PGN - ACCION DE REPETICION - Con ocasión de graves lesiones permanentes a un joven que prestaba el s

Procuraduría General de la Nación

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Título
PGN - ACCION DE REPETICION - Con ocasión de graves lesiones permanentes a un joven que prestaba el s
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

ACCION DE REPETICION–Con ocasión de graves lesiones permanentes a un joven que prestaba el servicio militar obligatorio, por parte de un miembro del Ejército Nacional ACCION DE REPETICION-Tiene su fundamento constitucional en el inc. 2 del art. 90 ACCION DE REPETICION-Requisitos de procedencia ELEMENTOS DE LA ACCION DE REPETICION-Objetivos y subjetivos ACCION DE REPETICION-Responsabilidad personal del agente Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. (62110) 18001233100020090000101

CONCEPTO No. 072/2019

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 500012331000201110037801 (63108)

Acción: Repetición

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional Demandado: Jaime Aníbal García Aguirre Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / No se cumplió con los requisitos para que prospere la acción de repetición / No se acredito la condición de agente del estado del demandado// No se demostró el grado de culpabilidad con el que ocasionó el daño // No constituye prueba del

pago de la condena la existencia de documentos expedidos por la entidad pública sin que se acredite debidamente que los beneficiarios sí recibieron el dinero/ Posición Jurisprudencial. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 1.1.La Sentencia de Primera Instancia. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en los artículos 77, 78 e inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló acción de repetición contra el señor Jaime Aníbal García Aguirre con el fin de obtener el reintegro del dinero que se ordenó pagar en sentencia del 4 de julio del 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en la que se declaró responsable al Ministerio de Defensa por las lesiones causadas al señor Fabio Mario Ramirez Forero. El Tribunal de lo Contencioso administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural mediante sentencia del 20 de septiembre de 2018 resolvió denegar las pretensiones de la demanda

por cuanto no se demostraron plenamente todos los elementos necesarios para la prosperidad de esta acción. Pues no se probó la calidad de exagente del demandado, su participación en los hechos que dio lugar a la condena en cabeza de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, menos aún la conducta descuidada e irresponsable que tuvo el demandado. El análisis de los elementos necesarios para esta acción fue el siguiente:

1. Existencia de una condena en contra de la entidad pública por sentencia judicial.

Mediante sentencia del 4 de julio del 2007, El Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso de Reparación Directa promovido por Fabio Mario Ramirez Forero y otros, declaró administrativamente responsable a la NaciónMinisterio de Defensa, de la totalidad de los perjuicios materiales, morales y fisiológicos causados a los actores por las graves lesiones permanentes sufridas por Fabio Mario Ramirez Forero en hechos ocurridos el 17 de junio de 1995 en las instalaciones de la base militar del batallón Joaquín París en San José de Guaviare, mientras prestaba el servicio militar obligatorio, cuando fue agredido por un 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 miembro del Ejército Nacional con su arma de dotación, ocasionándole una pérdida de la capacidad laboral del 52%

2. El pago de la suma determinada en la sentencia por parte de la entidad pública

condenada. Se encuentra en el expediente copia de la Resolución No. 466 del 10 de febrero de 2009, por medio de la cual el Ministerio de Defensa dio cumplimiento a la sentencia de reparación, dicho acto dispuso el pago de $376.055.336,31 a través del apoderado Guillermo Enrique Burbano Cortés en una cuenta corriente del Banco de Bogotá. Así mismo se encuentra certificación expedida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional, en la que se indica que al señor Guillermo Enrique Burbano Cortés se le efectuó la transferencia electrónica a una cuenta del Banco de Bogotá, el día 24 de febrero de 2009. Por lo que no es necesario recibo de pago, consignación o paz y salvo suscrito por los beneficiarios

3. La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena No se aportó documento en el que se acredite que el señor Jaime Aníbal García Aguirre hubiere fungido como soldado del Ejército Nacional, para el día de los hechos, 17 de junio de 1995.

Solo se encuentra oficios del 19 y 24 de enero del 2011 por medio de los cuales se informa que el soldado regular Jaime Aníbal García Aguirre, estuvo vinculado al Ejército Nacional hasta el 27 de agosto de 1996. Sin embargo dichos oficios no brindan certeza a cerca de que para el día de la lesión, el señor García Aguirre fungía como soldado del Ejército Nacional, pues allí solo aparece la fecha en la que finalizó su vínculo, sin especificar datos sobre su ingreso a la entidad o si 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 para el día de los hechos ya se encontraba activo. Si bien en la sentencia proferida por el Tribunal del Meta se dice que las lesiones en la humanidad del Fabio Mario fueron ocasionadas por el soldado regular Jaime Aníbal García Forero, no se cuenta con ningún otro medio probatorio que respalde lo descrito en la mencionada providencia. Además no se encuentra probada la participación del señor Jaime Aníbal García en la situación fáctica que dio lugar a la condena proferida el 4 de julio de 2007, pues lo único que se tiene es la sentencia en mención, por lo que es el único soporte que tiene la demandante para solicitar la condena en contra del soldado regular García Aguirre, y el cual no es suficiente para probar su participación en los hechos sucedidos el 17 de junio de 1995.

4. La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

Requisito que no se encuentra demostrado, pues ni siquiera se allegó al plenario el expediente penal en el que se condenó al soldado García Aguirre por el delito de lesiones personales, según se informó en la demanda, o alguna otra prueba sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, que permita analizar la conducta del demandado, como el informativo administrativo por lesiones.

No es suficiente que se informe que la justicia penal militar profirió sentencia condenatoria el día 1º de diciembre de 1997 en contra de García Aguirre Jaime, pues aún falta establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y si los mismos permiten endilgar responsabilidad a título de culpa grave o dolo al demandado, pues debe probarse en forma independiente los cargos por los cuales se considera que el señor Jaime Aníbal García actuó en forma descuidada e irresponsable, asistiéndole responsabilidad en la condena impuesta a la entidad demandante. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 Aunque la copia de la investigación penal No. 187 fue decretada mediante auto del 27 de septiembre de 2017, su práctica no fue posible, por lo que mediante decisión del 27 de junio de 2018 se dispuso continuar con el trámite del proceso administrativo, corriendo traslado para alegar de conclusión, sin que ninguna de las partes se manifestara al respecto. Concepto del Ministerio Público Solicitó negar las pretensiones de la demanda, argumentando que si bien está probada la existencia de una condena contra el demandante, no hay prueba que acredite la calidad de agente del Estado para la fecha de los hechos, ni mucho menos el pago de aquella, ya que solo obra certificación expedida por la demandada del pago al doctor Burbano Cortes, sin

que se hubiere allegado la constancia de paz y salvo por los beneficiarios. 1.2. El Proceso de Reparación Directa El Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia del 4 de julio del 2007, declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por las lesiones sufridas por el conscripto Fabio Mario Ramirez Forero. Por lo tanto se condenó a la Nación – Ministerio de Defensa a pagar con cargo a su presupuesto a favor de Fabio Mario Ramirez Forero de Ana Silva Forero y Ana Mirian Ramirez Forero a título de: Perjuicios morales los siguientes valores: Para Ana Silva Forero y Fabio Mario Ramirez mil gramos de oro y para Ana Mirian Ramirez Forero 500 gramos oro. Perjuicios materiales en la modalidad de Lucro Cesante la suma de Noventa y Seis Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Siete Pesos ($96.749.507) para Fabio Mario Ramirez Forero por cuanto el actor acreditó que perdió su capacidad laboral en 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 un 52% de acuerdo al acta No. 2377 del 7 de mayo de 1997 y no demostró el salario que devengaba para el momento de los hechos, por lo que los perjuicios fueron calculados con base en el salario mínimo $433.700.

Perjuicios por el daño en la vida de relación se le reconoció el equivalente a 100 MMLV Lo anterior por cuanto se concluyó que está plenamente acreditada la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, pues el lesionado era un joven conscripto que en el momento en que fue agredido por su compañero, se encontraba en ejercicio activo de sus funciones, los hechos sucedieron dentro de las instalaciones de la unidad militar y para la agresión se utilizó un arma de dotación oficial. Por lo tanto la Sala reitera que se parte de la responsabilidad por riesgo excepcional sin que la entidad demandada hubiera probado algún eximente de responsabilidad que la relevara de la imputación. Pues tratándose de las personas que prestan servicio militar obligatorio, emerge como contraprestación para el Estado, ofrecer o brindar todas las medidas de protección que sean necesarias para regresarlo a su núcleo familiar en las mismas condiciones en las que ingresó al servicio, por esta razón debe prepararlo y adiestrarlo en el arte militar, lo mismo que en la defensa personal, aptitudes que se requieren para enfrentar en cualquier momento los peligros que conlleva el ejercicio de esta actividad. 1.3. Argumentos de la apelación - Ministerio de Defensa Nacional. Respecto al cumplimiento del requisito que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, manifestó que el art. 63 del Código Civil respecto del dolo señaló consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro y respecto de la culpa grave, negligencia o 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 culpa lata consiste en no manejar los negocios ajenos con el cuidado que una persona negligente o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios. El art. 5º de la Ley 678 de 2001 señala que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado y su existencia se presume por las siguientes causas:

1. Obra con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Respecto de la culpa grave el art. 6º ibídem, señaló que se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, y que se presume su existencia

por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de dedición anulada, determinada, por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable

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4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

En el caso en cuestión se tiene que la primera instancia señaló que “…no es suficiente que se informe que la Justicia Penal Militar profirió sentencia condenatoria el día 1º de diciembre de 1997 en contra de García Aguirre Jaime Aníbal, pues aún falta establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y si los mismos permiten endilgar responsabilidad, a título de culpa grave o dolo al demandado.” Conclusión que no se comparte, pues el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta del 4 de julio de 2007, que originó el pago de la condena, fue claro en señalar la existencia del daño y la imputación del mismo a un miembro del Estado que comprometió la responsabilidad de la Entidad. Pues se encuentra el informe administrativo suscrito por un miembro del Ejército Nacional

(folio 6 anexo) que dice: “El 17 de junio a las 7:45 horas, el soldado RAMIREZ FORERO MARIO cuando sacaba el café del desayuno de la Guardia y el Dragoneante GARCIA AGUIRRE JAIME de la compañía A.S.P. C. propinó un golpe contundente con el fusil “PARTE DE LAS PAREDES DEL POSTE DE MIRA” incrustándole en la parte occipital de la cabeza, ocasionado heridas de consideración y una posible fractura según dictamen médico” (…) Como se ha visto la responsabilidad recae directamente en forma anónima contra el MINISTERIO DE DEFENSA puesto que uno de sus miembros en forma levosa dentro de las instalaciones de la misma unidad armada y empleando un elemento propio del servicio golpeó en la cabeza a RAMIREZ FORERO generándole un grave daño…” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 Por este motivo, se considera que la acción de repetición no es la oportunidad procesal para desconocer el vínculo del señor JAIME ANIBAL GARCIA AGUIRRE como soldado conscripto para el momento de los hechos, ya que la misma está más que soportado con la sentencia condenatoria que ahora origina la presente acción de repetición. Por lo tanto si bien no fue posible allegar el proceso penal, consideramos que con la

sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa que originó el proceso de repetición, se encuentra suficientemente acreditada la condición de conscripto del señor JAIME ANIBAL GARCIA AGUIRRE para el momento de los hechos y además el dolo o culpa grave que es insistente en calificar la actuación del ofensor como injusta y alevosa. Por último respecto a que el agente estatal tenga la condición de servidor público o exservidor público, o de particular investido de una función pública. La primera instancia señaló que en el presente asunto no está acreditada dicha calidad, ni la conducta determinante en que incurrió el demandado por lo que fue condenada la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Por lo que señala el apelante que es claro que la lesión devino del golpe que el señor JAIME ANIBAL le propinó a su compañero con su arma de dotación. Por lo que considera que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, quedaron suficientemente soportados, descritos y sustentados con la sentencia del 4 de julio de 2007 del Tribunal administrativo del Meta.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas Jurídicos. 2.1.1. Problema jurídico plateado por el Ministerio Público.

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18001233100020090000101  ¿Se encuentran demostrados los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, con el fin de acreditar la prosperidad de la presente acción? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el apelante  ¿La sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa es suficiente para determinar la condición de agente estatal y la conducta con la que dicho agente causó el daño, por el que la Nación fue condenada? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Fundamento ConstitucionalAcción de repetición. La acción de repetición tiene su fundamento Constitucional en el inciso 2° de su artículo 90°, el cual indica: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Así mismo, se encuentra los fines del Estado en el artículo 2° de la Carta Magna, el cual en su inciso 2º expresa: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 2.2.2. Acción de repetición – Presupuestos. El Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, de la Sección Tercera del Consejo de Estado en pronunciamiento efectuado el 09 de diciembre de 2016, dentro del expediente No 68001233100020090036201 (54394), recordó que son cuatro los elementos necesarios y concurrentes para la declaratoria de repetición sobre un agente del Estado:

1. La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena

2. La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

3. El pago efectivo realizado por el Estado y

4. La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado como dolosa o gravemente culposa.

De esta manera se tiene que, los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción. 2.2.3. ACCIÓN DE REPETICIÓN - Régimen legal aplicable antes de la Ley 678 de 2001 / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Norma rige hacia el futuro. Opera a partir de

su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación / DETERMINACIÓN DE DOLO Y CULPA GRAVE DE AGENTE PUBLICO - Para hechos ocurridos antes de la Ley 678 de 2001, se aplica normatividad del Código Civil / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL - Aspectos sustanciales y procesales ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 20011 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, 19 de diciembre de 2017 Radicación número: 11001-03-26-000-2001-00065-02 (36428) Actor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

SEGURIDAD Demandado: MARCO TULIO GUTIÉRREZ MORAD Y OTROS

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 “Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 22 de abril de 1996, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Constitución Política de 1991 y los artículos 77, 78 y 86, inciso 2, del CCA y 63 del Código Civil. La Ley 678 del 3 de agosto de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la

acción de repetición. El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Como por regla general la nueva norma rige hacia el futuro, los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001 continúan sometidos en lo sustancial a la normativa anterior, mientras que en lo procesal se aplica la nueva ley a los juicios de repetición que se encuentren en curso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la apelación de la ley procesal en el tiempo, consultar sentencia de 13 de agosto de 1982, Exp. 5650, CP. Joaquín Vanin Tello; y de 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, CP. Ruth Stella Correa Palacio” Subrayado es nuestro 2.2.4. Responsabilidad personal del agente. El Honorable Consejo de Estado se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado un detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: “(…) para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del

agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa (…)” 2 (Negrilla y subrayado propios) 2.3. Las pruebas obrantes. Dentro de las pruebas obrantes, se encuentran relacionadas las siguientes: 2 Sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101  Demanda de acción de repetición presentada contra el señor Jaime Aníbal García Aguirre, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 8 de febrero del 2011. Folio 1 cuaderno anexo  Copia de la Resolución No 0466 del 10 de febrero del 2009 por medio del cual el jefe de la Dirección de Asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional dispuso el cumplimiento de una sentencia a favor de Fabio Mario Ramirez Forero por valor de Trescientos Setenta y Seis Millones Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis

Pesos M/cte. $376.055.336. Por lo que se ordenó el pago de dicha suma a través del apoderado Guillermo Enrique Burbano Cortés. Folio 26 a 29 C anexo.  Certificación expedida por la tesorera Principal del Ministerio de Defensa del 24 de enero de 2011 en la que se señaló que se canceló al señor Guillermo Enrique Burbano Cortés, con el comprobante de egreso No. 1500000793 del 24 de febrero de 2009, mediante transferencia electrónica a la cuenta No. 364375550 del Banco de Bogotá. Folio 30 C anexo  Copia del fallo de segunda instancia del 4 de julio de 2007, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta dentro del expediente de reparación directa iniciado por los ciudadanos Fabio Mario Ramirez Forero, Ana Silvia Forero y Ana Marian Ramirez Forero contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. Folio 14 a 24 C anexo.  Oficio No. 20115620009513 del 19 de enero de 2011, suscrito por el subdirector de personal del Ejército Nacional en el que señala que el soldado (R) García Aguirre Jaime Aníbal se encuentra retirado de la institución desde el 27 de agosto de 1996. Folio 32 C anexo 2.4. Caso concreto 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada a emitir su concepto, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Respecto de la calidad de servidor o ex servidor del Estado Si bien dentro del plenario obra la copia de la providencia del 4 de julio de 2007 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta dentro del expediente de reparación directa iniciado por los ciudadanos Fabio Mario Ramirez Forero, Ana Silvia Forero y Ana Marian Ramirez Forero contra la Nación Ministerio de Defensa mediante la cual se declaró la responsabilidad de la administración y por lo tanto se dispuso el pago de la condena a favor de los demandantes por las lesiones causadas al señor Fabio Mario Ramirez Forero, así como el oficio suscrito por el subdirector de personal del Ejército Nacional en el que señala que el soldado (R) García Aguirre Jaime Aníbal se encuentra retirado de la institución desde el 27 de agosto de 1996, no se encuentra prueba en la que se acredite que para el momento de los hechos, esto es, 17 de junio de 1995, el señor García Aguirre, se encontraba ejerciendo funciones en el Ejército Nacional, dentro de las instalaciones de la base militar del batallón Joaquín París en San José de Guaviare, sitio en el cual fue agredido el señor Fabio Mario Ramirez Forero. Por lo que no se comparte el señalamiento hecho por el apelante al afirmar que “…la acción de repetición no es la oportunidad procesal para desconocer el vínculo del señor Jaime Aníbal García Aguirre como soldado conscripto para el momento de los hechos, ya

que la misma está más que soportado con la sentencia condenatoria…” Para lo cual señala el Despacho que una vez más debe reiterarse que en los proceso de repetición, si bien existe un proceso primigenio, que es el que da lugar a la condena contra el Estado que ahora se busca repetir, se trata de procesos de naturaleza diferentes e independientes, y salvo las presunciones establecidas en la ley 678 de 2001 (la cual no es aplicable al caso), las cuales admiten prueba en contrario, no puede suplirse la carga probatoria del demandante, con simples referencias a las pruebas practicadas en el 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado PGP

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Expediente No. (62110) 18001233100020090000101 proceso primigenio, pues de lo que se trata precisamente con esta acción, es tener la certeza contra quien debe dirigirse la acción, esto es, acreditar quien fue la persona que en su condición de agente del Estado causó el daño, por el cual, fue condenada la Nación. Además no se explica este agente del Ministerio Publico, como u

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