PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Término para interponerla según jurisprudencia del consejo de e

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad de la acción CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Computo de los términos Es claro que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de reparación directa, contando los dos años a partir del día siguiente de la ejecutoria de la segunda providencia que confirmó el fallo de primera instancia el cual fue adverso a las pretensiones de la hoy demandante, es decir 15 de octubre de 2006. Teniendo en cuenta que la presente demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Sucre el día 09 de julio de 2013, no es de recibo lo alegado por el apelante cuando manifiesta: “La entrega se hizo acatando lo dispuesto en la sentencia de 27 de junio de 2005, es decir que para la fecha de entrega del bien el 02 de septiembre de 2005, se le estaba dando cumplimiento al fallo civil que así lo ordenó”. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Es una excepción que puede ser declarada a petición de parte cuando es presentada en la contestación de la demanda/ CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Se encuentra plenamente acreditada en el proceso La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación

directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre. Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre que lo conllevaron a declarar probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida. La Procuraduría General de la Nación en su función de representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita no declarar la responsabilidad de las entidades demandadas. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Término para interponerla según jurisprudencia del Consejo de Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO No. 103 / 2013

Bogotá, 16 de mayo de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 700012331000200700097 01(45561)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Mara Bechara De Zuleta.

DEMANDADO: Rama Judicial – Tribunal Superior de Sincelejo.

Sentido del Concepto: Solicitud para confirmar la sentencia recurrida / Se probó que la demanda de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que concede el C.P.A.C.A / Operó el fenómeno de Caducidad de la Acción.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda: La señora Mara Bechara De Zuleta, en ejercicio de la acción de reparación directa, interpuso demanda contra la Nación – Rama Judicial – Tribunal Superior de Sincelejo (Sala Civil-Familia-Laboral), para que se les declare

administrativamente responsables por los daños y perjuicios causados como consecuencia de las decisiones proferidas en primera y segunda instancia dentro de proceso posesorio. 1.2. Contestación. 1.2.1. NaciónRama Judicial. El apoderado judicial de la Nación –Rama Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa expone:  Manifestó que dentro del proceso interdicto posesorio, iniciado por la señora Velilla De Barcha contra la señora Bechara De Zuleta, la primera tenía el pleno derecho de gozar de los frutos del inmueble por virtud del usufructo vitalicio de acuerdo a la escritura pública No. 578 del 27 de julio de 1995 de la Notaria Única de Corozal.  Plantea que la ahora actora no tenía la calidad de poseedora material frente a quien legalmente es la que la ejercía en representación del nudo propietario o sea la usufructuaria. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T  Adujo que por tales razones la Sala Civil – Familia y Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, no se limitó a proferir un fallo basado únicamente en las consideraciones de la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto por el artículo 230 de la Constitución

Política, los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la Ley y por lo tanto no era posible tomar una decisión a espaldas de las evidencias que ofrecen los elementos probatorios recogidos legalmente.  Propuso como medios exceptivos: La inexistencia del derecho para pedir y la caducidad de la acción en el presente proceso. 1.3. Sentencia de primera i. El Tribunal Administrativo de Sucre, declaró probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada, mediante sentencia proferida el diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Reitera que en asuntos de reparación directa el término de caducidad es de dos años, los cuales se empiezan a contar a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T  Argumentó que proferida la sentencia en primera instancia por parte del Juez promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), contra la misma se interpuso recurso de apelación el cual fue conocido y decidido por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, quien resolvió confirmar dicha decisión. Es precisamente a partir de estas providencias en donde la demandante finca la responsabilidad Estatal, con sustento en una indebida apreciación de la prueba testimonial e indebida interpretación de la norma aplicable al caso.  El término de caducidad empieza a partir de la consumación de la instancia, es decir una vez en firme la providencia sobre la cual se depreca el error, ahora siendo que las providencias contentivas del error (sentencias de primera y segunda instancia) quedaron ejecutoriadas el día 22 de octubre de 2003 (fecha en la que profiere el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior) la actora tenía hasta el 23 de octubre de 2005 para demandar. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta a folios 493 a 502 del cuaderno del Consejo de Estado lo siguiente: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T  Consideró que para estructurar el error jurisdiccional se requiere que al instaurar la demanda la providencia que contiene el error se halle en firme,

es decir surtiendo efectos de cosa juzgada.  Manifestó que reitera todas las pretensiones de declaración de responsabilidad y de reconocimientos indemnizatorios por la totalidad de los perjuicios patrimoniales y extramatrimoniales, ocasionados con las equivocadas actuaciones procesales y extraprocesales que se generaron con el errado tratamiento jurídico tanto en primera y segunda instancia.  Concluyó que no es sencillo determinar la existencia de la caducidad cuando el daño esta supeditado en su configuración y conocimiento a factores y circunstancias ajenas al futuro accionante.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: ¿Operó o no el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa impetrada por la señora Mara Bechara, contra la Nación – Rama Judicial en el presente proceso? 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Por su parte el Consejo de Estado1 ha indicado que la responsabilidad patrimonial del Estado que se sustenta en la privación injusta de la libertad debe demandarse dentro de los dos años contados a partir de la fecha en que la providencia absolutoria o su equivalente queden ejecutoriados. Para la alta corporación “Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.” 2(Subrayado fuera del texto). 1 C onsejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera -Consejero Ponente (e): Mauricio Fajardo Gómez - Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010) - Radicación número: 52001-23-31-000-1997-0866001(17493)

01(17493) 2Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, actor: Enrique González Cuervo,

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T 2.2.4. Término para iniciar la acción de reparación directa de acuerdo al caso según la jurisprudencia. El Consejo de Estado a través de sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil diez (2010) con radicación número: 250002326000200900644-01 (38.089) y Consejera Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordóñez ha manifestado: “La Sala ha señalado que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico, los interesados tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho1. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas

permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción, y con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo, por un juez de la república con competencia para ello. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso, razón por la que la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. En casos como el presente, en los que se depreca la responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad prevista en el artículo 68 de la Ley 270 de 19962, la reparación de los daños que con ella se originen podrá reclamarse mediante el ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., norma que dispone que toda persona interesada podrá acudir ante la jurisdicción con el fin de obtener la reparación del daño causado con ocasión de un hecho, una omisión, o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. La acción de reparación directa debe ejercerse dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8° del artículo 136, es decir, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente del hecho, omisión, u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de un inmueble

por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T Respecto a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando ésta se fundamenta en el daño producido por la privación injusta de la libertad, la Sala ha precisado3: “En los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad –y por ende, declaró la ilegalidad de la medidano haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias.

“El anterior planteamiento ha sido trazado en reiterada jurisprudencia de esta Sección, razón por la cual resulta pertinente destacar la fuerza vinculante del señalado precedente. En efecto, sobre el particular la Sala ha señalado, entre otros aspectos: “La acción de reparación directa con fundamento en el error judicial o en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contado a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial.”4 “Así mismo, en providencia del 2 de febrero de 1996, se dijo lo siguiente: “Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal que declara la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, a saber: 3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 19 de julio de 2007, Exp. 33.918. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. No. 13.392.

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T “- Que el hecho no existió. “- Que el sindicado no lo cometió. “- Que la conducta no constituía hecho punible. “Sólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza. “El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine.”5 2.3. Las pruebas obrantes. De acuerdo al material probatorio allegado al expediente, se pueden encontrar los siguientes documentos:  A folios 1 a 5 del cuaderno 6 de pruebas obra copia de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos del 20 de mayo de 1998.  A folios 6 a 16 del cuaderno 6 de pruebas obra copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil – Familia – Laboral del 18 de febrero de 2003, confirmando el

fallo de primera instancia.  A folios 26 a 35 del cuaderno 6 de pruebas obra copia de la tutela interpuesta por la hoy demandante, ante la Corte Suprema de Justicia Sala Civil – Familia. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. No. 11.425. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T  A folios 12 a 30 del cuaderno 8 de pruebas obra copia de la sentencia T751 de 2004 de la Corte Constitucional de la acción de tutela interpuesta por la señora Mara Bechara.  A folios 31 a 61 del cuaderno 8 de pruebas obra copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala 1 de Decisión Civil – Familia – Laboral del 06 de octubre de 2004.  Así mismo en la sentencia se relacionan las pruebas de manera abundante, de forma tal que considera esta Delegada de la Procuraduría, no es necesario hacer una extensa relación, se insiste es suficiente con lo explicitado en la sentencia. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Administrativo de Sucre. En su orden

son:  De las pruebas obrantes en el plenario se encuentra que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre) profirió sentencia de primera instancia el 26 de Abril de 2001, dentro del proceso posesorio iniciado por la señora Sonia Velilla de Barcha contra la señora Mara Bechara De Zuleta, contra la anterior providencia se interpuso recurso de apelación y en consecuencia de ello la Sala 1 de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo resolvió confirmar la decisión del a quo, mediante providencia del 18 de febrero de 2003 en segunda instancia, en virtud de la anterior decisión, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T Marcos ordena la entrega del predio a la señora Velilla de Barcha diligencia que se surte el día 28 de julio de 2004.  Posteriormente la señora Bechara de Zuleta interpone acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil la cual resolvió denegar el amparo impetrado por la accionante el 27 de enero de 2004. Por su parte la Corte Constitucional Sala Primera de Revisión dentro del trámite

de revisión del fallo denegatorio dictado por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 29 de julio de 2004 resolvió revocar el fallo y conceder el amparo solicitado del debido proceso, dejando sin efectos la sentencia dictada por la Sala de Decisión Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.  Luego el Tribunal Superior de Sincelejo mediante fallo del 06 de octubre de 2004 con similares argumentos a los ya expuestos de la providencia de que fue objeto de la acción de tutela volvió a confirmar dicha decisión, por lo que la señora Mara Bechara promovió ante la Corte Suprema de Justicia incidente de desacato, el cual fue resuelto el día 15 de diciembre de 2004 donde se consideró que no había lugar a sanción alguna. Ante la inconformidad de la señora Mara Bechara presentó solicitud nuevamente ante la Corte Constitucional la cual mediante auto de 26 de mayo de 2005, ratificó lo decidió en sentencia T-751 del 29 de julio de 2004, para efecto de que el Tribunal Superior de Sincelejo decidiera el recurso de apelación de acuerdo al criterio que había plasmado el Juez constitucional y en consecuencia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo Sala Civil-Familia-Laboral procedió a dictar el correspondiente fallo el 27 de junio de 2005, bajo los parámetros referenciados por lo que se revocó el fallo del 26 de abril de 2001 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T Marcos dentro del proceso posesorio promovido por la señora Mara Bechara y desestimar las pretensiones de la actora.  Observa esta Delegada del Ministerio Público que si bien la parte demandante presentó acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia por el debido proceso la cual le fue negada y luego la Corte Constitucional al revisar la tutela revocó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Sincelejo, para la procedencia de la acción de reparación directa del derecho por error judicial se requiere que al momento de interponerse la demanda la providencia sobre la cual se alega el error judicial se encuentre en firme.  Adicional a lo anterior esta Delegada considera acertada la posición del Tribunal Administrativo de Sucre, cuando manifiesta en la sentencia que: (…) “El término de caducidad empieza a partir de la consumación de la instancia, es decir una vez en firme la providencia sobre la cual se depreca el error, ahora siendo que las providencias contentivas del error (sentencias de primera y segunda instancia) quedaron ejecutoriadas el día 22 de octubre de 2003 (fecha en la que profiere el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior) la actora tenía hasta el 23 de octubre de 2005 para demandar. La providencia contentiva del error que trae como consecuencia el daño

deprecado por la actora en su libelo de demanda es la que se produce el 6 de octubre de 2004, luego a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia se empieza a contar el término de caducidad según lo ha manifestado el Consejo de Estado. Como el edicto se fijo el 12 de octubre y se desfijó el 14 de octubre de 2004, el término de caducidad inicia su cómputo desde el día 15 de octubre de ese año hasta el 15 de octubre de 2006, no obstante la presentación de la demanda sólo se hizo el día 9 de julio de 2007”.  Es claro que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de reparación directa, contando los dos años a partir 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T del día siguiente de la ejecutoria de la segunda providencia que confirmó el fallo de primera instancia el cual fue adverso a las pretensiones de la hoy demandante, es decir 15 de octubre de 2006. Teniendo en cuenta que la presente demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Sucre el día 09 de julio de 2013, no es de recibo lo alegado por el apelante cuando manifiesta: “La entrega se hizo acatando lo dispuesto en la sentencia de 27 de junio de 2005, es decir que para la fecha de entrega del

bien el 02 de septiembre de 2005, se le estaba dando cumplimiento al fallo civil que así lo ordenó”.  La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables.  Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre.  Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46127 150012331000200800099 01 E.A.S.T  Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de

Sucre que lo conllevaron a declarar probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la parte demandada y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida.  La Procuraduría General de la Nación en su función de representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita no declarar la responsabilidad de las entidades demandadas.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, debe ser CONFIRMADA, declarando probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa en el presente caso.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co