PGN - ACCION DE REPETICION - Con prueba indiciaria se puede acreditar la condición de servidores púb

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso de dinero por condena confirmada por Tribunal Administrativo de Antioquia ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad según marco legal RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Deber de incoar la acción de repetición en contra del funcionario responsable TÉRMINO DE CADUCIDAD-Se probó que la demanda de repetición fue presentada después de los dos años El inicio del cómputo del término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición debe atenerse a que la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuar el pago. Si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo a quo el vencimiento del plazo de 18 meses previsto para el pago oportuno. …La sentencia de condena quedó ejecutoriada el 22 de enero de 2010, el plazo de los 18 meses para pagar corría hasta el mes de julio de 2011. El pago se realizó el 29 de octubre de 2010, en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería en octubre 29 de 2012.La demanda se presentó el 8 de noviembre de 2012 lo que implica que se presentó vencido el plazo para demandar, pues para éste momento ya había caducado la acción. En resumen, la acción se ejercitó en forma extemporánea, después de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos .Acreditada la caducidad de la acción se deberán denegar las pretensiones de la demanda .A la misma decisión desestimatoria debe llegarse si se continúa con el

examen de fondo del presente asunto. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de viabilidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Con prueba indiciaria se puede acreditar la condición de servidores públicos de los demandados En el proceso no obran copias de los actos de nombramiento y posesión de los demandados como personal adscrito a las fuerzas militares, ni certificación en la que se especifique la calidad de cada uno de aquéllos.Sin embargo al proceso se allegó copia de la actuación penal adelantada por el Juzgado 22 de Instrucción Penal Militar, en la que obran relaciones de personal destacado en la Misión Táctica NORTON a la operación Esturión al mando de SV…,en la que se menciona a los demandados como Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 2 Expediente 52021 pertenecientes a dicha unidad táctica y obra decisión del mencionado despacho judicial del 19 de abril de 2006 en la que se mencionan las declaraciones rendidas por algunos de los demandados miembros del ejército nacional. Si bien para acreditar la calidad de servidor público suelen exigirse los mencionados actos de vinculación y posesión, o certificación que así lo indique, en concepto del Ministerio Público se cuenta con prueba indiciaria que demuestra la condición de militares de los demandados, quienes fueron partícipes en el operativo que llevó a la muerte del señor… ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta Al proceso se allegó: copia de la sentencia del 28 de noviembre de 2008 proferida por el

Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín y copia de la sentencia del 3 de diciembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual confirmó la declaración de responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -, decisión que condenó al ente público al pago de los perjuicios causados por la muerte del señor… decisiones emitidas dentro del proceso de reparación directa promovido por los parientes de la víctima. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se demostró el pago de la condena impuesta Al proceso se allegó certificación de la Tesorera Principal Mindefensa (e) mediante la cual indica que con resolución 5654 del 15 de octubre de 2010 se canceló al señor… con los comprobantes de egreso Nos. 1500011151 y 15000011152 del 29 de octubre de 2010 y transferencia electrónica a la cuenta No. 180217648 del Banco Popular el 29 de octubre de 2010.La demanda se presentó en vigencia del C.P.A.C.A. y conforme al artículo 142 inciso 3° del mismo la prueba del pago puede ser con la certificación, como aconteció en este caso. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No está probado dolo ni culpa grave en conducta causante de condena al Estado/PROCESO PENAL-Culminó con decisión inhibitoria/ACTUACIÓN DISCIPLINARIA-No se aportó copia de esta/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Procedencia de condena en costas que debe ser asumida por parte vencida La presunción de responsabilidad por el hecho de la muerte del señor…. podría sustentarse en el numeral 4° del artículo 5° de la Ley 678 y se requería como mínimo

demostrar que los demandados fueron declarados penal o disciplinariamente responsables a título de dolo por tal hecho. Al proceso se allegó copia de la actuación penal adelantada por la muerte del señor…que culminó con decisión inhibitoria, pues se consideró que el actuar de la tropa se produjo dentro del marco de la legalidad, pues debían neutralizar al hoy occiso quien abrió fuego en contra de la tropa y quien portaba material de guerra y explosivos .No se allegó copia de actuación disciplinaria Sólo se cuenta con copias de las decisiones de condena emitidas dentro del proceso de reparación directa, sin que los argumentos en ellas plasmados resulten suficientes para imputar dolo o culpa grave a los demandados. Para demostrar el dolo o la culpa grave de los demandados era indispensable contar con copia de la totalidad de la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 3 Expediente 52021 actuación para apreciar los medios de prueba que le hayan servido al operador judicial para llegar a la conclusión de la falla en el servicio. No puede olvidarse que la imputación de responsabilidad a la administración tiene presupuestos diferentes de los exigidos para imputar responsabilidad a los servidores públicos. Conforme a la previsión contenida en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la condena en costas resulta procedente, pues su imposición es objetiva. Ese es un onus que debe asumir la parte vencida. De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado confirmar la decisión de primera instancia, denegando

las pretensiones de la Demanda. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 4 Expediente 52021

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0304-2014

Bogotá D. C., 2 de diciembre de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente doctora: OLGA MELIDA VALLE de DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 52021 (05001233000 2012 00616-01)

Acción Repetición

Actor: Nación - Ministerio de Defensa Demandado: Pedro Calderón Negrete y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- La Nación – Ministerio de Defensa demandó a los señores Pedro Calderón

Negrete, Edgar Vásquez Arias, Willi Blandón Asprilla, Alfonso Orozco Méndez, Torres Mosquera, Derson Estrada Ochoa, Mauricio Ciro Ramírez, Wilmar Usuga López, Alejandro de Jesús Muñoz, José Fernando Hurtado Cogollo, para que reembolsen la suma de $679’010.977,88 que la demandante debió cancelar como consecuencia de la condena proferida el 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 3 de diciembre de 2009 (Cfr. fls. 1 a

10 C.1). 1.2. El curador ad litem de los demandados manifestó no tener motivos jurídicos para oponerse a las pretensiones y alegar en favor de aquéllos (Cfr. fls. 142 y 143 C.1). 1.3. El a quo denegó las pretensiones al concluir que no se probó la calidad de servidores públicos de los demandados, ni el dolo ni la culpa grave (Cfr. fls. 198 a 208 C.3). 1.4. Apela el ente público. Alega que se acreditó la calidad de servidores públicos de los demandados, que la conducta de éstos dentro del proceso de Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 5 Expediente 52021 reparación directa fue considerada como desbordada y desmedida para neutralizar al presunto integrante del ELN y que el pago se efectuó conforme a los comprobantes de egreso No.1500011151 y No.1500011152. Que la conducta del personal del ejército le es imputable a título de culpa grave conforme al fallo de reparación directa que condenó al ente público por falla en el servicio. Se opone a la condena en costas ante la ausencia de pruebas de su causación, por cuanto no se probaron los gastos procesales ni se causaron agencias en derecho, como quiera que los demandados estuvieron representados por curador ad litem, cuya actuación se limitó a la contestación de la demanda (Cfr. fls. 216 a 224 C.3)

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

En concepto del Ministerio Público las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, toda vez que operó la caducidad de la acción. El Código Contencioso Administrativo, en el numeral 9 del artículo 136, precisa el término para intentar la acción de repetición: “La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total adeudado por la entidad” El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) El fenecimiento de la acción no varió en el C.P.A.C.A. pues contempló el mismo término en el literal l) del artículo 164. El inicio del cómputo del término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición debe atenerse a que la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuar el pago. Si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo a quo el vencimiento del plazo de 18 meses previsto para el pago oportuno1. “En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, 1 No sobra señalar que el pago se realizó antes del citado plazo, aún en el caso del plazo de 10 meses que prevé al artículo 195 del C.P.A.C.A.

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 6 Expediente 52021 objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. (…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.” (sentencia C-832 de agosto 8 de 2001 (subrayo y destaco) La sentencia de condena quedó ejecutoriada el 22 de enero de 2010 (Cfr. fls. 10 y 158 C. 1), el plazo de los 18 meses2 para pagar corría hasta el mes de julio de 2011. El pago se realizó el 29 de octubre de 2010 (Cfr. fl. 77 C.1) en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería en octubre 29 de 2012. La demanda se presentó el 8 de noviembre de 2012 (Cfr. fl. 10 C.1) lo que implica que se presentó vencido el plazo para demandar, pues para éste

momento ya había caducado la acción. En resumen, la acción se ejercitó en forma extemporánea, después de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos. Acreditada la caducidad de la acción se deberán denegar las pretensiones de la demanda. A la misma decisión desestimatoria debe llegarse si se continúa con el examen de fondo del presente asunto. Presupuestos para la viabilidad de la repetición Los hechos que originaron la condena tuvieron ocurrencia el 2 de diciembre de 2004 (muerte de Jorge Aníbal Parra Parra), esto es en vigencia de las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable al caso en los aspectos sustanciales y procedimentales. Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: 2 Se observa que el pago se realizó aún antes de los 10 meses que prevé el CPACA, caso en el cual el plazo para pagar iba hasta noviembre de 2010. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 7 Expediente 52021 “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública;

1. la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. i). Prueba de la calidad de servidor público En el proceso no obran copias de los actos de nombramiento y posesión de los demandados como personal adscrito a las fuerzas militares, ni certificación en la que se especifique la calidad de cada uno de aquéllos. Sin embargo al proceso se allegó copia de la actuación penal adelantada por el Juzgado 22 de Instrucción Penal Militar (C.2), en la que obran relaciones de personal destacado en la Misión Táctica NORTON a la operación Esturión al mando de SV Pedro Calderón Negrete, en la que se menciona a los demandados como pertenecientes a dicha unidad táctica (Cfr. fls. 81 a 83 C.2), y obra decisión del mencionado despacho judicial del 19 de abril de 2006 (Cfr. fls. 153 y ss. C.2) en la que se mencionan las declaraciones rendidas por algunos de los demandados miembros del ejército nacional (Cfr. fls. 160 y ss.

C.2). Si bien para acreditar la calidad de servidor público suelen exigirse los mencionados actos de vinculación y posesión, o certificación que así lo indique, en concepto del Ministerio Público se cuenta con prueba indiciaria que demuestra la condición de militares de los demandados, quienes fueron partícipes en el operativo que llevó a la muerte del señor Jorge Aníbal Parra Parra. ii) Prueba de la condena Al proceso se allegó: copia de la sentencia del 28 de noviembre de 2008 proferida por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín (Cfr. fls. 11 a 29 C.1) y copia de la sentencia del 3 de diciembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Cfr. fls. 31 a 45 C.1) mediante la cual confirmó la declaración de responsabilidad de la Nación - Ministerio de DefensaEjército Nacional -, decisión que condenó al ente público al pago de los perjuicios Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 8 Expediente 52021 causados por la muerte del señor Jorge Aníbal Parra Parra, decisiones emitidas dentro del proceso de reparación directa promovido por los parientes de la víctima. iii) Prueba del pago En sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe

decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones3, dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida4. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago5, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación6 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la

relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega 3 (pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo, 2) Por la novación, 3) Por la transacción , 4) Por la remisión, 5) Por la compensación 6) Por la confusión, 7) Por la pérdida de la cosa que se debe, 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión, 9) Por el evento de la condición resolutoria, 10) Por la prescripción. 4 (pie de página de la cita) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc.

5 (pie de página de la cita) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 6 (pie de página de la cita) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 9 Expediente 52021 material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor. (subrayado fuera de texto) A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago o el recibo según el Código de Comercio, documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso

que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial. En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. En este caso, no se solicitó la práctica de alguna prueba idónea ni se aportó un documento tendiente a demostrar el cumplimiento de tal obligación, ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de apoderado o delegado para ese efecto. (subrayado fuera de texto) […] Ante la deficiencia probatoria anotada, la Sala debe concluir que no se encuentra acreditado el daño por cuyo rembolso se formuló la acción de repetición de la referencia, lo cual impide el análisis de los demás supuestos para la prosperidad de las pretensiones de la misma (…)” Al proceso se allegó certificación de la Tesorera Principal Mindefensa (e) mediante la cual indica que con resolución 5654 del 15 de octubre de 2010 se canceló al señor José Luis Viveros Abisambra con los comprobantes de egreso Nos. 1500011151 y 15000011152 del 29 de octubre de 2010 y transferencia electrónica a la cuenta No. 180217648 del Banco Popular el 29 de octubre de 2010 (Cfr. fl. 77 C.1).

La demanda se presentó en vigencia del C.P.A.C.A. y conforme al artículo 142 inciso 3° del mismo la prueba del pago puede ser con la certificación, como aconteció en este caso. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 10 Expediente 52021 iv). Prueba del elemento subjetivo Los artículos 5° y 6° de la Ley 678 señalan: ARTÍCULO 5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

(se destaca y subraya) ARTÍCULO 6º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el

ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 11 Expediente 52021 La presunción de responsabilidad por el hecho de la muerte del señor Jorge Aníbal Parra podría sustentarse en el numeral 4° del artículo 5° de la Ley 678 y se requería como mínimo demostrar que los demandados fueron declarados penal o disciplinariamente responsables a título de dolo por tal hecho. Al proceso se allegó copia de la actuación penal adelantada por la muerte del señor Jorge Aníbal Parra Parra que culminó con decisión inhibitoria, pues se consideró que el actuar de la tropa se produjo dentro del marco de la legalidad, pues debían neutralizar al hoy occiso quien abrió fuego en contra de la tropa y quien portaba material de guerra y explosivos (Cfr. fls. 152 a 166 C.2). No se allegó copia de actuación disciplinaria. Sólo se cuenta con copias de las decisiones de condena emitidas dentro del proceso de reparación directa, sin que los argumentos en ellas plasmados

resulten suficientes para imputar dolo o culpa grave a los demandados. Para demostrar el dolo o la culpa grave de los demandados era indispensable contar con copia de la totalidad de la actuación para apreciar los medios de prueba que le hayan servido al operador judicial para llegar a la conclusión de la falla en el servicio. No puede olvidarse que la imputación de responsabilidad a la administración tiene presupuestos diferentes de los exigidos para imputar responsabilidad a los servidores públicos. Costas Conforme a la previsión contenida en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la condena en costas resulta procedente, pues su imposición es objetiva. Ese es un onus que debe asumir la parte vencida. CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado confirmar la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de la Demanda. De los señores Consejeros, con todo respeto, Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 12 Expediente 52021

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

FBO/FMSG

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056