PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad del estado por perjuicios causados por la muert

Expediente No 29.765 (1997-12576) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por perjuicios causados por la muerte de conductor que transportaba miembros del Ejército Nacional RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se trata de un obrar legítimo de autoridad/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Desequilibrio de las cargas públicas De lo anterior se infiere que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se encuentra llamado a responder por los perjuicios ocasionados a los actores, en aplicación del régimen del responsabilidad objetiva derivada de la creación de un riesgo excepcional, pues frente al hoy occiso operó el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues como consecuencia de una actividad lícita y legitima de la administración se le impuso al occiso una carga excepcional y anormal que no estaba obligado a soportar, pues, conforme a lo acreditado en el proceso, su muerte violenta se sucedió como consecuencia de un ataque guerrillero dirigido de manera directa contra los miembros del Ejército Nacional que se transportaban en el vehículo que conducía. CAUSALIDAD MATERIAL-Es imputable a terceros ajenos a la administración Si bien la muerte del señor desde el punto de vista de la causalidad material es imputable a terceros ajenos a la administración, en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado le resulta imputable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues el resultado dañoso era previsible en tanto se trataba de un desplazamiento de militares en un automotor particular, a plena luz del día y en una época de alto riesgo dada la realización de comicios electorales.

PERJUICIOS MORALES-Se trata de un evento de mayor magnitud En concepto del Ministerio Público el reconocimiento que hiciera el Tribunal por este concepto resulta procedente y ajustado a los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado, pues se trata de un evento de mayor magnitud, en tanto corresponde a la muerte de un ser querido, de donde se presume el dolor y sufrimiento que produjo en la compañera permanente e hija del occiso. PERJUICIOS MATERIALES-Lucro cesante A juicio del Ministerio Público también procede reconocer perjuicios por este concepto en la modalidad de lucro cesante según las formulas y parámetros establecidos por el a-quo a favor de la compañera permanente e hija del occiso.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente No 29.765 (1997-12576)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 003 / 2013

Bogotá, D.C., 11 de enero de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCION C

Consejero Ponente Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

S. D.

Ref: Proceso No 29.765 (68001231500019971257601) Acción de reparación directa

Actor: ISABEL CRISTINA BLANCO HERNANDEZ y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA.- ISABEL CRISTINA BLANCO HERNANDEZ (compañera permanente) quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO y CARMEN ROSO SEPULVEDA DURAN (patrono), en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda1 contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se le declare administrativamente responsable de los perjuicios causados por la muerte del señor JOSE HOOVER SEPULVEDA RESTREPO, en hechos ocurridos el 29 de octubre de 1994 en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres (Santander) cuando el vehículo que conducía, en el cual transportaba miembros del Ejército Nacional, fue emboscado por la guerrilla dejando como resultado la muerte de 5 militares y del conductor . 1 29 de octubre de 1996 (fl 36 c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No 29.765 (1997-12576) Solicitan que se condene a la entidad demandada a pagar por perjuicios morales el equivalente a 1000 gramos de oro a favor de la compañera permanente e hija del occiso, y por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) a favor de éstas la suma de $75.000.0000 o más y

$320.000 a favor de Carmen Roso Sepúlveda Duran (patrono del señor José Hoover Sepúlveda quien asumió los gastos fúnebres) Alega la parte actora que el deceso del señor Sepúlveda Restrepo se sucedió como consecuencia del proceder irresponsable del Comandante del Batallón al utilizar vehículos particulares y personas civiles para transportar personal militar que convirtió en objetivo militar el camión particular conducido por el señor Sepúlveda. 1.2 Contestación de la demanda.- El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls 45 a 47 c. ppal) se opuso a las pretensiones, afirmó que le constan los hechos de la demanda y coadyuvó la petición de pruebas solicitadas por la parte demandante. 1.3 Sentencia de primera instancia.- La Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar2 declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de José Hoover Sepúlveda Restrepo. En consecuencia condenó a pagar por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 100 s.m.l.mv. a favor de la compañera permanente e hija del occiso (c/u) y por concepto de perjuicios materiales a favor de la primera (Isabel Cristina Blanco Hernández) la suma de $16.624.772 y para la segunda (Yina Estefani Sepúlveda Blanco la suma de $12.295.542; y a favor del señor Carmen Roso Sepúlveda la suma de $457.060. Para el a-quo, la muerte del señor José Hoover Sepúlveda ocurrió como consecuencia de una

embocada de la guerrilla contra los militares que se transportaban en el vehículo que conducía, lo cual configura un daño antijurídico, que ni la víctima ni sus allegados se encontraban obligados a soportar. 2 En sentencia de 30 de agosto de 2004 (fls 463 a 505 c. 2)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente No 29.765 (1997-12576) 1.4 Apelación.- La entidad demandada (fls 510 a 513 c. Consejo de Estado) alega que operó el hecho de un tercero que la exonera de responsabilidad, dado que quien atacó al vehículo fue la guerrilla. Que José Hoover Sepúlveda Restrepo no tenia vínculo con las fuerzas armadas y que su relación laboral era con el señor Carmen Roso Sepúlveda, quien lo contrató para que manejara el vehículo atacado, que estaba destinado a prestarle apoyo al Ejército Nacional. Cuestiona el reconocimiento de perjuicios materiales, por considera que la factura por pago de gastos funerarios no cumple con las exigencias legales. 1.5. Conciliación.- Por auto de 26 de noviembre de 2012 el Consejero ponente dispuso citar a las partes para el 7 de febrero de 2013 a las 3:30 p.m., llevar a cabo audiencia de conciliación. Lo anterior de conformidad con la facultad oficiosa otorgada mediante el artículo 43 de la Ley 640 de 20013

II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1 Problema jurídico La controversia jurídica se contrae a establecer si la muerte del señor José Hoover Sepúlveda Restrepo, por razón de un ataque terrorista contra el vehículo que conducía y en el cual transportaba miembros de la fuerza pública, resulta imputable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional o si operó el hecho de un tercero que la exonera de responsabilidad. 3 Folio 585 c. Consejo de Estado

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente No 29.765 (1997-12576) En relación con los daños producidos en hechos que pueden catalogarse como atentados terroristas y los eventos en los cuales la administración puede resultar comprometida, el Consejo de Estado en sentencia de 2 de octubre de 2008, expediente 52001-23-31-000-2004-00605-02, precisó: “…en providencia del 12 de noviembre de 19934, la Sala declaró la responsabilidad del Estado, por los perjuicios materiales causados al propietario de un bus que fue incinerado por miembros del E.L.N., quienes protestaban por el alza en el transporte entre los Municipios de Bucaramanga y Piedecuesta, en el Departamento de Santander. Se consideró en aquél momento que no era necesario que la empresa transportadora hubiera solicitado protección especial de sus vehículos, habida consideración que la entidad demandada era consciente de los desórdenes que dicha alza podía provocar, de manera que las medidas adoptadas en esa oportunidad, según dijo, no resultaban

suficientes con la implementación de unos simples patrullajes, sino que debieron procurar un resultado eficaz para evitar que se presentara el acto terrorista. Que en sentencia del 29 de abril de 19945, en un caso relativo a los perjuicios sufridos por una persona como consecuencia de la explosión de un carro-bomba que era manipulado por la guerrilla cerca de un cuartel militar, la Sala dijo que el Estado estaba obligado a responder, a pesar de que la actividad de la Fuerza Pública y la ubicación de sus instalaciones era legítima y en beneficio de la comunidad, pero que por razón de ellas el actor sufrió un daño, el cual desborda y excede los límites que normalmente están obligados a soportar los administrados. Que en sentido similar, en sentencia del 23 de septiembre de 19946, en la cual se decidió un caso en el que se solicitaba la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte de una persona, ocurrida en el atentado dinamitero realizado contra el General Miguel Maza Márquez, el 30 de mayo de 1989, la Sala concluyó que, si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos inocentes, y se evidencia que el objeto directo de la agresión fue un establecimiento militar del gobierno, un centro de comunicaciones al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, etc., se imponía concluir que en medio de la lucha por el poder se había sacrificado a un inocente, y, por lo mismo, los damnificados no tenían por qué soportar solos el daño causado. Que en otra oportunidad, en sentencia de 22 de julio de 19967, en la cual se decidió sobre la responsabilidad estatal

respecto de la muerte de un inspector de policía, que fue asesinado en una zona del país afectada por la violencia, concluyó esta Corporación que existía un deber especial, en cabeza del Estado, de proteger al mencionado inspector de policía, deber que surgió cuando sus particulares circunstancias de peligro se hicieron evidentes, a raíz de las amenazas recibidas, las cuales fueron informadas a las autoridades competentes, quienes hicieron caso omiso de todas y cada una de ellas, lo cual permitió o facilitó la acción de los antisociales. Que siguiendo el derrotero jurisprudencial, en sentencia de 3 de mayo de 20078, la Sala declaró la responsabilidad del Estado con fundamento en el régimen de daño especial, luego que una menor de edad resultara gravemente lesionada por las esquirlas de una granada de fragmentación arrojada por delincuentes que pretendían evadir la acción de la Fuerza Pública, pues el daño causado resultaba desproporcionado en relación con las cargas que normalmente deben asumir los demás ciudadanos, sin que hubiere lugar a contraponer, según dijo, el argumento del hecho de un tercero o de la causa extraña, ya que un análisis funcional de lo ocurrido exigía situar el lanzamiento de la granada, por parte del sujeto al margen de la ley, dentro de la acción de persecución y enfrentamiento de la delincuencia realizada por los agentes de la Policía Nacional, es decir, dentro del funcionamiento del servicio. 4 (pie de página de la cita) Expediente 8233, actor: Hilario Mantilla Mantilla. 5 (pie de página de la cita) Expediente 7136 6 (pie de página de la cita) Expediente 8577, actor: Justo Vicente Cuervo Londoño.

7 (pie de página de la cita) Expediente 11.934, actora: Mariela Guzmán Sánchez y otros. 8 (pie de página de la cita) Sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16.696.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente No 29.765 (1997-12576) Del análisis de las providencias antes trascritas, resulta claro que, en algunas ocasiones, la Sala ha declarado la responsabilidad del Estado con fundamento en el incumplimiento de un deber legal de protección; en otras, ha concluido que si los daños causados contra ciudadanos inocentes son el resultado de un ataque terrorista dirigido contra un destacamento militar del gobierno, un centro de comunicaciones al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, éstos no tienen por qué sufrir solos el daño causado; mientras que en otras oportunidades ha señalado que, cuando a pesar de la legitimidad y legalidad de la actuación del Estado, resultan sacrificados algunos miembros de la colectividad, tal situación denota un claro desequilibrio en las cargas que no tienen por qué soportar los administrados” (resalto y subrayo) Hechos probados y análisis Valorado en su conjunto el acervo probatorio aportado al proceso9, en concepto del Ministerio Público están acreditados los siguientes hechos. (i). La muerte del señor José Hoover Sepúlveda Restrepo, con la copia del certificado de defunción (fl 8 y 170 c. ppal) en el cual consta que su deceso tuvo lugar el 29 de octubre de 1994. Obra

además el acta de levantamiento remitida por el Hospital Integrado de Sabana de Torres y sus anexos (fls 99 a 102 c. ppal) de los que se destaca: “Se informa al despacho sobre la noticia de que una patrulla del Ejército Nacional fue emboscada para la jurisdicción de Magará. Habiendo muerto (sic) (…) En Sabana de Torres, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro los funcionarios del despacho se trasladaron hacía Magará y en el sitio de la carretera del Tropezón y Magará, se halló la camioneta de placas BUC 772, completamente incinerada a causa de la explosión de una carga de dinamita, dentro de las ruinas de la camioneta se hallaron seis cadáver es completamente incinerados, uno dentro de la cabina y los cinco restantes esparcidos en las ruinas de la carrocería (…) según informe del Comandante del Ejército los cadáveres correspondían a los nombres de (….) y el conductor OVER SEPULVEDA” (ii) En cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar como se sucedieron los hechos, se conoce el proceso disciplinario que adelantó el Ejército Nacional con ocasión de los hechos acaecidos el 29 de octubre de 1994, del que se destacan las siguientes diligencias: 9 Unas pruebas aportadas en copia auténtica con la demanda (fls 4, 5, 6, 7, 8 y 10), otras solicitadas por las partes (fls 31 a 35 – 46 c. ppal), decretadas por el Tribunal (fls 54 a 58 c. ppal) y allegadas en copia autentica por las entidades respectivas.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente No 29.765 (1997-12576) (ii.1) Proveído de 16 de enero de 1995 (fls 370 a 380 c. ppal) “(…) HECHOS Dio base el presente informativo, el informe suscrito por el señor Teniente Coronel JOSE ISMAEL… Comandante del Batallón del Infantería No 14 Ricaurte dando cuenta sobre los hechos ocurridos el 29 de octubre de 1994 aproximadamente a las 10:00 horas, cuando una patrulla de la Unidad Táctica al mando del SS LONDOÑO… se desplazaba a controlar los comicios electorales en el sitio denominado Magará – jurisdicción del Municipio de SABANA DE TORRES en el Departamento de Santander, siendo emboscada por un grupo subversivo del autodenominado ELN como resultado fueron asesinados cinco soldados y un civil que cumplía funciones de conductor (…) RESULTADOS Y CONSIDERANDOS (…) El señor fiscal después de hacer un breve resumen al contenido de las pruebas que trajo a la investigación el señor funcionario de Instrucción, conceptúa “… mi concepto es que existe mérito para convocar un tribunal disciplinario al SS LONDOÑO OSORIO HERNAN, Comandante de la Sección emboscada , SP CRUZ MORA Comandante del Batallón en razón a que se cometieron faltas contempladas en el artículo 184 contra el Honor Militar,

literal i) consistente en no adoptar medidas preventivas y control para el desplazamiento de la tropa, así mismo deben ser sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de Régimen Disciplinario Decreto 85/89 articulo 142 (…) por faltas contra el mando, consistente en el control de tropas en orden público para la fecha de los hechos, incurriendo en una serie de fallas graves como son el desplazamiento en horas diurnas en un solo vehículo con sobrecupo y sin el previo reconocimiento del área, infringiendo las normas de seguridad y provocando el asesinato de cinco soldados y un civil conductor. (…) QUINTO: Sancionar (…) y omitir dar cuenta en forma oportuna de los hechos sucedidos el 29 de octubre de 1994, en el sitio de Magará, cuando fue emboscada una patrulla militar del Batallón Ricaurte, con saldo trágico de cinco soldados y un civil conductor asesinados por elementos de la subversión (…)” (…)” (ii.2) Proveído de 28 de febrero de 1995 (fls 362 a 366 c. ppal) “(…) HECHOS El día 29 de octubre de 1994 aproximadamente a las 10:00 horas una patrulla del Batallón de Infantería No 14 RICAURTE al mando del SS Londoño Osorio Hernán efectuaba desplazamiento para confrontar los comicios electorales en el sitio denominado Magará jurisdicción del municipio Sabana de Torres cuando fue emboscada por grupos subversivos del denominado ELN siendo asesinados cinco soldados y un civil conductor.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No 29.765 (1997-12576) (…) Atendiendo a que en autos obran cuatro versiones de personas que aseguran haber escuchado por radio al señor Teniente Ordoñez Upegui Omar dando la orden del desplazamiento en las horas de la mañana del día 29 de octubre e indicando que para ello enviaba la camioneta (…)” (ii.3) Proveído de 18 de noviembre de 1996 (fls 381 a 392 c. ppal) “(…) HECHOS Dan cuenta las diligencias que de conformidad a lo dispuesto por el comando de la Quinta Brigada mediante Directiva Operacional Transitoria No 2 del 30 de noviembre de 1993, el personal del Batallón de Infantería No 14 RICAURTE, debía tomar el dispositivo electoral en los sitios indicados en dicho documento para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral, entre ellos los del 30 de octubre de 1994, que no incluía dentro del Municipio de Sabana de Torres el cubrimiento de la zona de Votación en la localidad de Magará, jurisdicción del citado municipio. El día 29 de octubre de 1994, a las 06:30 horas aproximadamente, una patrulla integrada por 2 suboficiales y 15 soldados al mando del SS LONDOLO OSORIO partió de la base Militar de la Gómez hacía Magará en una camioneta con el fin de hacer presencia militar en el sitio denominado Magará y durante el desplazamiento llegando a Magará fueron emboscados por la guerrilla, dejando

como resultado 5 militares muertos, un conductor civil, 11 lesionados, dado de baja un subversivo y la incautación de un fusil galil (…) (resalto y subrayo) De lo anterior se infiere que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se encuentra llamado a responder por los perjuicios ocasionados a los actores, en aplicación del régimen del responsabilidad objetiva derivada de la creación de un riesgo excepcional, pues frente al hoy occiso operó el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues como consecuencia de una actividad lícita y legitima de la administración se le impuso al señor JOSE HOOVER SEPULVEDA RESTREPO una carga excepcional y anormal que no estaba obligado a soportar, pues, conforme a lo acreditado en el proceso, su muerte violenta se sucedió como

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente No 29.765 (1997-12576) consecuencia de un ataque guerrillero dirigido de manera directa contra los miembros del Ejército Nacional que se transportaban en el vehículo que conducía. Si bien la muerte del señor Sepúlveda Restrepo desde el punto de vista de la causalidad material es imputable a terceros ajenos a la administración, en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado le resulta imputable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues el resultado dañoso era previsible en tanto se trataba de un desplazamiento de militares en un automotor particular, a plena luz del día y en una época de alto riesgo dada la realización de comicios

electorales. Acreditado el daño antijurídico y su imputación al Ministerio de DefensaEjército Nacional corresponde a éste resarcir los perjuicios ocasionados a los actores. (iii) Indemnización (iii.1) Perjuicios morales: En concepto del Ministerio Público el reconocimiento que hiciera el Tribunal por este concepto resulta procedente y ajustado a los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado, pues se trata de un evento de mayor magnitud, en tanto corresponde a la muerte de un ser querido, de donde se presume el dolor y sufrimiento que produjo en la compañera permanente e hija del occiso. La primera acreditó tal condición con los testimonios de Flor María Bayona y de Ingrid Patricia Restrepo Puerta (fls 68 a 71 y 78 a 81 c. ppal), quienes fueron contestes en referir la unión de hecho y vida marital entre Isabel Cristina Blanco Hernández y José Hoover Sepúlveda durante más de cuatro años, de cuya unión procrearon a Yina Estefani, como del afecto y amor existente entre ellos, de la dependencia económica y del dolor que les produjo la muerte de su compañero y padre. Yina Estefani Sepúlveda Blanco probó la calidad de hija con la copia auténtica del registro civil de nacimiento (fls 5 y 250 c. ppal), en el cual consta que es hija del señor José Hoover Sepúlveda. (iii.2) Perjuicios materiales: A juicio del Ministerio Público también procede reconocer perjuicios por este concepto en la modalidad de lucro cesante según las formulas y parámetros establecidos por el a-quo a favor de la compañera permanente e hija del occiso. Pues se probó que éstas

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente No 29.765 (1997-12576) dependían económicamente del señor José Hoover Sepúlveda, que éste era una persona productiva laboralmente, ejercía como conductor al servicio del señor Carmen Roso Sepúlveda Duran y devengaba un salario $98.700 para la época de su muerte (fls 13 c. ppal) Igual procede reconocer a favor del señor Carmen Roso Sepúlveda Duran, los gastos que tuvo que asumir por concepto del funeral del señor José Hoover Sepúlveda. Para el efecto aportó la factura No 2416 de noviembre de 1994 expedida por Servicio Fúnebres San Pedro (fl 16 c. ppal) en donde consta que canceló por ese concepto la suma de $320.000. Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público es del criterio que es viable un acuerdo conciliatorio, en el que se reconozca indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales, tomado como referente la condena impuesta en primera instancia. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

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