PGN - ACCION DE REPETICION - Acreditar el pago efectivo que se realizó por parte de la entidad deman

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos para su procedencia De acuerdo con la jurisprudencia administrativa se hace esencial para que la acción sea procedente lo siguiente: Que haya surgido para el Estado la obligación de reparar un daño antijurídico en virtud de una sentencia condenatoria o por cualquier otra forma de terminación de un litigio. Que efectivamente la entidad condenada efectuó el pago cuya repetición se persigue y que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, o de un particular en ejercicio de funciones públicas. COPIAS-Jurisprudencia del Consejo de Estado, ACCIÓN DE REPETICIÓN-Acreditar el pago efectivo que se realizo por parte de la entidad demandante es requisito para la procedencia de la acción Los documentos por medio de las cuales se pagó lo ordenado se encuentran anexos en copias simples lo cual de acuerdo con las normas procesales, no prestan mérito probatorio, dado que no existe certeza del contenido de los mismos. Para que sea procedente la acción de repetición, es requisito por parte de la entidad demandante presentar prueba idónea, en cuanto que el pago al que fue condenada en su momento se hizo efectivo y que por ende se encuentra a paz y salvo con la persona acreedora del mismo; La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, o conciliación, o cualquier otra forma de terminación del conflicto, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por

el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. En conclusión, ante la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales de la acción de repetición para el presente caso, se entiende que no es procedente la misma, pues la entidad demandante no comprobó de manera eficaz que en efecto el pago al que fue condenada se hizo y que quién se beneficiaba con el mismo, lo recibió a satisfacción. PAGO EFECTIVO-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2010. Doctora STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILO Consejera Ponente. Sección Tercera Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998)

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 10 – 200.

Acción de Repetición. Expediente No. 11001032600020070003200 (33998).

Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial.

Demandado: Susana Nelly Acosta Prada y otros.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada procede a emitir concepto sobre el proceso de la referencia, el cual se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de la

demanda de acción de repetición interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contra los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima doctores Susana Nelly Acosta Prada, Jorge A. Gutiérrez Muñoz y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA El Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración de Judicial mediante apoderado judicial en ejercicio de la acción de reparación directa – prevista en el artículo 86 C.C.A.– solicitó que se 2 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998) declarara administrativamente responsables a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima señores Susana Nelly Acosta Prada, Jorge A. Gutiérrez Muñoz y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez de los perjuicios materiales causados a la demandante, con ocasión de la condena que le fuera impuesta en el proceso de reparación directa, que en su momento fuera instaurado por el señor Henry Corredor Izquierdo. En la demanda1 se dice que el señor Henry Corredor Izquierdo fue vinculado a un proceso penal por la Fiscalía Séptima de la Unidad de vida, delitos sexuales y violencia intrafamiliar por la presunta comisión del delito de homicidio. El 5 de mayo del año 1998 la Fiscalía de conocimiento impuso medida de

aseguramiento de detención preventiva sin derecho a excarcelación. Posteriormente calificó el mérito de la investigación decretando resolución de acusación contra el procesado. Una vez determinada la calificación del proceso, éste llega a manos del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, el cual mediante sentencia de 20 de julio de 1999 absuelve al procesado y ordena ponerlo en libertad de inmediato, por cuanto al interior del sumario no existían pruebas que permitieran determinar responsabilidad alguna en contra de él. Una vez en libertad el señor Corredor Izquierdo, demanda en acción de reparación directa a la NaciónRama Judicial y NaciónFiscalía General de la Nación, por haber sido privado injustamente de la libertad. Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Tolima al resolver el proceso de reparación directa, mediante providencia de 3 de diciembre de 2003 declaró administrativa y solidariamente responsables a la NaciónRama Judicial y 1 Fls. 7 a 16 del cuaderno principal. 3 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998) Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios materiales y morales causados al demandante y su familia. Con justificación en el fallo y sin tener otra opción, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante resolución número 1738 del 29 de marzo de

2005 dio cumplimiento a la sentencia y, reconoció y pagó al señor Henry Corredor Izquierdo la suma de $47.361.920; cancelándola mediante orden de pago N° 0532, consignada con cheque N° 50027690 del 22 de abril de 2005. Finalmente manifestó la demandante, no encontrar justificación alguna a la condena impuesta, ya que la conducta de la NaciónRama Judicial fue ajustada a derecho, determinando que debía otorgarse libertad inmediata al procesado, ya que no se encontraba probada la responsabilidad penal del mismo y así en aras de garantizar sus derechos fundamentales y procesales, era procedente declarar la absolución del señor Corredor Izquierdo, tal como lo hizo el Juez de conocimiento. CONTESTACION La doctora Susana Nelly Acosta mediante apoderado, presentó contestación a la demanda2 oponiéndose a las pretensiones de la misma, argumentando que no es procedente vincular como demandados en una acción de repetición a magistrados en este caso del Tribunal Administrativo del Tolima, cuando ellos profirieron una sentencia que si bien, declaró la responsabilidad de la NaciónRama Judicial y Fiscalía General de la Nación, fue dictada de acuerdo a lo señalado por la ley; que por ésta razón este tipo de demanda, implica un desgaste para la administración de justicia. Finalmente, señala que en gracia de discusión, la acción de repetición no es la apropiada en este caso, pues debería existir un fallo que determinara que efectivamente en la sentencia dictada por el 2 Fls. 57 a 60 del cuaderno principal. 4 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080.

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998) Tribunal Administrativo del Tolima, se incurrió en error judicial, y que por ende, sí son responsables los Magistrados que suscribieron la sentencia. El doctor Jorge Alfonso Gutiérrez Muñoz contestó la demanda a través de apoderado, manifestando que la acción propuesta es improcedente, debido a que no se encuentra demostrado un actuar doloso o gravemente culposo por parte del Magistrado, quién desarrolló su función de impartir justicia como es debido. Señala la defensa, que la acción de repetición propuesta en este caso, no cumple con la finalidad impuesta a la misma, pues lo que se busca con ella es proteger el patrimonio público, así como la salvaguarda de los principios de moralidad y eficiencia; por lo que, de prosperar esta acción contra los operadores jurídicos, se convertiría en un medio de coacción para los mismos, ya que tendrían que abstenerse de condenar a la Nación.3 La doctora Susana Nelly Acosta Prada dio contestación a la demanda diciendo que el fallo emitido en el proceso de reparación directa con el que presuntamente de acuerdo con lo señalado por la demandante se le causó perjuicio económico, debe ser entendido el texto “completo y contextualizado de la citada sentencia y corroborarse con las pruebas obrantes en el expediente en el que se profirió tal decisión, con lo que se demuestra que el Tribunal no hizo pronunciamiento de responsabilidad en contra de la Dirección de

Administración Judicial por causa o con ocasión de la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, que, entre otras cosas, fue el despacho quien decidió la libertad de quien acudió a la jurisdicción en acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.”4 CONCEPTO 3 Fls. 180 a 188 del cuaderno principal. 4 Fls. 192 a 197 del cuaderno principal. 5 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998) Esta Agencia del Ministerio Público con el objeto de rendir concepto dentro del presente proceso, analizará en conjunto todos los elementos que componen la Acción de Repetición, para así determinar si se encuentra probada la responsabilidad patrimonial endilgada a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima. Así las cosas, en el presente caso el primer elemento a analizar en lo que a la acción de repetición se refiere, es el que tiene que ver con uno de los requisitos adicionales al análisis de la conducta de culpa grave o dolo de los demandados; y es el que de acuerdo con la jurisprudencia administrativa5 se hace esencial para entender que dicha acción es procedente; estos son:

1. Que surgió para el Estado la obligación de reparar un daño antijurídico en virtud de una sentencia condenatoria o por cualquier otra forma de terminación de un litigio.

2. Que efectivamente la entidad condenada efectuó el pago cuya repetición se persigue.

3. Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, o de un particular en ejercicio de funciones públicas.

De acuerdo con estos requisitos, y con el material probatorio allegado al plenario, existe copia auténtica de la sentencia de primera instancia emitida por 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009. Radicado: 16458.

Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. “Para la procedencia y prosperidad de la acción de repetición, existe una serie de requisitos que se deben reunir: Que se produzca una sentencia judicial o una conciliación de la que se derive una obligación indemnizatoria a cargo de la entidad estatal; Que la entidad haya pagado la indemnización de perjuicios derivada de la sentencia o conciliación. Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, o de un particular en ejercicio de funciones públicas; Que la conducta del funcionario o ex funcionario o del particular que ejercía funciones públicas, haya sido dolosa o gravemente culposa.”

6 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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(33998) el Tribunal Administrativo del Tolima con fecha 03 de diciembre de 20036, en la que se declaró la responsabilidad administrativa extracontractual de la NaciónRama Judicial, condenando a la Rama a pagar a cargo del señor Henry Corredor Izquierdo las sumas determinadas por perjuicios morales y materiales a él causados, como consecuencia de haber sido privado injustamente de la libertad, dado que al final del proceso el Juez Quinto Penal del Circuito de Ibagué determinó que el señor no había sido ni autor ni partícipe del delito de homicidio, del cual era acusado por parte de la Fiscalía de conocimiento;7 providencia de la que se infiere el surgimiento de la obligación a cargo de la Nación de indemnizar un perjuicio antijurídico. Respecto del segundo requisito de esta acción, referido a la demostración del pago hecho por parte de la entidad, se tiene copia auténtica de la resolución N° 1738 del 29 de marzo de 2005 por medio de la cual se da cumplimiento a una sentencia8; copia simple de la orden de pago N° 0532 del 01 de abril de 2005 por valor de $47.361.920 a favor del señor Henry Corredor Izquierdo y otros9; y copia simple del comprobante de egreso N° CE098110, documentos éstos emitidos por la Rama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaSala AdministrativaDirección Ejecutiva de Administración Judicial por medio de las cuales se pagó lo ordenado y debido al señor Corredor Izquierdo. Con lo anterior se entendería entonces, que se encuentra probado el pago en el que tuvo que incurrir la demandante, por causa de la declaratoria de

responsabilidad extracontractual en el proceso de reparación directa emitida mediante fallo del 03 de diciembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Tolima. 6 Fls. 246 a 258 del cuaderno 1. 7 Fl. 257 del cuaderno 1. 8 Fls 121 a 128 del cuaderno principal. 9 Fl. 42 del cuaderno principal. 10 Fl. 43 del cuaderno principal. 7 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998) Sin embargo, ello no es así, pues los documentos con los que la demandante pretende demostrar que hizo un pago que le causó un perjuicio y que el mismo se produjo como consecuencia de un actuar doloso o gravemente culposo de unos funcionarios del Estado, en este caso de los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, se encuentran anexos en copias simples lo cual de acuerdo con las normas procesales, no prestan mérito probatorio, dado que no existe certeza del contenido de los mismos. Así lo ha expresado el H. Consejo de Estado, en diversos veredictos entre los cuales se encuentra el fallo de 3 de marzo de 2010, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, en el que se dijo que: “En relación con las copias simples de lo que se dice corresponder a la actuación de la Fiscalía General de la Nación, dichos documentos no pueden ser tenidos como prueba, debido a que carecen de valor

probatorio en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, norma conforme a la cual solo se tendrán en cuenta para su valoración aquellos arrimados en copia auténtica, únicas de las que se puede predicar el mismo valor probatorio del original. Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretenda hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado.” Aunado a lo dicho, y retomando lo citado acerca del requisito que debe existir respecto de la prueba idónea que debe presentar la entidad demandante, en cuanto que el pago al que fue condenada en su momento se hizo efectivo y que por ende se encuentra a paz y salvo con la persona acreedora del mismo; es pertinente traer a colación la siguiente jurisprudencia del Consejo de Estado, en la cual se reitera que este requisito debe ser cumplido a cabalidad para que así sea procedente la acción de repetición: “La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, o conciliación, o 8 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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11001032600020070003200 (33998) cualquier otra forma de terminación del conflicto, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. El pago efectivo, en los términos del artículo 1.626 del Código Civil, “es la prestación de lo que se debe” y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.757 ibídem. Conforme a lo anterior, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago, sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación. En efecto, la ley procesal civil, al regular los juicios ejecutivos, prevé que las obligaciones de pago requieren de demostración documental que provengan del acreedor, circunstancia que en esos casos permite la terminación del proceso por pago. Tal exigencia resulta procedente en los juicios de repetición, en consideración a que al ser su fundamento el reembolso de la suma de dinero pagada a un tercero, se parte de la base de la existencia previa de una deuda cierta ya satisfecha.”11 En conclusión, ante la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales de la acción de repetición para el presente caso, se entiende que no es procedente la misma, pues la entidad demandante no comprobó de manera eficaz que en efecto el pago al que fue condenada se hizo y que quién se beneficiaba con el

mismo, lo recibió a satisfacción. Vale la pena, así mismo observar que el daño (privación injusta de la libertad) por el cual se condenó al pago de la indemnización, no fue producto del actuar de los Magistrados del Tolima (hoy demandados) sino del ente (Fiscalía General de la Nación) que decretó medida de aseguramiento contra el señor Henry Corredor Izquierdo sin contar con el suficiente material probatorio. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de Febrero de 2009. Radicado: 30329.

Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

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IUS 2010-395522 Reparación Directa. 11001032600020070003200 (33998) Finalmente, esta Agencia del Ministerio Público, le solicita de manera respetuosa al H. Consejo de Estado se considere negar las pretensiones de la demanda; pues en el caso de estudio, en primer término no se encuentra probado el pago de la condena que le fue impuesta a la NaciónRama Judicial, requisito esencial para la procedencia de la acción de repetición y en segundo, tampoco que el daño que dio lugar al pago de la indemnización haya sido resultado en todo o en parte de la actuación de los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima. De la señora Consejera,

MARIA MARGARITA ESCOBAR RUEDA

Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado 10 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

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