PGN - ACCION DE REPETICION - Conceptos de culpa grave y dolo según jurisprudencia del consejo de est

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Indemnización de Perjuicios conforme a sentencia condenatoria en Proceso Ordinario Laboral ACCIÓN DE REPETICIÓN-Finalidad y Naturaleza Jurídica De conformidad con lo expuesto la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. ACCIÓN DE REPETICION-Presupuestos de viabilidad, según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Marco Normativo y Jurisprudencial El término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el pago total de la obligación y de haberse efectuado en cuotas y en diferentes momentos será desde la realización del último pago. La entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del

C.C.A., conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Acreditación de la condición de servidor público Al proceso se allegó copia auténtica del acta de posesión del 1° de enero de 2001 elevada ante la Juez Primera Promiscuo Municipal de Sabaneta, mediante la cual el demandado señor… asumió como alcalde del citado municipio para el período constitucional 2001 a 2003, lo que acredita su condición de servidor público para la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 2 Expediente 49681 fecha de los hechos, por lo que se tiene por cumplido el citado presupuesto para la viabilidad de la acción . ACCIÓN DE REPETICIÓN-Acreditación pago de condena impuesta …se allegó al proceso copia de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena en contra del ente público demandante, como de las decisiones relacionadas con la condena por concepto de agencias en derecho y la aprobación de la liquidación de las costas del proceso en tal virtud se tiene por acreditado tal presupuesto para la viabilidad de la repetición. ..los documentos… resultan suficientes para inferir el pago de la condena, no obstante sólo a título de ilustración el Ministerio Público advierte que igualmente obran en el proceso copias de las autorizaciones de pago, como de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y compromiso presupuestal. En resumen, en el proceso se

probó el pago de la condena a los respectivos beneficiarios de donde se infiere que efectivamente se realizó el pago total de la obligación, por ello para el Ministerio Público si se cuenta con tal presupuesto para la viabilidad de la acción de repetición. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Noción de dolo y culpa grave ACCIÓN DE REPETICIÓN-Conceptos de culpa grave y dolo según Jurisprudencia del Consejo de Estado. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se configura la conducta dolosa o gravemente culposa Resultan insuficientes las conclusiones plasmadas en la sentencia de condena para inferir el dolo o la culpa grave del demandado. En cuanto la imputación de responsabilidad que podría dar lugar para que se acudiera a las presunciones de la ley 678 recae en el conductor del automotor por infracción al Código Nacional de Tránsito Terrestre y no en el entonces burgomaestre hoy demandado. Se advierte además que no existe medio de prueba que demuestre que el hoy demandado fue determinador del proceder negligente del conductor del vehículo del municipio. No se cuenta con otros medios de prueba que permitan atribuir responsabilidad por la condena en contra de la administración al hoy demandado, amén que en la mencionada sentencia la falta de diligencia y cuidado de la administración se califica como culpa leve. Lo probado no permite que se le atribuya al señor… obrar negligente, mal intencionado o con extralimitación de sus funciones, por tanto no es viable atribuir la mencionada condena a conducta gravemente culposa del demandado. De conformidad con las consideraciones precedentes el Ministerio Público, solicita al H. Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada denegando las pretensiones de la demanda

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 3 Expediente 49681

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 068/2014

Bogotá D. C., 28 de abril de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 49681 (050012331000 2010 00311-01)

Acción Repetición

Actor: Municipio de Sabaneta Demandado: Francisco Javier Beltrán Montoya El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- El municipio de Sabaneta (Antioquia) demandó al señor Francisco Javier Beltrán Montoya, alcalde del ente territorial para el 18 de septiembre de 20021, fecha de los hechos que dieron lugar a la condena, para que restituya la suma de $282.833.060 actualizada, valor que el ente territorial pagó al señor Jorge Enrique Berrio Colorado por concepto de indemnización total y ordinaria por perjuicios conforme a sentencia condenatoria en proceso ordinario laboral (Cfr. fls.1 a 8 C.1). 1.2. El demandado se opuso a las pretensiones. Acepta como cierta la ocurrencia del accidente laboral. Alega que de serle imputable responsabilidad

lo sería por culpa leve y no grave. Controvierte la procedencia de la acción en cuanto el comité de conciliación del ente público no expuso las razones en que se fundamentó la decisión de repetir, aunado a que para ello no se valoró la conducta ni se indicó a quien era imputable, pues el comité no señaló contra quien iría dirigida la acción, a más que el demandado no conducía el automotor (Cfr. fls. 94 a 100 C.1). 1.3. El a quo denegó las pretensiones al concluir que la parte actora no probó el 1 Fecha en que el señor Jorge Enrique Berrio Colorado operario del municipio estando en sus labores sufrió accidente vehicular por la falta de elementos de seguridad. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 4 Expediente 49681 pago de la obligación (Cfr. fls. 179 a 193 C.2). 1.4. Apeló la demandante. Señala que el pago de la obligación se puede acreditar a través de cualquier medio de prueba que sirva como elemento de convicción que permita inferirlo. Alega que en el presente asunto se probó el pago total y efectivo de la obligación al beneficiario y a su apoderado conforme a las instrucciones del acreedor principal; alude para el efecto a las copias auténticas de los comprobantes de egreso y de emisión de los cheques números 302717, 302811 y 302839 los que aparecen suscritos por sus beneficiarios, ante lo cual concluye que el pago de la condena se realizó y fue

recibido por quienes estaban legitimados para ello con lo cual se extinguió la obligación. Destaca que para efectos de la caducidad de la acción se tuvo en consideración el 9 de septiembre de 2008 como fecha del pago, y que pese a ello en el fallo se indica que los mismos medios de prueba sólo dan cuenta de la intención de pago (Cfr. fls. 194 a 197 C.2).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la Acción de Repetición. 2.1. Naturaleza de la acción de repetición. El Consejo de Estado ha precisado sobre la naturaleza y finalidades de la acción de repetición2: En cuanto a la acción de repetición, el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, prescribe: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” La acción de repetición se erige, entonces, como el mecanismo procesal especial con que cuenta el Estado para proteger el patrimonio público, pues, sustentado en la responsabilidad patrimonial de los servidores y exservidores públicos, tiene el derecho-deber de acudir ante la Jurisdicción

Contencioso Administrativa3, para que se declare responsable al sujeto, que c0on su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico por el cual -el Estadoha respondido. 2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 16335 3 (pie de página de la cita) De acuerdo al artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de este tipo de acciones. El artículo dispone: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. (…)” Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 5 Expediente 49681 El objeto de la acción de repetición se encamina a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública4. (…) […] 2.3. Naturaleza jurídica de la acción de repetición La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil -art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.” (resalto y subrayo) De conformidad con lo expuesto la acción de repetición es autónoma, de

carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. 2.2. Presupuestos para la viabilidad de la de repetición Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización 4 (pie de página de la cita) En efecto, el artículo 3 de la Ley 678 de 2001 dispone: “La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella.” Así mismo, ha señalado la Corte Constitucional: “Es importante subrayar que la responsabilidad de los agentes del

Estado surge como consecuencia de un proceso de fortalecimiento del compromiso que debe tener el servidor público con la función o labor que esta llamado a desempeñar a favor de la sociedad y en beneficio general, y pretende desarrollar los principios superiores de moralidad pública, eficiencia y eficacia administrativa (C.P. art. 209), defensa del interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°). (Sentencia C-965 de octubre 21 de 2003) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 6 Expediente 49681 respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. 2.3. Normatividad aplicable Es oportuno señalar que los hechos debatidos en este proceso tuvieron ocurrencia el 18 de septiembre de 2001, esto en vigencia de las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable tanto en los aspectos sustanciales como procesales.

2.4. De la caducidad. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) El término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el pago total de la obligación y de haberse efectuado en cuotas y en diferentes momentos será desde la realización del último pago. La entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 20015. 5 “(…) En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho repetir cuando no se ha pagado. Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico

como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales. (…) … como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 7 Expediente 49681 Se allegó al proceso copia de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 14 de marzo de 2008 (Cfr. fls. 48 a 58 C.1) proferida dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jorge Enrique Berrio Colorado contra el Municipio de Sabaneta, la que confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado que condenó al municipio de Sabaneta a pagarle al señor Jorge Enrique Berrio Colorado la suma de $224.130.847,77 a título de indemnización total y ordinaria por perjuicios a consecuencia de accidente de trabajo, más las costas del proceso, decisión la primera que igualmente condenó al ente territorial al pago de costas por la

segunda instancia, sentencia aquélla que fue notificada en estrados. Igualmente se allegaron copias del auto que dispuso la liquidación de las costas procesales y que señaló como agencias en derecho la suma de $56.032.711,95 (Cfr. fl. 59 C.1), y de la liquidación de las costas hecha por la secretaría del Juzgado laboral por la suma de $57’840.711,95 la que incluye la citada condena por agencias en derecho (Cfr. fls. 58 y 60), liquidación que no fue objetada por las partes y a la que se dio aprobación mediante auto del 25 de abril de 2008 (Cfr. fl. 62 C.1). El plazo de los 18 meses para pagar iba hasta el 25 de octubre de 2009. Acorde con el hecho catorce de la demanda el pago de la obligación se efectuó el 17 de septiembre de 2008 (Cfr. fl. 3 C.1), y en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería el 18 de septiembre de 2010. La demanda se presentó el 26 de enero de 2010 (Cfr. fl. 8 C.1), por lo que se concluye que la acción se ejercitó dentro de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos. 2.5. De la prueba de la condena Como ya se anotó, se allegó al proceso copia de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena en contra del ente público demandante, como de las decisiones relacionadas con la condena por concepto de agencias en derecho y la aprobación de la liquidación de las costas del

con el trámite anteriormente explicado. Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.(…) Si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (subrayo y destaco) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 8 Expediente 49681 proceso (Cfr. fls. 48 y ss C.1) en tal virtud se tiene por acreditado tal presupuesto para la viabilidad de la repetición. 2.6. Calidad de servidor público Al proceso se allegó copia auténtica del acta de posesión del 1° de enero de

2001 elevada ante la Juez Primera Promiscuo Municipal de Sabaneta, mediante la cual el demandado señor Francisco Javier Beltrán Montoya asumió como alcalde del citado municipio para el período constitucional 2001 a 2003 (Cfr. fls. 13 a 17 C.1), lo que acredita su condición de servidor público para el 18 de septiembre de 2002, fecha de los hechos, por lo que se tiene por cumplido el citado presupuesto para la viabilidad de la acción . 2.7. Pago En el proceso reposa escrito del beneficiario de la condena en el que solicita que se gire a favor del Dr. Luis Enrique Correa Sánchez la suma de $58’302.211,95 y la suma restante de $224’130.847,77 se pague a su favor (Cfr. fl. 67 C.1). Para acreditar el pago la demandante allegó: i) copias auténticas de los comprobantes de egreso 6616 del 3 de septiembre de 2008; 6380 del 28 de agosto de 2008; y 6644 del 3 de septiembre de 2008, documentos que a su vez certifican la emisión de los títulos valores Nos. 302811, 302717 y 302839 en su orden, a favor de Jorge Enrique Berrio Colorado por $224’130.846, Luis Enrique Correa Sánchez por $58’181.412 y Adolfo de Jesús Amaya Yepes por $360.000 (Cfr. fls. 77 a 79 C.1), títulos que fueron recibidos por sus respectivos beneficiarios (conforme a la carta de instrucción ya mencionada) pues tales comprobantes que están suscritos por los respectivos beneficiarios. Los documentos anteriores resultan suficientes para inferir el pago de la

condena, no obstante sólo a título de ilustración el Ministerio Público advierte que igualmente obran en el proceso copias de las autorizaciones de pago, como de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y compromiso presupuestal (Cfr. fls. 68 y ss. C.1). En resumen, en el proceso se probó el pago de la condena a los respectivos beneficiarios de donde se infiere que efectivamente se realizó el pago total de la obligación, por ello para el Ministerio Público si se cuenta con tal presupuesto para la viabilidad de la acción de repetición. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 9 Expediente 49681 2.8. Del elemento subjetivo - Dolo o culpa grave “Las voces utilizadas por la ley (artículo 63 del C.C.) para definir el dolo concuerdan con la noción doctrinaria que lo sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar un resultado contrario al derecho, caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye, pues, por la intención maliciosa, al paso que la culpa, según el mismo precepto y la concepción universal acerca de ella, se configura sobre la falta de diligencia o de cuidado, la imprevisión, la negligencia, la imprudencia”. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de agosto 9 de 1949, G.J. LXVI; pág. 356. Sobre la noción de culpa grave en sede de repetición se tiene lo siguiente: Conforme a las anteriores definiciones se evidencia que, para el legislador, no

todas las conductas descuidadas de las personas deben tratarse de la misma forma, y por ello consideró necesario graduarlas, dependiendo de lo que en cada caso se pueda exigir de la actuación del individuo; en estas condiciones, la culpa grave representa una menor exigencia frente al comportamiento del operador jurídico, es decir que, cuando se consagra este tipo de culpa, el examen de la conducta resulta menos riguroso, puesto que sólo incurrirá en culpa grave, quien actúa con un grado máximo de imprudencia o negligencia, cuando no observa el comportamiento mínimo que aún una persona descuidada observaría; es por eso que dice la norma, que esta clase de culpa en materias civiles, equivale al dolo; la culpa grave o negligencia grave es descrita por la jurisprudencia alemana como “...una conducta que infringe, en una medida desacostumbradamente desproporcionada, a la diligencia requerida; sería pasar inadvertido ‘lo que en un caso dado, a cualquiera, debe ser evidente’...”; es decir, que esa “...negligencia grave sería ‘la vulneración de un deber especialmente grave y también subjetivamente inexcusable sin más, que excede considerablemente la medida acostumbrada en la negligencia”6. (negrillas ajenas al texto original) Con fundamento en la norma en mención, la jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición7 y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 778 y 789 del C. C. A. 6 (pie de página de la cita) MEDICUS, Dieter; Tratado de las Relaciones Obligacionales, Edic. española de Angel

Martínez Sarrión. Vl. I. Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona. 1ª ed., 1995; pg. 152. 7 (pie de página de la cita) Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de

1994. Exp. 8483. Actor: Anselmo España Quiroz. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de

1994. Exp. 9.618. Actor: Maritza Padilla Jojoa. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002.

Exp. 13.922. Consejero Ponente: Dr. German Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005. Exp: 23.218. Actor: Nación, Ministerio de Defensa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; y el auto de 22 de mayo de 2003. Exp. 23.532. Actor: Carlos Enrique Acevedo Gómez. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. 8 (pie de página de la cita) Sentencia C –100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001. Actor: José Luis Pabón Apicella. Magistrada Ponente: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. 9 (pie de página de la cita) Sentencia C – 430 que dictó la Corte Constitucional el 12 de abril de 2000. Actor: Erich Guerra Caicedo. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 10 Expediente 49681

Así frente a estos conceptos, el Consejo de Estado10 dijo que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores pú- blicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política11 y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo, contratos, bienes y familia. […] Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no

cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.”12 En este orden de ideas podemos decir que culpa grave: “es aquella conducta descuidada del agente estatal, causadora del daño que hubiere podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”13. 10 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 31de agosto de 1999. Exp. 10.865. Actor: Emperatriz Zambrano y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. 11 (pie de página de la cita) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. 12 Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 20 de septiembre de 2007, Radicación: 25000-23-26-0001999-00847-01(26708) 13 Derecho Procesal Administrativo, Librería Jurídica Sánchez, año 2002, pag. 268, citado en la obra la Ley de Acción de Repetición y el Servidor Público, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, año 2004 pag. 47. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056

11 Expediente 49681 Hechas las precisiones anteriores para acreditar el dolo o la culpa grave el Ministerio Público encuentra los siguientes medios de prueba relevantes para el caso: Sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Envigado del 30 de mayo de 2007 en la que se consideró: “(…) Analizada la prueba testimonial y documental recaudada, abundante ésta última por demás, observa el Despacho, que en el presente caso, hubo impericia e imprudencia, en el conductor de la volqueta EKK – 072, rodante de propiedad del ente territorial demandado, al no advertir parámetros del C. Nacional del Código Terrestre. (sic.). En efecto el señor REINALDO GALLEGO RESTREPO, trabajador oficial adscrito al Municipio de Sabaneta, conduciendo el mencionado automotor, transportó pasajeros en el mismo, en su parte exterior, estos es, en su volco, desatendiendo su característica para la cual había sido destinado y matriculado, como lo era, la movilizaci