PGN - ACCION DE REPETICION - Contra el rector de la universidad popular del cesar por el nombramient

ACCION DE REPETICION-Contra el Rector de la Universidad Popular del Cesar por el nombramiento de un docente de tiempo completo ESTADO COLOMBIANO-Fines esenciales según la constitución política artículo 2 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la constitución política Ahora bien, conforme a lo enunciado en el artículo 90 de la Constitución Política, encuentra esta Delegada que mientras la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico tiene su sustento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, el fundamento jurídico de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado, no es otro que el de garantizar el patrimonio económico estatal, el cual, debe ser objeto de protección integral con el propósito de lograr y asegurar la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, toda persona que ostente un cargo público, está expuesto y debe soportar el trámite de un proceso de repetición en su contra, teniendo la oportunidad de controvertirlo y efectuar su defensa. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-El fundamento jurídico de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al estado no es otro que el de garantizar el patrimonio económico estatal La responsabilidad del agente es personal, ya que cada quien debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, pues solo en virtud de la individualización de cada comportamiento pueden surgir los títulos de imputación, esto en virtud de la ley penal o conforme al artículo 90 de la Constitución Política. Por lo tanto, cuando se pretende valorar la responsabilidad personal de un agente o ex agente del Estado, mediando la acción de repetición, es deber de la entidad demandante, identificar el hecho lesivo que puede

atribuírsele a los presuntos responsables, por lo que hicieron o por lo que debiendo actuar, omitieron. ACCION DE REPETICION-Actuar doloso y culposo del servidor según jurisprudencia del consejo de estado ACCION DE REPETICION-Definición legal ACCION DE REPETICION-Elementos YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 157 / 2019

Bogotá D.C, 31 de octubre de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente Doctora: María Adriana Marín.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001032600020140011400 (51949) Medio de control Acción de repetición - Única instancia Ley 1437 de 2011

ACTOR: Universidad Popular del Cesar - UPC.

DEMANDADO: ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA Sentido del concepto: NEGAR las pretensiones de la demanda / La entidad no cumplió con la carga probatoria que le asiste, con el fin de acreditar el elemento subjetivo de la acción de repetición / El ministerio Público no vislumbro actuación dolosa o gravemente culposa por parte del Ex rector de la UPC / Su

actuación se efectuó en cumplimiento de la orden judicial emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar / La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones u omisiones de los servidores públicos / No se vinculó al proceso al señor Cesar Orlando Torres Moreno / Falta de interés del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se presente el siguiente concepto:

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda - Hechos. La Nación – Universidad Popular del Cesar – UPC-, en ejercicio del medio de control de repetición consagrada en la Ley 678 de 2001 en armonía con al Artículo 142 del C.P.A.C.A., presentó demanda ante el Consejo de Estado radicada el día 14 de agosto 2 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 de 2014, en contra del señor ABDÓ ENRIQUE MEJÍA BARRERA, quien se desempeñó como Rector de la Universidad, lo anterior, con el fin de que se declare patrimonialmente

responsable con ocasión de la presunta conducta dolosa, que se le atribuye al expedir en cumplimiento de sus funciones la Resolución Rectoral 2517 del 11 de noviembre de 2009, por la cual, mediante su artículo 1° el nombramiento del señor LUIS FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ, como docente de tiempo completo, categoría asistente, adscrito a la facultad de ingeniería y tecnología, con asignación básica salarial de $3.120.269. Como argumento de la demanda, se indica que el señor Luis Francisco Ramirez Hernández, ante la decisión adoptada mediante el acto administrativo (Resolución 2517 de 2009), presentó dentro del tiempo oportuno recurso de reposición, solicitando se modificara la categoría y la asignación salarial mensual, al considerar que su nombramiento debió hacerse en la categoría de asociado. El recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución 012 de 12 de enero de 2010, expedida por el señor CESAR ORLANDO TORRES MORENO en calidad de Rector Encargado. Decisión que confirmó en todas sus partes el acto administrativo objeto del recurso. Ante la decisión final adoptada por la UPC, el señor Luis Francisco Ramirez Hernández presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la universidad, el cual se adelantó bajo el No 2010-407, que tenía como pretensiones la solicitud de declarar la nulidad de los actos administrativos (Resolución 2517 de 2009 y 012 de 12 de enero de 2010), y en consecuencia se ordenará cambiar la categoría y la asignación salarial a la que realmente consideraba el entonces demandante, correspondía su

nombramiento. Conoció en primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, profiriendo sentencia el 6 de febrero de 2012, mediante la cual, desestimó las pretensiones de la demanda. La anterior decisión fue apelada por el señor Luis Francisco Ramirez Hernández, correspondiendo al Tribunal Administrativo del Cesar adelantar la segunda instancia, profiriendo sentencia el 25 de abril de 2013, mediante la cual se decidió REVOCAR la 3 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 sentencia recurrida y en consecuencia dispuso la nulidad del ordinar primero de la Resolución 2517 del 11 de noviembre de 2009 “POR LA CUAL SE LE DA CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA JUDICIAL Y SE ORDENA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA”, pero esta decisión se dio únicamente de las frases “categoría asistente” y “con asignación básica mensual de tres millones ciento veinte mil doscientos sesenta y nueve pesos ($3.120.269)” (expedida y firmada por el demandado ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA) y de la Resolución No 012 del 12 de enero de 2010 “Por medio de la cual de resuelve un recuro de reposición” (expedida por el señor CESAR ORLANDO TORRES MORENO en calidad de Rector

Encargado), ordenando hacer el nombramiento pero en la categoría de “asociado” y con la asignación laboral mensual correspondiente y pagar las diferencias salariales y prestacionales que se hubieren causado. El escrito demandatorio en acción de repetición aduce que, en el presente caso se presume el DOLO en la actuación que desplegó el señor ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA (único demandado), al momento de expedir el acto administrativo, efectuando la violación de las normas internas en que debía fundarse puntualmente concurriendo en una falsa motivación, tal como lo estableció el Tribunal Administrativo del Cesar, quién precisó en la decisión de segunda instancia: “Desde ese punto de vista, encuentra la corporación que los actos administrativos acusados vulneran los principios constitucionales invocados por el actor, estos son, el indubio pro operario, el principio de favorabilidad en materia laboral, el respeto de los derechos adquiridos por el accionante y los principios de la función administrativa en la medida que se evidencia una falsa motivación de las Resoluciones Nos. 2517 de fecha 11 de noviembre de 2009, expedida por el rector (E) de la Universidad popular del cesar” En atención a la condena efectuada en contra de la UPC, esta efectuó el pago el día 10 de septiembre de 2013, por valor de $42.325.777, en favor del señor LUIS FRANCISCO

RAMIREZ HERNÁNDEZ.

1.2. Pretensiones. Mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2014 ante el Consejo de Estado, el extremo demandante interpuso demanda1, en ejercicio del medio de control de

repetición, en contra del señor ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA, con el fin de que se 1 Folios 1 al 28 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 4 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe tal como obra en el expediente): "1. Que se declare responsable a ABDO BARRERA MEJÍA de los perjuicios ocasionados a la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, condenada administrativamente por el Tribunal Administrativo del Cesar, por concepto de la expedición ilegal y con desviación de poder del acto administrativo Resolución Rectoral No 2517del 11 de noviembre de 2009, mediante la cual se le asigna la categoría de ASISTENTE y una asignación básica mensual de $3.120.269 al señor LUIS

FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a ABDO BARRERA MEJÍA a cancelar la suma de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO SETECIENTOS TSETENTA (sic) Y SIETE PESOS M.L.C. ($42.325.777.oo) a favor de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR; suma de dinero que pagó esta Entidad a LUIS FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ para hacer efectiva la condena proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

3. Que se condene a ABDO BARRERA MEJÍA a cancelar intereses comerciales a favor de la Universidad Popular del Cesar desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso.

4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor”2 1.3. Contestación de la demanda.

Por intermedio de apoderada judicial, el señor ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA, presentó contestación a la demanda3 oponiéndose a cada una de las pretensiones, manifestando en síntesis la ausencia de dolo o culpa grave en la conducta endilgada. Alegó que, aunque en los archivos de la universidad no obra documento en el que conste el estudio y análisis de asignación del salario correspondiente al nombramiento efectuado al señor LUIS FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ, no quiere decir que este no se haya efectuado. Manifestó que el recurso de reposición en contra de la Resolución 2517 de 11 de noviembre de 2009, la expidió el Rector encargado CESAR TORRES, y quién confirmó en todas sus partes la decisión contenida en la resolución cuestionada. En la contestación de la demanda no se proponen excepciones de mérito ni de fondo. 2 Folio 2 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 3 Folios 115 y 116 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 5 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Exp No (51949) 11001032600020140011400 1.4. Audiencia Inicial – Artículo 180 Ley 1437 de 2011. Mediante decisión del 10 de abril de 2019, el despacho sustanciador fijó audiencia conforme el artículo 180 del CPACA, para el día 13 de mayo de 2019 a las 09:00 a.m. Decisión que fue notificada a las partes mediante estado del 12 de abril de la corriente anualidad. En la fecha y hora señalada por el despacho, se adelantó audiencia pública inicial establecida en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, trámite en el que se resolvió:  Saneamiento del proceso: El despacho advirtió que, una vez analizado el trámite procesal, encontró que este se encontraba ajustado al procedimiento legal establecido en los artículos 171 y 178 de la Ley 1437 de 2011, concluyendo que no se configuraba vicio procesal que pudiera afectar la validez de lo actuado. Decisión que fue aceptada por los extremos procesales, sin reparo alguno.  Decisión sobre excepciones previas: Al respecto, advirtió la Magistrada Ponente que el extremo demandante no formuló excepciones de ninguna clase mediante la contestación de la demanda, ni en memorial separado. Asimismo, estableció que una vez revisado el expediente no se advirtió por parte del despacho que haya lugar a declarar excepciones de oficio.  Fijación del litigio: Con fundamento en las pretensiones invocadas en la demanda y los argumentos de defensa desarrollados en la contestación de la misma, el despacho fijó

el litigio de la siguiente manera: Se debe determinar si el señor Abdo Enrique Barrera Mejía incurrió o no en una conducta dolosa al expedir con falsa motivación los actos administrativos por medio de los cuales se le nombró al señor Luis Francisco Ramirez Hernandez como profesor de tiempo completo bajo la categoría de “asistente” y no en calidad de “asociado” con un sueldo superior. Asimismo, determinar quién expidió la resolución 12 de 12 de enero de 2010 y determinar 6 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 que incidencia tiene aquello en la responsabilidad deprecada al demandado.  Conciliación: Atendiendo que el extremo demandado no asistió a la audiencia inicial, el despacho encuentro no necesario agotar esta etapa.  Medidas cautelares: Advirtió el despacho, que ni con el escrito de la demanda ni con la contestación de la demanda se solicitaron medidas cautelares.  Pruebas: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2014, el despacho decretó las pruebas allegadas junto con la demanda, encontrando que estos documentos resultan útiles, pertinentes y eficaces, entre las que destacó: i) sentencia de 25 de febrero de 2014, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Valledupar y la ii) sentencia de 25 de abril de 2013, proferida por el Tribunal

Administrativo del Cesar. Asimismo, se decretó como prueba la solicitada por el extremo demandado mediante escrito de contestación de la demanda, esto es la práctica de testimonio del señor Jorge Elis Crespo Silva, quien para la época de los hechos, fungió como Jefe de la Oficina de Gestión de Talento Humano de la UPC, y conoció lo relacionado con la expedición de los actos anulados. Para lo anterior, se comisionó al Tribunal Administrativo de Cesar, para que realizara la diligencia correspondiente. En cuanto a la solicitud elevada por la apoderada del demandado Abdo Enrique Mejía, respecto de la recepción de testimonio, el despacho sustanciador negó dicha petición, recordando que al proceso no puede concurrir el demandado como testigo, advirtiendo que la figura correcta a invocar era la de solicitar el interrogatorio de parte. Por su parte, en la etapa procesal el despacho fijó como prueba de oficio solicitar el traslado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicado 20001-33-31-004-2010-00407, adelantado por el señor Luis Francisco Ramirez Hernández en contra de la Universidad Popular del Cesar. 1.5. Audiencia de Pruebas. 7 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 En la audiencia inicial el Despacho ordenó una vez recaudadas las pruebas decretadas,

surtir el traslado que por ley corresponde a los extremos procesales, cumplido dicho termino subir el expediente al despacho para fijar el término para alegar de conclusión.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos  ¿En el caso sub examine, conforme al material probatorio, se cumplen los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, con el fin de acreditar la prosperidad del presente medio de control de repetición?  ¿De acuerdo a las situaciones fácticas que sustentan la presente demanda, y las probanzas que obran en el plenario, es posible determinar que el señor Abdo Enrique Barrera Mejía, actuó con dolo, al expedir la resolución Rectoral 2517 del 11 de noviembre de 2009, la cual fue declarada mediante decisión judicial de segunda instancia parcialmente nula, deviniendo consigo una condena por $42.325.777,oo?  ¿Cumplió la parte demandante, con la carga probatoria que le asiste para la prosperidad del presente medio de control de repetición?  ¿La actuación desplegada por el señor Cesar Orlando Torres, en calidad de rector encargado y quien expidió la Resolución 012 fue determinante para la condena impuesta a la UPC dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2010-0407, y que fundamenta la presente acción de repetición? 2.2. Análisis de pruebas.

Dentro del material probatorio que conforma el plenario, el Ministerio Público considera necesario resaltar las siguientes piezas procesales:

Con la demanda se aportó:

 Sentencia de primera y segunda instancia, proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar y el Tribunal 8 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 Administrativo del Cesar, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No 2010-407, iniciado por el señor Luis Francisco Ramirez Hernández en contra de la UPC (Folio del 14 al 54 del cuaderno principal del Consejo de Estado).  Copia auténtica del acto administrativoResolución 2072 del 10 de septiembre de 2013, que ordenó el pago de la condena impuesta, acompañado del oficio de información y notificación respectiva (Folios 58 al 62 del cuaderno principal del Consejo de Estado).  Comprobante de pago No 2013011106 del 10 de septiembre de 2013, en favor del señor Luis Francisco Ramirez Hernández por valor de $42.325.777,oo (Folio 57 del cuaderno principal del Consejo de Estado).  Se adjuntó comprobante de egreso del 10 de septiembre de 2013, en favor del señor Luis Francisco Ramirez Hernandez por valor de la suma de $42.325.777, de los cuales $31.571.027, dinero que se consignó en efectivo, además de los pagos correspondientes por salud, pensión, Caja de compensación familiar, cesantías e

intereses, y para fiscales. Este documento tiene inmersa la rúbrica del beneficiario, junto con la cedula de ciudadanía 77.028.298 correspondiente al documento de identificación, el cual consta el recibido del pago de la obligación por parte de la UPC (Folio 63 del cuaderno principal del Consejo de Estado).  Se allegó certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Tesorería de la UPC, fechada el 28 de febrero de 2014, en la cual se señala que el pago de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en favor de Luis Francisco Ramirez Hernández, se realizó los días 10 y 16 de septiembre de 2013, por valor de $42.325.777.  Obra certificación emitida por la entonces Coordinadora del Grupo de Gestión Desarrollo Humano de la Universidad Popular del Cesar, en la que consta que la Resolución 2517 del 11 de noviembre de 2009, dio cumplimiento a una sentencia judicial declarando la nulidad de la resolución emitida por el entonces Rector ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA, acreditando la calidad de servidor del demandado (Folio 67 del cuaderno principal del Consejo de Estado). 9 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 El demandado junto con la contestación de la demanda solicitó se practicara diligencia de testimonio del JORGE ELIS CRESPO SILVA, y quien para la fecha de la expedición de

la Resolución 2517 del 11 de noviembre de 2009, se desempeñaba como Jefe de la Oficina de Gestión del Talento Humano dela UPC, por lo tanto conoció cada una de las actuaciones urgidas en torno de la decisión adoptada.  La anterior prueba fue practicada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 31 de julio de 2019, como obra en la correspondiente acta de audiencia de pruebas, visible en el folio 35 y 36 del cuaderno del despacho comisorio, la cual se encuentra acompañada del medio magnético DVD. Como prueba de oficio el despacho decretó el traslado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicado 20001-33-31-004-201000407, adelantado por el señor Luis Francisco Ramirez Hernández en contra de la Universidad Popular del Cesar, del cual se resaltan las siguientes piezas procesales:  Obra en original las sentencias proferidas por la primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.  Auto para mejor proveer, expedido por el Tribunal administrativo del Cesar el 14 de febrero de 2013, por el cual se ordenó incorporar al expediente las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica del estudio y análisis previo elaborad por la Coordinación del Grupo de Gestión de Desarrollo Humano de la UPC sobre la hoja de vida del señor Luis Francisco Ramírez Hernández, para la asignación del salario estipulado en la Resolución 2517 del 11 de noviembre de 2009, para el cargo de docente de tiempo completo, categoría asistente, adscrito a la facultad de

Ingeniería y Tecnológicas, Departamento de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. La solicitud anterior, no fue resuelta, pues la Universidad Popular del Cesar, mediante oficio CGGDH-201-0-07-0345/13 del 3 de abril de 2013, manifestó al Tribunal de instancia “Revisado el expediente laboral u hoja de vida del señor LUIS FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ y los archivos de esta dependencia NO se 10 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 encontró estudio y análisis previo a la asignación de salario” (Folio 454 del cuaderno principal de expediente primigenio).

2. Cargos ofertados en la convocatoria No 01-2002, para el concurso púbico de méritos destinados a proveer cargos de docentes en la universidad, así como el formato de evaluación de la convocatoria en mención (Folios del 443 al 452 del cuaderno principal de expediente primigenio).  En los folios 15 y 16 del cuaderno principal del expediente primigenio, reposa en copia auténtica la Resolución Rectoral No 2517 del 11 de noviembre de 2009 “Por el cual se da cumplimiento a una sentencia judicial y se ordena un nombramiento en periodo de prueba”, mediante la cual se nombró al señor Luis Francisco Ramírez Hernández en el caro de docente asistente, adscrito a la facultad de ingeniería y tecnologías del

departamento de ingeniería ambiental y sanitaria, con asignación básica de $3.120.269,oo.  Igualmente, obra del folio 21 al 23 del cuaderno principal del expediente primigenio, copia auténtica de la Resolución 012 del 12 de enero de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto sobre el anterior acto administrativo, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Análisis jurídico – Situaciones fácticas. Así las cosas, se analizará en el sub judice si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de señor ABDO ENRIQUE BARRERA MEJÍA, esto es, si se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad del medio de control de repetición, de conformidad con el material probatorio recaudado, y las situaciones fácticas alegadas por los extremos. Conforme a las pretensiones de la demanda, se tiene que la entidad mediante sentencia de única instancia busca recuperar la suma de $42.325.777.oo; dinero que canceló en cumplimiento de una orden judicial proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No 20001-33-31-004-2010-00407, iniciada por el señor Luis Francisco Ramírez Hernández en contra de la Universidad Popular del Cesar, la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar que mediante sentencia del 6 de febrero 11 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Exp No (51949) 11001032600020140011400 del 2012, que negó las pretensiones de la demanda, sin embargo, el Tribunal Administrativo del Cesar mediante fallo de segunda instancia revocó la decisión proferida por el A Quo declarando la nulidad del ordinal primero de la Resolución 2517 de 11 de noviembre de 2009, únicamente en cuanto a las frases “categoría asistente” y “con asignación básica mensual de tres millones ciento veinte mil doscientos sesenta y nueve pesos ($3.120.269)”, acto administrativo que fue expedido por el entonces Rector de la universidad y hoy demandado Abdo Enrique Barrera Mejía, además de ordenarse la nulidad total de la Resolución 012 del 12 de enero de 2010 que confirmó la anterior, y fue expedida por el Rector (E) Cesar Orlando Torres Moreno. Así entonces, atendiendo la orden judicial, procedió efectuar un nuevo nombramiento al entonces demandante Luis Francisco Ramirez Hernández en el cargo de docente en la categoría de asociado, asignándole su correspondiente remuneración salarial y el pago de las diferencias salariales entre la asignación básica mensual de categoría asistente a asociado. 2.3.1. De esta manera, se encuentra atendiendo la naturaleza del asunto que la competencia radica en el H. Consejo de Estado, lo anterior, en atención a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el cual trascribe: “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la

Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional.” Conforme a lo anteriormente citado, se encuentra que el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición interpuesto, toda vez que, el demandado es quien para la época de los hechos fungía como RECTOR de una entidad del orden nacional, concretamente de la Universidad Popular del Cesar. 12 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (51949) 11001032600020140011400 Asimismo, la Ley 34 de 1976 en su artículo 2, estableció que la UPC corresponde a un ente universitario del orden nacional, dotado de autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, lo cual, a todas luces, permite colegir que es el Consejo de

Estado el competente para conocer en única instancia la presente Litis. 2.3.2. Atendiendo la anterior precisión, es importante, analizar las situaciones fácticas que fundamentaron la condena profesada en contra de la UPC y de la cual surge la necesidad de demandar en sede de repetición, con el fin de recuperar el dinero cancelado al señor Luis Francisco Ramirez Hernandez, encontrando en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho No 2010-00407, trasladado a la presente acción las siguientes situaciones: La Universidad Popular del Cesar inició convocatoria pública de méritos 01-2002, con el fin de proveer diversos cargos de la planta de docentes en las diferentes carreras que oferta. En la Facultad de Ingeniería y Tecnológicas, Departamento de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, se convocó para proveer un cargo de profesor de tiempo completo Código FITIA-01, aplicando a dicho empleo el señor Luis Francisco, quien obtuvo el mejor puntaje de calificación en la evaluación de la convocatoria pública. Sin embargo, a pesar de ello, la UPC se abstuvo de nombrarlo en el cargo para el cual había concursado, debiendo iniciar el señor Francisco Ramirez Hernández acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se profirió fallo que declaró la nulidad de todos los actos administrativos proferidas por la universidad, al considerar que se habían desconocido los resultados del concurso de mérito