PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad del INPEC por muerte violenta de interno en cár

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del INPEC por muerte violenta de interno en cárcel la Picota DERECHOS DE LOS RECLUSOS-Desarrollo jurisprudencial La Corte Constitucional ha señalado que entre los reclusos y el Estado existe una relación de especial sujeción y en este sentido se han extraído importantes consecuencias jurídicas para efectos de determinar aspectos centrales en relación con los derechos fundamentales de las personas sometidas a la privación de la libertad, desde esa perspectiva ha desarrollado características en dicha relación de sujeción a saber: i) la subordinación ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial tales como controles disciplinarios y administrativos y la posibilidad de limitar sus derechos incluso los fundamentales, desde luego autorizados por la constitución y la ley, con la finalidad de garantizar los medios para el ejercicio de las demás derechos de los internos, mediante medidas dirigidas a garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad y así lograr el cometido principal de la pena la resocialización. La subordinación comporta derechos especiales, como las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud, los cuales deben ser garantizados por el Estado; igualmente esa relación de sujeción implica que el recluso se encuentra en estado de indefensión frente al Estado que a su vez genera una obligaciones de protección a su cargo. DERECHO A LA VIDA DEL RECLUSO-Obligación del Estado de protegerla/ JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Obligaciones del Estado para con las personas retenidas/JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Deposito necesario de personas

RELACIONES ESPECIALES DE SUJECIÓN-Jurisprudencia En palabras de la Corte: “En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares amenacen contra la vida del interno; dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso enfrentar las amenazas contra la vida de los reclusos, aparejando la obligación de adoptara medidas de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida Por su parte la jurisprudencia Contencioso Administrativa consideró originalmente que las obligaciones del Estado para con las personas retenidas debía entenderse bajo la figura del deposito necesario de personas, a la luz del artículo 157 del Código Civil, significando que cuando las autoridades capturaban legalmente a una persona, asumían su custodia y vigilancia, convirtiéndose en depositarios de ella, debiendo responder por su vida e integridad. En una segunda etapa la jurisprudencia administrativa señaló que las obligaciones del Estado frente apersonas retenidas eran de resultado y de dos tipos: a) de hacer, por que las autoridades responsables de la detención material deben preveer y evitar los peligros que pueda sufrir el retenido desde que es privado de la libertad hasta cuando es devuelto a ella y b) de no hacer, por que los agentes estatales de la detención deben abstenerse de cualquier conducta que vulnere o amenace los derechos del retenido. Se reconoce que la privación de la libertad es una limitación a varios derechos fundamentales y, siendo consecuencia del ejercicio de un poder Procuraduria Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-242918 legítimo del Estado, por si misma no genera responsabilidad patrimonial, pues es una carga pública para el administrado que ha sido legalmente privado de la libertad. Finalmente ha sido renovada la anterior tesis, dado que lo se cuestiona es la conducta activa, pasiva y omisiva del Estado respecto de la obligaciones para con la vida e integridad de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, dentro de lo que se ha llamado relaciones especiales de sujeción, la jurisprudencia definió que la responsabilidad del Estado por daños sufridos por los reclusos proviene del sistema de imputación subjetivo de la falla del servicio, esto es, ya no bajo el entendido de que la obligación del Estado frente al recluso es de resultado, sino bajo el entendido de que el estado se obliga a la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad y de ese modo asume la garantía de su seguridad, por eso actualmente se analiza si hubo un incumplimiento de deberes positivos de custodia y vigilancia y pese a ello ocurrió el daño deberes codificados en la ley penitenciaria y carcelaria y en los correspondientes reglamentos internos de cada establecimiento carcelario. ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Jurisprudencia sobre el régimen de responsabilidad por los daños causados a personas privadas de la libertad INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CÁRCELES-Instituto Nacional Penitenciario INPEC es la Entidad que la ejerce

El Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerce la inspección y vigilancia de las cárceles en todo el país y como máxima autoridad carcelaria tiene dos clases de obligaciones: la de custodia, entendida como el deber de cuidado, la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios y la de vigilancia que conlleva el deber de atención exacta en las conductas de las personas a su cargo, es decir que las personas recluidas en los centros penitenciarios no realicen conductas atentatorias contra sus propios compañeros y la comunidad en general. Vistas así las cosas, es evidente que el hecho generador en las presentes diligencias no puede ser otra que, la falta de custodia y vigilancia sobre el interno hoy occiso CARGA DE LA PRUEBA DEL VINCULO DE CAUSALIDAD-Reposa teóricamente sobre el demandante de la indemnización El vínculo de causalidad, cuya apreciación depende del juez de la responsabilidad, suscita en cuanto a su establecimiento un problema de prueba, así la carga del vínculo de causalidad reposa teóricamente sobre el demandante de la indemnización como lo postula el principio procesal “actori incumbit probatio”, así las pruebas allegadas al plenario no evidencian que la falta de vigilancia y control por parte del INPEC, guardia de la Penitenciaria Central de la Picota, haya sido la causante de la muerte por envenenamiento del interno, el día 16 de junio de 2003, en la celda de la penitenciaria de la picota, pues de un aparte no aparece 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-242918 demostrado tal hecho y de otra no fue descartado el suicidio por el demandante, como tampoco aparece probado el consumo de alcohol. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Hipótesis que se pueden construir sobre la causa próxima de la muerte no aparecen demostradas En efecto, si bien no es como lo afirma el Tribunal que en el caso esté demostrada la causa general de exoneraciónculpa exclusiva de la víctima, por el consumo de alcohol, pues no se encontraron rastros de licor en el cuerpo de acuerdo con el laboratorio de toxicología, si se advierte que las dos únicas hipótesis que se pueden construir sobre la causa próxima de la muerte no aparecen demostradas, como tampoco descartadas, con las pruebas allegadas por el demandante. En la primera hipótesis, donde se muestra a la víctima obligado al consumo de la sustancia venenosa, la víctima hubiese permitido violando el reglamento de seguridad el acceso de otros internos a su celda, lo que lo pondría en la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima, no aparece demostrado en el proceso que la celda no hubiese sido cerrada al entrar la noche, no obra en el proceso declaración o indicio que haga suponer la violencia o engaño ejercidos por un agresor para obligarlo al consumo de la sustancia letal. Una segunda hipótesis pondría a la víctima como causante de su muerte, esto es,

un suicidio, por cuanto llama la atención que no haya pedido auxilio o informado sobre el empeoramiento de su salud en la medida en que transcurría la noche y los efectos de un envenenamiento se acentuaban, por ejemplo con voces de auxilio o ayuda, máxime cuando los testigos informan, que desde tempranas horas de la noche se encontraba vomitando escuchándose el traslado al baño con frecuencia; no aparece en las pruebas allegadas indicio de estar amenazado, tampoco obra que su celda haya quedado abierta la noche de los hechos, por lo que no hay razón en pensar en la falta de custodia y vigilancia. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-En el caso sub lite no se configura por la muerte del interno Las consideraciones y los hechos mencionados, le permiten a esta agencia del Ministerio Público apartarse del concepto emitido por el Procurador Once judicial en primera instancia, para en su lugar deprecar que en el caso que nos ocupa no es posible configurar responsabilidad a cargo del Estado, por la muerte del interno, dentro de la Penitenciaria Central la Picota, el día 16 de junio de 2003, quien murió como consecuencia de la ingesta de cianuro, por cuanto el demandante no demostró la relación causal entre el hecho generador, la omisión en la vigilancia y la muerte del señor Joel Cardona Osorio, por cuanto esta pudo ocurrir por suicidio, lo que no logró desvirtuar el demandante.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 13 de julio de 2011. Doctora. 3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284)

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IUS-2011-242918

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO.

Consejero Ponente. Sección Tercera Subsección C

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 - 142.

Consulta. Acción de Reparación Directa. Expediente No.25000232600020040202401 (40284).

Demandante: Sandra Sánchez y otro.

Demandado: Nación - Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario –INPEC-. Honorable Señora Consejera. El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 29 de julio de 2010, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones del demandante, actuación dentro de la cual esta Agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES.

La demanda. La señora Sandra Sánchez y otro, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa – art. 86 C.C.A. – solicitaron se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, por la muerte violenta del señor JOEL CARDONA OSORIO, ocurrida el día 16 de junio de 2003, en la Penitenciaria Central de la Picota de Bogotá. Se afirmó en los hechos de la demanda, que el día 16 de junio de 2003, se

produjo al interior de la Penitenciaria Central la Picota, la muerte del interno, 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-242918 quien se encontraba pagando una condena de 35 años, 5 meses y 8 días, por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, hechos investigados por la Fiscalía 47, seccional de la Unidad Tercera, de los Delitos Contra La vida e integridad personal radicada con el No 711341, Atribuye el hecho al incumplimiento de los deberes consignados en el artículo 44 del Código Penitenciario y Carcelario, el cual impone a los guardianes, el deber de custodia y vigilancia visual sobre los internos, el cual se incumplió. La Contestación. El apoderado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-, se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó de conformidad con el informe rendido por el dragoneante, que se encontraba de turno el día de los hechos, se le brindó atención médica al señor Cardona Osorio, en el momento en el que se dio aviso de su situación. Agregó que al parecer, el occiso infringió el reglamento interno por que se encontraba bebiendo un licor de fabricación carcelaria en su celda con otros internos, de modo que se configuró una causal eximente de responsabilidad

por la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el interno se expuso imprudentemente al consumo de “Chamber” Alegatos de Conclusión del Procurador Once judicial Administrativo. “Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que para que tenga entrada la llamada responsabilidad del Estado, el actor debe probar los elementos que la conforman cuales son: a) Una acción u omisión Estatal. b) Un daño o perjuicio antijurídico. c) Relación de causalidad existente entre el daño y la falta o falla del servicio. d) El título jurídico de la imputación. 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284)

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IUS-2011-242918 Considera el Despacho que los elementos estructurales de a responsabilidad del Estado, se cumplen plenamente, de acuerdo con las siguientes apreciaciones: Resulta verdaderamente insólito que en sitios de reclusión a donde supuestamente se cuenta con medidas de máxima seguridad sucedan hechos como los narrados en el libelo demandatorio. A nuestro modo de ver las cosas, no debe perderse de vista que si bien es cierto fue un tercero el causante de la muerte del interno Joel Cardona Osorio, el hecho no debe mirarse en forma aislada, como si hubiese ocurrido en cualquier calle oscura y sola de la ciudad, o en algún bar, pues como es sabido, tuvo lugar dentro de un centro carcelario, el cual se insiste cuenta con la vigilancia debida, para evitar

la introducción, al penal, de armas de fuego o cortopunzantes, sustancias alucinógenas, alcohólicas y venenosas etc., así como su fabricación y consumo y de esta manera impedir que mueran personas en forma violenta, como sucedió con el envenenamiento con cianuro del que fue victima el interno Cardona Osorio. Entonces ahí es justamente donde el Estado ha omitido ser cuidadoso a través de sus agentes, por que no se prestó la vigilancia necesaria, pues al llegar al penal el señor Joel Cardona Osorio a la penitenciaria central la picota, localizada en la ciudad de Bogotá D.C, por orden de autoridad competente, era su obligación velar por la vida e integridad personal del mismo, hasta el momento de ser retornado al seno de la sociedad. Bien es sabido que la opinión general considera que los internos acceden a los centros de reclusión como resultado de actos violentos y es obligación primerísima y relevante de la autoridad, privar a estas personas de instrumentos y substancias con los cuales puedan causar daños a terceros o a ellos mismos, obligación que no se cumplió a cabalidad generando la falla del servicio reclamado. Así lo ha señalado el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 1999, dentro del proceso No 92-D—7826, actor Rodrigo Jaramillo Valencia, Magistrada Ponente: Dra. Miriam Guerrero de Escobar: “(…) fue omisiva, irregular la conducta asumida por la Administración cuando luego de colocar al mencionado señor bajo su guarda permitió que le fueran causadas lesiones con ostensible incumplimiento de sus

obligaciones frente ala protección del mencionado derecho (…)” En conclusión el primer elemento de responsabilidad se encuentra demostrado dentro del proceso. 6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284)

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IUS-2011-242918 En lo que atañe al perjuicio causado tenemos que los actores propenden el reconocimiento de los perjuicios morales, considera esta agencia fiscal que dentro del proceso Sandra Sánchez demostró la condición de compañera permanente del occiso, más no así la de su hijo Juan Pablo Sánchez, siendo necesario establecer dicha parentela por los medios legales. En los anteriores términos el segundo elemento de responsabilidad se encuentra probado. Frente al elemento causal o relación de causalidad existente entre la falta o falla del servicio y el perjuicio ocasionado, también se encuentra establecido, pues de no haber sido por la conducta omisiva y negligente de la autoridad administrativa a cuyo cargo se encontraba la Penitenciaria Central la Picota, en la cual se hallaba el recluido Joel cardona Osorio, éste no habría fallecido envenenamiento sic. y no se habrían ocasionado los daños o perjuicios por cuya indemnización se reclama con fundamento a tal hecho.” Sentencia de primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 29 de julio de 2010 negó las pretensiones de la demanda, por lo cual

exoneró al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC –, bajo las siguientes consideraciones: “ (…) Visto lo anterior, la Sala encuentra que el señor JOEL CARDONA, Osorio murió por intoxicación con cianuro dentro del establecimiento carcelario, en circunstancias en que no fueron esclarecidas y que conforme a las declaraciones trasladadas de la investigación penal a la disciplinaria, se puede deducir que personas distintas de la víctima al parecer internos del mismo centro carcelario – habrían suministrado el veneno al occiso, disfrazándolo en una bebida alcohólica que la víctima adquirió y aceptó consumir. De dicha actuación se desprende que el señor Cardona Osorio, cometió una falta disciplinaria puesto que bajo su propia cuenta aceptó consumir una sustancia alcohólica cuya fabricación y uso no son permitidos en tales condiciones dentro de un centro carcelario, sustancia que fue adquirida por el occiso y consumida en compañía de otros internos en horas de la noche dentro de la celda. Ahora bien, con las pruebas allegadas al presente proceso se acreditó que el interno afectado consumió dicha bebida sin saber que ésta 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-242918 incluía además una dosis de cianuro que le causó la muerte, lo cierto es que su exposición a dicho riesgo oculto se produjo por una conducta

imprudente y contraria a su deber de respetar las reglas de comportamiento de la institución carcelaria, sumado a que según los testimonios, la víctima tenía disputas al interior del penal en virtud de algunas negociaciones realizadas con otros internos. Lo anterior, considerando que con fundamento en las declaraciones de los internos, en especial de la del señor Oscar Orlando Moreno Correa, la noche anterior a la muerte del señor Cardona Osorio, hubo movimiento en la celda, quien por efecto de la sustancia que le suministraron, acudió en diferentes oportunidades al baño del pasillo, situación que fue puesta en conocimiento del guardia de turno, sólo hasta las 5.20 del día siguiente para la prestación de la atención médica. Así se tiene que pese a los síntomas que empezó a presentar el señor Cardona Osorio, tras la ingesta de alimentos y del licor artesanal, no solicitó la ayuda médica requerida y los internos que se percataron de la situación no le prestaron la ayuda necesaria, por las presuntas amenazas de las personas que le suministraron el veneno, circunstancia que escapa al deber de vigilancia y cuidado de las autoridades carcelarias, desvirtuándose la falla en el servicio alegada por la demandante y desvirtuándose la falla en el servició alegada por el demandante y configurándose la culpa exclusiva de la víctima”. Por lo tanto, encuentra la sala que en el presente caso nos encontramos frente a una causal de exoneración por culpa exclusiva de la víctima, en los hechos, toda vez que acreditado el daño consistente en la muerte del señor cardona, de igual forma se acreditó

que las circunstancias bajo las cuales se produjo su fallecimiento se derivaron de su propia conducta, tal como se advirtió en líneas precedentes, por lo que se rompe le nexo causal entre la falla alegada en la demanda y el daño (…)”. El recurso de apelación. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual exonero de responsabilidad disciplinaria al INPEC, señalando que la muerte del interno se produjo por culpa exclusiva de éste, teniendo en cuenta lo siguiente: 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284)

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IUS-2011-242918 En la providencia objeto del presente recurso, consideró la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “A”, que se configuró al causal eximente de responsabilidad Culpa exclusiva de la víctima, ya que el señor JOEL CARDONA OSORIO ingirió voluntariamente el licor que contenía el cianuro que le ocasionó la muerte y que por tanto la entidad quedaba exonerada de toda responsabilidad. “Al respecto, es necesario aclarar que según reporte del laboratorio de toxicología Forense del instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que obra en el expediente (Fl 10 C3), se encontró cianuro y no se hallaron rastros de etanol, por lo que resulta extraño que si el señor Cardona Osorio ingirió la bebida alcohólica no hubiese presencia de

etanol en la sangre de este. Además no es de recibo para el suscrito que se considere que por el hecho de que el señor Joel Cardona Osorio, ingirió el cianuro en una bebida o alimento de manera voluntaria, sin saber que estos contenía la mortal sustancia, se exonere a la entidad demandada INPEC, de toda responsabilidad, por haber permitido el ingreso de dicha sustancia al penal, considerando que se debe revocar la providencia apelada y acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda. El régimen aplicable al presente caso es el de la falla en el servicio, ya que es obligación del INPEC, velar por la seguridad de los internos, por lo que deben ejercer un control estricto de los elementos que ingresan al penal, ya sea por los reclusos, las visitas o cualquier persona que tenga acceso al establecimiento carcelario. Hechas las precisiones que anteceden es preciso advertir que dado el enfoque que como demandantes se le dio al proceso en la causa petendi, el régimen aplicable es el de falla en el servicio, pero que en aplicación del principio iura novit curia, el Juez puede descartar este título jurídico invocado estableciendo si el daño es imputable a la entidad demandada a otro título. La circunstancia de que los hechos relatados en la demanda sean constitutivos de una falla del servicio, o conformen un evento de riesgo excepcional o puedan ser subsumidos en cualquier otro régimen de responsabilidad patrimonial de los entes públicos, es una valoración teórica que incumbe efectuar autónomamente al juzgador, como

dispensador del derecho ante la realidad histórica que las partes demuestren. 9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284)

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IUS-2011-242918 Los fundamentos de derecho, por su parte están constituidos por las normas jurídicas en las que cree el demandante encontrar el fundamento de sus pretensiones y respecto de ellos es posible, como principio general, que el juez pueda interpretarlos o adecuarlos al caso en estudio; por eso se afirma que el juez debe “aplicar el derecho” cualquier que sea la norma que lo contenga, haya sido o no citada o alegada por la parte y sin necesidad de probarla toda vez que no constituyen su causa petendi y no inciden en el principio de la congruencia de la sentencia. La justicia administrativa es rogada, sin embargo en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico. ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al plenario, es posible configurar responsabilidad a cargo del Estado, por la muerte del interno Joel Cardona Osorio, dentro de la Penitenciaría Central la Picota, el día 16 de

junio de 2003, quien murió como consecuencia de la ingesta de cianuro? Análisis Jurídico. La Corte Constitucional ha señalado que entre los reclusos y el Estado existe una relación de especial sujeción y en este sentido se han extraído importantes consecuencias jurídicas para efectos de determinar aspectos centrales en relación con los derechos fundamentales de las personas sometidas a la privación de la libertad, desde esa perspectiva ha desarrollado características en dicha relación de sujeción a saber: i) la subordinación ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial tales como controles disciplinarios y administrativos y la posibilidad de limitar sus derechos incluso los 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-242918 fundamentales, desde luego autorizados por la constitución y la ley, con la finalidad de garantizar los medios para el ejercicio de las demás derechos de los internos, mediante medidas dirigidas a garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad y así lograr el cometido principal de la pena la resocialización. La subordinación comporta derechos especiales, como las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud, los cuales deben ser garantizados por el Estado; igualmente esa relación de sujeción implica que el recluso se encuentra en estado de indefensión frente al Estado que a su vez genera una obligaciones de protección a su cargo.

En palabras de la Corte: “En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares amenacen contra la vida del interno; dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso enfrentar las amenazas contra la vida de los reclusos, aparejando la obligación de adoptara medidas de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida1

Por su parte la jurisprudencia Contencioso Administrativa consideró originalmente que las obligaciones del Estado para con las personas retenidas debía entenderse bajo la figura del deposito necesario de personas, a la luz del artículo 157 del Código Civil, significando que cuando las autoridades capturaban legalmente a una persona, asumían su custodia y vigilancia, convirtiéndose en depositarios de ella, debiendo responder por su vida e integridad. En una segunda etapa la jurisprudencia administrativa señaló que las obligaciones del Estado frente apersonas retenidas eran de resultado2 y de dos tipos: a) de hacer, por que las autoridades responsables de la detención 1 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-958 de noviembre 7 de 2002

M. P. Eduardo Montealgre Lylett.

11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 25000232600020040202401(40284)

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material deben preveer y evitar los peligros que pueda sufrir el retenido desde que es privado de la libertad hasta cuando es devuelto a ella y b) de no hacer, por que los agentes estatales de la detención deben abstenerse de cualquier conducta que vulnere o amenace los derechos del retenido. Se reconoce que la privación de la libertad es una limitación a varios derechos fundamentales y, siendo consecuencia del ejercicio de un poder legítimo del Estado, por si misma no genera responsabilidad patrimonial, pues es una carga pública para el administrado que ha sido legalmente privado de la libertad. Finalmente ha sido renovada la anterior tesis, dado que lo se cuestiona es la conducta activa, pasiva y omisiva del Estado respecto de la obligaciones para con la vida e integridad de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, dentro de lo que se ha llamado relaciones especiales de sujeción, la jurisprudencia definió que la responsabilidad del Estado por daños sufridos por los reclusos proviene del sistema de imputación subjetivo de la falla del servicio, esto es, ya no bajo el entendido de que la obligación del Estado frente al recluso es de resultado, sino bajo el entendido de que el estado se obliga a la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad y de ese modo asume la garantía de su seguridad, por eso actualmente se analiza si hubo un incumplimiento de deberes positivos de custodia y vigilancia y pese a ello ocurrió el daño deberes codificados en la ley penitenciaria y carcelaria y en los correspondientes reglamentos internos de cada establecimiento carcelario. En providencia del 11 de febrero de 20093, con ponencia de la doctora

Myriam Guerrero de Escobar, sobre la responsabilidad por los daños causados a personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, se expresó: 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de junio 24 de 1998, exp.10530 CP. Ricardo Hoyos Duque. 3 Expediente No. 4400-1233-1000-1996-01216-01 (16750), demandante: Ángel Rafael Soto, demandado: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –IN