PGN - ACCION DE REPETICION - En contra de un agente de policía por falla del servicio al omitir el d

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra de un agente de policía por falla del servicio al omitir el deber de cuidado con el retenido que le permitiera quitarse la vida ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su procedencia Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos: Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. Que efectivamente se haya realizado el pago. CARGA DE LA PRUEBA-El demandante no probó el elemento subjetivo El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente el primer y segundo elemento, es decir, la condena a la entidad y el pago de la misma, por el hecho de haber sido declarado el Ministerio de Defensa – Policía Nacional responsable patrimonialmente a título de falla del servicio por la muerte del señor en hechos ocurridos en el municipio de Pasto, el día 30 de octubre de 1996, donde después de una discusión acalorada con algunos miembros de la Policía Nacional, estos lo trasladaron por la fuerza a las instalaciones del Permanente Central de la Policía Nacional. Estando en la celda compartida con otras personas, el señor Agente, quien recibió el servicio de Jefe de calabozo, cambio al señor, del calabozo No. 8 al calabozo

No. 6 a las 00:30 horas, donde al amanecer aparece dentro de dichas instalaciones sin vida. Como consecuencia de lo anterior, se condenó al pago de todos los perjuicios reclamados y reconocidos previa valoración de las pruebas obrantes para dicho efecto, siendo satisfecha dicha condena mediante Resolución No. 0992 del 19 de agosto de 2011 y la certificación expedida por el Tesorero de la Policía Nacional, por lo que, está Delegada resulta en desacuerdo con lo manifestado por el Tribunal en la Sentencia de primera instancia al considerar que no se probó el elemento subjetivo. FALLA DEL SERVICIO-Por conducta gravemente culposa del Agente de Policía En el presente caso, resulta evidente lo suficiente que fueron los argumentos aducidos para demostrar la culpa grave del demandado, como lo exige la ley al leer la sentencia de reparación, toda vez que, es cierto lo que dice la parte accionante en cuanto a que la culpa grave se halla fundamentada en la sentencia que los condenara patrimonialmente por los perjuicios reconocidos el 26 de enero de 2011, ya que dentro de ésta se afirma, que la conducta gravemente culposa del Agente, obedece a que al recibir el servicio de turno por parte del Jefe de Calabozo del Permanente Central de Pasto, actuó de manera descuidada e irregular, ya que conociendo el estado anímico en que se encontraba el retenido dentro de la celda inicial donde fue confinado, decidió sin consultar a su comandante directo cambiarlo de celda, a una donde se encontraría solo y donde fuera encontrado muerto teniendo como causa asfixia mecánica, configurándose así una

irregularidad administrativa de carácter culposo del hoy demandado. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Evo. Siendo así las cosas, no obstante el comportamiento de agresividad asumido por la víctima posiblemente coadyuvado por el estado de alicoramiento, el agente como autoridad policiva, debió asumir unas medidas de protección adicionales a la simple determinación de aislarlo en una celda sin compañía, ya que del estado mental del retenido, era evidente que podía causarse daño, en un intento no de escapar a la acción de la autoridad, sino como respuesta a los delirios y alucinaciones que padecía, tal y como lo ratificaron los compañeros de celda en declaración rendida ante la Fiscalía el 30 de octubre de 1996. CULPA GRAVE-Por incumplimiento a la obligación de custodia y vigilancia para garantizar la seguridad de los internos/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por falla del servicio Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, el dolo o la culpa, en cualquiera de sus modalidades, no se presume sino que debe ser demostrada, a menos que de manera excepcional la ley invierta la carga de la prueba. Entonces la ignorancia de reglamentos y precauciones en la aplicación de la ley y de las

disposiciones administrativas constituyen inobservancia de la ley en sentido general, lo que ocurrió para éste caso, en calidad de ex agente de la Policía Nacional, cuando de su actuar se denota incumplimiento a la obligación de custodia y vigilancia, para garantizar la seguridad de los internos, no solo de agresiones provenientes de terceros, sino de ellos mismos, máxime cuando es evidente su comportamiento perturbado y sicótico, como en el presente caso, donde el detenido presentaba un cuadro elevado de alicoramiento, con agresividad y alucinaciones que fuera a la postre la causa para que el agente hoy accionado lo trasladara a la celda independiente donde acaeció el hecho fatal, deber de protección en su vida que no solo contemplara nuestra Constitución Política en su art. 2º, sino también el mismo Consejo de Estado en entre otras providencia la del 20 de febrero de 2008, proceso 16996. Así las cosas, la conducta se adecua a lo descrito por el artículo 63 del C.C. y por tanto merecedora del reproche por responsabilidad administrativa, según el tenor del artículo 90 de la C.P. inciso segundo. Absurdo que se excuse el Tribunal para declarar la responsabilidad administrativa del demandado, en la ausencia del manual de funciones. Suficientes las funciones encomendadas en la Constitución Política y en la ley, donde se coligen las responsabilidades y en consecuencia el cuidado que debe tener todo Policía frente a la comunidad. CULPA GRAVE-Régimen de responsabilidad subjetiva Dado que los servidores públicos están sujetos a un régimen de responsabilidad subjetiva y, por lo tanto, probado el título de imputación, en este caso la responsabilidad subjetiva

derivada de la actuación gravemente culposa del funcionario, presupuesto de hecho de la acción de repetición, cabe imponer sanción al mencionado servidor consistente en el pago total o parcial de la suma que la entidad demandante debió reconocer a la víctima directa del daño antijurídico. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Evo. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos estructurales según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por culpa grave o dolo del funcionario según jurisprudencia del Consejo de Estado CULPA GRAVE-Responsabilidad personal del agente según jurisprudencia del Consejo de Estado 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Evo.

CONCEPTO No. 147 / 2014

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 520012333000201300080 01(50192) Acción de Repetición (Ley 1437)

ACTOR: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

DEMANDADO: José Francisco Gómez Narváez.

Sentido del Concepto: Solicitud de revocar de la sentencia recurrida / Se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar los elementos de la acción de repetición en contra del demandante. / La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones u omisiones de los servidores públicos. / Deber de custodia y cuidado por parte del agente de estatal frente al detenido.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Evo. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), entabló demanda, contra el señor José Francisco Goméz Narváez, para que se le declare responsable por culpa grave en su actuar, frente a los hechos del 30 de octubre de 1996, que dieron lugar a la sentencia del 6 de octubre del 2000, donde se resolvió declarar responsable administrativamente y patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa, de los perjuicios causados a Deyanira Sierra y a los demás demandantes como consecuencia de la muerte de Álvaro David Sierra, sucedida en calabozos de la policía cuando fuera retenido, sentencia que fuera confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado el 26 de enero de 2001. 1.2. La contestación 1.2.1. Frente a las pretensiones materia de demanda, por conducto de apoderado judicial, el señor accionado contesta la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones de la misma al considerar que no existe fundamento fáctico ni jurídico que conlleve la declaratoria de responsabilidad como demandado, razón por la cual no hay lugar para el reconocimiento de los perjuicios reclamados por la parte demandante. Propuso como excepciones de mérito que ya fueron resueltas en la audiencia inicial celebrada el 25 de julio de 2013. 1.2. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de fecha 18 de diciembre de dos mil trece (2013), considera que la acción de repetición objeto de

estudio no cumple con el presupuesto de la mala fe del agente del estatal, al no haber sido probado, ni se advierte cuáles eran sus funciones especificas de 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. acuerdo a los reglamentos establecidos para el momento de los hechos, para determinar si su actuar fue consciente y voluntario, por lo tanto, al no hallarse demostrada su conducta como dolosa o gravemente culposa, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del ente demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en razón a que negó las pretensiones de la demanda, solicitando su revocatoria argumentando lo siguiente:  Refiere que el presente proceso es el resultado del fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado el 26 de enero de 2011, donde se condenó a la Policía Nacional por la muerte del señor Álvaro Benavides Duque a titulo de falla en el servicio.  Una vez vistos los antecedentes fácticos que dieron lugar al presente medio de control de reparación directa, es preciso recordar varios conceptos frente al

dolo y la culpa grave y régimen aplicable, en atención a que los hechos que suscitaron la demanda fueron acaecidos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001.  Dice que dentro del presente asunto se evidencian de manera clara y precisa los elementos necesarios que constituyen la acción de repetición.  Por último manifiesta, que en el caso que nos ocupa, y de acuerdo al régimen aplicable, es evidente que la conducta del ex agente policial se encuadra en la culpa grave contemplada en el art. 63 del Código Civil, pues el descuido en las 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. funciones propias como comandante de guardia del permanente, las cuales eran velar por los ciudadanos que se encontraban privados de la libertad de manera transitoria, y ante la grave alteración psíquica que presentaba el hoy occiso Benavidez Duque, sin ser un especialista en ciencias de la salud o de la psicología, su alteración merecía una atención más acuciosa para evitar el fatal desenlace por el cual fue encontrada responsable administrativamente la Policía Nacional.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos:

2.1.1. ¿Se encuentra probado en el expediente que el señor José Francisco Gómez Narváez, en calidad de ex agente de policía, hubiera actuado con culpa grave o dolo al omitir el deber de cuidado con el retenido que le permitiera quitarse la vida y que fuera la causa para que fuera condenada por falla del servicio la entidad hoy accionante? 2.1.2. ¿Debe el señor José Francisco Gómez Narváez, en calidad de ex agente de policía, responder patrimonialmente en acción de repetición con ocasión de la sentencia dictada en contra la Policía Nacional de fecha 6 de octubre de 2000, que fuera confirmada por el Consejo de Estado el 26 de enero de 2011, como consecuencia de la muerte del señor Álvaro Sierra, que se sucediera en calabozos de la permanente de policía de la ciudad de Pasto? 2.2. Marco Teórico. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Evo. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.2 Acción de repetición – Elementos estructurales Al respecto el consejo de Estado los señaló: Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de

repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas.1 2.2.3. Acción de repetición - culpa grave o dolo: El Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-199708809-01 se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado una detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: “la Sala ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No.

25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa-. Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe,

podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. (Negrillas fuera de texto). 2.2.4. Responsabilidad personal del agente – Culpa Grave. Definición “Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este

respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. 2 2.2.5 Responsabilidad personal del agente – Prueba Al respecto el H. Consejo de Estado ha precisado: “Para que se pueda imputar la responsabilidad al agente público mediante la acción de repetición se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio. Es decir, como arriba se explicó, se trata de un

responsabilidad subjetiva del agente público y, por ende, se encontrará obligado a reparar al Estado si el daño o perjuicio le es imputable por haberlo causado con dolo o culpa grave.3 2.3. Las pruebas obrantes: Para efectos del presente concepto es preciso destacar las siguientes pruebas que en su momento se arrimaron al plenario, esta son: 2.3.1. Documentales aportadas por la parte demandante.  Constancia del Jefe del Área de Talento Humano del Departamento de Policía Nariño, donde figuran los cargos desempeñados por el señor José Francisco Gómez Narváez (fl. 12).  Oficio No. S-2013-006479/DENAR-ARTAH29.11 de febrero 27 de 2013, suscrito por el Jefe del Área de Talento Humano - DENAR, con la dirección del señor José Francisco Gómez Narváez a efectos de que se surtan 2 Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933)”. 3 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 25000-23-26-000-2001-02841-01(30226). 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. notificaciones (fl. 13).  Resolución No. 0992 de agosto 19 de 2011, por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Deyanira Duque Sierra y otros (folios 14 a 16).  Orden de pago presupuestal de gastos del 7 de septiembre de 2011 a nombre de Iván Palacio Larrarte (fl. 17).  Certificación expedida por el Tesorero General de la Policía Nacional Dirección Administrativa y Financiera donde consta que se realizó una consignación por el valor de $465.289.296,23 a favor del señor Iván Palacio Larrarte (folio 18).  Orden de pago presupuestal de gastos del 7 de febrero de 2013 a nombre del señor Iván Palacio Larrarte (fl. 19).  Certificado firmado por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Policía Nacional donde se manifiesta que se decidió repetir contra el agente José Francisco Gómez Narváez por el total del capital pagado (fl. 20).  Sentencia del 6 de agosto de 2000 del Tribunal Administrativo de Nariño

M. P. Dr. Juan Silvia Pantoja (fls. 24 a 39).  Sentencia de segunda instancia del 26 de enero de 2011 del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección S, CP. Dra. Ruth Stella Correa Palacio con su respectivo edicto de notificación (fls. 40 a 65). 2.3.2. Documentales decretadas en la audiencia inicial del 25 de julio de

2013: Con oficio No. 1447-13 S.O. del 9 de agosto de 2013, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño se dirigido a la Oficina Judicial Sección Archivo de Pasto (folio 208), quien allegó oficio OJP-2218 3652-12 en donde remiten piezas del proceso de reparación directa 1998-00136 allegando 28 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. folios autenticados. Con oficio No. 1448-13 S. O. del 9 de agosto de 2013, la Secretaría del Tribunal se dirigió al Comandante del Departamento de Policía NariñoDPN(folio 207), quien mediante oficio FGN-F21S-468 del 3 de septiembre de 2013 (fls. 265-266) suscrito por la Asesora Jurídica del -DPNinforma que a deja disposición de este Tribunal 9 folios de la oficina de archivo central del Comando de Policía Nariño en los cuales se relaciona el acta de minuta que contiene todo lo sucedido durante el turno de la noche en que se sucedieron los hechos. A través de oficio No. 1450-13 S. O. del 9 de agosto de 2013, la Secretaría del Tribunal escribió a la Fiscalía Cuarta Seccional de Pasto (folio 210), quien

mediante oficio FGN-F21S-468 del 3 de septiembre de 2013 allegó copia auténtica de la investigación bajo la radicación S4-4596, que adelantó por la muerte del señor Álvaro David Benavides Duque (fls. 215 a 261).

3. Caso concreto Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos: -Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. -Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. -Que efectivamente se haya realizado el pago.  El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente el primer y segundo elemento, es decir, la condena a la entidad y el pago de la misma, por el hecho de haber sido declarado el Ministerio de Defensa – Policía Nacional responsable patrimonialmente a título de falla del servicio por la muerte del señor Álvaro David Benavides Duque en hechos ocurridos en el municipio de Pasto, el día 30 de octubre de 1996,

donde después de una discusión acalorada con algunos miembros de la Policía Nacional, estos lo trasladaron por la fuerza a las instalaciones del Permanente Central de la Policía Nacional. Estando en la celda compartida con otras personas, el señor Agente José francisco Gómez Narváez, quien recibió el servicio de Jefe de calabozo, cambio al señor Benavides Duque, del calabozo No. 8 al calabozo No. 6 a las 00:30 horas, donde al amanecer aparece dentro de dichas instalaciones sin vida. como consecuencia de lo anterior, se condenó al pago de todos los perjuicios reclamados y reconocidos previa valoración de las pruebas obrantes para dicho efecto, siendo satisfecha dicha condena mediante Resolución No. 0992 del 19 de agosto de 2011 (fls. 14 a 16) y la certificación expedida por el Tesorero de la Policía Nacional, por lo que, está Delegada resulta en desacuerdo con lo manifestado por el Tribunal en la Sentencia de primera instancia al considerar que no se probó el elemento subjetivo.  El elemento Subjetivo deviene de los elementos objetivos del juicio que demostraran que el servidor actuó sin observar “(…) aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.50192 (520012333003201300080 01) Evo. negocios propios”, como corresponde a la noción de culpa grave descrita en el artículo 63 del Código Civil. La culpa grave en derecho administrativo ha sido definida por el tratadista Juan Ángel Palacio como “aquella conducta descuidada del agente estatal, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y el cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”4.  En el presente caso, resulta evidente lo suficiente que fueron los argumentos aducidos para demostrar la culpa grave del demandado, como lo exige la ley al leer la sentencia de reparación, toda vez que, es cierto lo que dice la parte accionante en cuanto a que la culpa grave se halla fundamentada en la sentencia que los condenara patrimonialmente por los perjuicios reconocidos el 26 de enero de 2011 (fls. 40 a 65 ), ya que dentro de ésta se afirma, que la conducta gravemente culposa del Agente (R) José Francisco Gómez Narváez, obedece a que al recibir el servicio de turno por parte del Jefe de Calabozo del Permanente Central de Pasto, actuó de manera descuidada e irregular, ya que conociendo el estado anímico en que se encontraba el señor Álvaro David Benavides Duque (q.e.p.d) dentro de la celda inicial donde fue confinado, decidió sin consultar a su comandante directo cambiarlo de celda, a una donde se encontraría solo y donde fuera encontrado muerto teniendo como causa asfixia mecánica, configurándose así una irregularidad administrativa de carácter culposo del hoy demandado.

 Siendo así las cosas, no obstante el comportamiento de agresividad asumido por la víctima posiblemente coadyuvado por el estado de alicoramiento, el agente como autoridad policiva, debió asumir unas medidas de protección adicionales a la simple determinación de aislarlo en una celda sin compañía, 4 Palacio Hincapié Juan Ángel, Derecho procesal administrativo. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. Bogotá, 2002, p. 268. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante