó por haber sido informados de la posible comisión de agresiones contra personas que residían en la zona en la cual prestaban sus servicios de seguridad y que, debido a la reacción violenta y criminal de los hermanos ARIZA MARTINEZ, tuvieron que defenderse accionando sus armas de fuego, generando a la postre la lesión que llevó a la muerte al señor GARYS RAFAEL ARIZA MARTÍNEZ. La versión de la parte actora en el proceso penal y la presente actuación ha negado la violencia que la víctima habría ejercido contra los integrantes de la Policía Nacional, el despojo del arma de dotación oficial que luego habrían utilizado contra los mismos, y el cruce de disparos en el que se habría producido la lesión que llevó a la muerte al señor GARYS RAFAEL ARÍZA

MARTÍNEZ. No obstante, las copias que fueron allegadas válidamente a la 4 Folio 44 cuaderno 1 5 Folio 45 – cuaderno 1 6 Folios 32 a 36 – cuaderno 1 10 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2018-092988 presente actuación desmienten la mayoría de sus dichos, pues la prueba técnica dio cuenta de la existencia de residuos de pólvora en las manos de la víctima7, y de que el arma arrebatada a los uniformados fue disparada el día de los hechos, pues la vainilla que fue encontrada en el lugar en el lugar de los acontecimientos provino de la citada escopeta8. Del mismo modo, tanto las indagatorias de los uniformados como las declaración del dueño del local en el que se encontraban departiendo los hermanos ARIZA MARTINEZ, dan cuenta de la ocurrencia de disparos el día de los hechos, versión contraria a la del señor BLADIMIR RAFAEL ARIZA MARTÍNEZ, quien negó que le hubieran arrebatado el arma a los uniformados y el haber disparado o haber escuchado disparos en los hechos en los que resultó lesionado fatalmente su hermano GARYS RAFAEL ARIZA

MARTINEZ.

Así las cosas, de la prueba penal trasladada a la presente actuación puede afirmarse que la versión oficial merece la credibilidad suficiente para que el Ministerio Público pueda afirmar que los hechos objeto de demanda se produjeron por la culpa exclusiva de la víctima, pues sus actos delictivos

fueron los que motivaron la acción de la autoridad y, a su vez, la reacción armada que culminó con la muerte de uno de los hermanos ARIZA

MARTINEZ.

En efecto, se demostró que el día de los hechos dichas personas comenzaron provocando daños en una residencia, lesionando a una de sus moradoras, amenazando de muerte a una pareja de esposos por no haberles pagado la totalidad de una deuda, y continuaron con la agresión de los policías que quisieron pedirles cuentas de sus actos, les hurtaron una escopeta de dotación oficial y en medio de su huida dispararon en contra de ellos y obligaron a que estos respondieran el ataque, con los fatales resultados cuyo resarcimiento pretenden en vía de reparación directa. Contrario a lo estimado en la decisión de primera instancia, no puede censurarse que los uniformados hubieran disparado para repeler el ataque del que fueron objeto por parte de los hermanos ARIZA MARTÍNEZ, y obligar al Estado a reparar el 50% de unos perjuicios que solo tuvieron como causa el proceder delictual de dos personas que no mostraron el más mínimo respeto por la comunidad ni por las autoridades encargadas de conservar la convivencia pacífica. El proceder de la víctima y su hermano el día de los hechos no solo constituía un peligro para los uniformados que trataban de neutralizarlos, sino que también lo era para los demás moradores o residentes de la zona que albergó el enfrentamiento, por lo cual el responder a sus ataques no solo obedecía a la necesidad de defensa de los policiales, sino que vino a ser una acción urgente para evitar el peligro actual y futuro que representaban unas

personas que huían con armas, y que no dudarían en usarlas contra cualquier persona que se interpusiera contra su voluntad, tal como lo evidenciaba su desacato y ataques previos a la comunidad y la autoridad. 7 Folio 122 – cuaderno 1 8 Folio 42 – cuaderno 2 11 080012331000200501570 01 (60362) 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2018-092988

En tal escenario, la conducta desplegada por la víctima y su hermano pueden enmarcarse en lo que legal y jurisprudencialmente se ha denominado “culpa exclusiva de la víctima”, eximente que tal como lo ha indicado el Consejo de Estado9 consiste en “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”10. Así las cosas, contrario a lo indicado en la decisión de primera instancia, para el Ministerio Público es claro que los hechos objeto de la demanda no permiten endilgarle responsabilidad administrativa y patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en su favor se configura la eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la víctima”, lo que obliga