PGN - ACCION DE REPETICION - Condena al estado por perjuicios causados por privación injusta de la l

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Condena al estado por perjuicios causados por privación injusta de la libertad ACCIÓN DE REPETICIÓN-Objeto/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Aspectos que se demuestran en el proceso La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. DOLO-Regulación legal VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Regulación constitucional/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Regulación legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición según regulación legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos objetivos y subjetivos/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos esenciales De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad

de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de la entidad. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2013 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B Consejo de Estado

E. S. D.

Ref.: Concepto 13-173

Acción de Repetición 110013331000200800238 01 (47738)

Actor: Departamento Administrativo de Seguridad DAS

Demandado: Norberto Sanabria Vigoya

Honorable Señora Consejera: Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la demandante, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES.

1-. Demanda El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición contra el señor NORBERTO SANABRIA VIGOYA, servidor de esa entidad, con la pretensión de que se lo declare responsable por haber dado lugar, por culpa grave en su actuación, a la privación injusta de la libertad del señor ANDRÉS CAYCEDO CAÑON ocurrida del 22 al 25 de marzo de 2003, por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 mediante sentencia del 24 de enero de 2007, la condenó al pago de los daños ocasionados a los demandantes de dicho proceso. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se condene al demandado a pagar a la entidad demandante la suma de $42.166.117 que ésta debió pagar como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida el 24 de enero de 2007 por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca antes mencionada. 2-. Contestación de la demanda El señor NORBERTO SANABRIA VIGOYA se opuso a las pretensiones de la demanda; aceptó y negó algunos hechos e indicó que debían probarse otros; y propuso como excepciones la inexistencia de dolo o mala fe, la inexistencia de culpa grave, la inexistencia de la obligación a pagar y el cobro de lo no debido, con base en las siguientes razones: “Se esfuerza la entidad demandante por sustentar la presente acción de repetición en el dolo del funcionario del DAS NORBERTO SANABRIA, lo cual no existió, tal y como se demostrará con las pruebas que ya se recaudaron y las que se recaudarán ante el Honorable Tribunal. (…) La actuación del demandado SANABRIA fue supremamente diligente y cuidadosa, toda vez que una vez que verificó la información en el SIFDAS, trato de verificar físicamente la orden de captura la cual no fue posible encontrar. Otra prueba clara de su interés, diligencia y cuidado está plasmada en el comportamiento del demandado que El primer día hábil siguiente a la captura del señor Andrés Caycedo Cañón, fue quien informó a primera hora a su superior, el funcionario Nestor Castro Castañeda, sobre la situación presentada y pudieron constatar con Barranquilla que se trataba de un error en un dígito de la cédula de ciudadanía del encartado. (…) No existe obligación de pagar a cargo de NORBERTO SANABRIA VIGOYA, ya que al no estar estructurada una de las características exigidas por la Constitución o la ley (Dolo o culpa grave), pues se

queda sin piso jurídico la presente acción de repetición. (…) 3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 Raya a la vista el cobro de lo no debido por parte del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, toda vez que si se hace la sumatoria de la sentencia condenatoria proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, la suma total de la condena nos arroga un valor de $ 37.774.606 y no $ 42.166.117 como equivocadamente se pretende con la pretensión de la demanda. La diferencia entre lo realmente condenado y lo efectivamente pagado, es decir, los intereses moratorios que pagó la entidad, (4.391.511) se debe a una demora injustificada de la entidad del DAS en la ejecución de la sentencia proferida que desde ningún punto resulta equitativo que sea cobrado al funcionario, pues repetimos fue por demora de la entidad demandante.” 3-. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 11 de abril de 2013, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se transcriben a continuación: “Dando cumplimiento a sus funciones, el señor Sanabria Vigoya el día 22 de marzo de 2003 en cumplimiento de su turno de “24x48” horas, recibió solicitud por parte del Grupo de Policía Judicial del

Aeropuerto el Dorado, para que confirmara una orden de captura emitida por la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta en contra del señor Carlos Caicedo Cañón, ante lo cual el funcionario procedió al ingresar al sistema SIFDAS encontró que efectivamente la orden de captura contra el mencionado señor se encontraba vigente; sin embargo, al intentar verificar el expediente interno de soporte no pudo hacerlo debido a que el mismo no se encontró. Ante esta situación, luego de haber sido retenido el señor Caicedo Cañón el día martes 25 de marzo de 2003, primer día hábil siguiente, el demandado informó de la novedad a su superior inmediato, por lo que procedieron a comunicarse con las oficinas del DAS Magdalena para obtener copia de la orden de captura del señor Caicedo, la cual fue enviada vía fax a las oficinas en Bogotá con la que se pudo verificar por parte de los funcionarios que la persona retenida no coincidía con la solicitada realmente por la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta; ello, porque los números de cédula coincidían en casi su totalidad diferenciándose tan solo en uno, el cual había permitido el error en la captura del señor Caicedo, es decir, la cédula de la persona retenida por la Policía Judicial era 14.243.281 y la de la persona requerida en la orden de captura emitida por la fiscalía era 14.243.271. Por lo anterior, se puede inferir que a pesar de que en el momento de los hechos el funcionario Sanabria no encontró el archivo físico respecto a la mencionada orden de captura, no omitió comunicarlo a su superior

para que se procediera como correspondía, es decir, no permitió que se mantuviera el error sobre la persona que se encontraba retenida, 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 por lo cual puede concluirse que su actuación fue de buena fe y acorde con la información que él tenía en el momento de la retención del señor Caicedo Cañón (fls. 51 a 52 y 97 a 99, c. 3). Una vez se tuvo conocimiento del error que existía, se procedió a dejar en libertad al señor Caicedo aduciendo un error mecanográfico en la transcripción de la orden emanada por la mencionada fiscalía, es decir, en el momento en el que los funcionarios del DAS pertenecientes a la oficina de comunicaciones, específicamente la central de radio, le comunicaron al señor Sanabria a través del radas N° 816 del 17 de octubre de 2000 la información de la orden de captura, él procedió a registrarla de acuerdo como le fue comunicada sin que hubiera cambiado algún número que favoreciera o perjudicara a alguien (fls. 235, c.3); y así consta en las diferentes versiones que en el curso del proceso disciplinario seguido en contra del señor Sanabria él rindió (…) (…) Finalmente, y de acuerdo con lo anotado no encuentra la sala prueba clara y concreta que permita vislumbrar una conducta

dolosa o gravemente culposa por parte del señor Norberto Sanabria Vigoya, puesto que a pesar de que la entidad demandante a través del proceso disciplinario lo encontró culpable de haber omitido sus deberes, ello no es suficiente para endilgar responsabilidad al demandado, pues lo que se evidencia del plenario fue que el señor Sanabria Vigoya actuó conforme le correspondía y de acuerdo con la información que para el momento de los hechos tuvo oportunidad de conocer y corroborar, dejando de lado el DAS que en el curso de la situación de retención del señor Caicedo Cañón también intervinieron otros funcionarios de la entidad.” 4-. Recurso de apelación La demandante apeló el fallo de primera instancia, pidiendo se revoque y se acceda a las súplicas de la demanda, con base en los argumentos que se citan enseguida: “3. El requisito de la omisión en el ejercicio de las funciones, se probó con el proceso disciplinario que obra en el expediente donde igualmente se estableció que el funcionario demandado, Norberto Sanabria Vigoya, identificado con la C.C. Bo. 11.405.720 de Cáqueza (Cundinamarca), para la época de los hechos estaba vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad –DASy desempeñaba el cargo de Secretario 309-05, adscrito a la Dirección General Operativa, señalando sus específicas funciones. En el proceso disciplinario se demostró que el mismo demandado fue sancionado disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (01) mes al encontrarlo responsable

del cargo formulado, consistente en que dicho servidor público del 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 DAS para el día 22 de marzo de 2003, siendo las 9:00 horas aproximadamente, encontrándose de turno en el Área de Registro Capturas e Impedimentos de la Coordinación de Identificación del DAS en Bogotá, al consultar el SIFDAS para confirmar la orden de captura que registró en el sistema el señor ANDRES CAICEDO CAÑON, novedad que era requerida por el Grupo de Policía Judicial del Aeropuerto El Dorado, ya que el citado señor se encontraba en esa dependencia haciendo un trámite migratorio para salir del país con destino a Panamá. El fallo disciplinario fue claro en que omitió la verificación del expediente interno del soporte de un registro de orden de captura y demás documentos y por ende conllevó a que se retuviera al señor CAYCEDO CAÑÓN, desde el 22 de marzo de 2003 al 25 de marzo de 2003, siendo que no era la persona requerida por la Fiscalía 14 de Santa Marta. Se señaló igualmente, por parte del operador disciplinario, en el fallo disciplinario de instancia, que el disciplinado SANABRIA VIGOYA con su comportamiento irregular infringió el deber de cumplir con diligencia y eficiencia el servicio encomendado, señalado en el numeral 2º del artículo 34 de la ley 734 de 2002,

falta que fue calificado como GRAVE a título de CULPA. Es de resaltar que el fallo disciplinario de primera instancia siendo apelado por el funcionario fue confirmado por el entonces Director del DAS, quedando agotada la vía gubernativa y ejecutoriados los actos administrativos respectivos. Así mismo Igualmente (sic), es oportuno destacar que dichos actos no fueron demandados ante lo contencioso administrativo que le hubiera permitido al juez natural revisar la decisión disciplinaria de la Entidad.

4. Un punto que es importante destacar de la sentencia que se impugna, adversa a la Entidad, es que el quo (sic) concluyó en la parte considerativa del fallo, que de conformidad a los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, la conducta desplegada por el demandado Sanabria Vigoya fue determinante para la condena impuesta al DAS. Ergo, desde esta perspectiva, la procedencia de la repetición que nos ocupa en contra del demandado emerge evidente, máxime cuando el operador disciplinario competente, una vez efectuó las revisiones de rigor, desde el marco de la función que desempeñaba y de su competencia en el cargo, y analizada la conducta que se le endilgó conforme a sus funciones, encontró que la misma fue omisiva, calificando su falta como grave a título de culpa. Ergo, al contrario de lo que se menciona por el a quo, si se probó la modalidad de la conducta.

5. Teniendo en cuenta entonces, que el proceso disciplinario es una prueba válida a considerar dentro de la acción de repetición, por su estirpe subjetiva, y que los postulados de la Ley 678 de 2001,

que son claros en señalar de manera general que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley Le. (sic) de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones y que en e (sic) proceso disciplinario ejecutoriado se mencionó que la conducta del agente Sanabria Vigoya en el ejercicio de su (sic) funciones fue omisiva (negativa), por cuanto omitió la verificación del expediente interno del soporte de un 6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 registro de orden de captura y demás documentos y por ende conllevó a que se retuviera al señor CAYCEDO CAÑÓN, desde el 22 de marzo de 2003 al 25 de marzo de 2003, siendo que no era la persona requerida por la Fiscalía 14 de Santa Marta, esta prueba documental (proceso disciplinario) cobra la importancia cardinal que el a quo le otorga dentro del plenario, para demostrar la ocurrencia de culpa grave del demandado en los hechos que fueron base del proceso disciplinario, lo que a la postre generaron (nexo causal) la condena administrativa extracontractual para el DAS dentro de proceso de Reparación Directa adelantado por Andrés Caicedo –Cañón contra la misma Entidad.”

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. PROBLEMA JURÍDICO ¿Se configuran los elementos sustanciales de la acción de repetición instaurada por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS en contra de NORBERTO SANABRIA VIGOYA para recuperar el valor de la condena impuesta a tal entidad por la privación injusta de la libertad sufrida por ANDRÉS CAYCEDO CAÑÓN del 22 al 25 de marzo de 2003?

2. ANÁLISIS JURÍDICO La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas.

Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. En el caso examinado aparece señalado que la acción generadora del daño antijurídico acaeció el 22 de marzo de 2003, fecha en la que el señor ANDRÉS CAYCEDO CAÑÓN fue retenido por agentes de policía judicial del DAS en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 hasta que fue dejado en libertad, el día 25 de ese mismo mes y año.

Dicha circunstancia da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas contenidas en la Constitución Política de 1991, artículo 90, y en la Ley 678 de 20011, pues el hecho generador del daño antijurídico tuvo ocurrencia con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley2. Respecto de la aplicación de la Ley 678 de 2001 en el tiempo, el Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 2011, señaló: “Cabe advertir que, según lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corporación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia.” El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagra la acción de repetición en su inciso segundo, en los siguientes términos:

“ART. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” El citado precepto constitucional fue desarrollado por la Ley 678 de 1 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.” 2 Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 11001-03-26000-2007-00074-00(34816). 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 2001, la cual, en su artículo 2º, definió la acción de repetición como “una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.”

La misma Ley, en sus artículos 5 y 6, definió igualmente lo que debe entenderse por dolo y culpa grave, y señaló los eventos en que se presumen, así: “ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.” “ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por errorinexcusable.

9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.”  DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público3. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de la entidad.

De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de febrero de 2011. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 11001-03-26-000-2007-0007400(34816): “Finalmente, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan (Ley 678 de 2001), para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada en sentencia proferida por juez competente a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado totalmente a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación o en otra forma de solución de un conflicto; y c) Que la condena o la conciliación se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas.” 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente4. En ese orden de ideas, se debe analizar si los elementos esenciales de la acción de repetición se encuentran estructurados en este proceso. - Calidad de servidor Público y la conducta desplegada determinante de la condena: En relación con la calidad de servidor público que ostentaba el señor NORBERTO SANABRIA VIGOYA al momento de la ocurrencia de los hechos, mediante certificación expedida por el Coordinador del Grupo Administración de Personal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, se encuentra acreditado en el plenario que para los días 22 al 25 de marzo de 2003, el ahora demandado estaba vinculado como servidor público de esa entidad mediante relación legal y reglamentaria, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2400 de 1968, desempeñándose en el cargo de Secretario 309-05 asignado a la Dirección de Investigaciones y Seguridad Rural (C.2. Fl. 77). Ahora bien, en relación con el requisito de la conducta desplegada, determinante de la condena, está probado en el proceso bajo estudio que el señor NORBERTO SANABRIA VIGOYA, actuando como 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 09 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La

calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.” 11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 Secretario 309-05, de turno en la Oficina de Registros Judiciales del DAS, el día 22 de marzo de 2003, confirmó la existencia de una orden de captura en contra del señor ANDRÉS CAYCEDO CAÑÓN, información con base en la cual los funcionarios de policía judicial

retuvieron a dicho ciudadano hasta el día 25 de ese mes y año (C.3. Fls. 227 a 247 y 256 a 263). En consecuencia, en cuanto al elemento analizado, se concluye que si se demostró la participación del ahora demandado en los hechos que dieron lugar a la sentencia del 24 de enero de 2007, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS al pago de los perjuicios ocasionados con dicha privación de la libertad (C.2. Fls. 1 a 9). - Existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico: Este elemento se encuentra probado en el proceso con la copia auténtica de la sentencia proferida el 24 de enero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS por los daños y perjuicios ocasionados a los señores ANDRÉS CAYCEDO CAÑON, JUAN SEBASTIAN CAYCEDO RODRIGUEZ, MARÍA ALEJANDRA CAYCEDO SANTOFIMIO, MABEL CAYCEDO CAÑÓN y GLADYS CAYCEDO CAÑÓN con ocasión de la privación injusta de la libertad sufrida por el primero de ellos entre el 22 y el 25 de marzo de 2003; y lo condenó al pago de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes en ese proceso (C.2. Fls. 1 a 9); sentencia que quedó

ejecutoriada el 21 de febrero de 2007, según documento visible al folio 10 del cuaderno 2 del expediente. 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 110013331000200800238 01 (47738) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-311109 - Pago de la condena por parte de la entidad demandante: Con el fin de demostrar este elemento de la acción de repetición, fueron allegados al expediente los siguientes documentos en copia auténtica:  Resolución No. 003142 del 10 de agosto de 2007, por medio de la cual la Secretaria General del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS ordenó el pago de la suma de C