PGN - ACCION DE REPETICION - Elementos necesarios y concurrentes definidos para su declaratoria

Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición ACCION DE REPETICION-Apropiación de una suma de dinero ACCION DE REPETICION-Tiene su fundamento constitucional en el inc. 2 del art. 90 ACCION DE REPETICION-Acreditación de la condición de servidor público ACCION DE REPETICION - Acreditación del pago de condena para su prosperidad según sentencia del consejo de estado ACCION DE REPETICION-Elementos necesarios y concurrentes definidos para su declaratoria CULPA-Especies según regulación legal Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 1 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872)

Medio de Control: Repetición

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 23/ 2019

Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2019 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente doctor GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

E. S. D.

Referencia: No. 19001333100820070029101 (60872)

Medio de Control: Repetición

Actor: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Demandado: Enrique Pineda Pérez y Luis Miguel Ardila Mancilla Con el acostumbrado respeto, el Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción control de repetición, formularon demanda en contra de los señores, ENRIQUE PINEDA 1 De conformidad con lo establecido en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 277 de la Constitución Política; los artículos 23, 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 2000; 300 y 303 de la Ley 1437 de 2011; 45 y 46 de la Ley 1564 de 2012, corresponde al Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial, cuando sea necesario en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 2 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición PÉREZ y LUIS MIGUEL ARDILA MANCILLA, para que sean declarados responsables por su actuar doloso, en hechos ocurridos el 7 de mayo de 1999 en los que los mencionados accionados se apropiaron de la suma de dinero aproximada de $1.300.000.000.oo, que correspondía a las nóminas de funcionarios de la policía y de servidores comisionados al exterior. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad demandante solicitó que

los demandados sean condenados al pago equivalente a $3.129.907 que la entidad demandante canceló a los señores agentes Gustavo Isaza Gómez, Manuel José González Valencia y Oscar de Jesús Estrada Tobón, como consecuencia de la conciliación extrajudicial celebrada el día 11 de noviembre de

2005. 1.2. Hechos Los fundamentos fácticos de la demanda se resumen así: El apoderado de la entidad demandante señaló que para el 07 de mayo de 1999 el Jefe Financiero de la Dirección General de la Policía Nacional realizó un arqueo a la Tesorería General de esa entidad especialmente en las nóminas destinadas al pago del personal que salía en comisión de servicios al exterior, así como la de los funcionarios suspendidos encontrando un faltante de aproximadamente $1.300.000.000.oo motivo por el cual se presentó denuncia en contra de los señores Enrique Pineda Pérez y Luis Ardila Mancilla, quienes antes el juez penal aceptaron los hechos y se comprometieron a devolver el dinero, por lo que fueron condenados a 6 años en prisión por los delitos de peculados en concurso sucesito y homogéneo con falsedad material en documento público a título de dolo.

Como consecuencia de la anterior conducta, la institución no pudo realizar el pago de la sumas de dinero de 250 funcionarios a nivel nacional a quienes les había sido retenido el pago por encontrarse suspendidos en el ejercicio del cargo entre ellos los agentes Gustavo Isaza Gómez, Manuel González Valencia y Oscar de Jesús Estrada Tobón, adscritos al Departamento de Policía del Cauca a quienes Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 3 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición luego de agotada la etapa de conciliación extrajudicial celebrada el 11 de noviembre de 2004 ante la Procuraduría 39 Judicial para Asuntos Administrativos y aprobada por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante auto del 05 de junio de 2005, se aceptó pagar la suma de $3.129.907 la cual formaba parte del rubro del que fue objeto de apropiación ilícita por parte de los demandados. Por lo anterior, el vocero judicial de la entidad accionantes señaló que en el presente asunto se configura la responsabilidad de los demandados a título de dolo, pues aprovechándose de sus cargos de dirección y confianza que desempeñaban se apropiaron de dineros estatales comprometidos para el pago de los haberes retenidos a los agentes suspendidos lo que impidió que oportunamente fueran pagados a los destinatarios una vez se cumplió el término de la sanción y en ese sentido se debió acudir a la premencionada conciliación extrajudicial para cuyo efecto se expidió la Resolución 0515 del 16 de noviembre de 2005 y la orden de egreso 27774 del 30 de noviembre de ese mismo año, momento en el cual fue pagada la suma de dinero anotada. 1.3. Contestación Al proceso fue designado curador ad litem quien contestó la demandada señalando que, en cuanto a los hechos, se atiene a lo probado en el proceso y en cuanto a las pretensiones manifestó no oponerse siempre que los supuestos

fácticos y de derecho estén debidamente demostrados. 1.4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 21 de septiembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda considerando que no se puede condenar dos veces por los mismos hechos, por cuanto en el proceso penal en contra de los aquí encartados, el operador jurídico de esa jurisdicción había resuelto condenar a los policiales al pago de $1.300.000.000.oo correspondientes al valor faltante en la nómina de agentes suspendidos a favor de la Policía Nacional dado la constitución en parte civil dentro del proceso penal. Motivo por el cual una nueva condena implicaría desconocer el principio de nom bis in ídem. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 4 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición De esta manera, el a quo estima que el mediar sentencia con el mismo objeto, se configura la cosa juzgada lo que hace inviable que el juez de lo contencioso administrativo pueda emitir nuevamente la misma condena en contra de los demandados. Así mismo, el Tribunal señaló que la pruebas obrantes en el proceso penal tales como cheques, órdenes de pago y de egreso y, en especial la relación de personal suspendido afectado con la apropiación ilícita de dineros elaborada en el “Informe de Auditoría” por parte del grupo Asesor de Verificación Integral de Gestión de la Policía Nacional correspondiente a los años 1997, 1998 y 1999, así como en el

informe presentado por la Contraloría General de la República, no estan relacionados los señores Gustavo Isaza Gómez, Oscar de Jesús Estrada y Manuel José González Valencia, razón por la cual el juez administrativo consideró que no existe relación directa entre la conciliación extrajudicial a que llegaron las partes para el pago por parte de la Policía Nacional de suma de dineros en favor de los señores Gustavo Isaza Gómez, Oscar de Jesús Estrada y Manuel José González Valencia por concepto de dineros que le fueron retenidos durante el tiempo en que permanecieron suspendidos del cargo y que sirvieron de fundamento para la presente acción, por cuanto si bien en la audiencia de conciliación extrajudicial se manifestó que no fue posible el pago oportuno por haber sido sustraído el dinero por los condenados, también es cierto que en el análisis de las pruebas aportadas al proceso penal y de repetición no figuran en la relación de los perjudicados con la conducta de los condenados penalmente. Por las razones anteriores, el juez de primer grado concluyó que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar en tanto que además de no demostrarse el pago efectivo de lo convenido en la conciliación extrajudicial en favor de los señores Gustavo Isaza Gómez, Oscar de Jesús Estrada y Manuel José González Valencia, los señores Pineda y Ardila ya fueron condenados por el Juez 54 Penal de Circuito de Bogotá a la devolución de la suma de $1.300.000.000 en favor de la Policía Nacional y finalmente porque los Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056

5 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición beneficiarios de la conciliación extrajudicial no están incluidos en la relación entregada por la Policía Nacional y la Contraloría General de la República respecto del personal suspendido cuyos dineros fueron apropiados ilícitamente. 1.5. Recurso de apelación La Policía Nacional, por conducto de representante legal y los términos correspondientes, presentó escrito de apelación en contra de la sentencia arriba referida. Como razones de su inconformidad con la sentencia de primera instancia señaló: “Como quiera que el Honorable despacho argumenta de que no es viable la aplicación de las presunciones de que sobre dolo y culpa grave consagra la Ley 678 de 2001, ya sea porque dentro de los alegatos de conclusión se argumentó con precitada norma; esta NO es justificación suficiente para rechazar la demanda, teniendo en cuenta que como se ha demostrado en el escrito de demanda se tuvo en cuenta los fundamentos de derecho para la fecha de los hechos, los cuales se vuelven a reiterar en este recurso. Subrayado y negrilla dentro del texto original.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico En criterio del Ministerio Público, el problema jurídico consiste en establecer si en el presente caso se encuentran consolidados las condiciones y elementos para la prosperidad del medio de control de repetición y en efecto determinar si es procedente o no acceder a las pretensiones de la demanda. 2.2. Marco jurídico

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 6 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición La responsabilidad del servidor público frente al Estado por sus actuaciones u omisiones, se concreta a través del medio de control de repetición2 cuya base jurídica está en el art. 90, inciso segundo de la Constitución3: En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de una agento suyo, aquél deberá repetir contra éste. A su vez, la Ley 270 de 1996. –Estatutaria de la administración de justicia-, expresó en su art. 72: Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción de repetición de la que éste es titular; excepto el ejercicio de la acción civil respecto de las conductas que puedan configurar hechos punibles. Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que la entidad haya realizado el pago de la obligación de la indemnización a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior, no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía. El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley,

incluida la responsabilidad de carácter penal por la omisión del funcionario en perjuicio de patrimonio4. 2 Conforme al Art. 2 de la Ley 678 de 2001, la Acción de Repetición “es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hay dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”. 3 Ramiro Saavedra Becerra, “DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO” Pag. 375. 2018 4 En sentencia de 2004, la Sala Plena del Consejo de Estado reiteró que el art. 90 de la C.N. no había derogado el principio de la responsabilidad personal de los funcionarios públicos, ni el derecho de las víctimas a demandarlos individualmente, según el art. 78 del Código Contencioso Administrativo: C. de E. Sala Plena. Marzo 30 de 2004. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 7 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición Es así como en sentencia de 25 de enero de 2017, el Consejo de Estado, resalta la acción de repetición como mecanismo de defensa del patrimonio público.

“La acción de repetición tiene fundamento en la Constitución Política, toda vez que, en el contexto de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, se concibe como una defensa del patrimonio público, que se materializa a través de que el Estado tiene de recuperar dineros que debió pagar como consecuencia de condenas impuestas por autoridades judiciales, que se hayan producido por dolo o culpa grave.”5 Ahora bien, teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la presente acción de repetición sucedieron el día 16 de diciembre de 1999, es decir, con anterioridad a la expedición y entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, el estudio del presente caso, respecto del elemento subjetivo de dolo o culpa, se realizará a la luz de la norma vigente para la época de los hechos, esto es, el art. 63 del Código Civil6 y a la luz de las disposiciones contenidas en la Constitución de 19917, así 5 C. de E. Sección Tercera, Sentencia del 25 de enero de 20107. Exp. 13977. C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. En igual sentido: C. de E. Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de

2017. Exp. 41687., C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

6 ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los

hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. 7 “La Constitución consagra el derecho del Estado a repetir contra el agente suyo que, en la generación del daño antijurídico, haya actuado en forma dolosa o gravemente culposa […] en la actualidad solo el Estado tiene en su cabeza la facultad de repetir, y por lo menos involucrar al funcionario, en los procesos en los que se discute su responsabilidad; bien sea a través de la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 8 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición mismo respecto de los demás requisitos objetivos, se abordará desde la óptica de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Así: Sobre los requisitos configurativos del medio de control de repetición, en sentencia de 22 de enero de 2014, rad. 39730, C.P. Jaime Orlando Santofimio, Sección Tercera del H. Consejo de Estado señaló:

“Por otro lado, la Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias los 8 elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición. 9 Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena La actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación10, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. acción de repetición luego de habérsele impuesto, o mediante el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo para debatir la responsabilidad conexa en un solo proceso” (Saavedra. 2018. p. 391) 8 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente:

22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009. Exp: 30.329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25.694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407, entre otras. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de abril de 2010, Exp.: 33407, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 10 La Ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 9 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto . 11 iii) El pago realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de prueba que, en caso de ser documental, generalmente suele constituirse por el acto 12 mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que

deben estar suscritos por el beneficiario. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.” Entonces, de conformidad con el problema jurídico del caso bajo estudio lo expuesto en el presente acápite para efectos de vislumbrar la procedencia del perjuicio padecido por la entidad demandante, se procederá a verificar los requisitos antes descritos sobre el cual se estructura la acción de Repetición. Siguiendo la línea del Consejo de Estado, el primer requisito para la declaratoria de repetición es: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena: La actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de 11 Al respecto puede consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Exp.: 30.327, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra. 12 El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas.

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 10 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. Para la acreditar la calidad de los agentes involucrados en los hechos que dieron lugar a la presente acción de repetición, fueron allegados al expediente13 las actas de posesión y extractos de la hoja de vida de cada uno de los implicados por medio de las cuales se evidencia el cargo y el tipo de nombramiento que tuvieron durante el tiempo que estuvieron vinculados a la Policía Nacional. En relación con la conducta de los funcionarios14, esto es, nexo causal15, al plenario se adjuntó el proceso16 penal que cursó en contra de los demandados por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá, condenados mediante sentencia del 10 de noviembre de 1999 por el Juzgado 154 Penal del Circuito de Bogotá a la pena principal de 6 años de prisión y multa de $1.300.000.000 a consignar en la cuenta del Fondo Rotatorio del Ministerio de Defensa, por concepto de daños 13 Folios 36 al 41 del cuaderno Nro. 2 14 […] La responsabilidad conexa de los funcionarios no nace per se del fallo de condena; tampoco por el hecho de haberse conciliado; en otros términos, la responsabilidad de los mismo en estos

eventos, está condicionada a que la condena o la conciliación de la entidad tenga un nexo de causa con la conducta del funcionario y esta a su vez tenga las características de dolosa o culposa en materia de pruebas. (negrilla dentro del texto original) Tomado de: Juan Carlos Garzón Martínez. El nuevo proceso contencioso administrativo. Edc. 2014. Pág. 335 15 Sobre el juicio de causalidad: la tesis de la causalidad adecuada […] Como se mencionó, se trata de una concepción que goza de la mayor acogida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, lo que le ha permitido situarse en un sitial privilegiado a la hora de adelantar el juicio de causalidad. […] La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho sobre esta teoría que plantea, como postulado causal esencial, que: De todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene la categoría de causa aquel que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más “adecuado”, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo […] COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de septiembre de 2002. […] en otros términos, la causalidad adecuada […] brinda unos parámetros conforme a los cuales se puede escoger, dentro de un determinado grupo de causas, cuál es la que resulta jurídicamente

más relevante. Tomado de: Anuario de Responsabilidad Civil y del Estado, Saúl Uribe García. Año

2017. Pág. 68 y 73. 16 Radicado de proceso penal: 11001-31-04-049-2015-01075-00

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 11 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición materiales y favor de la Policía Nacional – Departamento de Tesorería General por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público17. De esta manera, el Ministerio Público encuentra acreditado el presupuesto bajo estudio, razón por la cual procederá con la verificación del siguiente requisito el cual hacer referencia a: ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación18, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado19. Del caudal probatorio se constata que el 11 de noviembre de 2004, ante la Procuraduría 39 Judicial II en asunto Administrativos, la hoy entidad demandantes y los señores Gustavo Isaza Gómez, Manuel González Oscar Estrada, llegaron a un acuerdo conciliatorio extrajudicial consistente en el pago por parte de la Policía Nacional de dineros retenidos por estar suspendidos del cargo temporalmente a dichos activos, cuyo acuerdo conciliatorio fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Cauca con providencia del 08 de junio de 2005, que cobró ejecutoria el 15 de junio de ese mismo año.20 iii) El pago realizado por el Estado

Para la acreditación de este presupuesto fue allegado al expediente copia de la Resolución 0515 del 16 de noviembre de 200521, mediante la cual el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional da cumplimiento a la conciliación prejudicial acordada el 11 de noviembre de 2004 entre la entidad hoy demandante y los señores Gustavo Isaza Gómez, Manuel José González Valencia y Oscar de Jesús Estrada Tobón, quienes llegaron a acuerdo 17 Folio 5 18 La Ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente. 19 La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. 20 Folios. 35 al 44. 21 Folios 31 y 32 C. 5. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 15-80 Piso 20 Tel. 5878750 Ext. 12056 12 Expediente No. 19001333100820070029101 (60872) Medio de Control: Repetición conciliatorio extrajudicial22 consistente en el pago por parte de la entidad de sumas de dinero por concepto de reintegro de haberes laborales que les habían sido retenidos con ocasión de la suspensión en el ejercicio de funciones por autoridad judicial, cuyo reconcomiendo y pago fue ordenado mediante Resolución 1635 de 07 de mayo de 1999, 0535 de 17 de febrero de 1999 y 00447 del 28 de enero de 2000, en cuantía de $1.105.983, $347.666 y

$1.676.250. Asimismo, la entidad demandante allegó comprobante de egreso Nro. 2774423 del 30 de noviembre de 2005, en el que se ordena el pago de la suma de $1.676.258.oo. a favor de Gustavo Isaza Gómez, documento suscrito por el Tesorero General de la Policía Nacional. En consideración a la acreditación de este presupuesto, el Tribunal Administrativo del Cauca, estimó que no se encontraba agostado en tan que solo fue aportado al acto administrativo que dispuso el pago de dichos haberes, y un comprobante de egreso por valor de $1.676.258 correspondiente al señores Oscar de Jesús Tobón, sin que se acreditara de manera fehaciente que recibió tal suma de dinero, como tampoco en relación a los restantes policiales beneficiarios con la conciliación. Es así, como el a quo concluyó: 22 Si bien en tratándose del medio de control de repetición no se exigible como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial tal y como lo afirma Garzón Martínez, Pág. 337. “Así las cosas, teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no señala como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial en ejercicio del medio de control de repetición y además, mantiene vigencia la excepción prevista en el Parágrafo 1° del artículo 37 de la Ley 640, que rige respecto de la repetición, la cual establece como excepción, la exigibilidad de la conciliación como requisito de procedibilidad, en el presente asunto, no es viable exigir como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial, por cuanto el medio de control ejercido en el de repetición” también lo es que, “La conciliación concebida

como uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, está orientada a crear un espacio en el cual las partes puedan debatir sus controversias, proponiendo soluciones pacíficas que se ajusten al ordenamiento jurídico colombiano, sin tener que acudir a la jurisdicción competente. A través de la conciliación entonces, se busca, entre otros aspectos la descongestión de los despachos judiciales, así como la solución pronta y efectiva de las controversias que se susciten entre entre los diversos sujetos.”: Saavedra Becerra DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO pág. 407. 23 Folio 33 C.5. Procuraduría Primera De