PGN - ACCION DE REPETICION - Contra un subteniente de la policía nacional por su actuar gravemente c

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPETICION-Contra un subteniente de la Policía Nacional por su actuar gravemente culposo que ocasionó la muerte de un ciudadano ACCION DE REPETICION-Fundamento Constitucional ACCION DE REPETICION–Presupuestos …En este orden de ideas, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los siguientes presupuestos y requisitos: Que una entidad pública haya sido condenada en sentencia proferida por juez competente a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto; Que la entidad haya pagado totalmente a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación o en otra forma de solución de un conflicto; y Que la condena o la conciliación se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. RESPONSABILIDAD PERSONAL-Servidor público según jurisprudencia del consejo de estado ACCION DE REPETICION-Caducidad …La caducidad de la acción de repetición, lo establece el artículo 136 del CCA, que lo establece por el vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad demandante. De esta manera, se tiene que la Policía Nacional efectúo el pago total de la

condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 05 de agosto de 2004, hasta el 18 de agosto de 2011, es decir que la entidad efectúo el pago con posterioridad al vencimiento del término dispuesto por la ley para ello. Así las cosas, el Ministerio Público encuentra que efectivamente la demanda de acción de repetición identificada con número 2012-00111-00, fue presentada de manera extemporánea, pues tal como se indicó anteriormente el plazo de dos (02) años que contempla la ley para interponer la demanda venció el 23 de agosto de 2009, situación que impide se efectúe el análisis de fondo respecto a las pretensiones invocadas en la mencionada acción, siendo procedente declarar la caducidad de la respectiva acción, tal como lo efectúo el Tribunal de primera instancia. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 APRECIACION DE LAS PRUEBAS-Sistemas de valoración 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01

CONCEPTO No. 091 / 2018

Bogotá D.C, 15 de junio de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: MARIA ADRIANA MARIN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 730012331000200800418 01 (60431)

Acción de Repetición

Actor: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Demandado: Carlos Iván Rubio Hoyos.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / Es procedente declarar la caducidad frente a la acción de repetición radicada bajo el número 2012-00111-00 / Respecto a la acción 2008-00418-01 se cumple con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar los elementos de la acción de repetición en contra del demandante / Se configuró la conducta gravemente culposa del ex funcionario por su actuar descuidada en los hechos del 6 de noviembre de 1999 / La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones u omisiones de los servidores públicos / Deber de efectuar admonición a la entidad demandante por la falta de interés al permitir declara la caducidad de la acción favoreciendo al demandado.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en los artículos 77, 78 e inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra del Subteniente Caros Iván Rubio Hoyos, por su actuar presuntamente culposo en los hechos que dieron lugar a la condena impuesta en primera instancia del proceso de reparación directa con número 2000-3140 00 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 5 de agosto de 2004, en donde se condenó a la entidad demandada “por el actuar gravemente culposo del funcionario Carlos Iván Rubio Hoyos, con ocasión de la muerte del señor José Humberto López Morales, ocurrida el 6 de noviembre de 1999 cuando se encontraba visitando a su hermano detenido, en las instalaciones de la permanente central de la Policía Nacional en Ibagué

(Tolima), como consecuencia del disparo generado por la manipulación de un arma oficial de forma imprudente y sin el acatamiento de los protocolos de seguridad”, razón por la cual se efectuó una condena en contra de la Policía Nacional. La sentencia de primera instancia del 5 de agosto de 2004, fue aclarada el 10 de

diciembre de 2004 y ejecutoriada el 23 de febrero de 2006; en atención a lo anterior la entidad demanda expidió las Resoluciones No 0253 del 14 de junio y 0373 del 12 de septiembre de 2006, por medio de las cuales dio cumplimiento a la condena impuesta y en consecuencia libró los comprobantes de egreso No 1674 del 28 de junio y No 2521 del 10 de octubre de 2006, disponiendo el pago de la suma de $114.652.247,82 m/cte. Posteriormente debido a la aclaración de la sentencia, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante la Resolución No 0968 del 12 de agosto de 2011 reconoció y ordenó un segundo pago por la suma de $42.118.271,08 m/cte, el cual se efectuó mediante comprobante de egreso No 93999711 del 19 de agosto de 2011. 1.2. Sentencia de primera instancia. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 31 de julio de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, manifestando en resumen, lo siguiente:  La entidad demandante impetró el 17 de junio de 2008 escrito de acción de

repetición con radicado No 2300000200800418 00, con base en dos pagos parciales realizados en razón de la condena judicial en contra de la entidad del 5 de agosto de 2004, la cual fue conocida inicialmente por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, en donde mediante Auto del 9 de julio de 2008 remitió por competencia al Tribunal Administrativo, siendo admitida por esta Corporación a través del auto del 3 de abril de 2009. Posteriormente el día 16 de febrero de 2012, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, instauró una segunda demanda bajo el número 730012300000201200111 00, con motivo de haber efectuado un tercer pago, y dentro de la acción solicitó se efectuará la acumulación al primer proceso de repetición. Mediante proveído del 20 de abril de 2012, el despacho accedió a la petición formulada por la actora.  Indicó el Ad Quo, que pese haberse efectuado acumulación de procesos, se hace necesario estudiarlos de forma independiente para establecer si concurren los presupuestos necesarios para la prosperidad de las pretensiones, por lo cual se procede a determinar las premisas que permitan decidir cada uno de ellos.  Inició el Tribunal el estudio de la acción de repetición bajo radicado No 730012300000201200111, abordando primeramente la tesis planteada por el demandado, respecto a la solicitud de declaración de caducidad de la respectiva acción, frente a lo cual manifestó:  Mencionó que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional fue condenada mediante sentencia del 5 de agosto de 2004, proferida por esta

Corporación, la cual fue aclarada y corregida en decisión del 10 de diciembre de 2004, frente a su ejecutoria, si bien en el expediente no obra constancia secretarial de ello, se tiene que el Consejo de Estado inadmitió los recursos 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 de apelación interpuestos, mediante providencia del 2 de diciembre de 2005, y el auto de obedecimiento fue proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 16 de febrero de 2006, el cual al contabilizarle términos, permite establecer que la decisión cobró ejecutoria el 23 de febrero de 2006, hecho corroborado por oficios Nos. JAGM-00636, 00637 y 00638 del 30 de marzo de 2006, por lo tanto, los 18 meses para el pago de la condena, deben contabilizarse desde el 24 de febrero de 2006 al 23 de agosto de 2007.  Resaltó que del material probatorio obrante, la Sala encontró que el pago que sustenta la demanda de repetición, se realizó el 19 de agosto de 2011, para lo cual se adjuntaron la resolución de cumplimiento de la sentencia expedida por la Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, así como la constancia de recibo del dinero por parte del apoderado del

beneficiario, de lo cual, estableció que el pago parcial de dicha condena fue realizado vencido el término de los 18 meses con que contaba para ello, es decir más allá, del 23 de agosto de 2007, por lo cual dando aplicación a la sentencia C-831 de 2001 de la Corte Constitucional, el término de caducidad de la acción de repetición debe ser contabilizado no desde el día siguiente al pago, sino desde el día siguiente al vencimiento de los 18 meses que se tenían para ello, esto es desde el 24 de agosto de 2007, por lo que el término máximo de interposición de la acción era el 23 de agosto de 2009.  Respecto a lo anterior, la primera instancia al verificar el proceso, observó que la demanda fue radicada hasta el 16 de febrero de 2012, es decir, pasados más de dos años de la fecha límite para la radicación de la acción, por lo que encontró configurado el fenómeno de la caducidad de la acción, toda vez que la demanda fue instaurada de manera extemporánea, en consecuencia, decidió declarar probada la excepción de caducidad frente a la acción 73001-23-00-000-2012-00111-00.  Consecutivamente procedió la Sala, a efectuar el estudio de la segunda demanda de acción de repetición con radicación No 73001-23-00-000-200800418-00, en los siguientes términos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01  Inició efectuando el estudio de caducidad de la respectiva acción, resaltando que como se evidenció en el material probatorio los pagos que fundamenta la presente acción de repetición, fueron realizados el 27 de junio y el 2 de octubre de 2006, conforme se indica en los actos administrativos que ordenan dar cumplimiento a la sentencia, expedidos por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional; además de los documentos denominados ajustes al movimiento de las mencionadas fechas; las certificaciones de pago, suscritos por la Tesorera General de la Policía Nacional; y los reportes de estado orden de pago de la misma entidad.  De esta manera, el término de caducidad para la interposición de la acción iría desde el 3 de octubre de 2006 al 2 de octubre de 2008, evidenciando el Tribunal, de conformidad con el acta de reparto que reposa en el expediente que la demanda fue radicada el 17 de junio de 2008, es decir que frente a esta acción no se configuró la caducidad alegada, siendo procedente su análisis de fondo.  Así las cosas, procedió la Sala a efectuar el análisis de los presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción de repetición, resaltando que, debido a que el hecho que sustentó la demanda ocurrió el 6 de noviembre de 1999, los tres primeros requisitos deben ser estudiados a la luz de la Ley 678 de 2001 y el cuarto bajo el régimen anterior.

 Respecto al primer elemento para la prosperidad de la acción encontró probado, conforme al material probatorio que conforma el plenario, la calidad de agente que ostentaba el señor Carlos Iván Rubio Hoyos , como miembro de la Policía Nacional para el momento de los hechos.  Frente al segundo requisito, esto es la existencia de una condena judicia l, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado, al respecto la Sala indicó que encontró probado que el 5 de agosto de 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 2004, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró administrativamente responsable a la entidad demandante y la condenó al pago de los perjuicios causados a los actores, decisión que cobró ejecutoria el 23 de febrero de 2006, es decir que este requisito también se encuentra acreditado.  Ahora bien, respecto al pago efectivo de la condena impuesta , indicó el Tribunal que la entidad demandante allegó copias de las Resoluciones No 0253 del 14 de junio y 0373 del 12 de septiembre de 2006, proferidas por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional; de los documentos

denominados ajustes al movimiento No 1674 del 28 de junio y 2521 del 10 de octubre de 2006, proferidos por la misma Dirección; los reportes estado orden de pago No 20009840 del 27 de junio y 2160382 del 2 de octubre de 2006, expedidos por la Policía Nacional; y el certificado del 8 de octubre de 2016 suscritos por la Tesorera General de la Policía Nacional. Por consiguiente, la documentación aportada por la parte demandante, tendiente a verificar el pago de la condena se considera suficiente e idónea para tal fin, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer requisito de procedibilidad.  Finalmente, en cuanto al cuarto elemento, esto es la calificación de la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa , mencionó que el señor Carlos Iván Rubio Hoyos, al momento de los hechos ostentaba el rango de subteniente de la Policía Nacional, es decir que hacia parte del personal entrenado de la entidad, que por sus labores había sido capacitado en el manejo de diversas armas, hecho validado con su propia manifestación en sede de indagatoria, donde expuso con solvencia su conocimiento respecto del arma que causo la muerte del civil, la cual, se resaltó, que se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento, tal como se estableció en el dictamen correspondiente.  Respecto a lo anterior, el Ad Quo concluyó que no existía duda que la conducta del señor Carlos Iván Rubio Hoyos, se encontraba inmersa dentro de la calificación de culpa grave, toda vez que se trataba de una persona idónea y 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 debidamente entrenada para el uso de armas, de la que le era exigible unos niveles mínimos de seguridad y que de manera imprudente manipuló en un lugar de acceso público un arma que se encontraba en perfecto estado, sin haberla asegurado, sin verificar que estuviera cargada y de la que irresponsablemente perdió el control, omitiendo sus deberes de prudencia y cuidado, hecho que generó la muerte del señor José Humberto López Morales y que puso en peligro la seguridad de sus compañeros y de los particulares que se encontraban en el lugar de los hechos, lo cual dio lugar a la condena en contra del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, y en consecuencia la indemnización que debió cancelar.  Conforme a lo anterior, la Sala concluyó que concurren todos los elementos necesarios para declarar la prosperidad de la acción de repetición No 7300123-00-000-2008-00418-00, razón por la cual accedió a las pretensiones, considerando que el señor Carlos Iván Rubio Hoyos está llamado a responder patrimonialmente por las sumas canceladas por la Policía Nacional reconocidas mediantes las Resoluciones 0253 del 14 de junio de 2006 y 0373 del 12 de septiembre de 2006, por valor de $70.764.700,40 y $56.424.775,84,

respectivamente, de las cuales, indicó se debían descontar el valor correspondiente a los intereses moratorios, ya que no le son imputables a los demandados sino a la entidad accionante, obteniendo como resultados las sumas de $65.280.000,00 y $49.372.247,82, correspondientemente; y que al ser actualizados a la fecha de pago el monto a cancelar por el demandado Carlos Iván Rubio Hoyos es de ciento ochenta y un millones setecientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con veintisiete centavos ($181.705.446,27). 1.3. Concepto del Ministerio Público en primera instancia. El Procurador 26 Judicial Administrativo II, mediante concepto No 034 de 2017, solicitó que en el proceso con radicación 73001.23-00-000-2012-00111-00 se declarara la caducidad de la acción pues al darse el pago con posterioridad a los 18 meses que 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 estableció el legislador, el término inició a partir del 23 de agosto de 2007, lo cual significa que los dos años vencieron el 23 de agosto de 2009 y la demanda fue presentada el 16 de febrero de 2012 configurándose la caducidad de la acción. En cuanto al proceso con radicación 73001-23-00-000-2008-00418-00 señaló que había

sido radicada de forma oportuna y al analizar los presupuestos necesarios para acceder a lo solicitado, encontró que estos se cumplían cabalmente. 1.4. Argumentos de apelación. 1.4.1. La apoderada del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, interpuso recurso de apelación1, solicitando respecto a lo dispuesto en decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 31 de julio de 2017, que se confirme el numeral 2 y 3; y se revoqué el numeral 1 y en consecuencia se declare patrimonialmente responsable al señor Carlos Iván Rubio Hoyos dentro del proceso con radicación No 73001.23-00-0002012-00111-00, por la condena impuesta a la entidad accionante mediante la sentencia del 05 de agosto de 2004, fundamentando su petición, en los siguientes términos:  Si bien es cierto la entidad policial en este caso había hecho un pago parcial de dicha sentencia con la cual se inició el proceso de repetición con radicado No. 73001230000020080041800 en contra del señor Carlos Iván Rubio Hoyos, no es menos cierto que la entidad posteriormente completo el pago total de la sentencia y que permitió que se presentara la demanda de repetición No 73001230000020120011100 el 21 de febrero de 2012, lo cual obedeció a:  Como entidad pública debe esperar contar con el rubro presupuestal correspondiente para comprometerlo en pago de sentencias y conciliaciones y que es asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es por ello que al no haberse podido cancelar dentro del término estipulado de

los 18 meses, la totalidad de la sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa No. 3140 00 instaurado contra la Nación Ministerio de 1 Escrito visible del folio 250 al 258 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 Defensa - Policía Nacional, se hizo un pago parcial a través de la Resolución No 0253 del 14 de junio de 2006 y comprobante de egreso No 1674 del 28 junio de 2006, y mediante la Resolución No 0373 del 12 de septiembre de 2006 y comprobante de egreso No. 2521 del 10 octubre de 2006 con la que se dio paso a la primera demanda de repetición en contra del señor Carlos Iván Rubio Hoyos con radicado 73001230000020080041800; la cual se presentó el 17 de junio del 2008 o sea antes del 02 de octubre de 2008. Luego una vez, se contó nuevamente con presupuesto, se expidió la Resolución No. 0968 del 12 de agosto del 2011 y comprobante de egreso No. 93999711 del 19 de agosto del 2011 para completar el pago total de dicha sentencia, lo que dio paso a que se presentara la otra demanda de repetición complementaria el 16 de febrero del 2012 o sea cinco (5) meses después de

haberse hecho tal pago y a la cual le correspondió el radicado 73001230000020120011100, en la que se declaró la caducidad, sin importar que la entidad no contaba con el presupuesto necesario para hacer el pago del capital y los intereses correspondientes, se presentó en menos de seis meses la mencionada demanda. El pago de una sentencia o de una conciliación está sujeto a un turno asignado a la solicitud de pago de sentencia. En todas las entidades del Estado para el procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones se requiere que ingrese al sistema de turnos con el fin de que haya un respeto estricto por los turnos para el pago de dichas condenas y el cual guarda relación directa con la protección del derecho a la igualdad, puesto que las personas que se encuentran en idénticas condiciones deben recibir el mismo trato. Situación que va ligada directamente con la asignación de presupuesto, lo que quiere decir que cuando ya contamos con el presupuesto asignado para el pago de sentencias y conciliaciones se comienzan apagar de acuerdo al turno asignado  No hubo en este caso un cobro ejecutivo por parte de los beneficiarios de la sentencia una vez se cumplieron los 18 meses paro el pago de la misma. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 Las entidades públicas tienen un término de 18 meses para el cumplimiento del

pago de sentencias condenatorias en firme que les impongan el pago de una cantidad líquida de dinero y o el término pactado en los casos de los acuerdos conciliatorios y, una vez vencidos estos plazos sin que se hubieran satisfecho esos créditos judiciales pueden ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus beneficiarios ante la jurisdicción. Igualmente es bien sabido que en el proceso ejecutivo contra la administración por obligación de hacer sólo existe la alternativa indemnizatoria cuando la entidad oficial no se allana a cumplir la sentencia y es por ello que al no ser de carácter oficiosa, correspondía a los beneficiarios de la misma haber iniciado el proceso ejecutivo correspondiente; sin embargo en el presente caso ello no ocurrió, pues la parte demandante no ejecutó en su oportunidad el pago de dicha sentencia y por ello la entidad canceló a los demandantes el pago de la sentencia condenatoria de acuerdo a su turno de radicación de solicitud de pago y cuando se contó con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 1.4.2. Por medio de su apoderado judicial el señor Carlos Iván Rubio Hoyos, interpuso recurso de apelación2, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 31 de julio de 2017, mencionando que, la parte demandada no tiene reparo en cuanto a la declaración de caducidad efectuada sobre el proceso acumulado bajo radicación 2012 - 111. Así como, tampoco existe controversia, respecto a la demostración de los requisitos objetivos de la acción de repetición como lo son: 1) La condición de servidor público del demandado y 2) la existencia de una decisión judicial que ordena el pago, la cual, sí fue posible que se

allegará en copia autentica con sus respectivas constancias de ejecutoria. Conforme a lo anterior, efectúo el pronunciamiento de controversia respecto a la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:  Respecto de inexistencia de prueba de pago efectivo de la condena impuesta en contra de la entidad demandante: 2 Memorial que obra a folio del 259 al 266 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

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Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 Para la parte demandada, es motivo de inconformidad la consideración hecha por el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima para dar por probado sin estarlo, el presupuesto de pago efectivo de la condena Judicial. Si bien es cierto, la parte demandante allegó al plenario sendos actos administrativos, así como, órdenes de pago y ajustes de movimiento, lo cierto es, que dichos actos administrativos son actos de ejecución que lo único que indican es el beneficiario de una suma de dinero, pero no, que el mismo lo haya recibido. Para dichos efectos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha fijado un estándar Jurisprudencial en torno a la prueba del pago efectivo de la condena judicial en las acciones de repetición. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el último Párrafo de la página 11 de la Sentencia de Primera Instancia reconoció lo

siguiente: "En el plenario NO obra constancia, certificación, o Paz y Salvo alguno proferido por los citados beneficiarios" De acuerdo con lo anterior, el apelante mencionó que la Sala, al advertir la ausencia de prueba del presupuesto de pago efectivo, yerra en pretender ubicar el problema jurídico (presupuesto de la acción) en los terrenos de la parte demandada. Esto último, habida cuenta que en criterio del Ad Quo, era la parte demandada quien tenía la obligación de tachar de falsos los documentos aportados por la demandante a efectos de acreditar el pago efectivo de la obligación, y bajo dicha tacha controvertir la prueba, que a la postre se le iba a dar plena validez por tratarse de un documento público, pues bien, contrario sensu a lo estimado por la sala de decisión de primera instancia, el demandado Carlos Iván Rubio Hoyos, no tenía el deber de desplegar una actividad probatoria tendiente a acreditar cuando se materializó el pago a los beneficiarios de la sentencia. Concretó el recurrente que, el problema jurídico a resolver por parte del tribunal administrativo del Tolima va más allá de la controversia y validez de la prueba, y 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. (60431) 730012331000200800418 01 se ubica entonces en la idoneidad de la misma, que sirve de sustento de la pretensión de repetición. En efecto, la parte demandada manifestó que no

desconoce que la Policía Nacional haya allegado en copia simple dos resoluciones, así como, un par de documentos denominados ajustes del movimiento y gestión general, sin embargo, como lo dice el Consejo de Estado, dichos documentos per se no prueban el pago al beneficiario. Tan necesaria es la prueba del pago efectivo expedida por el acreedor de la condena Judicial, que la propia parte demandante a folio 47 del cuaderno de pruebas, allegó constancia expedida por el abogado Carlos Emilio Romero Gómez quien da fe de los pagos efectuados a través de las resoluciones calendadas en el año 2011. No obstante lo anterior, dicha constancia expedida por el togado Romero Gómez, solo hizo alusión a los pagos efectuados en 2011, dejando por fuera y sin abrigo, los presuntos pagos efectuados a los beneficiarios de la condena judicial en el año 2006, por lo que, sigue sin probarse el pago efectivo de dicha condena. Corolario de lo anterior, concluyó que brilla por su ausencia la prueba proveniente del beneficiario de la condena, a través de la cual, se acredite el pago efectivo de la misma, siendo ello, razón suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda, al no existir los presupuestos materiales para emitir una decisión de fondo, pues como lo sostiene el Consejo de Estado ha de corroborarse "la extinción de la obligación que se reconoce en dicho acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1625, 1626 y 1757 del Código Civil".  Argumentó el apelante, la falta de existencia de culpa grave por parte del demandad