PGN - ACCION DE REPETICION - Demanda presentada extemporáneamente, da lugar a la caducidad

CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPETICION-Término para que prospere CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPETICIONMarco Normativo y Jurisprudencial ACCION DE REPARACION DIRECTA-Tiene como una de sus modalidades, la Acción de Repetición ACCION DE REPETICION-El término de caducidad debe contarse a partir del pago En concepto del Ministerio Público, la línea jurisprudencial antes referida nos indica que el dictum jurisprudencial de que la acción de repetición “debe ceñirse al procedimiento señalado para el ejercicio de la acción de reparación directa” y que su término de caducidad debe contarse a partir del pago, “pues sólo ahí es que el Estado ve afectado su patrimonio” En consecuencia, la regla es que la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad, y la subregla es que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. La anterior conclusión se reafirma con argumento a Fortiori, puesto que la demanda se instauró con posterioridad a la vigencia de las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001 y en consecuencia lo relativo al término de caducidad, como aspecto procesal, debe regirse por estas leyes, que aunque posteriores en esta materia son de aplicación inmediata ACCION DE REPETICIONDemanda presentada extemporáneamente da lugar a

la caducidad. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056www.procuraduria.gov.co 2 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 003 / 2014

Bogotá, D.C., 20 de Enero de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección C

Consejera Ponente doctora: Olga Mélida Valle de De la Hoz

E. S. D.

Ref: Proceso 190012331000200800129 01 (47.916)

Acción: Repetición

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Demandado: Waldino Mojica Ruiz El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1. DEMANDA: El 2 de abril de 2008 (fls. 177 al 188 c. ppal 1) LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL demandó al Sargento Viceprimero de la Policía Nacional en situación de retiro WALDINO MOJICA RUIZ, para que se le declare patrimonialmente responsable por derivar de sus acciones una condena de orden patrimonial en contra de la entidad, mediante fallos proferidos en sentencias de primera y segunda instancia de fechas 16 de

septiembre de 1993 y 18 de mayo de 1994. 1.2 Contestación de la demanda. (fl. 20 al 22 del c ppal.2) el demandado dio contestación a la demanda por medio de curador ad – litem, quien indicó que no se opone a las pretensiones siempre y cuando los elementos fácticos y hechos de la demanda este plenamente probados, de acuerdo a la ley sustancial. 1.3 Sentencia en Primera instancia. El Tribunal Administrativo del Cauca1 (fls. 45 al 64 del c. del C.E) negó las pretensiones de la demanda por cuanto la entidad demandante no acreditó el pago de la condena impuesta, requisito necesario para 1 Sentencia del 3 de Mayo de 2013 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) la prosperidad de la acción de repetición. 1.4. La Apelación: (fls. 66 al 69 del C.E), la apoderada de la parte demandante solicita revocar en su integridad la sentencia en primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda, en razón a que se encuentra debidamente probados los pagos realizados por la entidad conforme a la condena en su contra. Afirma que la entidad mediante Resolución No. 0237 de fecha 08 de junio de 2006 y comprobante de egreso y transferencias No. 1640 del 28 de junio de 2006

emanados de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional dio estricto cumplimiento a los fallos de primera y segunda instancias de fechas 16 de septiembre de 1993 y 18 de mayo de 1994, fallos que se encuentran debidamente ejecutoriados el día 2 de junio de 1994 proferidos por el Tribunal Administrativo del Cauca y por el Consejo de Estado mediante los cuales se condenó a la entidad por los hechos ocurridos el día 27 de abril de 1991.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. El problema Jurídico. Después de estudiar el proceso, en concepto del Ministerio público el meollo del asunto consiste en determinar si en el presente caso (i) existe caducidad de la acción de repetición teniendo en cuenta que la sentencia condenatoria fue proferida el 18 de mayo de 1994 y quedando ejecutoriada el 2 de junio del mismo año (ii) en caso de no existir caducidad de la acción de repetición debería determinarse si la parte actora acreditó en debida forma los requisitos necesarios para que prospere la pretensión de repetición, en especial el pago efectivo por parte de la Policía Nacional del valor de la condena impuesta. 2.2 CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPETICION – MARCO NORMATIVO Y

JURISPRUDENCIAL.

La sentencia que confirma la condena a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar una suma de dinero por hechos ocurridos el 21 de abril de 1991, fue proferida el 18 de mayo de 1994 (fl. 25 al 49 del c.ppal 1), cobrando ejecutoria el 2 de junio de 1994 (fl. 20 del c.ppal 1). En consecuencia primero que

todo se debe determinar la norma aplicable al caso para contabilizar el término de caducidad de la acción, toda vez que la sentencia condenatoria fue proferida con anterioridad a la entrada en vigencia de las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) Mediante providencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 8 de abril de 1994, radicación 001, se precisa que la acción de repetición corresponde a una modalidad de la acción de reparación directa, pues “ lo pretendido en últimas es el reembolso de lo pagado como consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio previamente decretado por la jurisdicción y que como tal la reclamación debe ceñirse al procedimiento señalado para el ejercicio de la acción de reparación directa, de la cual, en la práctica, la repetición viene a ser una secuela o prolongación. Esa acción indemnizatoria denominada en el actual Código Contencioso Administrativo de reparación directa, se caracteriza precisamente porque se ejercita directamente, sin acudir a etapas previas de agotamiento de vía gubernativa, ni similares, para en esa forma, demandar como se hace en el sub - júdice, en forma directa el pago indemnizatorio que el Estado realizó y por el que ahora debe responder el funcionario o ex funcionario en este proceso, según claras voces del artículo 86 del C.C.A., sin que esta

apreciación varíe por la circunstancia de que la administración actúe como demandante”. (resalto y Subrayo) El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989 reglaba en forma general el término de caducidad de la acción de reparación directa, sin hacer expresa referencia a las particularidades de la acción de repetición: “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. (comillas mias) Posteriormente en sentencia del 23 de Noviembre de 2005 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicación número: 20001-23-31-000-1997-0331101(15745) se ocupó del tema de la caducidad de la acción: “En relación con la caducidad de la acción de repetición, es de observar que para la fecha de la presentación de la demanda (2 de julio de 1997), aún no se encontraba vigente ni la Ley 446 de 1998, ni la Ley 678 de 2001, que regularon expresamente este tema al disponer lo siguiente: "La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad." No obstante lo anterior, la Sala anota que el derecho que tiene la Administración para repetir, nace necesariamente en el mismo momento en que se paga la condena impuesta a favor de la víctima, pues solo ahí es que el Estado ve afectado su patrimonio y es

obligado al gasto. Por su naturaleza, la repetición constituye una acción de reparación directa a favor del Estado, y de acuerdo con ello, ésta tiene una caducidad de dos años, término que deberá contarse, teniendo en cuenta lo ya expuesto, a partir del pago”.2 (Resalto y subrayo) 2 En el mismo sentido, ver Sección Tercera, Sentencia 11240 del 15 de agosto de 1996. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) La caducidad de la acción de repetición, solo viene a reglamentarse expresamente en el artículo 44 de la ley 446 de 1998: ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: "Artículo 136. Caducidad de las acciones.

9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad.

El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C – 832 de 2001 en la cual se argumentó: “Afirma el demandante en relación con éste punto, que si se tiene en cuenta que una acción de reparación directa contra el Estado puede demorar bastantes años y transcurrir otros tantos para que la administración pague y dos para demandar a su servidor o antiguo servidor y el proceso contra éste puede durar diez años, resulta claro que se viola el

mencionado principio del debido proceso, pues desde que se cuestiona la actuación en que el servidor o antiguo servidor participó hasta cuando el mismo es condenado pueden transcurrir 20 años. […] Por regla general, aduce el demandante, nuestro ordenamiento dispone que los términos de caducidad y prescripción corren a partir del momento en que se puede ejercer la acción. Estas reglas según dice, obedecen a que tanto la caducidad como la prescripción son sanciones a la inactividad de quien tiene el derecho. Por tanto, es apenas lógico entonces que el término de caducidad se cuente desde el momento en que se puede ejercer la acción, que en este caso es desde el momento en que puede llamar en garantía al servidor o antiguo servidor y no como lo establece la norma impugnada que el punto de partida de dicho término quede en manos de la administración cuya inactividad se trata de sancionar. […]

IV. INTERVENCIONES Ministerio de Justicia y del Derecho. […] En su concepto, la obligación de repetir no surge, como lo afirma la demanda, desde que la entidad tenga la posibilidad de llamar al funcionario en garantía, sino desde "el momento mismo en que sea impuesta la condena en contra de la entidad y ésta tenga que asumirla, momento en el cual se configura el detrimento patrimonial de la condena impuesta.".

Así las cosas, concluye que la fijación del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente en que la entidad pague la condena, resulta razonable y proporcional. […]

1. El problema Jurídico Planteado En la acción de repetición, el legislador, como punto de partida para el cómputo de los

dos años de caducidad de la citada acción, ha tomado la fecha de pago definitivo por parte de la entidad, término que puede comportar cierto grado de indeterminación si no se tiene certeza sobre el momento en que la entidad condenada efectuará dicho pago. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) Corresponde a la Corte determinar si la consagración de la fecha de pago definitivo por parte de la entidad condenada como el punto de partida del término de caducidad de la acción de repetición, comporta un elemento de indeterminación, que pueda considerarse violatorio del derecho al debido proceso. Así mismo, debe la Corte evaluar si de tal situación se deriva una violación del derecho a la igualdad, cuando se compara el inicio del término de caducidad en este caso, frente al inicio de los términos de caducidad de las demás acciones contencioso administrativas. […] Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.

La propia Constitución señala el procedimiento que debe seguirse para presupuestar gastos. El artículo 346 superior, señala que no podrá incluirse partida en la ley de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender al funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del ministerio público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto. Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo afirmó que "[ a] menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago – evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales- , los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable

ante la justicia ordinaria" […] Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. […]

VII. DECISION De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1 (sic), si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (Resalto y subrayo). Posteriormente, el artículo 11 de la ley 678 de 2001 indicó lo siguiente:

“Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas. El texto subrayado fue declaro exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 394 de 2002 sometiéndolo al mismo condicionamiento enunciado en la sentencia C – 832 de 2001: “Ahora bien en el segundo inciso del artículo 11 atacado en el presente proceso, se establece que en caso de que el pago se haga por cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas. Para la Corte las consideraciones hechas en la Sentencia C832 de 2001 atrás citadas, determinan que se condicione igualmente la constitucionalidad de dicho inciso, pues la fecha del pago total efectuado por la entidad pública a que se refirió esa sentencia necesariamente coincide con la fecha del pago de la última cuota a que se alude en el presente caso. Debe en consecuencia entenderse que la expresión "Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago", contenida en el segundo inciso del artículo 11 atacado solo es constitucional si se somete al mismo condicionamiento establecido por la Sentencia C-832 de 2001 para

la expresión "contados a partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad pública" es decir que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo . (Resalto y subrayo). El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 22 de julio de 2009 Radicación número: 11001-03-26-000-2003-00057-01(25659) indicó: En tal sentido, la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) daño antijurídico por la acción u omisión estatal se encuentra facultado para demandar a la

entidad pública o a la entidad y al funcionario respectivo de manera conjunta. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso correspondiente. (…) El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra amplio desarrollo en la Ley 678 sancionada en agosto de agosto de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. […] La citada Ley 678 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con tales propósitos; fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos regula asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. […] De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con anterioridad a la vigencia de Ley 678, tal como

ocurrió en el caso que aquí estudia la Sala, dado que el retiro del servicio del señor Severiano Cala Toloza que dio lugar a la imposición de una condena judicial en contra del Senador de la República se decidió en marzo de 1993, es claro que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o con dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, en cuyos eventos resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil en su artículo 63 y no a las presunciones previstas en la Ley 678. Lo anterior sin perjuicio de que las disposiciones procesales contempladas en la citada ley sí hubieren entrado a operar directamente aun en relación con aquellos litigios que se encontraban en trámite, pues la naturaleza de las mismas exige su aplicación inmediata. (Resalto y subrayo). 2.3. En concepto del Ministerio Público, la línea jurisprudencial antes referida nos indica que el dictum jurisprudencial de que la acción de repetición “debe ceñirse al procedimiento señalado para el ejercicio de la acción de reparación directa” y que su término de caducidad debe contarse a partir del pago, “pues sólo ahí es que el Estado ve afectado su patrimonio”, habría de aplicarse con el condicionamiento previsto en las sentencias C832 de 2001 y C – 394 de 2002, puesto que se daba las mismas condiciones de hecho y de derecho que fundamentan la subregla jurisprudencial que en ella se establece. En consecuencia, la regla es que la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) total efectuado por la entidad, y la subregla es que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. La anterior conclusión se reafirma con argumento a Fortiori, puesto que la demanda se instauró con posterioridad a la vigencia de las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001 y en consecuencia lo relativo al término de caducidad, como aspecto procesal, debe regirse por estas leyes, que aunque posteriores en esta materia son de aplicación inmediata 2.4 LA CADUCIDAD EN EL CASO CONCRETO La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante providencia del 18 de mayo de 1994 confirmó sentencia condenatoria en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por hechos ocurridos el 27 de abril de 1991. Dicha condena quedó en firme el 2 de junio de 1994, tal y como lo señala el informe secretarial obrante a folio 20 del c. ppal 1. En este orden de ideas como la entidad tenía un plazo de 18 meses para dar cumplimiento a la obligación del pago impuesto por la condena, vencía dicho plazo

el día 2 de diciembre de 1995. El pago de la condena se ordena mediante Resolución No. 0237 del 8 de junio de 2006 (fls. 51 al 54). Como el pago se hace por fuera del término precisado por el condicionamiento jurisprudencial, en consecuencia el 3 de diciembre de 1995 comenzó a contarse el plazo de 2 años, término de caducidad de la acción de repetición en contra del funcionario que dio lugar a la condena proferida en contra de la entidad. Significa ello, que la fecha límite que tenía la entidad para demandar al señor Waldino Mojica Ruiz en acción de repetición vencía el día 3 de diciembre de 1997. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente No. 47.916 (190012331000200800129 01) Teniendo en cuenta ello, y dado que la demanda en acción de repetición fue presentada el 2 de abril de 2008 es claro que la misma fue incoada de manera extemporánea, por cuanto para esta fecha la acción ya había caducado.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita revocar el fallo recurrido y en su lugar declarar la caducidad de la acción de repetición.

Del Honorable Consejero de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

PACG/FMSG.

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