PGN - ACCION DE REPETICION - Accidente de tránsito donde resultó muerta una persona

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Accidente de tránsito donde resultó muerta una persona ACCIÓN DE REPETICIÓN-Objeto/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Demostrar el pago efectivamente realizado por el entidad pública La acción de repetición está encaminada a obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión dolosa o gravemente culposa de un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Aplicación de la norma en el tiempo/RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO-Regulación Constitucional/RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO-Modo de hacerla efectiva según regulación Constitucional/DOLO Y CULPA GRAVEDefinición según regulación legal Dicha circunstancia entonces da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas anteriores a la Constitución de 1991, es decir por las contenidas en los artículos 20, 51 y 62 de la Constitución Política de 1886, 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y 63 del Código Civil, que definió la culpa grave y el dolo…. CARGA DE LA PRUEBA-Acreditar los elementos de convicción de la culpabilidad del ex servidor público Por eso, al sub examine no se aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, y por ello, la entidad tiene la obligación de allegar al proceso los elementos

de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del exservidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos esenciales objetivos y subjetivos según jurisprudencia del Consejo de Estado De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de la entidad. De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia

condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. PRUEBAS ADMISIBLES-Regulación legal De otro lado, en relación con el material probatorio allegado al expediente es necesario decir en primer término que el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 168, respecto de las pruebas admisibles en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hace la remisión al Código de Procedimiento Civil, el cual, frente a las pruebas documentales, autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS SIMPLES-Requisitos Pero aun cuando autoriza la ley que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos: “1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.”

PRUEBA DEL PAGO EFECTIVO-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado ELEMENTO OBJETIVO DEL PAGO-Acreditar la entrega del dinero ordenado en la sentencia Entonces, como no se encuentra acreditada en el proceso la entrega del dinero ordenado en la sentencia condenatoria, no se puede tener por probado el elemento objetivo del pago realizado por parte de la entidad para que opere, por medio de la acción de repetición, la recuperación del dinero pagado en observancia de la misma. CARGA DE LA PRUEBA-Regulación legal 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 Bogotá D.C., 21 de mayo de 2013 Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B Consejo de Estado

E. S. D.

Ref.: Concepto 13-86

Acción de Repetición 410012331000200600024 01 (45105)

Actor: Municipio de Palestina

Demandado: Octavio Rojas Murcia Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES.

1-. Demanda El MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición contra el señor OCTAVIO ROJAS MURCIA, con la pretensión de que se lo declare responsable de los daños ocasionados a dicho ente territorial con motivo del pago de los perjuicios materiales y morales que tuvo que erogar a favor de ÁNGEL

ALBERTO PARRA, LUZ DIRYAM BERNÚDEZ LONDOÑO, LEYDY

JOHANA PARRA BERMÚDEZ y LIDA MILENA SUAZA BERMÚDEZ,

3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 según fuere ordenado por el Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado, por la muerte del menor EDILSON HUMBERTO PARRA BERMÚDEZ, arrollado por una volqueta de dicho Municipio en el accidente de tránsito ocurrido el 12 de enero de 2001. Solicitó también se condene al demandado al pago de las sumas canceladas por el MUNICIPIO DE PALESTINA, previa indexación de las mismas. 2-. Contestación de la demanda El señor OCTAVIO ROJAS MURCIA contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, y propuso como excepciones la ausencia de dolo o culpa grave y la culpa de la víctima, en los

siguientes términos: “… En el caso que nos ocupa, efectivamente el municipio de Palestina fue condenado a pagar los perjuicios ocasionados a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 12 de enero de 1991, donde falleciera el menor EDINSON HUMBERTO PARRA, pero dentro del proceso no se demostró ninguna de las causas donde se presume que existió una conducta gravemente culposa por parte de mi poderdante OCTAVIO ROJAS MURCIA, pero si está plenamente probado que el municipio de Palestina tuvo que asumir el pago de la indemnización por no haber aportado las pruebas necesarias para poder demostrar que el daño antijurídico se debió a una causa extraña.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA: El accidente de tránsito ocurrido el día 12 de enero de 1991, por el cual fue condenado el municipio de Palestina a resarcir los perjuicios ocasionados, se produjo por la impericia y la imprudencia de la víctima EDINSON HUMBERTO PARRA BERMUDEZ al haber intentado pasar en su bicicleta a sabiendas de que la vía, para la fecha del accidente, era angosta por los trabajos realizados por el municipio de Palestina al haber autorizado la apertura de una zanja. Es de anotar que el menor para el momento del suceso contaba con seis años de edad y por su corta edad era difícil discernir el peligro eminente (sic) que existía al pasar por un tramo que se encontraba ocupado por un vehículo automotor como era la volqueta”.

3-. Sentencia de primera instancia 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19 de junio de 2012, denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: “Si bien quedó probado que el señor Octavio Rojas Murcia era la persona que conducía el vehículo volqueta que ocasionó el accidente y que se encontraba al servicio del Municipio de Palestina, no se allegó al presente proceso prueba alguna tendiente a demostrar que el mismo era funcionario o se encontraba vinculado a dicho Municipio. De igual forma la prueba trasladada del proceso de Reparación Directa tampoco refiere prueba alguna de la calidad de funcionario del municipio del señor Rojas Murcia, y por el contrario en la sentencia proferida el 28 de octubre de 1997 esta Corporación indicó que “En relación al hecho que para la fecha en que causó la muerte del menor era conducida por un dependiente del mismo, en el Proceso no existe prueba alguna que acredite que el señor Octavio Rojas Murcia era servidor público de municipio”, aspecto que no fue controvertido en segunda instancia ante el Consejo de Estado como quiera que ni la acción ni la carga de la prueba tenía esa finalidad porque dicha persona no fue vinculada a aquel proceso. Como quiera que la no demostración de éste primer elemento necesario para elaborar la responsabilidad del aquí demandado, no

se halla demostrada (sic), la Sala encuentra carente de todo fundamento continuar con el análisis de los demás elementos, pues tal falencia de entrada demuestra la consecuencia lógica de la falta de fundamento fáctica de las pretensiones. Debe indicarse además que la acción de repetición no es la continuación del proceso donde se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que comporta un procedimiento nuevo, es decir, independiente del otro proceso, lo cual requiere la práctica de pruebas que busquen acreditar todos los elementos para que prospere la acción de repetición, con la observancia plena del principio y derecho de contradicción y defensa por parte de quien se endilga como responsable del perjuicio económico estatal, de ahí que se hace necesario la demostración plena de la calidad de agente del estado del demandado y de la conducta realizada por este en éste nuevo proceso y como eso no ha sucedido, encuentra la Sala méritos para declarar la ause4ncia de vocación de prosperidad de las pretensiones incoadas y así habrá de declararse.” 4-. Recurso de apelación La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con base en los argumentos que se citan enseguida: 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 “La inconformidad, con la sentencia que se recurre, radica en que examinado de forma integral y armónica el proceso y las distintas

piezas procesales anexas al mismo, se observa que sí existe prueba de la calidad de funcionario público del demandado y de su responsabilidad. En la demanda, en el acápite de hechos, en el numeral 9, se estableció que: “La ley obliga a la entidad territorial a presentar demanda contra el funcionario cuando haya mediado dolo o culpa grave en el desarrollo de las conductas objeto de la condena en razón de lo cual resulta imperativo para el Municipio de palestina encaminar la demanda contra el demandado por cuanto fue por su acción u omisión que se produjo el perjuicio por el cual se condenó al municipio.” Nótese, que en el hecho de la demanda, en su numeral 9, se afirma la calidad de funcionario público del demandado. Este hecho fue contestado y aceptado por el demandado cuando manifiesta que: “Que es parcialmente cierto. Pero este caso concreto no debió iniciarse el proceso de acción de repetición en contra de mi poderdante toda vez que no hubo dolo ni culpa grave” Queda claro entonces la existencia de una confesión ficta que sirve de prueba para establecer la calidad de funcionario público del señor

OCTAVIO ROJAS MURCIA.

Ahora bien, frente a la responsabilidad del demandado queda establecida con la prueba documental, trasladada, donde se condena al municipio por culpa del señor OCTAVIO ROJAS MURCIA en el accidente de tránsito de fecha 12 de enero de 1991, donde perdió la vida el menor Edilson Humberto. El tribunal condenó al Municipio de palestina por la suma de $63.833.439 que fueron cancelados por la entidad como se prueba en los egresos que reposan en el expediente.”

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. PROBLEMA JURÍDICO ¿Se configuran los elementos sustanciales de la acción de repetición instaurada por el MUNICIPIO DE PALESTINA en contra del señor OCTAVIO ROJAS MURCIA para obtener el valor de la condena impuesta a tal ente territorial por la muerte del menor de edad EDILSON HUMBERTO PARRA, ocurrida el 12 de enero de 1991?

2. ANÁLISIS JURÍDICO La acción de repetición está encaminada a obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la

6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 acción u omisión dolosa o gravemente culposa de un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. En el caso examinado aparece señalado que la acción generadora del daño antijurídico acaeció el 12 de enero de 1991, fecha en que acaeció el accidente de tránsito en el que resultó muerto el menor de edad

EDILSON HUMBERTO PARRA.

Dicha circunstancia entonces da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas anteriores a la Constitución de 19911, es

decir por las contenidas en los artículos 202, 513 y 624 de la Constitución Política de 1886, 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo5 y 63 del Código Civil, que definió la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: 1

Consejo de Estado. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA.

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Sentencia proferida el 13 de noviembre de 2008.

Radicación número: 25000-23-26-000-1998-01148-01(16335): “De entrada la Sala precisa que no aplicará al caso concreto las normas sustantivas contempladas en el art. 90

CP. ni en la ley 678 de 2001, por tratarse de preceptos que no estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos investigados. En su lugar, se aplicarán las disposiciones vigentes cuando sucedieron los hechos, las cuales se indicarán y comentarán más adelante. En consecuencia, en relación con los aspectos sustanciales, además de las normas constitucionales vigentes para ese entonces -artículos 16, 20, 51 y 62 de la Constitución Política de 1886-, se aplicarán al presente caso las normas previstas en el CCA. de 1984, en particular los artículos 77 y 78.” 2 Artículo 20.- “Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas.”

3 Artículo 51.- “Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten contra los derechos garantizados en este Título.” 4 Artículo 62.- “La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.” 5 Art. 77. “Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.” Art. 78. “Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105)

5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. (…) El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho dañoso se produjo con anterioridad al 6 de julio de 1991, fecha de entrada en vigencia de la Carta Política. Por eso, al sub examine no se aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, y por ello, la entidad tiene la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del exservidor público en las modalidades de dolo o culpa grave.  DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 culposa realice un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público6. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de la entidad. De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente7. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación “ número: 41001-23-31-000-1995-08354-01(24844): En aplicación de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, las condiciones objetivas para que

proceda la acción de repetición, como se señaló en esta providencia, consisten en que el Estado haya sido condenado o visto compelido conforme a la ley a la reparación de un daño antijurídico, y que se haya pagado el perjuicio o indemnización impuesto en la condena, todo lo cual debe ser acreditado en el plenario por la entidad pública demandante en el proceso, mediante el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada y copias auténticas de los actos administrativos y demás documentos o pruebas idóneas que demuestren la cancelación de la indemnización del daño; de lo contrario, esto es, si no se cumplen esas dos condiciones y no se acreditan en forma legal dentro del proceso, el Estado no puede ni tiene la posibilidad de sacar avante la acción contra el agente estatal y menos aún la jurisdicción declarar su responsabilidad y condenarlo a resarcir. (…) Para que se pueda imputar la responsabilidad al agente público se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio. Es decir, se trata de un responsabilidad subjetiva y, por ende, se encontrará obligado a reparar al Estado si el daño o perjuicio le es imputable por haberlo causado con dolo o culpa grave.” 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 09 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La

calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la 9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 El expediente cuenta con el siguiente material probatorio relacionado con los elementos de la acción de repetición: - Acta del levantamiento del cadáver de EDILSON HUMBERTO PARRA BERMUDEZ, practicada el día 12 de enero de 1991 en la Inspección Municipal de Policía del Municipio de PALESTINA (Fl. 57). - Copia auténtica de varias piezas procesales del expediente correspondiente a la acción de reparación directa promovida contra el MUNICIPIO DE PALESTINA por la muerte del niño EDILSON HUMBERTO PARRA BERMÚDEZ, entre las que se encuentran los siguientes documentos:  Poder otorgado al doctor RUBÉN ORDÓÑEZ ORTEGA por los

señores ANGEL ALBERTO PARRA y LUZ DIRYAM BERMUDEZ

LONDOÑO, en su propio nombre y en representación de sus hijos LEIDY JOHANA PARRA BERMUDEZ y LIDA MILENA SUAZA BERMUDEZ, para demandar, en ejercicio de la acción de reparación directa, al MUNICIPIO DE PALESTINA, por la muerte del menor de edad EDILSON HUMBERTO PARRA BERMÚDEZ, ocurrida el 12 de enero de 1991 (Fl. 9).  Demanda y contestación (Fls. 71 a 76 y 89 a 27).  El siguiente material probatorio: declaraciones extraprocesales de JUAN CARLOS HOYOS SABOGAL y POMPILIO ARIAS MOLINA (Fls. 69 a 70); declaraciones de los mismos ciudadanos rendidas ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Palestina (Fls. 100 y 101); declaración del señor NELSON Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.” 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 SANCHEZ GUEVARA ante el Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Pitalito, Huila (Fl. 102 y 103); acta de la diligencia de inspección judicial practicada el 17 de septiembre de 1991 por Agentes Técnicos de la Policía Judicial adscritos a la Unidad de Indagación Preliminar de Pitalito (Fls. 104 a 106); y acta del interrogatorio de parte a los señores ANGEL ALBERTO PARRA y LUZ DIRYAM BERMUDEZ (Fls. 107 y 108).  Sentencia del 28 de octubre de 1997, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila declaró administrativamente responsable al MUNICIPIO DE PALESTINA por “Falla presunta del servicio”, por el accidente de tránsito ocurrido el día 12 de enero de 1991, en el que perdió la vida el menor de edad EDILSON HUMBERTO PARRA BERMUDEZ, condenándolo al pago del daño emergente y los perjuicios morales causados a los entonces demandantes, con base en las consideraciones que se transcriben a continuación (Fls. 10 a 20 y 110 a 118): “El Alcalde Municipal de Palestina, el 19 de Enero de 1991 hace constar que el automotor OX2335 es de uso oficial de dicho municipio (…) (…) Para el 12 de Enero del cita año (sic), la volqueta era conducida por el señor Octavio Rojas. Versión extraprocesal

de Pompilio Arias Molina y diligencias penales (f.113 a 119). En relación al hecho que para la fecha en que causó la muerte del menor era conducida por un dependiente del mismo. En el Proceso no existe prueba alguna que acredite que el señor Octavio Rojas Murcia era servidor público del municipio. (…) Ante lo angosto de la vía y ser menores de edad los conductores de la bicicleta, la sala estima que lo prudente de parte del conductor de la volqueta era pararla, lo que no se hizo, hubo confianza en el conductor lo que generó concausalmente el accidente. Luego no se acepta la exculpativa de culpa exclusiva de la víctima. La Sala acepta la posición del ministerio público sobre compensación de culpas, tomando como base de un lado el hecho en que el padre, señor Angel Alberto Parra, no asumió 11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 su responsabilidad de darle permiso o no a su hijo, por encontrarse jugando una partida de ajedrez (declaración de parte f.161) y de otro lado, si bien la señora madre le concedió el permiso, el menor asume un riesgo más allá del que al parecer era capaz como era salirse del perímetro urbano. Esta compensación la sala la estima en un cuarenta por ciento de responsabilidad tanto del menor como de los

padres por cuanto no puede descargarse en el niño una actitud que le era difícil de resistir como era el maniobrar su bicicleta frente a un automotor en movimiento, de dimensiones amplias y que cubría buena parte de la vía. Lo anterior lleva a la Sala a tener establecida la responsabilidad del ente municipal por falla presunta derivada de la culpa personal de parte del conductor Octavio Rojas Murcia quien de manera confiada, no buscó la mayor seguridad de los menores frente a la actividad que realizaba como era el conducir un automotor. Actividad peligrosa.”  Copia auténtica de la sustitución del poder del doctor RUBÉN ORDÓÑEZ ORTEGA al abogado FERNANDO PINO RICCI, dentro del proceso de reparación directa promovido por la muerte de EDILSON HUMBERTO PARRA BERMUDEZ, y constancia en original sobre su no revocatoria (Fls. 21 y 31).  Copia auténtica de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2004 por el Consejo de Estado, en la que dicha Corporación resolvió modificar la sentencia apelada pero únicamente en cuanto al ordinal segundo, relativo al monto de la condena (Fls. 22 a 30 y 125 a 131), en los siguientes términos: “PRIMERO: Modifícase la sentencia apelada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, el 28 de octubre de 1997, pero en cuanto al ordinal segundo, el cual quedará así. Condénase al Municipio de Palestina, a pagar a favor del señor Angel Alberto Parra, por concepto de perjuicios materiales –daño emergentela suma de doscientos

veintiocho mil novecientos veinte siete (sic) pesos ($228.927). Igualmente Condénase el Municipio de Palestina a pagar a favor de cada uno de los señores Angel Alberto Parra y Luz 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 410012331000200600024 01 (45105) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-162195 Diryam Bermúdez Suaza, por concepto de perjuicios morales la suma de veintiún millones doscientos un mil quinientos cuatro pesos (421.201.504). Y para cada una de las menores Leydi Johana Parra Bermúdez y Lidia Milena Suaza Bermúdez por estos mismos perjuicios, la suma de diez millones seiscientos mil setecientos cincuenta y dos pesos ($10.600.752)” En la parte considerativa de la sentencia, el Consejo de Estado expuso: “De acuerdo con el material probatorio atrás relacionado,