PGN - ACCION DE REPETICION - Contra miembros de la policía nacional, con ocasión de la condena impue

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra miembros de la Policía Nacional, con ocasión de la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa por la propiciación del secuestro y homicidio de un ciudadano CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-Según la jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Finalidad de acuerdo a un concepto del Consejo de Estado CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco legal Página 1 de 14

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)

Concepto: Ministerio Público

PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Concepto No 049 / 2023

Bogotá, D.C., 23 de junio de 2023

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Doctor MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) REFERENCIA: Repetición (Ley 1437 de 2011) DEMANDANTE: Nación – Policía Nacional y otro

DEMANDADOS: Oscar Rodrigo Velasco Arcos y otro TRÁMITE: Apelación sentencia El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia, respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022, por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES 1.1. Síntesis de la demanda

1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante apoderado judicial, presentó demanda1 contra los señores Oscar Rodrigo Velasco Arcos y Jhon Ricardo Céspedes Gaviria, en su condición de miembros de la Policía 1 Índice 2, “ED 02DEMANDA”.

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Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público Nacional, para que se les condene solidariamente al pago de $ 816.616.265, suma que debió pagar la entidad con ocasión de la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa número 110013336034-2014-00201-00, mediante sentencia de 20 de octubre de 2015 proferida por el Juzgado 34 administrativo del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 27 de julio de 2016.

2. El fundamento de las pretensiones se basa en el hecho que los demandados,

en su condición de miembros activos de la Policía Nacional, propiciaron el secuestro y homicidio del señor Jorge Torres Seguro que tuvo lugar el 19 de julio de 2009, por lo que, con su actuar doloso y gravemente culposo dieron lugar a la condena impuesta a la entidad, la cual fue debidamente cancelada el día 27 de diciembre de 2019. 1.2. Síntesis de la contestación de la demanda

3. A pesar de ser debidamente notificados2, los integrantes de la parte pasiva guardaron silencio y no respondieron la demanda. 1.3. La sentencia de primera instancia

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 30 de noviembre de 20223, resolvió proferir sentencia anticipada al declarar probada de oficio la caducidad de la acción, teniendo en cuenta las consideraciones que se transcriben a continuación: “2.1. Regla legal aplicable a la caducidad del medio de control. 2 Índice 2 SAMAI, “ED 3020221215ALLEGACON” 3 Índice 2 SAMAI, “ED 26SENTENCIAANTICIPA”.

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Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772)

Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público Advertida la existencia de distintas reglas de caducidad del medio de control de repetición a lo largo de los años, la Sala inicia por precisar que el término que deberá aplicarse aquí es el del literal l) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA y del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, en sus versiones previas a las modificaciones de la Ley 2195 de 2022.

Es decir que, en el caso en concreto, la demanda de repetición debió presentarse en los dos (2) años siguientes al pago de la obligación o al momento en que se hizo exigible, considerando que ambos momentos ocurrieron antes de que la Ley 2195 de 2022 entrara en vigor. Sobre el particular, recuerda la Sala que, a partir del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, el Consejo de Estado ha concluido que las normas relativas a la caducidad de la acción son de naturaleza procesal, sin desconocer su trasfondo sustancial comoquiera se trata de un fenómeno jurídico que enerva directamente el derecho de acción; de ahí que los límites temporales que extinguen dicha posibilidad estén supeditados a la normatividad vigente al momento en el que ocurre el supuesto que habilita el acudir ante la jurisdicción. Esto como garantía a los derechos subjetivos de las partes4. 2.2. Contabilización del término en el caso en concreto. En el caso sub examine, se tiene que dentro del proceso con radicado No. 11-001-33-36034-2014-00201-01 se profirió sentencia de segunda

instancia el 27 de julio de 2016, donde modificó la decisión de primera instancia condenando a la entidad aquí demandante el pago de perjuicios morales y materiales a favor de la señora Evelyn Yuliet Ortiz y otros; decisión que quedó ejecutoriada el 12 de agosto de 2016. (pág.49 a 129 Unidad digital 03) Se encuentra Resolución No. 00969 de 20 de diciembre de 2019, a través de la cual el Secretario General de la Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia del 27 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (pág. 130 a 136 unidad digital 03) Igualmente, se tiene que el Tesorero General de la Policía Nacional certificó que el día 27 de diciembre de 2019 se realizó el pago por concepto de la referida resolución. 4 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Radicación No. 25000-2336-000-2017-00941-01(66590); Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Radicación No. 05001-23-31-000-2008-00714-01(61492)S; Subsección B. Auto del 23 de noviembre de 2020. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Radicación No. 11001-03-26-000-2012-00052-01(44856);

Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2020. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación No. 0800123-33-000-2014-01083-02(65420); Subsección A. Sentencia del 9 de octubre de 2013. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 85001-23-31-000-2002-00289-01(25440); entre otras. Página 4 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)

Concepto: Ministerio Público

(pág. 138 unidad digital 03) Siendo así, dado que la sentencia señalada fue proferida en el marco de un proceso que inició en vigencia del CPACA, el cumplimiento de la misma debe sujetarse a los parámetros establecidos en el artículo 192 de esta misma normatividad; luego, teniendo en cuenta que en su inciso 2º el artículo 192 ib. contemplaba un término máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la decisión judicial, se concluye que el vencimiento del plazo que disponía la entidad condenada para pagar, contados a partir del día siguiente a la ejecutoría de la

sentencia, fenecieron el 13 de junio de 2017. Ahora, se encuentra que la Entidad demandante realizó el pago de la condena el 27 de diciembre de 2019, es decir, esto es después de la fecha de vencimiento de los 10 meses otorgados para el pago, por lo que la caducidad se contará a partir del día siguiente del vencimiento de los 10 meses que disponía la entidad condenada para pagar, entonces, entre el 13 de junio de 2017 al 13 de junio de 2019 corría el término de 2 años, la demanda fue presentada el 27 de octubre de 2021 (unidad digital 4), es decir, la acción se presentó de forma extemporánea, razón por la cual, se deberá declarar de oficio la excepción de caducidad de la acción.” (Negrilla dentro del texto) 1.4. El recurso de apelación

5. La entidad demandante interpuso recurso de alzada5 en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, acceder a las súplicas de la demandada. Para tal efecto, reiteró la acreditación en el caso concreto de los elementos estructurales para la aceptación del medio de control con pretensión de repetición, en especial del pago de la condena.

6. Bajo tal entendido, expuso que la fecha de la caducidad debe contarse a partir del momento en que se realice el pago por parte de la entidad pública, de lo contrario se convertiría en un dilema desproporcionado que terminaría en contra de la administración. En ese sentido, señaló que con fundamento en la prevalencia

del interés general y atendiendo que el pago de las condenas depende de los 5 Índice 2, “ED 2920221206RECURSODE” Página 5 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público recursos girados por el gobierno nacional impide cumplir la carga dentro de los términos; de ahí que, una vez se efectúe el pago debe iniciarse el conteo del término.

7. Finalmente, concluyó diciendo que al realizarse el pago de la condena el 27 de diciembre de 2019 y presentarse la demanda el 27 de octubre de 2021, se hizo dentro del término legal de dos años y, por tanto, no aplica la caducidad del medio de control.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico

8. Vistos los argumentos del apelante único, para el Ministerio Público el problema jurídico consiste en establecer si está probada la excepción de caducidad del medio de control con pretensión de repetición o si, por el contrario, como lo señala la parte demandante, la demanda se interpuso oportunamente.

9. Previo a resolver el problema jurídico propuesto, es pertinente identificar el referente jurisprudencial sobre la caducidad. 2.2. Referente jurisprudencial y legal sobre la caducidad

10. El Consejo de Estado sobre la noción o concepto de la caducidad de la acción en sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 257126, indicó lo siguiente: “Se tiene por establecido que la caducidad se configura cuando el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción, ha vencido. Es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de

6 Sección Tercera, Subsección C. C.P. Enrique Gil Botero. Página 6 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir

que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea definido con carácter definitivo por el juez competente. Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga para que, ante la materialización de un determinado hecho, los interesados actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de sus derechos, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración”

11. Respecto a la finalidad de esta figura procesal la misma Corporación ha señalado, en los siguientes términos, su importancia al ser incorporada por el legislador dentro del ordenamiento jurídico como una carga del interesado en acceder a la administración de justicia7: “La Sala ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. Significa lo anterior que los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley y que, de no hacerlo en tiempo, no podrán buscar la satisfacción por vía jurisdiccional del derecho reclamado8.

Al respecto la doctrina ha manifestado que dicha institución se ha creado: “(…) por la necesidad que tiene el Estado de estabilizar las situaciones jurídicas, la caducidad que juega a ese respecto un

decisivo papel, cierra toda posibilidad al debate jurisdiccional y acaba así con la incertidumbre que representa para la administración la eventualidad de la revocación o anulación de sus actos en cualquier 7 Sentencia de 10 de febrero de 2016, radicación: 11000-23-15-000-2005-00880-01(34900). C.P. Hernán Andrade Rincón. 8 (Pie de página en la cita) En este sentido ver la sentencia de 21 de noviembre de 2012, expediente 44.474,

Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Página 7 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público tiempo posterior a su expedición. De allí que para evitar esa incertidumbre se haya señalado por el legislador un plazo perentorio, más allá del cual el derecho no podrá ejercerse, dándole aplicación al principio de que el interés general de la colectividad debe prevalecer sobre el individual de la persona afectada (...)”9. (…) Por otra parte debe señalarse que la facultad potestativa de accionar

comienza con el término prefijado por la ley y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al terminar el plazo, momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo.”

12. Con relación a la aplicación de este instituto jurídico dentro del medio de control de repetición, la misma Corporación ha sido clara que la oportunidad y su conteo se desprende de la interpretación de la misma norma y, a partir de la hermenéutica jurisprudencial realizada por la H. Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del CCA, en concordancia con la Ley 678 de 2001, que desarrollan este medio de control10: “El literal l) numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que tiene que ver con la caducidad de la repetición establece el plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses, en los eventos de la Ley 1437 de 2011 o, 18 meses previstos en el inciso 2 del artículo 177 C.C.A.

Aparte destacado que responde al condicionamiento establecido por la Corte Constitucional con el objeto de fijarle al ejercicio del medio de control un plazo cierto, dado los cargos formulados contra la norma relativos a que la misma dejó sujeta la oportunidad al arbitrio de la entidad pública interesada en la repetición, esto último en consideración a que el pago solo dependería de su voluntad.

No obstante, la Corte puso de presente que el pago de las obligaciones surgidas de las decisiones judiciales se sujeta al término previsto en la ley, 9 (Pie de página en la cita) BETANCUR Jaramillo, Carlos; Derecho Procesal Administrativo; Editorial Señal Editora; Quinta Edición, 1° reimpresión. Medellín, Colombia. 2000 Pág. 151. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de mayo de 2016, radicación: 0500123-33-000-2015-00100-01(56361). C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo. Página 8 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público de ahí el condicionamiento, surgido de la necesidad de garantizar al agente estatal su derecho a la defensa aunado a la seguridad que demanda la definición de las situaciones jurídicas. De ahí no es dable que las entidades públicas desborden los límites de tiempo señalados para el pago de las condenas. Sostuvo la Corte: “5.1 Razonabilidad y Proporcionalidad de la medida.

Ahora bien, para determinar si dicha disposición vulnera el orden jurídico constitucional, es necesario establecer tanto la razonabilidad como la proporcionalidad de la fijación de dicho término. El legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades tanto judiciales como administrativas competentes. En este punto, el margen de configuración del legislador es muy amplio, ya que no existe un parámetro estricto para poder determinar la razonabilidad de los términos procesales. La limitación de éstos está dada por su fin, cual es permitir la realización del derecho sustancial. Al respecto la Corte ha señalado: "En virtud de la cláusula general de competencia, el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial." (…) Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. (…) Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no

es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. Página 9 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen”11. 2.3. El caso concreto

13. En el sub judice aduce la entidad apelante que la fecha de la caducidad de la acción debe contarse a partir del momento en que se realizó el pago de la condena, con fundamento en la prevalencia del interés general y atendiendo que el pago de las condenas depende de los recursos girados por el gobierno nacional. Así, a su juicio, en el presente trámite al realizarse el pago de la condena el 27 de diciembre de 2019 y presentarse la demanda el 27 de octubre de 2021, se hizo dentro del término legal de dos años y, por tanto, no aplica la caducidad

del medio de control.

14. Al respecto es pertinente observar el contenido normativo referente a la caducidad respecto del medio de control con pretensión de repetición: 14.1. La Ley 678 de 200112 en su artículo 11 estipula que el término de caducidad de la acción de repetición es de “dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”; término que en la actualidad corresponde al de cinco (5) años, producto de la reforma introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 202213, pero que no resulta aplicable al presente caso, dado que dicha normativa expresamente estipuló que solo es aplicable para las condenas que queden ejecutoriadas con posterioridad a su entrada en vigencia14. 11 (Pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 12 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. 13 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. 14 A partir del 18 de enero de 2022.

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Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público 14.2. El CPACA respecto a la caducidad en el literal l del numeral 2° del artículo 164 (sin la modificación hecha por la precitada Ley 2195 de 2022), consagra que el “término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.” (Resaltado fuera del texto). 14.3. Con relación al cumplimiento o plazo para el pago de las condenas, el inciso segundo del artículo 192 ibídem, determina que deberá efectuarse “en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.”

15. Del referente normativo transcrito, a juicio de esta Procuradora Delegada, es evidente que la decisión del Tribunal a quo consistente en proferir sentencia anticipada, en el entendido de declarar de oficio probada la excepción de caducidad de la acción, fue tomada en Derecho conforme se explica a continuación.

16. Dentro del plenario se encuentra debidamente probado que: (i) mediante sentencia de segunda instancia de 27 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca15 confirmó y modificó parcialmente la condena impuesta por el Juez a quo, a la entidad aquí demandante, dentro del proceso ordinario de reparación directa No 2014-00201-01, cuya ejecutoria se surtió el día 12 de

agosto de 2016; (ii) el pago total de la condena se efectuó el día el 27 de diciembre de 201916; y (iii) la demanda se interpuso el día 27 de octubre de 202117. 15 Índice 1 SAMAI, radicado 25000233600020210056400, proceso de primera instancia, archivo “03Anexos.pdf”, página 138. 16 Índice 1 SAMAI, radicado 25000233600020210056400, proceso de primera instancia, archivo “03Anexos.pdf”, páginas 49-129. 17 Índice 1 SAMAI, radicado 25000233600020210056400, proceso de primera instancia, archivo “01Generación de la Demanda en línea No 276048 – 2021-00294.msg. Página 11 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)

Concepto: Ministerio Público

17. Atendiendo que el trámite de la condena con efectos de cosa juzgada se perfeccionó en vigencia del CPACA, son los lineamientos contenidos en este cuerpo normativo los aplicables para el cumplimiento de la sentencia que condenó

a la entidad pública. En ese sentido, partiendo del supuesto que las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron el pago de los perjuicios, no fijaron un término exacto para saldar la obligación, se entiende que la administración estaba sujeta al límite temporal contemplado en el inciso segundo del artículo 192 ibídem, esto es, el cumplimiento de la sentencia debía hacerse “en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria (…)”.

18. Así, ese plazo perentorio de cumplimiento de los diez (10) meses se extendió hasta el 13 de junio de 2017, si se tiene en cuenta que la sentencia condenatoria cobró ejecutoria a partir del 12 de agosto del año 2016. Por lo que, el inicio del conteo del tiempo o cómputo de los dos (2) de la caducidad empezaba desde ese mismo día, 13 de junio de 2017, y culminaba el 13 de junio de 2019, siguiendo el contenido textual del literal l del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (pár. 14.2).

19. De tal suerte que, la entidad demandante contaba hasta el 13 de junio del año 2019 para interponer el medio de control con fines de repetición en debido tiempo, carga procesal que no acató al radicar la demanda por fuera de este límite temporal, al realizarse por más de un año después, esto es, el 27 de octubre de 2021.

20. Sobre las cargas procesales, la Corte Constitucional18 en su ilustrada jurisprudencia ha señalado que, tales cargas: “son aquellas situaciones instituidas

por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecidas en interés del propio sujeto y cuya omisión trae 18 Citando jurisprudencia de la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia. Página 12 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público aparejadas para él consecuencias desfavorables, se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello”.19

21. Bajo ese entendido, no es de recibo y, por tanto, no tiene vocación de prosperidad el argumento alegado por la entidad impugnante relacionado con que el pago de las condenas depende de los recursos girados por el gobierno nacional, circunstancia que impide cumplir la carga de cancelar ese monto dentro de los términos legales, por cuanto, como lo sentenció la Corte Constitucional20, si bien es cierto al Estado le es imposible disponer de inmediato sobre los recursos

para el pago de las condenas en su contra, en virtud del principio de legalidad del gasto público21, no es menos cierto que la ley le otorga un plazo razonable para llevar a cabo el trámite presupuestal a efectos de concretar el pago de la condena judicial; de lo contrario, tal interpretación implicaría entender que la administración pública cuenta con un periodo indeterminado de tiempo para ejecutar el pago de las sentencias de condena en su contra.

22. Los elementos de juicio que se dejan expuestos resultan suficientes para concluir que en el caso bajo examen operó el fenómeno de la caducidad, lo que de suyo implica que, la parte actora al no cumplir la carga procesal de ejercer el derecho de acción o poner en funcionamiento el aparto de justicia oportunamente, esto es dentro del término fijado en la ley, debe asumir la sanción o consecuencia jurídica de no poder solicitar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la solución de fondo sobre la controversia planteada.

III. CONCEPTO 19 Ver: Sentencias C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C279 de 2013, C-QS6 de 2016. 20 Ver: Sentencia C832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 21 Con fundamento en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política de 1991.

Página 13 de 14 Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15-80 PISO 20 Bogotá,

Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Ext. 12056, Email: notidel1cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-01 (69772) Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011) Concepto: Ministerio Público En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Honorable Sala CONFIRMAR la sentencia anticipada de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al encontrarse caducada la oport