PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Vencimiento del plazo según regulación legal

ACCION DE REPARACION DIRECTA-Pérdida de capacidad laboral sufrido por accidente de tránsito en ejercicio del cargo CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Definición La caducidad de la acción es el fenómeno procesal en virtud del cual el administrado pierde la posibilidad de demandar un acto administrativo o reclamar en la vía jurisdiccional las consecuencias jurídicas de un hecho, una omisión o una operación administrativa, fenómeno que se da por la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción, establecido en nuestro ordenamiento jurídico por razones de seguridad jurídica e interés general. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado TÉRMINO PARA DEMANDAR-Regulación legal/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Vencimiento del plazo según regulación legal El Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo vigente para la época de los hechos, estableció diferentes plazos para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dependiendo de la acción de la que se tratara. Así, dicho Código, en el numeral 8º del artículo 136, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, señaló que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Inicio del término según jurisprudencia del

Consejo de Estado CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Computo del término según jurisprudencia del Consejo de Estado/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Inicio del término Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa empieza a correr desde el día siguiente al de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación del inmueble, salvo los eventos en los que el daño se manifiesta con posterioridad, en los que dicho plazo debe contarse desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo. Y en los casos en que el daño se prolongue en el tiempo, el cómputo del término en mención no se posterga de manera indefinida hasta que se concrete por completo, sino que comienza a contarse a partir del día siguiente al suceso que lo genera o desde la fecha en que la persona haya tenido conocimiento del daño. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 Bogotá D.C., 30 de agosto de 2012 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 12-159

Acción de Reparación Directa Radicado: 200012331000201000491 01 (44581)

Actor: Emerson José Altahona Armenta y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército

Nacional Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES

1-. Demanda

Los señores EMERSON JOSÉ ALTAHONA ARMENTA, MAIDER

YOJANA VARGAS VERGARA, CAMILA ANDREA ALTAHONA VARGAS,

CARLOS MARIO ALTAHONA VARGAS, CRISTIAN DANIEL ALTAHONA VARGAS, FRANCISCO ALTAHONA UTRIA, CANDELARIA DE JESÚS Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 ARMENTA OSTIA, JAMILTON DE JESÚS ALTAHONA ARMENTA, MANUELA KATHERINE ALTAHONA ARMENTA y ROSMERY ALTAHONA ARMENTA, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron al Tribunal Administrativo del Cesar declarar administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por los perjuicios sufridos por ellos con motivo de las graves heridas y posterior incapacidad padecida por el señor EMERSON JOSÉ ALTAHONA

ARMENTA, daño producido cuando se encontraba vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario. En consecuencia de tal declaración, solicitaron condenar a la entidad demandada a pagar los perjuicios morales, materiales y el daño a la vida de relación ocasionados con las lesiones mencionadas. 2-. Contestación de la demanda La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones; propuso como excepciones la ineptitud sustantiva de la demanda por acción indebida y la caducidad de la acción; y expresó los argumentos que se transcriben a continuación: “Según se desprende de los hechos, pretensiones y pruebas allegadas, el presente caso se refiere a la responsabilidad de la entidad pública a la cual, el demandante se encontraba vinculado mediante relación legal y reglamentaria de carácter laboral. Y, el daño que origina la presente acción acaeció “en el servicio por causa y razón del mismo” el que determina una incapacidad relativa y permanente no apto para la actividad militar del 46.59% de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000, según se lee en acta de junta médica laboral 26387 de septiembre 15 de 2008, registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, cuya copia se aportó en las pruebas de la demanda. Contra dicha acta de la junta médica laboral procedía recurso en vía gubernativa, dentro de los 04 meses siguientes a la

notificación, de la calificación de la incapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1796 de 2000. (…) Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 En este orden de ideas si como se observa en la demanda los hechos ocurrieron 19 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2008 respectivamente, aclarando que en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de febrero de 2008 no quedó secuela alguna, sin embargo el término de caducidad corría a partir del 20 de noviembre de 2006 para la primera, venciendo el 20 de noviembre de 2008 y el 15 de febrero de 2008 para la segunda venciendo el 15 de febrero de 2010, y la solicitud de conciliación solo fue presentada ante la procuraduría judicial de Valledupar, en el mes de abril de 2010, y para esa fecha el fenómeno de la caducidad ya había operado. Una cosa es la realización del acta de junta médica laboral realizada por el (sic) la dirección de sanidad del Ejército nacional, para determinar la incapacidad laboral y el grado de la indemnización correspondiente y otra cosa es la fecha de la ocurrencia de los hechos, ya que el demandante debió presentar su demanda antes 20 (sic) de noviembre de 2006, para la primera

lesión y antes del 15 de febrero de 2010 para la segunda” 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Cesar declaró probada la excepción de caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: “En consonancia con lo anterior, la Sala estima que el conteo del término de caducidad en la acción de reparación directa debe hacerse en consideración a si el hecho generador del daño produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables o, por el contrario, dichos efectos son mediatos, prolongados en el tiempo, La anterior pauta jurisprudencial establece con claridad que, respecto a los hechos que generan efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables –aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez y dejan secuelas permanentes-, la contabilización del término de caducidad de la acción se inicia desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que sólo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño. De esta manera, en atención a los hechos señalados expresamente en la demanda, viene a ser claro que el conocimiento del daño fue coetáneo al hecho dañoso, pues, una vez ocurrido el accidente, la víctima tuvo conocimiento de las

consecuencias del siniestro, habida cuenta de que las lesiones Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 sufridas fueron evidentes en sus consecuencias y secuelas, denotando la concreción del daño por el que hoy se reclama. Así las cosas, en el presente caso es claro que las consecuencias del hecho dañoso fueron inmediatas e inmodificables, atendiendo la mencionada naturaleza de las lesiones, por lo cual, el término de caducidad se debe contabilizar desde el día siguiente de los hechos. (…) En conclusión, al ser evidente la ocurrencia del daño el 14 de febrero de 2008, fecha en que ocurrieron los hechos, el término de caducidad corría en principio desde el 15 de febrero de ese año y hasta el 15 de febrero de 2010, por lo que para cuando se presentó la demanda – 25 de agosto de 2010-, la acción ya había caducado. Mas aún cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 47 Judicial Delegada para Asuntos Administrativos, ya había caducado la acción, como quiera que se presentó el día seis (6) de abril de dos mil diez (2010).” 4-. Recurso La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se citan

enseguida: “Ahora bien, en el presente caso de estudio, también se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor EMERSON JOSE ALTAHONA ARMENTA, los cuales ocurrieron el primero de ellos el día 19 de Noviembre de 2006, en un accidente de tránsito y el segundo 14 de Febrero de 2008 en otro accidente de tránsito; donde después de un prolongado tratamiento médico a las múltiples lesiones sufridas por el demandante, se finalizó con la elaboración de una Acta de Junta Médica Laboral No. 26387 del 15 de septiembre de 2008, lo cual arrojó como resultado una pérdida de capacidad laboral del 45.69%, no conforme con dicha decisión y están (sic) en el término legal solicita la conformación de un Tribunal Médico Laboral, la (sic) cual culmina con la expedición del acta No. 3542 del 25 de noviembre del 2008, modificando la pérdida de capacidad Laboral y reconociendo el equivalente al 57.22%. (…) Se (sic) evidente entonces que en el presente caso, el lesionado señor EMERSON JOSE ALTAHONA ARMENTA sólo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, razón por la cual se debe contabilizará (sic) la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la dicha Junta Médica determinó que la Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar, en su condición de soldado profesional, actividad que ejerció durante nueve (9) años aproximadamente. Soporta mas la afirmación de conocer con certeza acerca del daño y de su magnitud, el hecho de que existe un Dictamen Médico Legal de Lesiones No. 2007C-04010301922, que reposa en esa institución, rendido el día 25 de Junio de 2007, por el Dr. EFRAIN HERNANDO CABELLO DONADO en el Segundo Reconocimiento Medico legal realizado al SLP ALTAHONA ARMENTA EMERSON JOSE con ocasión al accidente de tránsito que tuvo ocurrencia el día 19 noviembre (sic) de 2006, donde el médico legistas (sic) en el dictamen señala como Secuelas Médico Legales lo siguiente: 1Deformidad Física que afecta el cuerpo, de Carácter Permanente. 2Deformidad Física que afecta el Rostro, de Carácter Permanente. 3PERTURBACION FUNCIONAL DEL MIEMBRO INFERIOR DERECHO, DE CARÁCTER PERMANENTE. 4PERTURBACION FUNCIONAL DEL ORGANO DE LA LOCOMOCION DE CARÁCTER PERMANETNE, con la gravedad de que después de estar incapacitado del servicio por mas de un

(1) año aproximadamente y siete (7) meses después de rendido este dictamen, procedieron sus superiores de manera irresponsable a reasignarles (sic) labores de inteligencias (ver Misión de trabajo No 010 del 13 de Febrero de 2008), con conocimiento que no contaba con las condiciones sicofísicas que le permitieran desarrollar normal y eficientemente la actividad militar; pero mas grave aún, es el hecho que para llevar a cabo dicha misión, se le asignara o se le haya dado la orden de desplazarse en una motocicleta TS-185 marca Suzuki, modelo 2003, desconociendo que la conducción de vehículos automotores constituye una actividad peligrosa y de riesgo, lo que conllevó que el día 14 de febrero de 2008, sufriera otro accidente de tránsito donde resultó lesionado en diferentes partes de la pierna derecha, miembro en el cual ya había sufrido una primera lesión… En conclusión es (sic) caso sub examine, no operó el fenómeno de la caducidad de la acción, argumento del Tribunal para inhibirse de fallar de fondo la controversia, la cual como quedó claro es desde la fecha de la notificación de los resultados arrojados en el acta de Junta Médica Laboral, a partir de la cual se debe empezar a contar el término de caducidad, toda vez que desde esa fecha el daño se objetiviso (sic) o se determinó que el perjuicio de que se trata era irreversible y tuvo conocimiento de ello.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿Existe caducidad de la acción impetrada para reclamar la

indemnización del daño ocasionado por las heridas e incapacidad Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 padecidas por el señor EMERSON JOSÉ ALTAHONA ARMENTA con motivo de los accidentes de tránsito ocurridos los días 19 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2008, cuando se encontraba vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario?  ¿En el evento de no darse la caducidad de la acción, se configura en el caso concreto la responsabilidad administrativa del Estado por el daño alegado por la parte actora? ANÁLISIS JURÍDICO La caducidad de la acción es el fenómeno procesal en virtud del cual el administrado pierde la posibilidad de demandar un acto administrativo o reclamar en la vía jurisdiccional las consecuencias jurídicas de un hecho, una omisión o una operación administrativa, fenómeno que se da por la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción, establecido en nuestro ordenamiento jurídico por razones de seguridad jurídica e interés general1. Tal fenómeno jurídico ha sido explicado por el Consejo de Estado de la siguiente manera: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones

judiciales, no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. La doctrina ha desarrollado las características propias de esta figura para intentar delimitarla y diferenciarla con la prescripción extintiva de corto plazo. La caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite suspensión salvo la excepción consignada con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en 1 JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE, Derecho Procesal Administrativo, Edit. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 7ª edición, 2010, pág. 111. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.”2 El Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo vigente

para la época de los hechos, estableció diferentes plazos para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dependiendo de la acción de la que se tratara. Así, dicho Código, en el numeral 8º del artículo 136, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, señaló que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Con fundamento en esa disposición, el Consejo de Estado, respecto del inicio del término de caducidad de la acción de reparación directa, en el auto proferido el 28 de septiembre de 2006, expresó: “Se tiene entonces que el inicio del término para intentar la acción coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo.”3 Además, la misma Corporación se refirió al cómputo del término de caducidad en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo, de la siguiente forma: “En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones,

que el término de caducidad de la acción de reparación directa 2 Auto proferido el 21 de mayo de 2008. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO.

Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00623-01(34781). 3 Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 44001-23-31000-2005-00695-01(32628).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio. De otro lado, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, sin embargo, lo cierto es que ello no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra dicho supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad empieza a correr en el momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe empezar a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha

en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo. Cosa distinta es que la parte demandante sólo haya tenido conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, pues en tales eventos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.), el conteo debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona -o personastuvieron conocimiento del daño; una interpretación contraria supondría cercenar el mencionado derecho fundamental, así como el derecho de acción, y el supuesto lógico de que lo que no se conoce sólo existe para el sujeto cuando lo advierte o se pone de manifiesto.”4 De igual forma, por sentencia del 14 de abril de 20105, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, al analizar la caducidad de la acción en un caso en el que se reclamaba la reparación del daño causado como consecuencia de unas lesiones sufridas por un conscripto, dejó sentado: “No comparte la Sala las apreciaciones hechas por la parte demandante, en relación a que la acción no podía instaurarse hasta tanto se conociera la magnitud del daño y las lesiones definitivas – secuelascausadas con el hecho generador del mismo, toda vez que la conclusión, a la que se llegó con la valoración realizada por la junta médico laboral, fue únicamente respecto de las consecuencias de una lesión que había sido causada con anterioridad. De otro lado, si bien se ha puntualizado en específicas oportunidades que por regla general el conteo del término de

caducidad de la acción de reparación directa, empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, lo cierto es que cuando no puede conocerse, en ese momento su existencia o realidad, debe tenerse en cuenta 4 Sentencia dictada el 24 de marzo de 2011. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.

Radicación número: 05001-23-24-000-1996-02181-01(20836). 5 Expediente 85001-23-31-000-1999-00007-01(19154). Consejero Ponente: ENRIQUE GIL

BOTERO.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 la fecha en la que se le determina y el paciente tiene conocimiento de ello6; no obstante lo anterior, en el asunto sub examine, no se puede predicar esta última hipótesis, pues la parte demandante tuvo pleno conocimiento del daño en el instante en que sufrió el accidente; por lo tanto, la expedición del acta de la Junta Médica y la cesación de la prestación del servicio médico, no altera en modo alguno el cómputo de caducidad, por cuanto de los supuestos fácticos planteados en la demanda, se tiene certeza que el conocimiento del daño se produjo de manera simultánea con la producción del mismo. Por consiguiente, la valoración médica y la finalización del

tratamiento, en el asunto específico, no modifica el conteo de la caducidad, ya que como se señaló, los demandantes fueron conscientes y, por lo tanto, advertidos del daño desde la fecha en que se produjo el incidente, esto es, el 19 de mayo de 1996, sin que en el caso concreto el conocimiento de las secuelas del mismo, ni la cesación del servicio médico influyan en el cómputo del plazo de caducidad, máxime si se tiene en cuenta que la demanda se dirige a que sean indemnizadas las lesiones producto del accidente, no las que devienen de un yerro médico.” Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa empieza a correr desde el día siguiente al de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación del inmueble, salvo los eventos en los que el daño se manifiesta con posterioridad, en los que dicho plazo debe contarse desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo. Y en los casos en que el daño se prolongue en el tiempo, el cómputo del término en mención no se posterga de manera indefinida hasta que se concrete por completo, sino que comienza a contarse a partir del día siguiente al suceso que lo genera o desde la fecha en que la persona haya tenido conocimiento del daño. Caso concreto La parte actora solicita declarar administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por los perjuicios generados como consecuencia de las lesiones e incapacidad sufridas por el señor EMERSON JOSÉ ALTAHONA ARMENTA con motivo de los accidentes de tránsito ocurridos los días 19 de

6 Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, del 26 de abril de 1984, expediente 3393.

Actor: Bernardo Herrera Camargo. M.P. Carlos Betancur Jaramillo. Así mismo, consultar la sentencia de 29 de junio de 2000, exp. 11676, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2008, cuando se encontraba vinculado a dicha Institución en calidad de soldado voluntario. Con el material probatorio allegado al expediente se encuentra acreditado que el señor EMERSON JOSÉ ALTAHONA ARMENTA sufrió dos accidentes de tránsito que sucedieron, el primero, el 19 de noviembre de 2006 (Fl. 122), y el segundo, el 14 de febrero de 2008 (Fl. 121). De igual forma está demostrado en el proceso que dicho demandante sufrió una disminución de su capacidad laboral del 52.21%, evaluación que fue determinada el 21 de septiembre de 2009 por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, luego de que se reuniera con el fin de revisar el expediente médico laboral y los actos administrativos que dieron lugar al Acta del mismo Tribunal No. 3542 del 25 de noviembre de 2008, en la que había establecido una

disminución de la capacidad laboral del 57.22%, que a su vez había modificado la conclusión contenida en el Acta de la Junta Médico Laboral No. 26387 del 15 de septiembre de 2008, según la cual dicha disminución era del 45.69% (Fls. 117 a 120, 137 a 141 y 160). Se observa entonces que los daños alegados por el demandante tuvieron su causa en dos hechos diferentes, separados en el tiempo por más de 14 meses, por lo que en primer término es importante anotar que hubiera podido solicitar la reparación de los perjuicios a través de dos demandas separadas, pues no era necesario esperar a la ocurrencia del segundo accidente para demandar, en ejercicio de la acción de reparación directa, por las consecuencias generadas con el accidente del 19 de noviembre de 2006. No obstante, el señor EMERSON JOSÉ ALTAHONA ARMENTA solicitó la reparación de los daños sufridos como consecuencia de los dos accidentes de tránsito en la misma demanda, indicando de manera Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 precisa las fechas de los mismos, las que fueron corroboradas con el acervo probatorio. Además, al expediente fue allegada la copia de las historias clínicas del hoy demandante, según las cuales: i) fue atendido en la Clínica del Cesar del 19 al 24 de noviembre de 2006, fecha en la que fue remitido

al Hospital Militar Central de Bogotá (Fls. 189 y 265); y ii) se le brindó servicio médico por el accidente de tránsito ocurrido el 14 de febrero de 2008 en la Organización Médica Santa Isabel Ltda. de Valledupar, desde ese día hasta el 16 de febrero del mismo año (Fls. 348 y 349). De igual forma, en la historia del paciente en la Clínica del Cesar se dejó consignada la siguiente información: “Paciente masculino de 28 años de edad, quien ingresa politraumatizado secundario accidente de tránsito al colisionar en la motocicleta en que se transportaba presentando trauma craneoencefálico, trauma cerrado de tórax, abdomen y fractura (…) en miembro inferior derecho, con signos de choque…” (Fl. 189) Así mismo, en la historia clínica aportada por la Organización Médica Santa Isabel, se observa: “MOTIVO CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL: refiere paciente que mientras se transportaba en un vehículo en movimiento colisionó con un obstáculo presentando múltiples traumas.” (Fl. 349) De tal información se desprende con certeza que los daños cuya reparación pretende el demandante se produjeron el 19 de noviembre de 2006 y el 14 de febrero de 2008. Por eso, de conformidad con lo establecido por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se encuentra acreditada en el caso bajo análisis la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción, tal como lo indicó el Tribunal de primera instancia, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 200012331000201000491 01 (44581) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-328987 conciliación prejudicial no suspendió el término de caducidad de la forma prevista en el artículo 21 de la Ley 640 de 20017, pues la misma se radicó el día 6 de abril de 2010 (Fl. 62), más de dos años después del día siguiente a la ocurrencia de incluso el segundo de los accidentes sufridos por el actor (14 de febrero de 2008). Además, la demanda fue presentada el 25 de agosto de 2010 (Fl. 56). Además, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado antes citada, el término de caducidad de la acción debe contarse a partir de la ocurrencia del daño, más no desde la determinación de las consecuencias del mismo, como serían en este caso las secuelas de las lesiones y la disminución de la capacidad laboral. No obstante, si en gracia de discusión se aceptara el argumento expuesto por la parte actora en el recurso de apelación consistente en que el señor EMERSON JOSÉ ALTAHONA ARMENTA no tuvo conocimiento de la magnitud del daño desde el momento de ocurrencia de los accidentes mencionados sino a partir de la calificación realizada por la Junta Médi