PGN - ACCION DE REPETICION - Contra los ex secretario general y ex director general de la corporació

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra los ex secretario General y ex Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga por los perjuicios causados por el cobro de la valorización del proyecto Quebrada la Iglesia ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia del Consejo de Estado Ahora bien, conforme a lo enunciado en el artículo 90 de la Constitución Política, encuentra esta Delegada que mientras la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico tiene su sustento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, el fundamento jurídico de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado, no es otro que el de garantizar el patrimonio económico estatal, el cual, debe ser objeto de protección integral con el propósito de lograr y asegurar la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, toda persona que ostente un cargo público, está expuesto y debe soportar el trámite de un proceso de repetición en su contra, teniendo la oportunidad de controvertirlo y efectuar su defensa. FINES DEL ESTADO-Marco constitucional RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Marco constitucional ACCIÓN DE REPETICIÓN-La responsabilidad del agente es personal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición legal DECLARATORIA DE REPETICIÓN-Elementos necesarios y concurrentes YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00

CONCEPTO No. 035 / 2022

Bogotá, D.C, 25 de abril de 2022

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente Doctor: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-26-000-2016-00022-00 (56.201) Medio de control Acción de repetición – Ley 1437 de 2011

ACTOR: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de

Bucaramanga -CDMB DEMANDADO: Carlos Octavio Gómez Ballesteros y otro Sentido del concepto: solicitud de NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA // NO se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar la totalidad de los elementos del medio de control invocado en contra del demandado // La referida suma pagada no constituye una afectación patrimonial contra el Estado, sino que equivale a la restitución del valor del dinero, correspondiente a la indexación de la suma restituida a Agroinversiones S.A. y Precocidos del Oriente S.A., por el cobro de la valorización del proyecto “Quebrada la Iglesia” // La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones u omisiones de los servidores públicos // Deber de efectuar admonición a la entidad demandante por la falta de interés al presentar la demanda sin verificar debidamente la concurrencia de la totalidad de los requisitos establecidos para su procedencia, especialmente el requisito objetivo de la condena.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala la presenta intervención en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la

Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. De esta manera, se deja a consideración del despacho sustanciador, el presente concepto: 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00

I. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda - Hechos. Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2015, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en adelante -CDMBpresentó demanda en contra de los señores Carlos Octavio Gómez Ballesteros en su condición de Secretario General y Freddy Antonio Anaya Martínez en su condición de Director General; con el fin de que se declaren responsables patrimonialmente y se les ordene el reintegro en favor de la entidad de la suma de diecinueve millones setecientos noventa y dos mil noventa y nueve pesos con cuarenta y siete centavos m/cte. ($19.792.099,47), valor que corresponde a “la diferencia que resulta de la actualización que debió ser realizada con base al incremento del IPC, a las sumas que fueron reintegradas por parte dem la CDMB, conforme a la sentencia proferida por el tribunal Administrativo de Santander en contra de la CDMB … dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho” iniciado por Agroinversiones S.A. y Precocidos del Oriente S.A., por el cobro de la valorización del proyecto “Quebrada la

Iglesia”. Al respecto menciona la demanda que, el señor Freddy Antonio Anaya Martínez en su calidad de Director General de la CDMB, expidió la Resolución No 0640 del 16 de julio de 2003, mediante la cual decretó la contribución por valorización del proyecto “Canalización quebrada la iglesia municipios de Bucaramanga y Girón”, estableciendo, además, las características de dicho proceso. El acto administrativo emanado, fue objeto de recurso de reposición, resuelto por el entonces Director General de la CDMB mediante la Resolución No 01000 del 22 de octubre de 2003, confirmándolo en todas sus partes. Conforme lo anterior, se interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 0640 y 01000 de 2003, adelantada bajo el radicado 2004-0878-00, fallada en primera instancia el 23 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander - Subsección descongestión, declarando la nulidad de los actos administrativos enjuiciados argumentando el vicio de falta de 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00 competencia conforme lo establecido en la sentencia C-155 del 26 de febrero de 2003. En cumplimiento de la decisión judicial, procedió la CDMB a reintegrar el dinero debidamente indexado a los beneficiarios de la sentencia

Considera el CDMB que los señores Carlos Octavio Gómez Ballesteros en su condición de Secretario General y Freddy Antonio Anaya Martínez en su condición de Director General al expedir las resoluciones 0640 y 01000 de 2003, posiblemente incurrieron en una conducta gravemente culposa, motivo por el cual se ocasionó un detrimento patrimonial a la entidad en virtud del fallo judicial anulatorio por el cual tuvo que reintegrar los dineros pagados por los beneficiarios de la decisión, reconociendo mayores valores en virtud de la indexación aplicada a cada uno de los pagos efectuados. 1.2. Pretensiones. El extremo demandante, solicita se efectúen las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe tal como obra en el expediente): "PRIMERA: Que se declare que los señores CARLO OCTAVIO GOMEZ BALLESTEROS Y FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ son responsables de los perjuicios materiales causados a la CDMB, en cuantía de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.792.099,47) diferencia que resulta de la actualización que debió ser realizada con base al incremento del IPC, a las sumas que fueron reintegradas por parte de la CDMB, conforme a la sentencia proferida por el tribunal Administrativo de Santander Subsección de Descongestión en contra de la CDMB y a favor de los demandantes, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó, por parte de

AGROINVERSIONES S.A. Y PRECOCIDOS DEL ORIENTE S.A. por el cobro

de valorización de la Quebrada la Iglesia, por la conducta gravemente culposa en la expedición de los actos administrativos Resolución N. 00640 del 16 de julo de 2003, y la Resolución N. 01000 del 22 de octubre de 2003, los cuales fueron atacados del tránsito jurídico por falta de competencia de la entidad para su expedición.

SEGUNDA: En consecuencia que se condene a CARLOS OCTAVIO GOMEZ BALLESTEROS Y FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ al pago a favor de la CDMB, de la suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00

Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE

CENTAVOS.

TERCERA: La respectiva condena será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo”1 1.3. Contestación de la demanda. 1.3.1. Mediante escrito presentado el 12 de enero de 20172, por medio de apoderada judicial, el señor FREDDY ANTONIO ANAYAMARTINEZ contestó dentro del término legal la demanda interpuesta en su contra, oponiéndose a las pretensiones de la

demanda, y argumentando al respecto: En cuanto a la responsabilidad que se le pretende endilgar con ocasión a la expedición de la Resolución 0640 a la 0100 que confirmó la anterior, manifestó como director general del a CDMB conformó un equipo interdisciplinario con profesionales especializados en las áreas jurídicas, técnicas y financiera que no solo avalaron la viabilidad jurídica y técnica del cobro sino que participaron en su elaboración y revisión. Adicionalmente, manifiesta que la expedición de la Resolución 00640 de 2003 contó con el concepto previo favorable por parte del Consejo Directivo, como órgano supremo de Dirección de la Corporación Autónomo Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB. De igual manera, precisó que se realizó la respectiva socialización del proyecto con la junta de propietarios-beneficiarios, demostrando así la actuación responsable y diligente del Dr. Anaya Martínez. Mencionó que la expedición de la Resolución 0640 del 16 de julio de 2003, tuvo su origen en los Acuerdos 865 y 866 del 13 de julio de 1998, encontrándose amparada en la normatividad vigente. 1 Folios 137 y 138 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 2 Foliatura del 216 al 223 del cuaderno del consejo de estado. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00

En este orden de ideas, considera el extremo demandado que en la demanda se precisa que la actuación del entonces Director General de la CDMB fue gravemente culposa, desconociendo que contrario a lo manifestado, el entonces funcionario actuó en el marco de sus funciones y en cumplimiento de la orden impartida por el Consejo Directivo de la entidad, reiterando que el Consejo Directivo dio su concepto previo favorable para la expedición de la multicitada Resolución 0640. Concluye que, atendiendo los argumentos de la defensa es evidente que no se configura conducta dolosa o gravemente culposa puesto que el señor Freddy Antonio Anaya Martínez, expidió la Resolución 0640, en cumplimiento a la directriz dada por el Consejo Directivo y bajo su consentimiento previo, es decir, en cumplimiento de una orden impartida por el Órgano Superior de Administración de la CDMB.

Propuso la siguiente excepción:  Ausencia de la prueba de haber actuado con dolo o culpa grave, por cuanto no se prueba en ningún momento la presencia de alguno de estos elementos.

Manifestando que, por el contrario, el señor Freddy Anaya Martínez obró de manera responsable y diligente, en cumplimiento de la directriz del Órgano Superior. 1.3.2. El señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros, en causa propia contestó la demanda, oponiéndose totalmente a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que, si bien su nombre aparece en las resoluciones declaradas nulas, ello es dado su calidad de Secretario General de la CDMB para la fecha de los hechos. Advirtió que nunca obró de mala fe ni con culpa grave como se señala en la demanda, sino, por el contrario, en cumplimiento de los deberes legales que le

asistían al cargo que para la época de los hechos desempeñaba. Alega que en el presente proceso no concurren los elementos constitutivos para prosperidad de la acción de repetición incoada en su contra, especialmente, el elemento subjetivo referente a la conducta gravemente culposa que le pretende endilgar la corporación. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00 1.4. Audiencia Inicial. Mediante Auto del 25 de enero del 2022, el despacho sustanciador se pronunció respecto de la decisión de convocar a audiencia inicial en el presente proceso, advirtiendo que en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 –que adicionó el artículo 182A al CPACApara dictar sentencia anticipada, atendiendo que en el presente proceso no se practicarán pruebas, se prescindirá de la audiencia inicial, ordenando adecuar el trámite a lo dispuesto en el citado artículo.  Decisión sobre las excepciones previas: Precisó el Despacho sustanciador que la parte demandada no formuló excepciones previas.  Decisión sobre las pruebas: Respecto a las solicitadas por la parte actora, consideró el Consejero sustanciador que los documentos allegados junto con la demanda resultan pertinente, conducentes

y útiles, ordenando su incorporación al proceso admitiéndolas como pruebas documentales. En cuanto a las solicitadas por el demandado Freddy Antonio Anaya Martínez, estas son i) requerir a la CDMB para que allegue copia auténtica de los manuales de funciones del Consejo Directivo y del Director General vigentes para el año 2003 y del Acuerdo 952 de 2002. Consideró el despacho que el demandado pudo solicitarlas a través de una petición y allegarlos junto con la contestación de la demanda, o al menos haber aportado la prueba de haberla pedido de manera previa, y con ello su interés de dilucidar los hechos del proceso, situación que no ocurrió. Conforme lo anterior, concluyó el Honorable Consejero Ponente que, no resulta procedente acceder al decreto de la solicitud probatoria, advirtiendo que el Juez no puede suplir la carga que le corresponde al extremo demandado. Frente a la petición de requerir el audio y video que reposan en el expediente con radicado 110010326002015001701 Sección Tercera de esa Corporación, correspondiente al testimonio de la señora Myriam Elizabeth Riquelme, precisó el 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00 Consejero que dicha prueba corresponde a una prueba traslada y no de oficio, resultando además una prueba inconducente, en la medida en que no constituye un

medio probatorio idóneo para demostrar lo pretendido con la contestación de la demanda, esto es, respecto a la responsabilidad patrimonial del demandado; amén de que no se indicó de manera explícita en la solicitud probatoria el fin u objeto de la misma, requisito necesario para su decreto.  Fijación del litigio: Con fundamento en las pretensiones invocadas en la demanda y los argumentos de defensa desarrollados en la contestación de la misma, el despacho fijó el litigio de la siguiente manera: “(…), considera el despacho que el objeto del litigio se contrae a establecer si la obligación impuesta a la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga –CDMB, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fue consecuencia del actuar gravemente culposo del ex director general Freddy Antonio Anaya Martínez y el secretario general Carlos Octavio Gómez Ballesteros al expedir las Resoluciones 00640 del 16 de julio y 0100 del 22 de octubre, ambas de 2003 y, en consecuencia, si se configuran todos los presupuestos necesarios para que prospere la demanda de repetición instaurada en su contra”.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos  ¿De acuerdo a las situaciones fácticas que sustentan la presente demanda, y las probanzas que obran en el plenario, es posible determinar que los señores Carlos Octavio Gómez Ballesteros en su condición de Secretario General y Freddy Antonio Anaya Martínez en su condición de Director General, incurrieron en una

conducta gravemente culposa al expedir la Resolución 0640 del 16 de julio de 2003, mediante la cual decretó la contribución por valorización del proyecto “Canalización quebrada la iglesia municipios de Bucaramanga y Girón”, y la Resolución No 01000 del 22 de octubre de 2003, que la confirmó en todas sus partes, actos administrativos que fueron declarados nulos mediante decisión judicial y del cual devino un detrimento a la entidad demandante por valor de $19.792.099,47?  ¿En el caso sub examine, conforme al material probatorio, se cumplen los 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00 requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, con el fin de acreditar la prosperidad del presente medio de control de repetición?  ¿Cumplió la parte demandante, con la carga probatoria que le asiste para la prosperidad del presente medio de control de repetición? 2.2. Análisis de pruebas. Dentro del material probatorio que conforma el plenario, el Ministerio Público considera necesario resaltar las siguientes piezas procesales: Con la demanda se aportaron los siguientes documentos:  Certificación expedida por el Tesorero de la CDMB, mediante la cual, constan los pagos realizados en cumplimiento de la sentencia proferida en el proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la contribución de la valorización “Quebrada la iglesia”. Documento visible a folios 145 y 146 del cuaderno principal.  Cuenta de cobro presentada por la apoderada judicial de las sociedades Agro Inversiones S.A. y Precocidos del Oriente S.A. y su respectivo trámite ante la CDMB para su cancelación, visible en las páginas 16 al 19 del cuaderno principal.  Obra del folio 17 al 22 del cuaderno No 2, sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No 2004-0878-00.  Se aportó registro presupuestal No 0460, cuyo objeto es el pago de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en favor de Precocidos del Oriente S.A. y otros, memorial que obra a folio 13 del cuaderno principal.  Obra certificado de disponibilidad presupuestal No 0691 a favor de Precocidos del Oriente S.A., por valor de $15.362.572,98, obrante a folio 109 del cuaderno principal. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00  Comprobante de egreso No 2013000837, cuyo beneficiario es Precocidos del Oriente S.A., por valor de $15.362.572,98. Folio 110 del cuaderno principal.

 Comprobante de la actualización del valor pagado por Precocidos del Oriente S.A., conforme lo ordenó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Santander.  Registro presupuestal No 0459, cuyo objeto corresponde al pago de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Admirativo de Santander en favor de Agro Inversiones S.A., a folio 12 del cuaderno principal.  A folio 49 del cuaderno principal, reposa el certificado de disponibilidad presupuestal No 0690, en favor de Agro Inversiones S.A.  Se aportó en copia el comprobante de egreso No 2013000836, expedido en favor de Agro Inversiones S.A., por valor de 46.317.271,52; obrante a folio 50 del cuaderno principal.  Reposa comprobante de actualización del valor pagado por Agro Inversiones S.A., conforme a lo ordenado por el Tribunal Admirativo de Santander mediante la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la página 14 del cuaderno principal.  Se allegó junto con la demanda la Resolución 0640 del 16 de julio de 2003, visible a folios del 20 al 28 del cuaderno principal.  Reposa la Resolución 01000 del 22 de octubre de 2003, a folios 147 al 157 del cuaderno No 2.  Se aportó la Resolución 000256 del 23 de febrero de 2005 a folios 53 al 65 del cuaderno principal.  Obran en copias del Acuerdo 865 de 1998, por medio del cual, se adoptó el Estatuto del Sistema de la Contribución de Valorización, a folios del 82 al 107 del

cuaderno principal 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00  Reposa el acta del comité de conciliación de la CDMB a folio del 71 al 80 del cuaderno principal.  A folio 142 del cuaderno principal se adjuntó certificación en el que se acredita que el señor Freddy Antonio Anaya Martínez ocupaba el cargo de Director General de la CDMB para la fecha de los hechos que originó la condena judicial en contra de la entidad actora.  Certificación en el que se acredita que el señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros ocupo el cargo de Secretario General de la CDMB para la fecha de los hechos que originó la condena judicial en contra de la entidad actora. En cuanto al extremo pasivo, se advierte que este no adjuntó pruebas con la contestación de la demanda, y la solicitud de decreto de pruebas efectuada fue despachada desfavorablemente. 2.3. Análisis jurídico – Situaciones fácticas. Así las cosas, se analizará en el sub judice si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de los señores Carlos Octavio Gómez Ballesteros en su condición de Secretario General y Freddy Antonio Anaya Martínez en su condición de Director General, esto es, si se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad del medio de control de repetición, de conformidad con el material probatorio recaudado, y las

situaciones fácticas alegadas por los extremos. Conforme a las pretensiones de la demanda, se tiene que la entidad mediante sentencia de primera instancia busca recuperar la suma de $19.792.099,47; dinero que canceló en cumplimiento de una orden judicial proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No 2004-0878-00 , por el Tribunal Administrativo de Santander, suma que corresponde a la indexación de los dineros que fueron cancelados por las Hermanas Maristas, Terminal de Transporte, Proyectos Hoteleros, Miguel Tabares, Agro Inversiones, Precocidos del Oriente, ITALCOL, Industria Harinera de Santander, AVIMOL, POLLOSAN S.A., Industrias Fuller S. A., por motivo del pago de contribución por valorización atendiendo lo dispuesto en la 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00 Resolución 0640 de 2003 confirmada por la Resolución 01000 del mismo año; actos administrativos que fueron declarados nulos a través de la mentada sentencia. Como se precisa en el párrafo anterior, la suma que conforma la cuantía del presente proceso, esto es, diecinueve millones setecientos noventa y dos mil noventa y nueve pesos con cuarenta y siete centavos ($19.792.099,47) MCTE, corresponden a la diferencia que resultó de la actualización que debió ser realizada con base al

incremento del IPC, sobre las sumas que fueron reintegradas por parte de la entidad CDMB a los beneficiarios de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho proferida dentro del proceso 2004-0878-00, iniciado por Agro inversiones S.A. y Precocidos del Oriente S.A., por el cobro de la valorización del proyecto “Quebrada la Iglesia”. En este orden de ideas, precisó la CDMB que el señor Fredy Antonio Anaya Martínez, en su calidad de Director General de la CDMB expidió la Resolución 0640 del 16 de julio del 2003, por medio de la cual decretó la contribución por valorización del proyecto “Canalización quebrada la iglesia, municipios de Bucaramanga y Girón”. Expone además que el anterior acto administrativo fue objeto de recurso de reposición, resuelto por el Director General (E) Carlos Octavio Gomez Ballesteros, quien fungía como Secretario General de la corporación, profiriendo la Resolución 01000 del 22 de octubre de 2003, confirmando en todas sus partes la resolución acusada. De acuerdo a lo expuesto, consideró el comité de conciliación y defensa jurídica de la CDMB, en sección realizada el 4 de abril de 2014, de manera unánime iniciar acción de repetición en contra de los señores Freddy Antonio Anaya y Carlos Octavio Gómez, en calidad de Director General y Secretario General, respectivamente, frente a la expedición de los multicitados actos administrativos 0640 y 01000 de 2003, declarados nulos a través de sentencia judicial, debiendo la entidad reintegrar los dineros, pagando mayores valores en virtud de la indexación aplicable a cada uno de

los pagos que realizó, considerando que la actuación desplegada por los ex funcionarios constituye presuntamente culpa grave al haber desconocido el contenido de la sentencia C-155 del 26 de febrero de 2003, mediante la cual la Corte 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00 Constitucional declaró inexequible la facultad que tenían las entidades del orden nacional de decretar la contribución por valorización. Situación, que sustentó la decisión judicial que declaró la nulidad de los actos administrativos que motivan la presente demanda de repetición. Al respecto, mediante la contestación de la demanda, la defensa del señor Freddy Antonio Anaya Martínez manifestó que la expedición de los actos administrativos 0640 y 01000 de 2003 no fue con ocasión de una acción exclusiva del director general, toda vez que, para ello, constituyó un equipo interdisciplinario con profesionales especializados, que avalaron la viabilidad jurídica y técnica del cobro de la contribución, precisando que, además contó con el concepto previo favorable del consejo Directivo, por lo que considera que en el expediente no obra prueba suficiente que demuestre la actuación gravemente culposa del extremo pasivo. Atendiendo los argumentos esbozados por los extremos procesales, el Despacho sustanciador estableció la fijación del litigio en determinar si la obligación impuesta de

la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fue consecuencia del actuar gravemente culposo del ex director general y el ex secretario general al expedir las resoluciones 0640 y 01000, y en consecuencia, si configuran todos los presupuestos necesarios para que prospere la demanda de repetición instaurada en su contra. 2.3.1. De esta manera, atendiendo la naturaleza del asunto corresponde la competencia al H. Consejo de Estado, lo anterior, en atención a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo que el señor Freddy Antonio Anaya Martínez tomó posesión del cargo de Representante por el Departamento de Santander en la Cámara de Representantes en el año 2015. Al respecto, el citado artículo establece: “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF Exp No (56.201) 11001-03-26-000-2016-00022-00

13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o

quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional” (destacado) 2.3.2. En este orden de ideas, el Ministerio Público procede a analizar las situaciones fácticas que fundamentaron la condena impuesta en contra de la CDMB y de la cual surge la necesidad de demandar en sede de repetición, con el fin de recuperar el dinero reconocido por concepto de la indexación, procediendo esta instancia a resaltar del fallo proferido en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho No 20040878-00: 2.3.3. Una vez precisadas las situaciones que generaron el detrimento patrimonial originado a la CDMB, situación que motiva el presente medio de control de repetición iniciado en contra de Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros en calidad de Director General y secretario General, respectivamente, es necesario precisar el fundamento Constitucional previsto mediante el i