PGN - ACCION DE REPETICION - Culpa grave declarando insubsistente a funcionario de la alcaldía a pes

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPETICION-Culpa grave declarando insubsistente a funcionario de la alcaldía a pesar de existir expresa prohibición de la ley de garantías CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA-Del agente del Estado causante del daño Así, al caso particular, se le aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, esto es, las conductas en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como consecuencia para la entidad la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. ACCION DE REPETICION-Elementos Esenciales De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, salir avante ante la jurisdicción contenciosa administrativa, contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya realizado un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. Respecto a los requisitos esenciales para la prosperidad de la Acción de Repetición, el Consejo de Estado, entre otras, en Sentencia del 30 de marzo de 2017, señala que son los siguientes: “De acuerdo con lo anterior, se tiene que, para la prosperidad de la acción de repetición que la entidad estatal puede incoar en contra de sus funcionarios o ex

funcionarios, deben reunirse ciertos requisitos, que se pueden enunciar en la siguiente forma: Que se produzca una sentencia judicial o una conciliación o cualquier otra forma de terminación del litigio, de las que se derive una obligación indemnizatoria a cargo de la entidad estatal; Que la entidad haya pagado la indemnización de perjuicios derivada de la sentencia o conciliación; Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, en ejercicio de sus funciones; Que la conducta de esa persona, haya sido dolosa o gravemente culposa”. De tales presupuestos, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales enunciados, los primeros tres, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y el último, correspondiente a la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, y su incidencia en la condena, es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. LEY DE GARANTIAS-Fundamento legal y prohibiciones ACCION DE REPETICION-Requisitos para su prosperidad. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 CULPA GRAVE-Elemento subjetivo fue demostrado, pues es clara en cabeza

del alcalde municipal CONCEPTO No 195/ 2018 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 Bogotá, D.C, 13 de diciembre de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor María Adriana Marín.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000233600020150216001 (62.212)

ACCIÓN: Repetición.

ACTOR: Municipio de Soacha.

DEMANDADO: Ex Alcalde José Ernesto Martinez Tarquino.

Sentido del concepto: Se solicita CONFIRMAR la sentencia recurrida //La prueba de pago de la condena es requisito para demostrar el elemento objetivo frente a la acción de repetición // Se acreditó el pago de la condena por allegarse documento que otorgue certeza sobre la cancelación efectiva de la condena // Está demostrada culpa grave del funcionario en la conducta causante de condena al Estado, al modificar la nómina de la alcaldía existiendo expresa prohibición legal de hacerlo dentro de los cuatro meses anteriores a la elección de miembros del Congreso de la República y como tal, esta cumplido con el requisito de procedibilidad de la acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

1.1.Demanda. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001  El municipio de Soacha demanda la responsabilidad del exalcalde de Soacha en acción de repetición al incurrir en conducta gravemente culposa, por declarar insubsistente el nombramiento de Segundo Abel Suárez, quien ocupaba el cargo de Secretario de Educación y Cultura de Soacha, mediante el decreto No 34 del 29 de enero de 2010, desconociendo el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, por lo cual el Municipio de Soacha fue condenado.  El Juzgado 18 Administrativo de descongestión de Bogotá profirió sentencia de primera instancia (junio 4 de 2012), que declaró la nulidad del acto administrativo No 34 de fecha 29 de enero de 2010, mediante el cual se declaró la insubsistencia del señor Suárez, la cual fue confirmada en cuanto a la nulidad del acto, pero modificada en relación

con la suma a restablecer el derecho, por parte de la Sección Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 21 de febrero de 2014, concluyendo que la insubsistencia se declaró en clara contravención de la ley de garantias (Ley 996 de 2.005), al ser expedido el acto administrativo de insubsistencia (Decreto 34 del 29 de enero de 2010) en pleno periodo preelectoral, es decir, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones al Congreso de la República realizadas el 14 de marzo de 2010 y para Presidente y Vicepresidente, el 30 de mayo del mismo año, 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 para el periodo constitucional 2010 – 2014, constituyendo con ello, una culpa grave por parte del Alcalde Municipal de Soacha.  El pago total lo realizó el municipio el 15 de septiembre de 2014 por valor de $405.092.868.oo 1.2. Caducidad En el caso concreto, de conformidad con el artículo 352 del C.P.C, no opera la caducidad, toda vez que el pago total que realizó el municipio se hizo el 15 de septiembre de 2014 por valor de $405.092.868.oo, y la demanda de repetición

fue radicada el 15 de septiembre de 2015, estando dentro de los dos años para ello. Así, por lo anterior considera que dicha situación le habilita para instaurar acción de repetición contra los demandados, apoyándose en el art. 90 de la Constitución, los arts. 77 y 78 del C.C.A; el art. 6°, num. 1, de la Ley 678 de 2001 y los artículos 142 y 164 literal l), numeral 2) del CPACA. 1.3. Concepto de Violación. Considera el actor que el alcalde actuó con culpa grave, pues su actuación la realizó teniendo conocimiento de que estaba vigente una prohibición legal de modificar la 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 nómina del municipio, atendiendo la ley de garantias (Ley 996 de 2.005), que prohibe la modificación de la nómina dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la realización de una elección a cuerpo colegiado y Presidente de la República. 1.4. Contestación de la demanda. Consideró que el elemento subjetivo de la repetición no se configura, pues no se demostró, dado que el Municipio no se defendió debidamente en el proceso primigenio. Así mismo señaló que el acto de insubsistencia fue objeto de estudio por parte del área de recursos humanos y la oficina jurídica del municipio y como tal, fue

objeto de amplio analisis, desfigurando con ello, la culpa grave que se le pretende endilgar. 1.5. Concepto del Ministerio Público. No hubo 1.6. Fallo de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 31 de mayo de 2018, condenó a José Ernesto Martinez Tarquino a pagar la suma de $405.092.868.oo al municipio de Soacha (Cundinamarca), al actuar con culpa grave al declarar insubistente al señor Segundo Abel Suárez Mateus dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones al Congreso de la República del cargo de secretario de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 Educación y Cultura del municipio. Fundó su fallo, en los documentos presentados por el actor, relacionados con la fecha de la insubsistencia y el conteo de tiempo que restaba para la realización de elecciones a cuerpos colegiados, donde sin duda alguna, se demostró que la insubsistencia se dio el 30 de enero de 2010 y las elecciones se llevaron a cabo el 30 de marzo del mismo año, quedando así demostrado que el acto administrativo estaba viciado de nulidad por expresa prohibición de modificar la nómina del municipio en época preelectoral (ley 996 de 2005), quedando demostrada de esta manera, la culpa

grave en cabeza del burgomaestre. 1.7. Recurso de apelación. El apoderado del demandado presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fundamentando para ello lo siguiente:  La decisión por parte de la administración municipal, estuvo precedida de un amplio estudio por parte del área de recursos humanos y la oficina jurídica y como tal, es un asunto de interpretación en derecho que no puede catalogarse como culposo de manera grave por parte del Tribunal de Instancia, sino como un asunto propio del discernimiento profesional. El apelante manifiesta que fue inducido al error por la directiva presidencial No 11 del 13 de nov de 2009.  Señala el apoderado del actor, que el Municipio no hizo una defensa 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 adecuada en el proceso primigenio, lo que condujo a la condena que ahora se pretende repetir.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.1. Problema jurídico.  ¿Se configura la culpa grave para la repetición instaurada por el municipio de Soacha (Cundinamarca) en contra de José Ernesto Martinez Tarquino para obtener el reembolso de lo pagado en virtud de la condena proferida por la

jurisdicción contenciosa? 1.2. Marco normativo y jurisprudencial. 1.2.1. Acción de Repetición La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, en el ejercicio de dicha función. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 Esta acción actualmente se encuentra regulada por la Ley 678 de 2001, que establece los supuestos en los que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño. Sin embargo, antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición era regida por las normas contenidas en el artículo 90 de la Constitución Política, en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, y en el artículo 63 del Código Civil. En vista de lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que en lo sustancial, la Ley 678 de 2001 no se aplicará a los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de dicha

norma, 4 de agosto de 2001, siendo en este caso necesario remitirse a la normatividad anterior. Por su parte, se plasmó que dicha norma se aplicará a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 4 de agosto de 2001, aun cuando los hechos que dieron lugar a la acción hayan ocurrido en fecha anterior. En efecto, respecto de la aplicación de la Ley 678 de 2001 en el tiempo, el Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 20111, señaló: “Cabe advertir que, según lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corporación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y 1 Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 11001-03-26-000-2007-0007400(34816). 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores

favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia.” En el presente caso tenemos que los hechos que dieron lugar a la acción de repetición, esto es, la insubsistencia del nombramiento al cargo de Secretario de Educación y Cultura en época preelectoral, contraviniendo la ley de garantías electorales (Ley 966 de 2005) que prohíbe la modificación de la planta de personal de las entidades nacionales y territoriales dentro de los cuatro meses anteriores a la realización de elecciones para Congreso de la República. Por esta razón, las normas sustantivas aplicables a la presente acción de repetición son el artículo 90 de la Constitución Política2, los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo3, y el artículo 63 del Código Civil. Al respecto, la última de las normas citadas define la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca 2 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 3 “...los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” (Subrayado fuera de texto) Así, al caso particular, se le aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001,

esto es, las conductas en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como consecuencia para la entidad la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. 1.2.2. Elementos Esenciales de la Acción de Repetición De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, salir avante 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 ante la jurisdicción contenciosa administrativa, contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya realizado un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. Respecto a los requisitos esenciales para la prosperidad de la Acción de Repetición, el Consejo de Estado, entre otras, en Sentencia del 30 de marzo de 20174, señala que son los siguientes: “De acuerdo con lo anterior, se tiene que, para la prosperidad de la acción de repetición que la entidad estatal puede incoar en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, deben reunirse ciertos

requisitos, que se pueden enunciar en la siguiente forma: 1) Que se produzca una sentencia judicial o una conciliación o cualquier otra forma de terminación del litigio, de las que se derive una obligación indemnizatoria a cargo de la entidad estatal; 2) Que la entidad haya pagado la indemnización de perjuicios derivada de la sentencia o conciliación; 3) Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, en ejercicio de sus funciones; 4) Que la conducta de esa persona, haya sido dolosa o gravemente culposa”. Por su parte, esta misma Corporación, en providencia del 5 de octubre de 20165, los enuncia así: “La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) que la demanda se haya interpuesto en tiempo; d) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; e) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y f) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica”. 4 Radicación N° 41001-23-31-000-2004-00939-01(40942), M.P. Doctor Danilo Rojas Betancourt. 5 Radicación 19001-23-31-000-2008-00130-01(44139), M.P. Doctora Marta Nubia Velásquez Rico. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 De otro modo se establecen mediante sentencia del 12 de septiembre de 20166, los elementos necesarios para que proceda la acción de repetición en los siguientes términos: “Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como

dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables”. 6 Radicación 41001-23-31-000-2010-00195-01(51722), M.P. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 A partir de los anteriores lineamientos, el Ministerio Público infiere que los requisitos esenciales para la prosperidad de la acción de repetición son los siguientes:

1. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación.

2. El pago efectivo de la anterior condena.

3. La calidad de agentes del Estado de los demandados y su participación en los hechos que dieron lugar a la condena.

4. Que los agentes del Estado hayan actuado con culpa grave o dolo, y que dicho actuar haya sido causa parcial o total de la condena en contra del Estado.

De tales presupuestos, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales enunciados, los primeros tres, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y el último, correspondiente a la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, y su incidencia en la condena, es el elemento

subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. Con base en el anterior marco de referencia, pasa el Ministerio Público a analizar si el caso bajo estudio reúne o no los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición. 1.2.3. Ley 996 de 2005 – Garantías electorales 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 Consagra el artículo 38, una serie de prohibiciones a los servidores públicos en época preelectoral, en los siguientes términos: (…) Parágrafo: Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de su junta directiva, en o para reuniones de carácter proselitista en los que participen candidatos a cargos de elección popular, tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. (…) La nómina del respectivo ente territorial no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de

provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa…”. 1.2.4. Directiva Presidencial No 11 del 13 de noviembre de 2009. La Directiva Presidencial No 11 del 13 de noviembre de 2009, que hace referencia a las elecciones de Presidente y Vicepresidente, pero no a Congreso de la República, cuando señala lo siguiente: “ Con ocasión de la realización de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República en el año 2010, se recuerda a los servidores públicos destinatarios de la presente Directiva, la obligación de acatar las 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 restricciones y prohibiciones contenidas en la Constitución Política y, en especial, las impuestas en la Ley Estatutaria número 996 de 2005, bajo los parámetros definidos por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C – 1153 de 2005, mediante la cual se interpretó el marco normativo en el que debe desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la República. Dentro del referido marco legal, resulta pertinente destacar las siguientes previsiones: 1.- Suspensión de vinculación de personal a la nómina estatal

1.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, se supenderá cualquier forma de vinculación a la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Esto es, desde el 30 de enero de 2010 a las cero horas (00:00 am) y hasta la realización de la primera vuelta presidencial (30 de mayo a las 11:59:59 pm) o de la segunda vuelta (20 de junio hasta las 11:59:59 pm), si a ello hubiera lugar. 1.2. La Rama Ejecutiva del Poder Público, se encuentra conformada por las entidades y organismos establecidos en el artículo 38 de la Ley 489 de 1.989…” 1.2.5. Conformación de la Rama Ejecutiva del Poder Público para efectos de la aplicación de la Directiva Presidencial No 11 del 13 de noviembre de 2009. 16 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 Para efectos de la aplicación de esta directiva, el literal 1.2. del artículo 1° de la misma, señala que la Rama Ejecutiva del poder público se encuentra conformada por los organismos establecidos en el artículo 38 de la Ley 489 de

1989, el cual dice: “…ARTÍCULO 38.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del Sector Central:

a. La Presidencia de la República; b. La Vicepresidencia de la República c. Los Consejos Superiores de la administración; e. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.

2. Del Sector descentralizado por servicios:

a. Los establecimientos públicos; b. Las empresas industriales y comerciales del Estado; c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica; 17 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No. (62.212) 25000233600020150216001 d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; Nota: (Expresión resaltada en negrilla declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia C-736 de 2007.) e. Los institutos científicos y tecnológicos; f. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta) g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

PARÁGRAFO 1.- Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. PARÁGRAFO 2.- A demás de lo previsto en el literal c) del numeral 1 del presente artículo, como organismos consultivos o coordina