PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad del estado por perjuicios causados con ocasión

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por perjuicios causados con ocasión del homicidio de dirigente sindical FALLA DEL SERVICIO-Omisión por parte de la Fiscalía en proteger y salvaguardar la integridad física del dirigente sindical En concepto del Ministerio Público la muerte del señor le es imputable a la Fiscalía General de la Nación a título de falla del servicio por omisión, pues con anterioridad a los trágicos hechos la víctima había informado de las amenazas que pesaban contra su vida y también había solicitado protección en procura de salvaguardar su integridad física, lo cual no tuvo eco en el ente instructor. No se discute que la Fiscalía adelantó investigaciones previas con el fin de identificar a los autores de las amenazas en contra de la vida del denunciante, pero ello no sirve de excusa para justificar la falta de diligencia en brindar la protección debida, pues además se trataba de un dirigente sindical cuya condición lo hacia altamente vulnerable. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-El resultado se produjo por omisión en el cumplimiento de un deber Si bien la muerte del señor desde el punto de vista de la causalidad material es imputable a terceros ajenos a la administración, en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues el resultado se produjo como consecuencia de la omisión en el cumplimiento del deber de protección a las víctimas que por disposición legal correspondía atender al ente investigador. Por tanto, el hecho de un tercero que se invoca por la recurrente para exonerarse de responsabilidad, resulta improcedente, ya que el resultado dañoso era

previsible y muy probablemente resistible de haber contado con las medidas de protección requeridas. PERJUICIOS MORALES-Se trata de un evento de mayor magnitud En concepto del Ministerio Público el reconocimiento que hiciera el Tribunal por este concepto resulta procedente y ajustado a los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado, pues se trata de un evento de mayor magnitud, en tanto se trata de la muerte de un ser querido, de donde se presume el dolor y sufrimiento que produjo entre sus familiares más cercanos, en este caso los hijos del occiso, quienes acreditaron tal condición con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento PERJUICIOS MATERIALES-Lucro cesante A juicio del Ministerio Público también procede reconocer perjuicios por este concepto en la modalidad de lucro cesante según lo establecido por el a-quo a favor de los tres hijos menores del occiso.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente No 45.410 (2003-02459)

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 002 / 2013

Bogotá, D.C., 11 de enero de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 45.410 (68001233100020030245901)

Acción de reparación directa Actor: Fanny Ardila Meza y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación – Cuerpo de Investigaciones CTI El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No 45.410 (2003-02459) 1.1 Demanda.- FANNY ARDILA MEZA (compañera permanente), quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad DIANA

CAROLINA, NINO GEOVANNI Y YISETH VANESA CHACON ARDILA; DORIS

MIREYA CHACON ARIZA, MARTHA JENY CHACON ARIZA, JHON EDUAR CHACON ARIZA (hijos) y ROSA EVELIA ARIZA HERRERO (esposa), en ejercicio de la acción de reparación, demandaron1 a la Nación – Fiscalía General de la NaciónCuerpo Técnico de Investigación (CTI), para que se le declare administrativamente responsable de los perjuicios causados por el homicidio de EXPEDITO CHACON RODRIGUEZ, en hechos ocurridos el 24 de octubre de 2001 en el municipio del Socorro – Santander, cuando se desplazaba en su vehículo hacia su residencia y fue abordado por sujetos desconocidos que le dispararon ocasionándole la muerte. Como consecuencia de la anterior declaración solicitaron que se condene a la

entidad demandada a pagar perjuicios morales el equivalente a 100 s.m.l.m.v para cada uno de los actores, perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la compañera permanente e hijos menores del occiso (ingresos dejados de percibir por razón de la muerte de su compañero y padre) y daño emergente (gastos fúnebres y tratamiento y terapia psicológica de los hijos menores del occiso) y perjuicios por alteración en las condiciones de existencia a favor de todos y cada uno de los demandantes. Se afirma por los actores que el señor Chacón Rodríguez comenzó a recibir llamadas telefónicas en las cuales lo amenazaban de muerte, razón por la cual el 12 de febrero de 1997 denunció ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sobre tales hechos, entidad que hizo caso omiso a su denuncia. Que a mediados del mismo año continuó recibiendo amenazas contra su vida de lo cual puso en conocimiento ante las autoridades competentes. Que el 9 de agosto de 1999 recibió otra carta en la cual lo amenazaban de muerte, hecho que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Para los actores no hay duda que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación incurrió en una falla del servicio por omisión al no 1 Fecha de presentación 24 de noviembre de 2003 (fl 125 vlto c. ppal)

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4 Expediente No 45.410 (2003-02459) dar trámite de la denuncia interpuesta por Expedito Chacón Rodríguez y no garantizar la protección de su vida, lo cual permitió que se consumara la conducta delictiva y su consecuencial muerte. 1.2 Contestación de la demanda.- La NaciónFiscalía General de la Nación (fls 169 a 189 c. ppal) alega que no se encuentra llamada a responder por los perjuicios reclamados por los demandante, pues contrario a lo afirmado en la demanda si adelantó la investigación preliminar por los hechos denunciados por el hoy occiso sin que arrojaran algún resultado, pero no por ello se le puede imputar o reprochar una falla del servicio. Que no existe prueba en el proceso que indique que el señor Chacón Rodríguez hubiera solicitado su inclusión en el Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación, por lo que mal pueden los actores imputar una falla del servicio por omisión. Que el desafortunado suceso en el que perdió la vida el señor Chacón Rodríguez, es imputable al hecho de un tercero, lo cual configura una causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Santander2 declaró a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la muerte violenta de Expedito Chacón Rodríguez. Como consecuencia de la anterior declaración condenó a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios morales el

equivalente a 100 s.m.l.m.v para cada uno de los hijos, un monto igual por concepto de daños a la vida de relación para cada uno de ellos (alteración grave de las condiciones de existencia), y por concepto de perjuicios materiales a favor de Diana Carolina Chacón Ardila la suma de $48.384.520.40, a favor de Nino Giovanny Chacón Ardila la suma de $53.431.614,14 y a favor de Yiseth Vanesa Chacón Ardila la suma de $61.707.596,24. 2 En sentencia de 20 de abril de 2012 (fls 245 a 268 c. 9)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente No 45.410 (2003-02459) Para el a-quo la Fiscalía General de la Nación no logró probar que las amenazas contra Expedito Chacón Rodríguez no existieron o que carecían de seriedad, por lo que debió asumir la posición de garante de la vida de éste y asumir el deber constitucional y legal de protección y cuidado que se requería una vez que el señor Chacón denuncio las amenazas contra su vida y solicito protección. Que ese deber de protección se hacía más exigente en tanto el denunciante era un dirigente sindical. 1.4 Apelación (fls 320 a 322 c.5). La entidad demandada alega que a las denuncias que por amenazas formuló el señor Chacón Rodríguez se les dio el

trámite correspondiente. Que no existe prueba en el proceso que demuestre que el señor Chacón hubiera solicitado protección por amenazas contra su vida. Que tampoco se conoce solicitud del señor Chacón para que se le incluyese en el programa de protección, por lo que mal puede endilgarse responsabilidad a la Fiscalía en el atentado en el cual perdió la vida. Que la única causa determinante del daño fue el actuar delictivo de unos criminales, lo cual constituye el hecho de un tercero que exonera de responsabilidad a la Fiscalía. Cuestiona la condena impuesta pues advierte que resulta excesiva en tanto se fundamentó en hechos no probados. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico La controversia jurídica se contrae a establecer si la muerte del señor Expedito Chacón Rodríguez, para la época dirigente sindicalista, resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación por falla en la protección que ha debido brindarse a la víctima. El Consejo de Estado3, frente al deber que les compete a las autoridades de la República en materia de protección a la vida de sus asociados, ha precisado: 3 Sección Tercera, Sentencia de 27 de marzo de 2008. Exp No 16234

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente No 45.410 (2003-02459) “El artículo 2° de la Constitución Política de 1991 señala que las autoridades de

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado4. En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a éstas. Se hace claridad acerca de que no es viable atribuirle a la Administración una posible deficiencia en la seguridad, extendiendo el deber de las autoridades a una misión objetiva de resultado: que no se produjera ningún acto que afectara el orden social, deseo si bien loable dentro de cualquier sistema de gobierno, imposible de lograr, ni siquiera con los mayores esfuerzos, extremas medidas y a costos inimaginables. Lo que sí es procedente, es que si la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra determinada persona5, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de la Administración, que de omitirse permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. Es importante en este punto indicar que, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado -o lo ha hecho de forma deficiente o

defectuosael deber de protección que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En otras palabras, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la Administración y, la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño. 4 (pie de página de la cita) Ver al respecto entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 5 (pie de página de la cita) Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente No 45.410 (2003-02459) Lo anterior se evidencia en los eventos en los que se reclama del Estado, la reparación de daños producidos por la actividad de terceros. En tales

oportunidades ha precisado ésta Corporación6 que, para que surja el deber de indemnización a cargo de la Administración, se requiere que el hecho del tercero haya sido previsible y resistible para la Administración.” (resalto y subrayo) 2.2 Hechos probados y análisis: Valorado en su conjunto el acervo probatorio debidamente al aportado al proceso7, en concepto del Ministerio Público están acreditados los siguientes hechos. (i). La muerte del señor Expedito Chacón Rodríguez, con la copia auténtica del registro civil de defunción (fl 40 c. ppal y 16 c. 1), en el cual consta que su deceso tuvo lugar el 24 de octubre de 2001. Obra además el acta de levantamiento de cadáver de la misma fecha (fl 3 c. 1) en la cual consta que la muerte se sucedió “por arma de fuego” y presenta la siguiente descripción de las heridas “No 1 Presenta orificio de bordes irregulares de 2 cms x 1cm ubicada en la región deltoidea lado derecho – No 2 Orificio de bordes regulares de 0.3 cm ubicado en el lado izquierdo del cuello (…) 3. Orificio de bordes regulares de o.7 cms de diámetro ubicado en la región deltoidea del lado izquierdo” lo cual permite concluir que murió de manera violenta. (ii). En cuanto a la condición de dirigente sindical, las circunstancias de tiempo modo y lugar como se sucedieron los hechos y los antecedentes respecto de amenazas contra su vida. 6 (pie de página de la cita) Ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de:

febrero 3 de 2000, Exp. 14787, C.P. Alier Hernández; agosto 16 de 2000, Exp. 13131, C.P. Ricardo Hoyos; mayo 2 de 2002, Exp. 13251; marzo 18 de 2004, Exp. 13318, C.P. María Elena Giraldo; marzo 10 de 2005, Exp. 14395; abril 28 de 2005, Exp. 17300 y septiembre 20 de 2007, Exp. 15699, las tres últimas con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra. 7 Unos documentos aportados en copia auténtica con la demanda, otras pruebas solicitadas por la entidad demandada al contestar la demanda (fls 182 a184 c. ppal), decretadas por el Tribunal (fls 200 a 203 c. ppal) y allegadas en copia auténtica por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía Segunda Especializada (cuadernos 1, 2, 3, 4 y 5)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No 45.410 (2003-02459) (ii).1. Se tiene la certeza que para la época de la muerte Expedito Chacón Rodríguez, hacía parte de la junta directiva de una organización sindical. Así consta en la Resolución No 037 de 18 de septiembre de 2001 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fls 99 a 100 c. ppal):

“RESUELVE ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR la nueva Junta Directiva de la ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES y EMPLEADOS DE HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS Y ENTIDADES DEDICADAS A PROCURAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD ANTHOC, para el periodo de un año contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia8. Presidente CARMENZA SUAREZ (…) Revisor Fiscal EXPEDITO CHACON (…)” (resalto y subrayo) Para el día de su deceso se desplazaba en un vehículo de su propiedad por el perímetro urbano de la ciudad del Socorro y fue interceptado por desconocidos quienes dispararon varias veces causándole la muerte. Así consta en el informe de 25 de octubre de 2001, suscrito por el Jefe de la Unidad de la Fiscalía Cuarta Seccional del Socorro (fl 12 c. original No1): “(…) Hechos: Aproximadamente hacía las 8 de la noche del 24 de octubre del presente año, el señor Expedito Cachón Rodríguez, se desplazaba hacia su vivienda ubicada en el Barrio Las Colinas del Socorro conduciendo el vehículo de placas HLE-417 por la vía principal que conduce de Socorro a Oiba por el sector del Barrio La Nueva Feria y en inmediaciones del Bar la Fortuna, fue agredido con disparos de arma de fuego al parecer por un sujeto desconocido que transitaba en una motocicleta blanca y ante la gravedad de las lesiones se desencadenó su muerte violenta (…) (…) Estimo que este caso se constituye en conducta punible de connotación regional

habida cuenta de la calidad de dirigente sindical de la víctima” (ii).2. El señor Expedito Chacón, había acudido a la Fiscalía General de la Nación con el fin de denunciar las amenazas contra su vida y solicitar protección. Así lo 8 Cobro ejecutoria el 12 de octubre de 2001 (fl 101 c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente No 45.410 (2003-02459) acredita la denuncia No 069 de 11 de febrero de 1997 presentada ante la Fiscal Local Delegada ante los Juzgados Penales Municipales del Socorro (fl 53 c. ppal) “1. Soy suscriptor de la línea telefónica número 274800, situada en mi residencia (…) 2Hace aproximadamente unos diez días que una voz femenina llama a dicho teléfono diciéndole a mi esposa, cuando ésta contesta, que yo tengo otra mujer, etc. Cuando yo contesto me amenaza diciéndome que un día de estos voy a perecer con la geta llena de hormigas, que soy un sinvergüenza, que tengo mozas, etc. 3Tales hechos son periódicos, y en realidad de verdad ni mi mujer Fanny Ardila Meza, ni el suscrito podemos seguir aguantando esa guerra psicológica de persecución, de amenazas DENUNCIA Fundado en lo anterior presento denuncio contra persona desconocida, solicitándole al Sr Fiscal que proceda a investigar y tomar las medidas

tendientes a protegerme en mi vida, honra y bienes. Pienso, salvo mejor concepto, Sr Fiscal, la conveniencia de que su despacho y en todo caso la autoridad competente ordene interceptar mi teléfono a fin de descubrir a la persona autora de tales llamadas. (…)” (resalto y subrayo) (ii).3. La Fiscalía 1 Delegada ante los Jueces Penales Municipales del Socorro, dictó resolución de investigación previa el 19 de febrero de 1997 y ordenó la práctica de varias pruebas. En la misma fecha ofició al CTI para dar cumplimiento a lo ordenado (fl 187 c. ppal). El 5 de marzo de 1997 el profesional investigador presentó el informe respectivo (fls 188 c. ppal). “Sostuve dialogo con el denunciante y confirma lo dicho en su exposición agregando además que últimamente se han seguido presentando estas llamadas, pero desconoce por parte de quien (…) Lo que si presume es que se trata de alguien que trabaja en el Hospital (el denunciante labora en el Hospital de la Localidad), ya que en una ocasión, hace unos días, él se ausento de su trabajo por incapacidad de salud y como a los veinte minutos de llegar a su casa le hicieron otra llamada amenazante, entonces tiene que ser una persona que está cerca a su vida cotidiana (…)” (resalto y subrayo) (ii). 4. La Fiscalía, mediante proveído de 4 de diciembre de 1997, dispuso suspender las diligencias en razón a que transcurrió un lapso de 180 días desde

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10 Expediente No 45.410 (2003-02459) que se inició la investigación sin haber logrado mérito para proferir resolución de apertura (art. 326 del C.P.P) (fl 191 c. ppal) (ii).5. Posteriormente, el 9 de agosto de 1999, el señor Expedito Chacón Rodríguez presentó denuncia penal No 256 por el presunto delito de amenazas personales, contra desconocidos. Así consta en la comunicación suscrita por el Jefe de la Unidad CTI Socorro (fls 71 c. ppal). (ii).6 La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, mediante proveído de 31 de agosto de 1999, con el fin de establecer la existencia del hecho denunciado y quien o quienes son los autores, dictó resolución de investigación previa y dispuso la práctica de unas pruebas (fls 193 c. ppal). El 25 de octubre del 2000, la misma Fiscalía Delegada dispuso (fl 194 c. ppal): “suspender las presentes diligencias previas, pues a pesar de los esfuerzos realizados no ha sido posible identificar e individualizar el autor o autores del punible de Amenazas Personales en Expedito Chacón Rodríguez según hechos ocurridos el 9 de agosto de 1999 en el Socorro. Desde la fecha en que se profirió resolución de apertura de investigación preliminar, con el fin de esclarecer la identidad del infractor o infractores del ilícito denunciado, han transcurrido más de ciento ochenta (180) días, con resultados infructuosos (…)” (ii).7 El 28 de octubre de 2001, el funcionario investigador de la Subsijin del

Socorro, en cumplimiento a lo ordenado por el Fiscal Cuarto Seccional (quien adelantó la investigación penal por homicidio), presentó el resultado de algunas averiguaciones realizadas con ocasión del hecho violento. Precisa que los hijos mayores del señor Chacón Rodríguez manifestaron conocer de las amenazas contra la vida de su padre: “JHON EDUARDO CHACON ARIZA, dice mi papá como directivo sindical estaba indagando por supuestos malos manejos administrativos, llegando a denunciar en la Procuraduría a la línea anticorrupción de la Presidencia de la República. (ii).8 Corrobora lo anterior la información suministrada por el Director del Programa Presidencial de la Lucha contra la Corrupción, mediante comunicación de 14 de noviembre de 2001 (fls 160 c. original No1)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente No 45.410 (2003-02459) “De la manera más comedida y por medio del presente me permito poner en su conocimiento nuestra profunda consternación y preocupación por el asesinato en el Municipio de Socorro (Santander), el día 14 de octubre del año en curso, del señor EXPEDITO CHACON ROFRIGUEZ, ciudadano que mediante comunicación de fecha 27 de marzo de 2001, dirigida a este Programa Presidencial denunciaba presuntas conductas ilícitas realizadas por el Gerente del E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio del Socorro (…)

Es de anotar que el señor CHACON, manifestó que con motivo de las denuncias presentadas, venía siendo objeto de persecución personal y laboral por parte del Gerente del Hospital (…)” (iii) En concepto del Ministerio Público la muerte del señor Expedito Chacón Rodríguez le es imputable a la Fiscalía General de la Nación a título de falla del servicio por omisión, pues con anterioridad a los trágicos hechos la víctima había informado de las amenazas que pesaban contra su vida y también había solicitado protección en procura de salvaguardar su integridad física, lo cual no tuvo eco en el ente instructor. No se discute que la Fiscalía adelantó investigaciones previas con el fin de identificar a los autores de las amenazas en contra de la vida del denunciante, pero ello no sirve de excusa para justificar la falta de diligencia en brindar la protección debida, pues además se trataba de un dirigente sindical cuya condición lo hacia altamente vulnerable. Lo que espera cualquier ciudadano frente a esta clase de denuncias (amenazas contra la vida) es que la Fiscalía General de la Nación cumpla con la función de “velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”, como lo establece el numeral 7 del articulo 3 del Decreto 2699 de 19919, obligación que implica acudir a una diversidad de mecanismos a fin de evitar la vulneración concreta del bien jurídico amenazado. El artículo 23 del decreto en comento asigna, entre otras funciones a la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación los deberes de: “ 9 Decreto vigente para la época de los hechos, que solo fue derogado por la Ley 938 de 2004

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente No 45.410 (2003-02459)

1. Recolectar y estudiar la veracidad, el posible origen y la gravedad de las amenazas contra víctimas, testigos, funcionarios de la Fiscalía e intervinientes en el proceso.

2. Tomar las medidas necesarias para que los organismos de seguridad del Estado brinden la protección y seguridad en aquellos casos en que se requiera.

(…)” (resalto y subrayo) La ley 418 de 1997, articulo 69, crea, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía", mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos. En el articulo 70 se establece que “El funcionario judicial que adelanta la actuación, cualquier otro servidor público, o directamente el propio interesado, podrán solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación

de una persona determinada al Programa”, y en su articulo 71 indica los mecanismos que se pueden tomar para cumplir dicho cometido. De lo anterior se infiere la obligación impuesta a la Fiscalía General de la Nación de brindar protección “en los casos en que la vida… del denunciante se encuentre en peligro”, obligación que no se cumplió, pues aunque el señor Chacón Rodríguez no hubiera solicitado de manera expresa su inclusión en el programa de protección, lo cierto es que atendiendo la especial condición del riesgo que corría su vida, en tanto se trataba de un dirigente sindical, tal estado de especialidad vulnerabilidad imponía al ente instructor tomar las medidas necesarias para que los organismos de seguridad del Estado brinden la protección y seguridad requerida.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 13 Expediente No 45.410 (2003-02459) Si bien la muerte del señor Expedito Chacón Rodríguez desde el punto de vista de la causalidad material es imputable a terceros ajenos a la administración, en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues el resultado se produjo como consecuencia de la omisión en el cumplimiento del deber de protección a las víctimas que por disposición legal correspondía atender al ente investigador. Por tanto, el hecho de un tercero que se invoca por la recurrente para exonerarse de responsabilidad, resulta improcedente, ya que el resultado dañoso era previsible

y muy probablemente resistible de haber contado con las medidas de protección requeridas. Acreditado el daño antijurídico y su imputación a la Fiscalía General de la Nación, corresponde a ésta resarcir los perjuicios ocasionados a los actores. (iv) Indemnización (iv.1) Perjuicios morales: En concepto del Ministerio Público el reconocimiento que hiciera el Tribunal por este concepto resulta procedente y ajustado a los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado, pues se trata de un evento de mayor magnitud, en tanto se trata de la muerte de un ser querido, de donde se presume el dolor y sufrimiento que produjo entre sus familiares más cercanos, en este caso los hijos del occiso, quienes acreditaron tal condición con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Diana Carolina, Nino Giovanny y Yiseth Chacón Ardila (fls 28, 29 y 30 c. ppal), y Doris Mireya, Martha Yeny y Jhon Eduar Chacón Ariza (fls 41, 42 y 43 c. ppal) (iv.2) Perjuicios materiales: A juicio del Ministerio Público también procede reconocer perjuicios por este concepto en la modalidad de lucro cesante según lo establecido por el a-quo a favor de los tres hijos menores del occiso. (iv.3) Daño a la vida de relación.

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14 Expediente No 45.410 (2003-02459) En relación con el daño a la vida en relación, el Consejo de Estado, 12 de agosto de 2009. Expediente No. 19716. Radicación No. 25000 23 26 000 1997 05135 01, precisó “- Daño a la vida de relación. (…) Dicha situación, da lugar a la producción de un daño inmaterial diferente del moral, que desborda el ámbito interno del individuo y se sitúa en su vida de relación, es decir, se ve afectada la vida exterior de la persona, en cuanto se evidencia una alteración negativa de las posibilidades que tiene de entrar en relación con otras personas o cosas, de llevar a cabo actividades de disfrute o rutinarias o, la modificación de sus roles en la sociedad o en sus expectativas a futuro10. La Sala al respecto ha señalado: “Debe insistirse ahor