PGN - ACCION DE REPETICION - Contra el ex alcalde del municipio de acacias por supresión de un cargo

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPETICION-Contra el ex alcalde del Municipio de Acacias por supresión de un cargo de carrera administrativa ACCION DE REPETICION-Requisitos para que proceda Con base en lo expuesto y evidenciado a lo largo de este concepto, esta Delegada considera que no se cumplen la totalidad de los requisitos exigidos por la anterior a la Ley 678 del 2001, para que prospere la acción de repetición incoada por el municipio de Acacías, toda vez que no es posible endilgar la responsabilidad del detrimento patrimonial del Estado al demandado, como pretende la parte activa, por lo tanto no procede la imputación de responsabilidad patrimonial al entonces alcalde del municipio de Acacías, el señor … quien fue el que expidió el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del señor … ACCION DE REPETICION-Régimen aplicable Al efectuar el estudio de la acción de repetición, se debe identificar si los hechos que dieron origen a la acción, ocurrieron antes de que entrara en vigencia la última disposición legal en materia de acción de repetición, esto es la Ley 678 del 2001; de ser así, el caso debe ser estudiado en aplicación de los artículos 90 de la Constitución Política y 77,78 y 86 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo ACCION DE REPETICION-Fundamento Constitucional CARGA PROBATORIA-Corresponde al demandante probar los hechos en que se funda su acción Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01

CONCEPTO No.106 /2018

Bogotá D.C, 05 de julio de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

Doctora: Maria Adriana Marín.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 500012331000-2011-00379-01 (60615)

Acción: Repetición

Actor: MUNICIPIO DE ACACIAS - META Demandado: CARLOS JULIO PLATA BECERRA Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. No se cumplió con el cuarto elemento requerido para la prosperidad de la acción de repetición bajo la normatividad anterior a la Ley 678 de 2001 en contra del demandado / No se encuentra debidamente probada ni se configuró la conducta a título de dolo o culpa gravemente del ex funcionario/ la carga probatoria le corresponde a la parte actora de acuerdo al contenido del artículo 177 del C.P.C/ la declaratoria de nulidad no configura por sí sola, una conducta dolosa o gravemente culposa del demandado.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los

derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

2 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 El municipio de Acacias, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en los artículos 77, 78 e inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda en contra del señor Carlos Julio Plata Becerra, en su condición de ex alcalde de la entidad territorial demandante, quien suprimió el cargo que ostentaba el señor JUAN DE DIOS CARRILLO NOGUERA, ocasionando perjuicios económicos causados a dicha entidad, por medio de la sentencia condenatoria, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Meta el 13 de diciembre de 2004, el cual declaró la nulidad del Decreto 006 del 5 de enero de 1998.

Narra resumidamente que: El señor JUAN DE DIOS CARRILLO NOGUERA laboró en el municipio de Acacias en el cargo de latonero pintor de la Secretaría de obras públicas, desde el 14 de enero de 1995 hasta el 8 de enero de 1998, fecha en la que fue desvinculado del servicio por virtud del Decreto 006 del 5 de enero de 1998, en que se dispuso la supresión de empleos de la

planta del ente territorial, expedido por el señor CARLOS JULIO PLATA BECERRA en calidad de alcalde del municipio de Acacías. El señor CARRILLO NOGUERA, interpuso demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, la cual falló el Tribunal Administrativo del Meta el 13 de diciembre de 20041, decretando la nulidad del acto administrativo 006 de 1998, argumentando que al señor CARRILLO NOGUERA “se le quebrantó su derecho de opción el cual es un derecho claro y categórico para los funcionarios amparados por el fuero de carrera administrativa” en relación a la supresión del cargo del señor JUAN DE DIOS CARRILLO NOGUERA y en consecuencia se le ordenó a título de restablecimiento del derecho el reintegro del señor ya mencionado y el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir desde su desvinculación hasta cuando se produjera su reintegro. 1 A folios 16 al 34 del cuaderno No.1 3 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural No.3, en sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017)2, negó las pretensiones de la

demanda, manifestando a folios 405 a 413 del cuaderno principal del Consejo de Estado, en resumen lo siguiente:  Consideró el a quo, que no es procedente el reproche efectuado por la entidad demandante, con relación al hecho de no haberle permitido al señor CARRILLO NOGUERA ejercer su derecho de opción consagrado en el artículo 8 de la Ley 27 de 1992, pues si bien, se evidenció en el artículo TERCERO del Decreto 006 de 2006, por medio del cual se suprimió entre otros el cargo del señor CARRILLO

NOGUERA dispuso: “ARTÍCULO TERCERO: en cuanto a los cargos de carrera administrativa que fueron suprimidos que venían siendo desempeñados por funcionarios inscritos en el

escalafón de la carrera administrativa , estos equivalentes a los suprimidos o el recibir la indemnización contemplada en el artículo 8 de la Ley 27 de 1992 y en el decreto reglamentario 1223 de 1993”.  Por lo anterior, observó que en el mismo acto administrativo de supresión, se indicaron las opciones con las que contaba las personas sobre quien recaía los cargos a suprimir, sin embargo no observó la constancia de notificación de este acto administrativo, pues este carece de firma del notificado; no obstante para la Sala es claro que debido a la decisión contenida en el acto administrativo y la forma en que debe surtir la notificación personal del mismo, esta debió entregársele copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión. 2 A folio 322 a 339 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 4 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01  Observó que en la demanda se indicó que se le “cercenó al empleado su legítimo derecho de opción, entre ser indemnizado o ser objeto de tratamiento preferencial a ser reincorporado”, sin describir si fue notificado, lo cierto es que el empleado tuvo conocimiento del acto de supresión, al punto que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el mismo.  Encontró probado que en el mismo acto administrativo de supresión se le indicó al señor JUAN DE DIOS CARRILLO, perteneciente a la carrera administrativa, las opciones con las que contaba después de la supresión de sus cargos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 27 de 1992 y mediante resolución No. 058 del 18 de junio de 1998, se canceló al señor CARRILLO la indemnización establecida en el Decreto 1223 de 1993.  De la indemnización antes mencionada, el Tribunal Administrativo del Meta, indicó que: “pudiere en principio extraerse que el empleado fue obligado a recibir la indemnización, por cuanto la fecha de expedición de este (18 de junio de 1998) es anterior al vencimiento de los 6 meses con los que contaba el señor CARRILLO para elegir entre reubicación e indemnización, puesto que el Decreto 006 de 1998 fue expedido el 5 de julio de 1998, es decir 6 meses se cumplían el 5 de julio de

1998, no obstante la Sala desconoce el origen de aquella decisión, habida cuenta que en los considerandos no se especifica si la indemnización fue reconocida por solicitud del interesado o simplemente obedeció a una decisión unilateral de la administración”. Por lo tanto, este documento tampoco le brinda herramientas suficientes para demostrar la conducta necia o negligente.  Recordó que es la entidad demandante sobre quien recae demostrar el elemento subjetivo y para ello no basta con aportar la sentencia condenatoria que originó el pago; pues es necesario aportar la prueba del dolo o la culpa grave del demandado, toda vez que no se precisó la manera como el ex alcalde, cercenó el derecho de opción que tenía el señor CARRILLO y tampoco allegó las pruebas que permitieran arribar a esa conclusión. 5 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01  Analizó la Sala, respecto al reproche de ausencia de estudios técnicos para la expedición del Decreto 006 de 1998, que no existía obligación por parte del entonces alcalde CARLOS JULIO PLATA BECERRA de contar con estudios previos para proceder al proceso de supresión de cargos, por cuanto este aparte de ser un argumento secundario, no era considerado obligatorio para la fecha de

expedición del Decreto 006 de 1998; como sí lo es, el haberle coartado al señor CARRILLO NOGUERA el derecho de opción entre la indemnización o reubicación.  Concluyó que no se encuentra demostrada la culpa grave en el actuar de CARLOS JULIO PLATA BECERRA, toda vez que no existe claridad en la forma en que el ex alcalde cercenó el derecho de opción del señor CARRILLO, por lo que no puede tildarse de negligente su conducta por iniciar un proceso de restructuración sin estudios previos, cuando este requisito se hizo obligatorio con posterioridad a la expedición del acto administrativo de supresión.  Por lo anterior, la entidad demandante no cumplió con el cuarto requisito, ni con la carga probatoria que se encuentra contenida en el artículo 177 del C.P.C, y expresamente indica que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 1.3. Argumentos de la apelación. La apoderada de la parte demandante, presentó recurso de apelación, manifestando que la sentencia de 29 de agosto de 2017, objeto de impugnación, debe ser revocada, toda vez que el a quo negó las pretensiones de la demanda, por lo que fundamentó su escrito de apelación en lo siguiente:  No comparte el análisis y el fallo realizado por el Despacho de primera instancia, toda vez que este plantea que no se cercenó el derecho de opción que tenía el 6 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 señor CARRILLO, puesto que este fue objeto de estudio en la sentencia que condenó al Municipio de Acacias, y mediante el cual se declaró la nulidad del acto administrativo contenida en el Decreto No. 006 del 05 de enero de 1998, como consecuencia del mal actuar, del demandado CARLOS JULIO PLATA BECERRA”.  Manifestó por lo anterior, que la conducta desplegada por el ex funcionario CARLOS JULIO PLATA, en su calidad de Alcalde del Municipio de Acacias, al expedir el Decreto No.006 del 5 de enero de 1998, que suprimió el empleo del señor JUAN DE DIOS CARRILLO NOGUERA, demuestra que la conducta fue culposa o dolosa, lo que llevó a un detrimento patrimonial a la Entidad.  Recalcó que se encuentra probado la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que la ley establece necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos que hayan dado lugar a el Estado realice un reconocimiento indemnizatorio proveniente de una condena judicial, razón por la cual solicita revocar la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandante.  ¿Los documentos aportados como pruebas, cumplieron los requisitos procesales exigidos para la respectiva valoración de los elementos de

configuración de la acción de repetición?  ¿Se logró probar que la conducta del ex alcalde CARLOS JULIO PLATA 7 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 BECERRA, fue con dolo o culpa grave al momento de expedir el acto administrativo No. 006 del 5 de enero de 1998, que desvinculo al señor CARRILLO NOGUERA? 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público.  ¿De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, dentro del proceso de acción de repetición, se demostró que el señor CARLOS JULIO PLATA BECERRA, quién para la época de los hechos se desempeñaba como alcalde del municipio de Acacías (Meta), actuó con dolo o culpa grave en los hechos que dieron lugar a la condena del municipio mencionado?  ¿El municipio de Acacías (Meta), demostró que la conducta del ex servidor público fue gravemente culposa, de tal manera que éste debe responder por el dinero que tuvo que cancelar la mencionada entidad con ocasión de la orden judicial? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público:

2.2.1. Acción de repetición. Frente a este tema, el Consejo de Estado ha discurrido ampliamente, y ha enfatizado en los siguientes requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, mencionándolos así: “a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico. b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima. 8 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas.”3 2.2.2. Acción de repetición – Régimen aplicable Al efectuar el estudio de la acción de repetición, se debe identificar si los hechos que dieron origen a la acción, ocurrieron antes de que entrara en vigencia la última disposición legal en materia de acción de repetición, esto es la Ley 678 del 2001; de ser así, el caso debe ser estudiado en aplicación de los artículos 90 de la Constitución Política y 77,78 y 86 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, los cuales me permito trascribir de la siguiente forma: La acción de repetición tiene su fundamento Constitucional en el inciso 2° de su artículo

90°, el cual indica: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. “ARTÍCULO 77. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. ARTÍCULO 78. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere. ARTÍCULO 86. (…) Las Entidades Públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex -servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de la otra Entidad Pública”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 9 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 Dentro del aludido contexto jurisprudencial se tiene que la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, lo que lleva a considerar que su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionarios que por su obrar doloso o gravemente culposo dio lugar a la condena en contra de la administración. 2.2.3. De la culpa grave o dolo. Respecto a este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado con relación a las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de ellas y que estas hayan ocasionado un detrimento patrimonial al Estado, diciendo: “(…) para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así

no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa (…)”4(Negrilla propia). Al respecto en el Código Civil se dispuso: “ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 4 Sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01. 10 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre

juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. 2.2.4. Carga probatoria en acción de repetición. Con relación a la carga probatoria, y siendo este punto, crucial para el estudio del presente litigio, creemos que es importante traer a colación lo que el H. Consejo de Estado ha manifestado: “La acción de repetición, se estructura sobre una responsabilidad personal subjetiva, en la cual el Estado tiene la carga de probar que su agente obró con culpa grave o dolo. (…) Esta Corporación ha manifestado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no debe limitarse a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que se debe tener en cuenta las características particulares del caso, las que deben ser armonizadas con lo dispuesto en los artículos 6 y 91 de la Constitución Política, sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como la asignación de funciones consignadas en los reglamentos o manuales respectivos. La Sala ha manifestado que la responsabilidad personal del agente, en juicios de repetición y llamamientos en garantía con fines de repetición, sólo puede predicarse en la medida en que se compruebe la actuación dolosa o gravemente culposa de éste, además la Administración siempre tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente que ocasionó la condena y el agente público tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición o cuando es llamado en garantía, que su actuación no fue dolosa o gravemente culposa. (…) No puede tenerse como una

responsabilidad patrimonial, sin previo juicio del servidor público, el hecho de que exista una sentencia condenatoria al Estado, ya que es obligación del juzgador analizar o calificar la conducta del agente público bajo las nociones de culpa grave 11 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 o dolo para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta”5. (negrilla propia). 2.3. Pruebas obrantes en el proceso. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los documentos que se relacionaran en el acápite del caso concreto específicamente, para el desarrollo del mismo  A folios 16 al 34 del cuaderno No.1, en los cuales reposa copia simple de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de fecha 13 de diciembre de 2004, en la cual se observa, que fue declarada la nulidad de Decreto No. 006 del 5 de enero de 1998 y se ordenó el reintegro del señor Juan de Dios Carrillo Noguera, al cargo que desempeñaba o uno superior y al pago de los salarios y demás emolumentos legales.  A folios 35 a 37 del cuaderno No.1, se observa copia auténtica de las resoluciones No. 026 del 31 de enero de 2006 y No. 178 del 6 de abril de 2006, revisada por el

Jefe Oficina Jurídica el señor JAMES ARIAS SILVA, y firmada la primera por el Alcalde Municipal, Coronel CARLOS JULIO PLATA BECERRA y la segunda por la Alcaldesa Municipal (E) Martha Lucia Castro Romero, por medio del cual se confirma en todas sus partes la resolución No. 026 del 31 de enero de 2006 y ordena el pago de la sentencia judicial, fecha 13 de diciembre de 2004, en la cual se observa, que fue declarada la nulidad del Decreto No. 006 del 5 de enero de 1998 y se ordenó el reintegro del señor JUAN DE DIOS CARRILLO

NOGUERA.

 A folio 41 y 42 del cuaderno de No. 1, reposa copia autentica de las órdenes de pago y egreso No.2006000605 de fecha 27 de abril de 2006, suscrito por la 5 Consejo de Estado – Sección Tercera MP. Hernán Andrade Rincón, Exp. No 25000-23-26-000-2000-01543-01 27761 sentencia del 10 de julio de 2013. 12 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 tesorera quien firma el documento mencionado, así mismo el señor beneficiario JUAN DE DIOS CARRILLO NOGUERA. “certificado de disponibilidad No. 2006000473

Registro presupuestal No. 2006000419

Código: 21039807

Cuenta No. 111005101 BANCAFE 03881841/8

Valor: $ 101.861.806.00.

 A folio 44 a 46 del cuaderno No.1, se observa copia tomada de la original del Decreto No. 006 del 5 de enero de 1998, por medio de la cual DECRETA: (…) ARTÍCULO PRIMERO: Suprímanse los siguientes empleos así:

 EN PERIODO DE PRUEBA:

• Celadores
• Aseadoras
• Secretaria Digitadora
• Secretaria Asistente - Jefe de Planeamiento Educativo - Jefe de Sistemas
• Psicólogo

 EN CARRERA ADMINISTRATIVA: - De la sección de Participación Ciudadana; el Jefe de Sección y la Secretaria Asistente. - De la sección quejas y reclamos: el Jefe de Sección - De la Secretaria de Planeación el: Coordinador del Fondo de Vivienda. - De la Oficina Banco de Proyectos: El Asistente - De la Sección Territorial y Urbanismo: el ayudante de obras civiles

• De la Secretaria de Obras Públicas: El Latonero Pintor.

13 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.60615 500012331000-2011-00379-01 - El Coordinador de Cultura y Turismo

• El Pesador de Báscula
• El Jardinero Celador. …

ARTICULO TERCERO: en cuanto a los cargos de carrera administrativa que fueron suprimidos que venían siendo

desempeñados por funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, estos tendrán derecho preferencial a ser incorporados en puestos equivalentes a los suprimidos o el de recibir la indemnización contemplada en el artículo 8 de la Ley 27 de 1992 y en el decreto reglamentario 1223 de 1993. 2.4. Caso concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público, a emitir su concepto tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de agosto de 2017, por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural No. 3, de conformidad con las normas vigente para la época en que se presentaron los hechos (antes de la Ley 678 de 2001), dentro de la presente acción de repetición. Estudiadas las pruebas allegadas al plenario y de conformidad con las normas vigentes para la época en que se presentaron los hechos, es claro que el trámite del proceso debe regirse en cumplimiento a lo establecido antes de la Ley 678 de 2001, de la siguiente manera:

1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

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2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago. 2.4.1. Dentro del acervo probatorio, esta Delegada encontró acreditado uno de los cuatro requisitos para la prosperidad de la acción impetrada, consistente condena a la entidad demandante, en la sentencia del 13 de diciembre de 2004, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado 1998-096, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el cual se observa que el señor JUAN DE DIOS CARRILLO, estuvo vinculado a la Alcaldía Municipal de Acacías desde el 14 de enero de 1994 hasta la fecha que fue suprimido el cargo que desempeñaba como latonero –pintor, de igual manera que el 7 de marzo de 1995 el Departamento Administrativo de la Función Pública

lo inscribió en el escalafón de Carrera Administrativa. Posteriormente, el Alcalde de Acacías mediante Decreto No. 006 de 1998 suprimió empleos en periodo de prueba y algunos cargos de carrera administrativa, entre ellos el desempeñado por el señor CARRILLO NOGUERA, decisión que fue declarada nula y a título de restablecimiento del derecho se ordenó al Municipio de Acacías, reintegrar al

señor JUAN DE DIOS CARRILLO NOGUERA, al cargo equivalente o a uno de superior categoría, al que venía ocupando al momento de la supresión de su cargo y por con siguiente a pagarle al demandante todos sus salarios y prestaciones sociales causadas desde la fecha de la supresión de su cargo hasta el día en que efectivamente sea reintegrado al cargo”. 2.4.2. Respecto al segundo elemento el cual se refiere al pago de la condena impuesta, este Despacho, halló suficiente material probatorio que demuestra que el pago se efectuó, tal como se prueba en el acto adm