PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Responsabilidad por omisión al deber de protección

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D. C., 15 de octubre de 2009 Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente. Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 09-215

Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros

Demandados: La Nación – Policía Nacional – Departamento

Administrativo de Seguridad DAS - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado por virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia proferida el día 16 de junio de 2.009 por el Tribunal Administrativo del Cauca y que denegó las pretensiones de los demandantes, razón por la cual, esta Agencia del Ministerio Público, en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, de que habla el artículo 86 del C.

C. A., la señora ANA LUCIA ESCOBAR MUÑOZ, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores ERIKA LORENA, ANA KATHERINE y CRISTIAN OLMEDO VELASCO ESCOBAR, a través de apoderado judicial, solicitan de esta jurisdicción que se declare a LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL

– INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC –

5ªCdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S., administrativa y patrimonialmente responsables de la muerte del señor JESÚS OLMEDO VELASCO ERAZO, ocurrida el día 10 de mayo de 2002 en el trayecto entre las localidades de Puerto Tejada y Cali, y que en consecuencia, se condene a las demandadas a pagar perjuicios morales y materiales a favor de los actores.

Narran los demandantes, que el señor JESÚS OLMEDO VELASCO ERAZO se desempeñaba en el cargo de Inspector Código 5170 - Grado 13, en la Cárcel del Circuito Judicial de Puerto Tejada – Departamento del Cauca y que el día 10 de mayo de 2002, el, señor JULIO EDUARDO MORA RODRÍGUEZ, Director del precitado establecimiento carcelario, le ordenó que se trasladara hasta la ciudad de Cali – Valle, con el fin de reclamar una resolución en la que se disponía el traslado de unos internos. Afirman también, que en la fecha antes mencionada, el señor JESUS OLMEDO VELASCO se trasladaba desde el municipio de Puerto Tejada hasta Cali en el vehículo de placas VBI-202, cuando fue interceptado por varios delincuentes quienes le propinaron heridas con armas de fuego ocasionándole la muerte. En criterio de la parte actora, la muerte del señor VELASCO ERASO, se debió a la falta de protección por parte de las entidades demandadas, quienes pese a tener

conocimiento de que grupos al margen de la ley, atentarían contra el centro de reclusión en donde prestaba sus servicios, generándose la responsabilidad administrativa por falla en la prestación del servicio público por omisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.  La Contestación Durante el término de fijación en lista, las entidades demandadas contestaron la demanda en los siguientes términos: a) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 2 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros Contestó la demanda, por intermedio de apoderado judicial, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones de la misma, argumentando que la muerte del señor JESUS OLMEDO VELASCO ERAZO, fue producida por terceros y que por ello, no procede ninguna responsabilidad de parte del establecimiento carcelario, dado que la víctima fue ultimada mediante el empleo de armas de fuego por delincuentes comunes, lo que lleva a concluir que se presentó un caso fortuito, no siendo entonces el hecho generador responsabilidad de la institución, ni de ninguna otra entidad. Como excepción propuso i) la que denominó “De exoneración de responsabilidad, en razón a que el hecho dañoso es consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima.” b) Ministerio de Defensa - Policía Nacional: Contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de los actores, manifestando que no acepta ninguno de los hechos que la fundamentan, al

considerar que en el presente caso, no existe ninguna conducta omisiva imputable a la Policía Nacional, que pudiera ser constitutiva de falla del servicio, para que se pudiera acceder a una eventual condena. Como excepciones propuso: i) Culpa de un tercero ajeno a la entidad demandada y ii) La Genérica. c) Departamento Administrativo de Seguridad DAS: Procedió a contestar la demanda, oponiéndose a las declaraciones y condenas deprecadas por la parte demandante, argumentando que le correspondía al INPEC tomar las medidas de seguridad para su personal, aunado a que el señor VLESACO ERAZO, tenía su residencia en la ciudad de Cali y, que una vez terminaba la jornada laboral, se trasladaba hasta esa ciudad, sin que se observe motivo alguno para que el día de su fallecimiento debiera tener protección. Afirma además, que no existe falla de la administración imputable al DAS, por cuanto se requiere que el hecho generador del daño sea a consecuencia de una acción, omisión, mal funcionamiento o funcionamiento tardío de la administración, 3 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros situación que no se da en el presente caso. Como excepciones propuso las siguientes: i) Falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto al D.A.S., ii) El hecho de un tercero y iii) La excepción genérica.  La Sentencia de Primera Instancia En sentencia calendada 16 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo del Cauca, negó las súplicas de la demanda, al considerar que no existe en el proceso

prueba que permita tener por establecido que existió una relación causal entre el encargo de recoger de las oficinas de la ciudad de Cali unas resoluciones y el asesinato de que fue objeto en la vía. Adicionalmente, en cuanto a la imputación que se hace a la DAS y a la Policía Nacional agrega que tales entidades no tuvieron conocimiento previo del desplazamiento que efectuaría el señor VELASCO ERAZO, circunstancia que de suyo indica que no les era posible prever cualquier anormalidad o riesgo especial en tal desplazamiento de manera tal que ameritara ampararlo con protección especial.  La Apelación Inconforme con la decisión del A Quo, el demandante la apeló con miras a que ésta sea revocada y que en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, pues afirma que sí se han acreditado los elementos que estructuran la falla en el servicio de las entidades demandadas toda vez que sabían que tanto el personal como las instalaciones de la cárcel de Puerto Tejada se encontraban amenazados. EL CONCEPTO La Procuraduría Quinta Delegada comparte la decisión de la primera instancia, razón por la cual respetuosamente solicita a la Honorable Sala su confirmación con base en los siguientes argumentos: 4 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros Se encuentra probado en el expediente, que el fallecimiento del señor JESUS OLMEDO VELASCO ERAZO, tuvo lugar el día 10 de mayo de 2002, según se

constata en el registro de defunción allegado al proceso (f. 2 c. 2), así como también se demostró que el deceso fue producido por heridas mortales con arma de fuego, en órganos internos y sangrado masivo, tal y como consta en el Protocolo de Necropsia elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Local de Puerto Tejada – Departamento del Cauca obrante también en el expediente (f. 3 y ss. c. 2). Ahora bien, en cuanto al tema de la litis, tenemos que la parte actora, reclama que las entidades demandadas incurrieron en una falla en el servicio por omisión, al no brindarle protección al señor JESUS OLMEDO VELASCO ERAZO, el cual se encontraba amenazado a consecuencia de sus actividades como Inspector de la Cárcel de Circuito Judicial de Puerto Tejada - Cauca. Por su parte, las entidades cuestionadas, sostienen que no ha habido falla en el servicio, porque no se les puso en conocimiento que existieran amenazas en contra del señor JESUS OLMEDO VELASCO ERAZO, dado que el precitado señor, no solicitó el servicio de protección para los desplazamientos que hacía desde Puerto Tejada hacia la ciudad de Cali y sumado a que medió en el desencadenamiento de los hechos luctuosos, el hecho de un tercero, se demuestra que al Estado no le asiste ninguna responsabilidad frente a los hechos materia de demanda. Así las cosas, el análisis del caso girará en torno a determinar dos circunstancias esenciales: i) si le asiste responsabilidad a las entidades por falta en el deber de

protección y ii) la existencia de una causal de exoneración como es el hecho de un tercero.  La presunta falla en el servicio, por omisión del deber de vigilancia. 5 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros Acerca de las responsabilidades de cada una de las entidades que fueron llamadas como sujetos de imputación por parte del demandante, se tiene que respecto del Departamento Administrativo de Seguridad D. A. S., si bien dentro del ámbito de su competencia funcional, cabía el de brindar seguridad al extinto funcionario del INPEC, encuentra esta Agencia del Ministerio Público que es cierto que la entidad no le prestó ningún servicio de protección, pero ello acaeció no por una omisión o negligencia de su parte, sino en razón a que dicho servicio nunca le fue solicitado, o por lo menos, la parte demandante no lo acreditó, pues en el expediente, no se encontró prueba alguna de que la víctima hubiera solicitado ese tipo de protección, luego mal podría atribuírsele a la entidad algún tipo de responsabilidad por no prever un posible estado de vulnerabilidad del señor VELASCO ERAZO, que ameritara reforzar sus medidas de seguridad, pues para que el D. A. S. pueda prestar el servicio de protección, se necesita por lo menos de un requerimiento previo por parte de la persona amenazada.

Lo anterior, guarda un sentido completamente lógico, pues sería imposible para una entidad como el D. A. S. coordinar un esquema de seguridad, si la persona no le manifiesta a la entidad, por lo menos, que está siendo víctima de amenazas, la

posible fuente de las mismas y sus necesidades de protección, en el sentido de incrementar o de reducir el tipo de seguridad y/o de escolta, dependiendo del nivel de amenaza del individuo, por ende, no se encuentra que se configure responsabilidad alguna de la entidad frente a los hechos materia de demanda. En cuanto a la Policía Nacional, esta entidad tampoco está llamada a responder, ya que se itera, no reposa antecedente alguno de denuncias de amenazas realizadas al señor VELASCO ERAZO. De lo anterior, puede colegirse que la víctima no había hecho requerimiento alguno de protección a esta institución, luego sería ilusorio pensar que la entidad debiera indemnizar, cuando no tuvo conocimiento de ninguna solicitud de protección a causa de algún tipo de amenazas que obraran en contra del precitado señor; pues hay que tener en cuenta que el Estado no está obligado a lo imposible, en el sentido de que la administración no está en capacidad de prever la materialización de todo acto 6 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros delincuencial y para que se pueda hablar de una posible falla por omisión al deber de protección, la amenaza debe ser de conocimiento previo de la entidad, lo que la convertiría en un hecho previsible y evitable, o por lo menos resistible, dado que no se cuenta que con los recursos suficientes para garantizar la vigilancia personal de todos y cada uno de los ciudadanos y menos, cuando no se le ha puesto de presente la existencia de una situación que comporte un factor de alto riesgo; pues está visto como en el presente caso, el desplazamiento que iba a realizar el

fallecido funcionario del INPEC desde Puerto Tejada hasta Cali –que además, era un comportamiento regular y rutinarioera un hecho completamente desconocido para el DAS y para la Policía Nacional, por lo que nada pudieron hacer para mitigar los eventuales riesgos y las consecuencias que tal movilización pudiera implicar, lo cual encuadra el atentado del que fue víctima el señor JESÚS OLMEDO VELASCO ERAZO, como un hecho imprevisible e irresistible, lo que de contera, permite concluir que tales parámetros, resulta inviable configurar algún tipo de responsabilidad administrativa que eventualmente pudiera ser atribuible a las entidades demandadas, razón por la cual las pretensiones de los actores deberán denegarse. Respecto del alcance de la responsabilidad del Estado por culpa in vigilando, la Sección Falladora, ha manifestado lo siguiente: “(…) Observa la Sala que se plantea, en este proceso, el interesante tema de la responsabilidad de la administración por omisión, concretamente en relación con el cumplimiento de su obligación de supervisar a los particulares en el ejercicio de determinadas actividades, en desarrollo de las cuales pueden causar perjuicios a otras personas. En ensayos recientes, el tema ha sido tratado por los profesores españoles, Rafael Entrena Cuesta y Mariano Magide Herrero1, algunas 1 Ver ensayos titulados Responsabilidad e inactividad de la administración y El criterio de imputación de la responsabilidad in vigilando a la administración; especial referencia a la responsabilidad de la administración en su actividad de supervisión de sectores económicos, respectivamente, publicados en La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. III Coloquio Hispano-Luso de Derecho Administrativo. Valladolid, 16 a 18

de octubre de 1997. Marcial Pons editores, bajo la coordinación de J. Luis Martínez López-Muñiz y Antonio Lalonge Velásquez, 1999, p. 357 a 397. 7 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros de cuyas observaciones resultan pertinentes y se presentan a continuación. (…) “...puede afirmarse que cuando se considera responsable a la Administración por no haber impedido la realización de un evento dañoso, se está haciendo responsable a la Administración por una omisión: la de aquella conducta que habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión...”.

Y recurriendo también a la doctrina penal, agrega: No creo que esta referencia a la doctrina penalista sea ni mucho menos una digresión injustificada... Cabe preguntarse si en los casos de responsabilidad por culpa in vigilando existe, en rigor, y desde el punto de vista ontológico, un nexo causal entre la omisión de la actividad administrativa que habría podido impedir el daño y éste último. Puede afirmarse que no. Por emplear ejemplos extraídos de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo: la causa de que un recluso muera apuñalado en una cárcel no es propiamente la deficiente vigilancia de los funcionarios de prisiones, sino la acción de su asesino. Como no es la escasa vigilancia en un centro de internamiento de deficientes mentales la causa de que uno de ellos se fugue y muera atropellado. Otra cosa es que, de acuerdo con criterios normativos, y no estrictamente ontológicos, el daño

merezca ser imputado a la Administración”. (…) En efecto, bien puede concluirse – y así se ha hecho en algunos fallos – que, en ciertos eventos, sólo una actuación u omisión ilícita de una entidad estatal puede dar origen al surgimiento de la obligación de indemnizar (como ocurre, por regla general, en los casos en que la responsabilidad tiene su fuente en un daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial). Lo anterior debe entenderse, por lo demás, sin perjuicio de que, en otros, pueda declararse la existencia de responsabilidad del Estado por daños causados como consecuencia de acciones u omisiones lícitas. El daño especial o el riesgo excepcional podrían servir de fundamento, en estos casos, para considerar que la correspondiente entidad demandada tiene el deber de reparar el perjuicio reclamado. 8 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros Ahora bien, considera esta Sala que, tratándose de la responsabilidad por omisión, establecido el daño, el análisis debe conducirse hacia la determinación de la causalidad y la imputabilidad, aplicando para el primer caso, obviamente, la teoría de la causalidad adecuada. En ese sentido, el problema radicaría en establecer, inicialmente, si existía la posibilidad efectiva para la entidad demandada de evitar el daño, interrumpiendo el proceso causal. Y el análisis de la imputación, que será posterior, se referirá a la existencia del deber de interponerse, actuando –situación en la que la obligación de indemnizar surgirá del incumplimiento, como

comportamiento ilícito, o de un daño especial o un riesgo excepcional previamente creado, que den lugar a la responsabilidad, a pesar de la licitud de la actuación estatal. (…)” (negrillas fuera de texto). 2 En cuanto al título de imputación aplicado en este proceso, esto es, el de la falla probada del servicio, esta Procuraduría Delegada lo encuentra ajustado a derecho, toda vez, que las entidades demandadas no podían especular respecto de las necesidades de seguridad del señor VELASCO ERAZO, pues eso sería tanto como obligar a las demandadas a lo imposible, pues se sobrentiende, que el más interesado en preservar su vida, es la misma persona que se siente amenazada y, si a sabiendas del peligro inminente que le asecha, decide por cuenta propia asumirlo, libera de responsabilidad a los entes de imputación, pues éstos deben responder por sus acciones o sus omisiones, pero en manera alguna, pueden verse obligados a responder por hechos y acciones que son netamente de resorte del individuo y que en mayor o menor medida determinaron la ocurrencia de los hechos que a la final, condujeron al funesto resultado. Respecto de la responsabilidad por omisión al deber de protección, la Sala ha manifestado: 2 Sentencia de 21 de febrero de 2002, Expediente No. 12789. 9 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros “(…) La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 90 3, de una parte, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado

y, de otra, la obligación de que éste repita contra sus agentes, cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado a la reparación patrimonial. La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”4. Pero, se advierte que en la norma constitucional para derivar la responsabilidad del Estado no sólo se requiere que la víctima no esté obligada a soportar el daño, sino que además se precisa que el daño debe ser imputable a la entidad estatal demandada. La jurisprudencia vigente en relación con los daños causados con los actos violentos cometidos por personas que se enfrentan al Estado, en los cuales resultan afectados particulares ajenos al conflicto, tienen por averiguado que deben ser reparados por éste, cuando los afectados no tengan el deber jurídico de soportarlos, pero siempre que le sean imputables, porque en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque5.

3 Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández 5 Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996, exp: 422 y de la Sección de 11 de diciembre de 1990, exp: 5417; 21 de marzo de 1991, exp: 5595; 19 de agosto de 1994, exp: 9276 y 8222; 13 de octubre de 1994, exp: 9557; 2 de febrero de 1995, exp: 9273; 16 de febrero de 1995, exp: 9040; 30 de marzo de 1995, exp: 9459; 27 de julio de 1995, exp: 9266; 15 de agosto de 1995, exp: 10.286; 6 de octubre de 1995, exp: 9587; 14 de marzo de 1996, exp: 11.038; 29 de marzo de 1996, exp: 10.920; y 29 de agosto de 1996, exp: 10.949 y 11 de julio de 1996, exp: 10.822, entre otras.

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Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala: “En otros eventos..., la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”6.

Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social, y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. “Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene

como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad Estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni 6 Sentencia del 10 de agosto de 2000, exp: 11.518. En el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 11.834. 11 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”7.(…)” 8 (Negrillas fuera de texto) Queda claro entonces, que para poder atribuir algún tipo de responsabilidad al Estado por omisión in vigilando, debe haber claridad sobre el bien jurídico que es tutelado por la administración; es decir, tal deber de guarda y cuidado ha de estar bien delimitado, pues en ocasiones como la que nos ocupa, la administración debe ser consciente del riesgo que se cierne sobre la persona a fin de poder estimar el daño que debe prevenir y además, por desarrollo jurisprudencial, se ha entendido que el Estado no es omnisciente para saber quién de sus asociados está siendo objeto de amenazas, ni omnipresente para hacer presencia en todos los lugares

de la geografía nacional, de allí que mal haría el fallador en condenarlo por la ocurrencia de unos hechos, que no guardan relación alguna con su actividad, que no fueron ocasionados por la acción u omisión de sus agentes y los cuales, en manera alguna, pudieron ser previsibles, evitables y muchísimo menos resistibles.  El hecho determinante y exclusivo de un tercero Del estudio de los medios de prueba allegados al expediente, en criterio de esta Agencia del Ministerio Público, se configura la causal de exoneración del Hecho Determinante de un Tercero, toda vez que el fallecimiento del señor JESUS OLMEDO VELASCO ERAZO, obedeció al accionar de individuos completamente ajenos a las instituciones demandadas, pues está debidamente demostrado que la causa eficiente del deceso no fue la orden de viajar desde Puerto Tejada hasta la ciudad de Cali a realizar un procedimiento regular, como era el de recoger unas resoluciones de traslado; sino que ese lamentable hecho, tuvo origen en manos de terceros que interceptaron al señor VELASCO ERAZO en el trayecto, para luego atacarlo con armas de fuego y provocarle la muerte. 7 ? Sentencia de 27 de enero 2000, exp: 8490. En igual sentido, sentencias de 3 de noviembre de 1994, exp: 7310; 15 de marzo de 1996, exp: 9034; 28 de abril de 1994, exp: 7733; 17 de junio de 1973, exp: 7533; 10 de agosto de 2000, exp. 11.585; 21 de febrero de 2002, exp: 13.661, 20 de mayo de 2004, exp: 14.405; de 13 de

mayo de 1996, exp: 10.627 y 5 de septiembre de 1996, exp: 10.461, entre otras. 8 Sentencia de junio 6 de 2007, Expediente 16460 12 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros De otro lado, es pertinente reiterar que el ataque de que fue objeto la víctima, no era un hecho previsible y menos resistible para las demandadas, pues al no existir una denuncia, ni conocimiento previo de las autoridades del tipo de amenazas de las que -según los demandantesera objeto el señor VELASCO ERAZO, ni por lo menos de que el desplazamiento que iba a realizar el día 10 de mayo de 2002 comportara una seria amenaza, circunstancias que impidieron que, de ser el caso, se pudieran implementar las medidas de seguridad más adecuadas, máxime cuando el occiso se desplazaba frecuentemente por ese corredor vial, no solo por motivos de trabajo, sino también personales, pues está demostrado que su familia vivía en la ciudad de Cali y él trabajaba en la Cárcel de Circuito Judicial de Puerto Tejada; luego en principio, se entiende que aquella era una actividad que no comportaba en sí misma un riesgo para su vida o integridad personal.

Sobre el tema de la exoneración de responsabilidad por el Hecho de un Tercero, la Sección Falladora ha establecido, lo siguiente: “(…) Al respecto precisa la Sala que para que el hecho exclusivo y determinante de un tercero pueda ser considerado como causal excluyente de responsabilidad, éste en primer lugar debe ser

imprevisible e irresistible para la Administración y además, es necesario que quien pretenda servirse de dicha causal, acredite no sólo que e l tercero participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada, entendida ésta como aquella causa idónea, eficiente y preponderante cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo. (…)” 9 (negrillas en el texto) (subrayado fuera del texto) Es claro entonces, que cuando los hechos materia del litigio tienen origen en el accionar exclusivo y determinante de un tercero, nos encontramos frente a situación que elimina por completo el nexo de causalidad entre el daño que se demanda y la actividad de la administración, al establecerse que es una causa 9 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERAConsejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA - Mayo 3 de 2007 - Radicación número: 25000-23-26000-1999-00631-01(25020) 13 5CdeE/WRO/CJCHG Expediente 190012331000-2004-00859-01 37252.

Demandantes: Ana Lucía Escobar Muñoz y otros extraña a las entidades demandadas, la generadora del perjuicio y, adicionalmente, al desligarse el obrar del Estado de ese daño, se desvanece por completo cualquier pretensión de responsabilidad administrativa en su contra, pues la culpa y la responsabilidad por el padecimiento injusto que reclaman los demandantes, recae en cabeza de un particular que nada tiene que ver con la

Administración. A ese respecto, el H. Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

“(...) En lo que se refiere al hecho de un tercero, la Sala10 ha reconocido que este factor de exoneración tiene como función principal la de impedir la configuración de la denominada relación de causalidad, razón por la cual los daños experimentados por la víctima no pueden ser reconducidos, desde el punto de vista puramente material, a la conducta del demandado; sin embargo, si la ocurrencia fáctica no puede atribuirse de manera íntegra y exclusiva al hecho del tercero, el fenómeno jurídico que se configura no será la causal de exoneración total del hecho de un tercero. El doctrinante Jorge Peirano Facio11 también ha hecho referencias acerca de las características que debe acreditar el hecho de un tercero para liberar de responsabilidad a la Administración: “A). Causalidad. La primera nota que debe poseer el hecho de un tercero es haber concurrido a la producción del evento dañoso, ligándose a éste por una relación causal; de no mediar esta relación