PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Se declare la responsabilidad administrativa extracontractual y

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2009. Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO.

Consejero Ponente. Sección Tercera.

CONSEJO DE ESTADO.

E. S. D.

Ref.: Concepto 09 – 238.

Acción de Reparación Directa. Expediente No. 1700-1233-1000-2007-00053-01 (37406).

Demandante: Luís Carlos Saavedra y otra.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército

Nacional. Honorable señor Consejero. El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas el 18 de junio de 2009, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda; trámite dentro del cual esta Agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto. Antecedentes.

1. La demanda1.

El señor LUÍS CARLOS SAAVEDRA y la señora CAROLINA SAAVEDRA, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa – prevista en el artículo 86 Código Contencioso Administrativo – solicitaron 1 Se corrigió y adicionó (fls. 31 a 37. c. 1).

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(37406) declarar administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las perturbaciones y lesiones soportadas por el señor LUÍS CARLOS SAAVEDRA durante la prestación de su servicio militar obligatorio. Como fundamentos fácticos de las pretensiones de la demanda, se expresó (fls. 6 a 26. c. 1): “(…) SEGUNDO: Para el año dos mil cuatro (2004) el joven Luís Carlos Saavedra fue reclutado por el Ejército Nacional, incorporándolo al “Batallón de Policía No. 3” en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de que cumpliera con su servicio militar obligatorio.

TERCERO: Para la fecha el joven Saavedra ingresó a las filas del Ejército Nacional se encontraba totalmente saludable, pues no presentaba ningún tipo de limitación física ni psicológica.

CUARTO: Para el mes de junio del año dos mil cinco (2005), la Compañía a la que pertenecía el conscripto Saavedra fue trasladada a Manizales, para ser agregada operacionalmente a la Octava Brigada – Batallón Ayacucho, para operaciones de registro y control militar en el área.

El día catorce (14) del citado mes en horas de la mañana, se encontraba el hoy reclamante y sus compañeros realizando labores de aseo de armamento, cuando al salir a atender el llamado de sus superiores y por cumplir con la premura que la convocatoria ameritaba, se enredó con los implementos de los que hacía uso ocasionando una

caída desde su propia altura hasta el suelo que le produjo una fractura de radio cubital del brazo izquierdo.

QUINTO: Por la severidad de la lesión fue necesario su atención médica inicialmente en el dispensario del Batallón Ayacucho y posteriormente en la Clínica Camelias de Manizales, donde se le realizaron varios procedimientos clínicos en aras de recuperar satisfactoriamente la lesión.

SEXTO: El estado físico y emocional del joven Luís Carlos Saavedra es lamentable ya que las lesiones en su brazo no sólo ocasionaron una perturbación funcional de su aprehensión sino deformidad en dicha parte del cuerpo que le han repercutido en su aspecto emocional que se refleja en sus esporádicas actividades laborales y sociales, causándole a él y a su familia un grave impacto moral y psicológico… OCTAVO: Los hechos aquí narrados fueron reportados por el Teniente Coronel Oscar Orlando López Barreto en su calidad de Comandante del

Batallón de Policía No. 3, en informe administrativo por lesiones No. 008 calendado día veinte (20) del mes de junio del año dos mil cinco (2005), y en el que obviamente además se calificó la lesión, de conformidad con el artículo 24 del Decreto 1796 del año 2000, como

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demandada (…)”. Negrilla es del texto original.

2. La contestación.

El Ministerio de Defensa –Ejército Nacionalmanifestó sobre los hechos que unos eran ciertos y los demás debían ser demostrados en el proceso. Como razones de defensa de la entidad, expresó (fls. 55 a 57. c. 1): “(…) No se encuentran acreditados los elementos que den cuenta de la responsabilidad del estado por falla en el servicio por acción u omisión, la actuación del personal de la entidad demandada fue acorde a las normas legales. Es así como el Consejo de Estado en sentencia de Marzo del 2000, Consejero Ponente: Alier Hernández, Proceso No. 11.401, expresó: “En principio, la responsabilidad del Estado frente a quienes cumplen actividades relacionadas con la defensa Armada de las instituciones está preestablecida en la ley. Es lo que se ha denominado en derecho francés la indemnización a Forfait. A mi juicio, los daños que puedan sufrir los miembros de las fuerzas armadas, propios de la actividad que cumplen no constituye un daño especial, pues si bien estas personas están sometidas a mayores riesgos, este es su deber asumido en forma voluntaria (asunción de riesgos), con fundamento en el principio de solidaridad social consagrado en el articulo (sic) 95 de la Carta, y cuyo objetivo es “Apoyar a las autoridades democráticas, mantener la independencia y la integridad nacional, defender el territorio y la soberanía nacional, colaborar en la defensa de la convivencia pacífica, el mantenimiento de la paz y la efectiva vigencia de las instituciones”. La administración pública responde por su actividad, es decir por su

actos, sus hechos u omisiones cuando se causa un daño, es decir como RIVERO manifiesta: “Toda responsabilidad, en derecho público como en derecho privado, supone reunidas tres condiciones: La existencia de un daño, la posibilidad de vincular ese daño con una persona determinada, o imputabilidad del daño, y en fin un hecho generador que presenta ciertas características jurídicas de donde derive la obligación de reparar”. Requiriéndose de esta forma la existencia de un hecho administrativo imputable a la administración que cause un daño para configurar la responsabilidad extracontractual del Estado; no existe elemento alguno

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texto original.

3. Fallo de primera instancia.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 18 de junio de 2009, negó las pretensiones de la demanda, al sostener (fls. 100 a 109. c. 1): “(…) El Tribunal afirma que aunque el Estado tiene que asumir con el accionante el deber de reintegrarlo a la vida civil en las mismas condiciones físicas en las que ingresó a prestar dicho servicio. La causa directa, inmediata y material del daño fue un accidente por una imprevisión o descuido momentáneo del soldado, pero del material probatorio no es posible deducir que el joven Saavedra fue puesto en una posición o riesgo anormal o debió soportar una carga mayor respecto de sus 46 compañeros, quienes, al igual que él, debían descender por las gradas del Estadio Palogrande para presentarse a la formación. De esta forma, el hecho que produjo la lesión del soldado es jurídicamente ajeno o exterior a la entidad demandada, la cual no está llamada a responder por los daños ocasionados al soldado conscripto, más allá de lo que hizo al reconocer sin necesidad de sentencia judicial, a mutuo propio, una indemnización a forfait.

En conclusión: Al imputarse la producción del daño exclusivamente en razón del servicio, entonces es pertinente considerar que la indemnización a forfait fue suficiente para la lesión padecida (…)”.

Resaltado es del texto original.

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4. La apelación.

La parte demandante inconforme con la anterior decisión presentó (fl. 113. c. 1), y sustentó (fls. 120 a 137. c. ídem), el recurso de apelación, en el cual concluye que está demostrada plenamente la responsabilidad de la entidad pública, por lo cual solicitó revocarla, y en su lugar, condenar a la entidad demandada, reconociendo el valor de las pretensiones debidamente probadas. Para el anterior petitum, argumentó en su recurso lo siguiente: “(…) Si las conclusiones fueron el resultado de la valoración de medios impertinentes, es obvio el yerro de la decisión, pero si se hubiese valorado los medios adecuados obrantes dentro del proceso no se hubiese podido esperar otra decisión que el acogimiento de las pretensiones. La búsqueda de la responsabilidad no puede cumplirse tan sólo a través de un examen árido de las pruebas comprometidas, sino reproduciendo idealmente hacia atrás las varias fases que en conjunto constituyen el evento, pero para ello el juez debe apoyarse en medios de prueba completamente válidos, es decir como lo denomina la doctrina nacional que cumpla con requisitos intrínsicos y extrínsecos del acto de prueba… Quedó demostrado en el transcurso del pleito judicial que el incidente tuvo una causa eficiente: a) el estado anormal en el que se pone al ciudadano cuando ingresa a la prestación de su servicio militar obligatorio y b) el accidente ocurre al presentarse el llamado presuroso de los superiores militares para la convocatoria de los conscriptos… Así entonces, si es deber de la institución militar la conservación de las condiciones físicas en la que ingresó el administrado a cumplir con su

obligación legal, el acontecimiento generador del perjuicio tuvo una causa exclusiva: el riesgo inherente a las actividades militares, y ese riesgo es anormal por la simple incorporación obligada que el Estado hace de ciertos ciudadanos. Considero equivocada la reflexión del a-quo al exponer que el daño al haber sido causado por una situación normal del servicio no puede derivar en responsabilidad de la institución pública… El historial procesal y probatorio que en éste (sic) litigio se han recaudado, permite encausar con muchísima claridad la responsabilidad de la entidad pública demandada bajo la tesis objetiva; según circunstancias que reiteraré. Recuérdese que en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Se ha acudido al de daño especial cuando el “daño” tiene su causa en el

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Contencioso Administrativo “frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares (conscriptos), en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que, no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla en el servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial… En el caso bajo estudio existen hechos debidamente probados: el alistamiento del joven Luís Carlos Saavedra en las filas del Ejército Nacional, las labores de campo que se cumplían en el escenario deportivo de la ciudad de Manizales, la convocatoria del superior militar, la exigencia desproporcionada del acatamiento inmediato de su (sic) órdenes, el temor infundado a los conscriptos por ser los últimos en obedecimiento de las respectivas órdenes superiores, el accidente provocado al joven Luís Carlos Saavedra al enredar su extremidad inferior con un accesorio de arma de (sic) dotación oficial producto del afán por evitar los castigos innecesarios e inútiles de los militares… Se insiste, que el Estado frente a los conscriptos, recibe no sólo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sin que, de

igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos. Es decir, en cada episodio concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña resulta ineludible analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a la generación del mismo. Así las cosas, no puede deducirse, de forma injusta por demás: que por descuido momentáneo imprevisión se ocasionó el incidente, cuando lo probado revela que se encontraba acatando una orden del superior, y que debía ejecutarse bajo presión anímica a la mayor brevedad posible (...)”. Negrilla es del texto original.

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CONCEPTO.

El problema jurídico. Determinar si las lesiones soportadas por el joven Luís Carlos Saavedra, durante la prestación de su servicio militar obligatorio, son generadoras de la responsabilidad extracontractual, administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Procedamos a mirar jurisprudencia reciente sobre el régimen de imputación de los conscriptos: Con ponencia de la doctora Myriam Guerrero de Escobar, en sentencia del 29 de febrero de 2009, expediente No. 1800-1233-1000-1995-05743-01 (15793), demandante: Wilson Guzmán Bocanegra y otros, demandada: La

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se expresó sobre aquellos que están prestando su servicio militar obligatorio, ya sea como bachilleres, regulares o campesinos, es decir, los tradicionalmente catalogados como conscriptos, lo siguiente: “(…) La jurisprudencia de la Sala ha precisado en distintas oportunidades el régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (soldados regulares, bachilleres, campesinos etc.)2 que se diferencia del régimen jurídico aplicable por los daños 2 Artículo 13 de la Ley 48 de 1993: El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. “ARTICULO 13º. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. “El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. “Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar: a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses; b. Como soldado bachiller, durante 12 meses; c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. “PARÁGRAFO 1º. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la

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(37406) causados al personal de la fuerza pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros)3. En efecto, de tiempo atrás ha analizado la responsabilidad respecto de los conscriptos bajo el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos situaciones que deben concurrir:4 en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional5 en los términos6 y salvo las excepciones consagradas por la Ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, pese a que no todos los asociados están llamados a soportar tal situación y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pues el conscripto sólo está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de la actividad militar. La anterior situación no se genera, en principio, con el segundo grupo, es decir, con el personal de las fuerzas armadas que se vincula de manera voluntaria en virtud de una relación legal y reglamentaria, como sucede, por vía de ejemplo, con el personal de Soldados Voluntarios, Soldados Profesionales, Suboficiales y Oficiales, porque al elegir su oficio consienten su incorporación y asumen los riesgos

inherentes al mismo, a su turno, la Entidad estatal brinda la instrucción y el entrenamiento necesario para el adecuado desempeño de sus funciones (…)”. Resaltado no es del original. Sobre la responsabilidad objetiva como régimen de imputación aplicable a los daños y perjuicios sufridos por los conscriptos, por ejemplo por lesiones físicas generadas u ocurridas durante la prestación del servicio militar realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. “PARÁGRAFO 2º. Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación académica y oficio. 3 Entre otras, Sentencia proferida dentro del radicado 12.799. 4 Sentencia proferida el 23 de abril de 2008 Exp. 15720. 5 Artículo 216 de la Constitución Política. 6 Artículo 3º de la Ley 48 de 1993.

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la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. De conformidad con las pruebas descritas anteriormente, considera la Sala que el acuerdo logrado no lesiona los intereses del Estado, como quiera que existe prueba suficiente de la obligación, a cargo del ente demandado, para aceptar el arreglo al que llegaron las partes, dado que se acreditó que las lesiones físicas sufridas por el demandante se produjeron mientras se encontraba en desarrollo de sus funciones propias del servicio militar obligatorio; es decir, quedó acreditada tanto la calidad de conscripto del actor como la ocurrencia del hecho dañoso. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 25 de septiembre de 2003, exp. 11.982; Sentencia de 24 de mayo de 2005, exp. 15.650 (…)”. Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales que han establecido los casos en que se pretende la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a los conscriptos durante la prestación del servicio militar obligatorio, donde se puede presentar la responsabilidad extracontractual del Estado bajos tres regímenes de imputación, como son 1) la tradicional falla probada del servicio; 2) el daño especial, cuando existe un rompimiento frente a la igualdad de las cargas públicas y, finalmente, 3) por riesgo excepcional, que se presenta por la realización de una actividad peligrosa, como lo es la manipulación de armas de dotación oficial, por citar un ejemplo. Sin embargo, hay casos en que la ley concibe una indemnización con características especiales, llamada indemnización a for fait, concebida para los miembros de la Fuerza Pública que sufren daños con ocasión del servicio

siendo miembros activos y voluntarios, a diferencia de los conscriptos que sí cumplen una carga pública y son sujetos de protección y custodia del Estado mientras prestan el servicio obligatorio8, los miembros de las 7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Magistrado Ponente: doctor Mauricio Fajardo Gómez. Providencia del 19 de julio de 2007. Expediente No. 5200-1233-1000-2001-00524-01 (29034). 8 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia de agosto 10 de 2005, exp. 85001-23-31-000-1997-00448-01(16205), CP: María Elena Giraldo Gómez: “(…)En relación con el conscripto la jurisprudencia ha dicho que si bien éstos pueden sufrir daños con ocasión de la obligación de prestar servicio militar obligatorio, consistentes en la

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derivada de los daños antijurídicos (artículo 90 de la Constitución Política), que se pueden generar frente a quienes se les impone la carga por parte del Estado de cumplir con el servicio militar obligatorio (conscriptos), la causa legal de estas indemnizaciones tiene orígenes diferentes10. restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad etc. ellos no devienen en antijurídicos, porque dicha restricción proviene de la Constitución; pero que pueden sufrir otros daños que si devienen en antijurídicos y que tienen su causa en dicha prestación, cuando ocurren durante el servicio y en cumplimiento de las actividades propias de él, que les gravan de manera excesiva, en desmedro de la salud y de la vida, los cuales deben indemnizarse por el conglomerado social a cuyo favor fueron sacrificados dichos bienes jurídicos, porque se da quebranto al principio de igualdad frente a las cargas públicas. Ahora pese a que la ley ha venido, paulatinamente, reconociendo el derecho del conscripto que ve disminuida su capacidad psicofísica o laboral o fallece con ocasión y por razones del servicio, a ser indemnizado y en algunos casos a recibir pensión de invalidez, como se verá a continuación, esa protección dista mucho de la que se prevé para los agentes públicos vinculados laboralmente al Estado (colaboradores permanentes), ya que no es integral, no proviene de una relación laboral y por tanto no está llamada a generar que el campo de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrito a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, como si sucede con la indemnización a for fait. 9 Ibídem: “(…) Esta Sección del Consejo de Estado, a partir de la legislación y la ponderación de

la naturaleza y alcances de tales vínculos, ha concluido que frente al soldado profesional la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual en relación con los daños sufridos por éstos con ocasión de la exposición a los riesgos inherentes a su actividad laboral, dirigida ésta a la protección del Estado y de sus instituciones, porque tales riesgos están cubiertos por la ley, en la cual se prevé la obligación para el Estado de indemnizar a su servidor público, por los daños sufridos con ocasión y por razón del servicio y que cobra vigencia en forma automática, cuando se produce “el siniestro” que se ampara legalmente. Y exceptúa del régimen indemnizatorio anotado, los daños provenientes de la falla del servicio o del sometimiento del soldado a un riesgo distinto al que asumió voluntariamente, eventos en los cuales cobra vigencia el régimen de responsabilidad contenido en el artículo 90 constitucional. En efecto: Tratándose de daños sufridos directamente por los Agentes públicos vinculados laboralmente con el Estado (colaboradores permanentes) la indemnización adquiere características especiales, toda vez que la ley prevé para ellos una legislación que predetermina la indemnización - a for fait -, que resarce el daño causado dentro de los riesgos propios que debe asumir el servidor, como inherentes al servicio prestado. Esa predefinición legal de indemnización en materia de riesgos profesionales, hace que el terreno de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrita sólo a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, o sea los daños derivados de la conducta falente o culposa del Estado - patrono, o los daños producidos por el sometimiento del Agente a un riesgo distinto al asumido a su ingreso al servicio, con violación al

principio de igualdad frente ante las cargas públicas (…)”

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IUS-2009-365138 Concepto 09-238. Reparación Directa Expediente No. 1700-1233-1000-2007-00053-01 (37406) Pues bien, en el presente caso nos encontramos en el segundo de los supuestos mencionados, ante un daño especial, que se concretó en el rompimiento frente a la igualdad de las cargas públicas, pues se encuentra demostrado con el material probatorio allegado al proceso, que el joven LUÍS CARLOS SAAVEDRA, fue reclutado para prestar el servicio militar obligatorio en aptas condiciones de salud, como da cuenta el documento aportado por el Ejército Nacional, el Acta No. 2004105, del 18 de agosto de 20004, que contiene el acta de entrega y recepción de conscriptos de 4/2004 que hace el Distrito Militar No. 16 (fls. 67 a 72. c. 4). Se aportó como prueba el informe administrativo por lesiones de Luís Carlos Saavedra Becerra, emanado del Batallón de Policía No. 3 del Ejército Nacional, en el que se lee (fl. 57. c. 2): “(…) Teniendo en cuenta el informe rendido por el señor Capitán EDGAR ALIRIO PABON RUEDA Comandante de la compañía Bolívar, los hechos sucedidos el día 14 de junio de 2005, siendo aproximadamente las 10:00 horas, encontrándose la compañía agregada operacionalmente a la Octava Brigada realizando operaciones de registro y control militar de área, el Soldado Regular

SAAVEDRA LUIS CARLOS CM. 14679650, integrante del cuarto contingente del dos mil cuatro, termino (sic) el aseo de armamento y salio (sic) por las gradas hacia la parte baja del estadio y fue cuando se enredo y desde su propia altura cayo recibiendo el peso de su cuerpo en el brazo izquierdo donde sintió un dolor intenso por lo cual fue llevado al dispensario del Batallón Ayacucho donde lo remitieron a la Clínica Camelia de Manizales, para que lo operaran ya que tenía una fractura de radio cubital en el brazo izquierdo.

IMPUTABILIDAD: De acuerdo al artículo 24 del Decreto 1796 del 14 de Septiembre de 2000. La lesión ocurrió en: 10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Magistrado Ponente doctor Enrique Gil Botero.

Sentencia del 26 de febrero de 2009. Expediente No. 6800-123-15000-1999-01399-01 (31842).

Demandante: Solange Forero Jaimes y otros. Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, donde se indicó: “(…) toda vez que en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que una cosa es el reconocimiento de perjuicios por indemnización a forfait, y otro distinto, el derivado de los daños antijurídicos producidos; y por tal razón, estos resultan acumulables. Sin duda alguna en estos casos se presenta el reconocimiento de indemnizaciones por concepto de títulos distintos (…)”.

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1700-1233-1000-2007-00053-01 (37406) …Literal B __X__ En el servicio por causa y razón del mismo (…)”. Resaltado es del original. El señor Víctor Andrés Trejos Londoño, quien fue testigo presencial de los hechos, indicó que la lesión sufrida por el demandante se dio en cumplimiento de una orden dada por sus superiores, quienes dispusieron formar de manera rápida, al relatar lo ocurrido el día de los hechos expresó en su testimonio (fls. 37 y 38. c. 2): “(…) Pues lo que a él le paso es que para me