PGN - ACCION DE REPETICION - En contra del agente de policía que tuvo incidencia en los hechos

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio por muertes en hechos ocurridos en el municipio de Ricaurte RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-El agente de Policía facilitó las circunstancias para que se presentaran los hechos Al advertir que del acervo probatorio analizado por el A quo, se desprende una clara responsabilidad de la entidad demandante por las respectivas muertes causadas a los señores en hechos del 3 de mayo de 2003, en razón a que el agente, facilitó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que se presentaran los hechos sucedidos, como quedo establecido en la sentencia condenatoria de fecha 31 de julio de 2006, comprometiendo de esta manera la responsabilidad de la Policía Nacional, por lo cual no es de recibo el argumento expuesto por el recurrente en el sentido de afirmar que la actuación del condenado sólo quedo en el ámbito personal, pues el funcionario pertenecía a la Institución comprometiéndose a proteger, vigilar y cuidar a todos las personas residentes en Colombia, violando así flagrantemente lo establecido en la Constitución y la Ley. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Daño antijurídico/DAÑO ANTIJURÍDICO-Por omisión en el cumplimiento del deber legal En razón de la conducta desplegada por el agente de Policía, la Constitución Política de Colombia ha sido muy clara según lo contenido en los artículos 2 y 218, pues ha preceptuado que el Estado como estructura en la cual radica el poder político y público y

el monopolio de la fuerza pública no sólo está en la obligación de precaver el delito sino a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que, pudiéndose evitar, se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal, así como también el fin esencial de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. Principal interés de cuidado que debe tener la Policía Nacional como garante de la seguridad y la tranquilidad que debe tener cualquier ciudadano, conforme a los parámetros de la Constitución Política y la Ley. DAÑO ANTIJURÍDICO-Las víctimas asumieron una carga que no estaban en obligación de soportar/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del Agente de Policía que tuvo incidencia en los hechos Esta Delegada concluye que los sucesos acaecidos el 3 de mayo de 2003 se tradujeron en la causación de un daño antijurídico, del cual los familiares de las víctimas directas no estaban en la obligación de soportarlo, a la luz de los establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y por tales fundamentos la entidad demandada está en la completa obligación de responder por dichos daños y los perjuicios solicitados, en la medida que se encuentran probados y tasados de acuerdo a las reglas de experiencia. De otro lado es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, se incurrió en una evidente falla en servicio de la entidad demanda, por tanto esta Delegada solicita respetuosamente la CONFIRMACIÓN de la sentencia apelada y en consecuencia

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB indemnizar a las personas que se encuentran debidamente acreditas, dentro del expediente 2005-899. Igualmente, con todo respeto, en la medida que habrá un detrimento patrimonial, solicito se recuerde a la entidad demandada, iniciar la acción de repetición conforme al artículo 90 C.P y la Ley 678 de 2001, respecto del agente que tuvo incidencia en los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2003. ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO-Jurisprudencia del Consejo de Estado TERCERO DAMNIFICADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01

IJCB CONCEPTO No. 200 / 2013

Bogotá, D.C., 20 de septiembre de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200511107 01 (46088)

ACCIÓN: Reparación directa

ACTOR: María Amanda Carvajal Carvajal y otros.

DEMANDADO: Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido. Temas: Se configuró la falla en el servicio por las muertes ocurridas. / Obligaciones legales y reglamentarias a cargo del Estado-Policía Nacional. / Los damnificados con la muerte de una persona, se indemniza no en su carácter de herederos sino por el perjuicio que les hubiere causado su muerte o porque el hecho hubiere afectado sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral. / Deber de incoar la Acción de Repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda Los siguientes grupos familiares integrados por: 1) Grupo familiar de Osias Ortíz Carvajal (civil fallecido), identificado con el

proceso No 2005-1107: María Amanda Carvajal Carvajal, John Henry Ortíz Carvajal, Carlos Andrés Ortíz Carvajal, Virgilio Carvajal Reyes, María Paulina Ortíz de Salazar, Arquímedes Ortíz Cabezas, Linabel Ortíz Cabezas, Virgilio Ortíz Cabezas, Jeremías Ortíz Cabezas, Sergio Ortíz Cabezas, Genaro Ortíz Cabezas, Iván Ortíz Cabezas y Efraín Ortíz Cabezas, en calidad de esposa, hijos, padres y hermanos. 2) Grupo familiar de Mauricio Carvajal Estrella (civil fallecido), identificado con el proceso No 2005-1099: Judy Patricia Ortíz Ortíz, Emerson Carvajal Ortíz, Ligia Estrella Torres, Laura Carvajal Estrella, Fabio Carvajal Sánchez, Viviana Carvajal Estrella, Angélica Ortíz Salazar y Leonardo Ortíz Tocora, en calidad de esposa, padres, hijos, hermanos y yernos. 3) Grupo familiar de Emilio Salazar Ortíz (civil fallecido), identificado con el proceso No 2005-899: María Elga Ortíz Carvajal, José Emilio Salazar Ortíz, Paulina Ortíz Cabezas, Tito Salazar Ortíz, Yolanda Salazar Ortíz, Horacio Salazar Ortíz, Melba Salazar Ortíz, María Lulú Salazar Ortíz, Eris Salazar Ortíz, Corina Salazar Ortíz, María Hayde Salazar Ortíz y Arelis Salazar Ortíz, en calidad de

esposa e hijos. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB 4) Grupo familiar de Carlos Ariel Vergara Vergara (civil fallecido), identificado con el proceso No 2005-993: Consuelo Cardona Cortes, Juan David Vergara Cardona, María Elena Guarín Cardona, Blanca Rubiela Vergara Vergara y Magnolia Cortes de Cardona, en calidad de esposa, hijo, hermano y cuñados. 5) Grupo familiar de Arcila Salazar Carvajal (civil fallecido), identificado con el proceso No 2005-1091: María Lili Jiménez de Salazar, Jairo Salazar Jiménez, Yovanny Salazar Jiménez, Julián Salazar Jiménez, Graciela Carvajal de Salazar, María Nolfi Salazar de Mendoza, Lisandro Heli Salazar Carvajal, Mariela Salazar de Puentes, Orlando Salazar Carvajal, Enerida Salazar Carvajal, María Derly Salazar, en calidad de esposa, hijos, y hermanos. Los anteriores, mediante apoderado judicial en ejercicio de la Acción de Reparación Directa consagrada en el Articulo 86 del Código Contencioso Administrativo, formularon demanda en diferentes procesos contra la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios tanto morales como

materiales causados con la muerte de Osias Ortiz Carvajal, Mauricio Carvajal Estrella, Emilio Salazar Ortiz, Carlos Ariel Vergara Vergara y Arcila Salazar Carvajal en hechos ocurridos el día 3 de mayo de 2003 en la vereda Los Manueles, del municipio Ricaurte (Cundinamarca), a manos de miembros de la Policía Nacional. 1.2. Contestación de la Demanda El apoderado de la Nación - Policía Nacional, contestó las respectivas demandas, oponiéndose a cada una de las pretensiones formuladas y respectos de los hechos aduce atenerse a lo demostrado dentro del proceso. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB En relación con el fallecimiento de los señores Oasis Ortíz Carvajal y Mauricio Carvajal Estrella, argumentó que los hechos planteados no evidencian una falla del servicio, al contrario, fueron causados por un tercero, configurándose así causal eximente de responsabilidad. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de responsabilidad, petición anticipada de tiempo, hecho de un tercero y ausencia del nexo causal entre el daño y la falla en la prestación del servicio. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló en sentencia del 24 de

noviembre de 2010, accediendo a las pretensiones, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos:  Expone que revisado el acervo probatorio, no existe duda de la ocurrencia del hecho dañoso, esto es de la muerte de los señores Osias Ortíz Carvajal, Mauricio Carvajal Estrella, Emilio y Hermenegildo Salazar Ortiz, Carlos Ariel Vergara Vergara y Arcila Salazar Carvajal, en circunstancias violentas el día 3 de mayo de 2003 en el municipio de Ricaurte, creando un daño antijurídico que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.  Que de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los homicidios de las personas ya mencionadas, observó que si bien cuando se presentaron los hechos el hoy ex funcionario público se encontraba prestando servicio en la estación de policía de Agua de Dios, los mismos no pudieron ocurrir sin la participación del agente José Edgar Oliveros 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB Guzmán, quién se valió de su cargo, para suministrar información de las víctimas, y del personal de policía presente, facilitando con ello la acción del grupo criminal, tal y como se puede colegir de la sentencia de condena por la participación de los hechos del día 3 de mayo de 2003, proferida el 31 de

julio de 2006 por el Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, el 21 de noviembre de 2006.  Como resultado de la falla ocasionada por el accionar del funcionario, se comprometió el patrimonio de la entidad demandada, por tanto respecto de cada de los grupos familiares se liquidó los perjuicios morales y materiales de acuerdo a la calidad acreditada de cada uno de los demandantes dentro del plenario. 1.4. Argumentos de la Apelación  El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación, alegando que en la responsabilidad que se declaró, no se apreció que la actividad del agente condenado por los hechos mencionados sólo quedo en el ámbito de la responsabilidad personal del agente, de acuerdo con los criterios de la jurisprudencia, la cual ha señalado, la culpa personal del agente como eximente de responsabilidad del Estado, cuando el sujeto participe obra con un motivo no motivado por el servicio sino por fuero interno, concluyendo con ello que la sola investidura del agente no genera el nexo de causalidad.  El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de apelación, argumentado que se excluyó de reconocer indemnización a 15 demandantes por falta de legitimación en la causa por activa, de lo cual 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB infiere que se les debe reconocer teniendo en cuenta los registros civiles de nacimiento aportados y la lectura integral de las declaraciones de los testigos para demostrar la vida en comunidad de los fallecidos con cada uno de los demandantes, por lo tanto solicitó que se modifique y ajuste a derecho la sentencia impugnada.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Son responsables pecuniaria y administrativamente la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños y perjuicios sobrellevados por los actores con ocasión de las muertes causados según los hechos ocurridos en el municipio de Ricaurte el día 3 de Mayo de 2003? 2.1.2. ¿Se acreditó la calidad de parentesco o tercero damnificado de cada de uno de los demandantes con los fallecidos? 2.1.3. ¿El monto de los perjuicios reconocidos a los demandantes, reúne los requisitos establecidos por preceptos legales y constitucionales?

2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo del Estado – Policía Nacional En este sentido tenemos que, la Constitución Política de Colombia radica el deber de defensa de la Nación en las Fuerzas Militares y la protección de la población civil principalmente en cabeza de la Policía Nacional, la cual además debe velar y garantizar la convivencia pacífica de los habitantes, de conformidad a lo

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB preceptuado en los artículos 217 y 218 de la C.P., los cuales consagran: "Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. (. . .) Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz". (Negrillas fuera del texto original) Sin lugar a equívocos que el deber de protección de la fuerza pública con relación a los habitantes del territorio nacional es relativo, criterio éste que ha sido reiterado en diversas oportunidades por el máximo Tribunal de lo contencioso

administrativo, a través de múltiples jurisprudencias, dentro de las cuales se cuenta el proveído de calenda 8 de mayo de 1998 radicado No. 11837, Consejero Ponente Dr. JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, en el cual discurrió: " ... Si bien está probado que el demandante solicitó a la fuerza pública protección de sus bienes por amenazas que lanzó la subversión; la mera circunstancia de elevar la petición de vigilancia y amparo no es per se una causa constitutiva de responsabilidad administrativa frente a los daños ocasionados, pues el control del orden público que corresponde al Estado no se maneja con criterio absoluto sino relativo, ya que este servicio no es uniforme o igual en todos los ,casos y situaciones por cuanto varía según el supuesto de que se trate, y aquí se observa que frente al caso como el presente la Sala encuentra estructurados los elementos propios del carácter relativo de la falla del servicio en la medida en que a la tropa 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB prácticamente le era imposible instalar de manera permanente cuarteles o puestos de vigilancia en los predios del demandante. (. . .) El mandato que impone la Carta Política al Estado en el artículo 2º. inc. 2º., a

las autoridades de la República en el que establece que "están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias v demás derechos v libertades, v para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado v de los particulares", debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera. (Subrayado y negrillas fuera de texto)" 2.2.3. Los criterios que debe tener el Juez Contencioso Administrativo en la tasación de los perjuicios morales. Según la Constitución Política en su titulo primero: “De los principios fundamentales” fija los principios básicos del Estado social de derecho: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La valoración del daño moral, tiene en cuenta varios factores a saber: el status de las personas que lo reclama y el pretium affectionis o doloris de los parientes y allegados. Naturalmente, estos deben ser reconocidos de manera proporcional al daño que se supone sufren quienes acuden en demanda de reparación, en virtud

de la obligación que le asiste al Estado de resarcir patrimonialmente el daño causado. En materia de valoración del daño se atiende al principio de equidad. En lo que atañe al daño moral, la indemnización no es restitutoria, ni reparatoria, pero si 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación. A partir de las anteriores consideraciones, el principio de equidad, se impone de conformidad con la ley 446 de 1998, art. 16, pero adquiere mayor entidad en la medida en que la naturaleza del daño extrapatrimonial determina por si mismo que para restablecer el equilibrio conculcado, debe acudirse a la discrecionalidad del Juez, que aplica su criterio a partir de las pruebas debidamente allegadas en el curso del proceso. La norma antes mencionada introduce la concepción de que la indemnización del daño no tiene límites distintos a los de su propia y verdadera magnitud, de forma tal que si el daño es material, su resarcimiento es necesariamente integral. Pero en tratándose del daño moral, que por su naturaleza no es reparable, sino compensable, de forma tal que acudiendo al principio de la equidad, hay el deber de compensar solamente el daño sufrido,

pues compensar significa: “igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra” 2.2.4. Acreditación del parentesco Al respecto ha manifestado el Consejo de Estado: “Cuando ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes del afectado, esta Corporación ha considerado que el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (artículo 42 de la C.P.). De esta manera, la pérdida o enfermedad de uno de los parientes causa un grave dolor a los demás. Lo anterior no obsta, para que en los eventos en que no esté acreditado el parentesco se pruebe el dolor moral de estos parientes en calidad de damnificados, mediante el uso de los diversos 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB medios de prueba que dispone el C.P.C de los cuales se pueda inferir el daño moral sufrido.”1 2.2.5. Tercero damnificado En relación con el tema, el Consejo de Estado ha puntualizado: “En relación con la condición de tercero damnificado, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Sala, en los procesos de responsabilidad se indemniza a los damnificados con la muerte de una persona, no en su carácter de herederos sino por el perjuicio que les hubiere causado su muerte o porque el hecho hubiere afectado sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral2. Y en los eventos en los cuales se demuestre que el demandante era el padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima, ese perjuicio se infiere del vínculo paternal o marital3; en cambio, cuando no se acreditan esas calidades, el perjuicio moral o patrimonial debe acreditarse a través de cualquier medio de prueba4.”5 2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los documentos que se encuentran relacionados en la sentencia y de las cuales entre otras se relacionaran en el caso concreto. 1 Sentencia del 30 de junio de 2011, Radicación número: 19001-23-31-000-1997-04001-01(19836) Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth

2 Ver, entre otras, sentencias del 1 de noviembre de 1991, exp. 6469 y del 18 de febrero de 1999, exp. 10.517. 3 A título de ejemplo se relacionan las sentencias de 17 de julio de 1992, exp. 6750; de 16 de julio de 1998, exp. 10.916, de 27 de julio de 2000, exp. 12.788 y de 26 de abril de 2006, exp. 14.908, entre muchas otras providencias. 4 Providencia de 1° de abril de 2009, exp. 36.264, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 5 Sentencia del 17 de abril de 2013, Radicado Número 52001233100019978684 01 (23.031), Consejero Ponente Mauricio Fajardo. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB 2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, debe pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que del acervo probatorio analizado por el A quo, se desprende una clara responsabilidad de la entidad demandante por las

respectivas muertes causadas a los señores Osias Ortiz Carvajal, Mauricio Carvajal Estrella, Emilio y Hermenegildo Salazar Ortiz, Carlos Ariel Vergara Vergara y Arcila Salazar Carvajal en hechos del 3 de mayo de 2003, en razón a que el agente José Edgar Oliveros Guzmán, facilitó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que se presentaran los hechos sucedidos, como quedo establecido en la sentencia condenatoria de fecha 31 de julio de 2006, comprometiendo de esta manera la responsabilidad de la Policía Nacional, por lo cual no es de recibo el argumento expuesto por el recurrente en el sentido de afirmar que la actuación del condenado sólo quedo en el ámbito personal, pues el funcionario pertenecía a la Institución comprometiéndose a proteger, vigilar y cuidar a todos las personas residentes en Colombia, violando así flagrantemente lo establecido en la Constitución y la Ley. En razón de la conducta desplegada por el agente de Policía, la Constitución Política de Colombia ha sido muy clara según lo contenido en los artículos 2 y 218, pues ha preceptuado que el Estado como estructura en la cual radica el poder político y público y el monopolio de la fuerza pública no sólo está en la obligación de precaver el delito sino a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que, pudiéndose evitar, se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal, así 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB como también el fin esencial de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. Principal interés de cuidado que debe tener la Policía Nacional como garante de la seguridad y la tranquilidad que debe tener cualquier ciudadano, conforme a los parámetros de la Constitución Política y la Ley.  Ahora en relación con la falta de legitimación por activa que se decretó en contra de varios de los demandantes en los diferentes expedientes acumulados, esta Delegada advierte luego de revisar la totalidad de los cuadernos (60) que es reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que las relaciones de parentesco se acredita conforme a los requisitos establecidos por la Ley a través de los registros civiles de matrimonio y de nacimiento. Llama la atención en relación con este aspecto que los registro civiles de nacimiento y de matrimonio aportados para probar la calidad de padres, hermanos y suegros del occiso Mauricio Carvajal Estrella, si bien fueron aportados, los mismos no se aportaron en el término oportuno, es decir, que debieron ser acompañados con el escrito de la demanda y no posteriormente, pues así lo establece el artículo 183 del C.P.C., no obstante lo anterior, en última ratio se puede acreditar dicha calidad a través de la figura de tercero damnificado, situación que tampoco se demostró, ya que sólo se recepciono un testimonio, del cual es imposible vislumbrar dicha calidad, y se estaría no solamente conculcando las reglas de la experiencia sobre la valoración de los testimonios al otorgarle plena

validez, si no también el derecho al debido proceso, toda vez que se estaría constituyendo una vía de hecho. 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46088 250002326000200511107 01 IJCB  Ahora bie