PGN - ACCION DE REPETICION - Error y omisión en la prestación del servicio médico

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Falla en el servicio médico/ACCIÓN DE REPETICIÓNRégimen de responsabilidad aplicable El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional la obligación del Estado de repetir en contra del funcionario que por dolo o culpa grave haya dado lugar a una condena judicial en su contra. Dicha institución, en la época en que ocurrieron los hechos materia del presente asunto, se regía por lo establecido en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. En virtud de las referidas normas de este estatuto, los funcionarios estatales son responsables por los daños que causen por la culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones y en aquellos casos en que resulte condenada la entidad aquella podrá repetir contra el funcionario. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Error y omisión en la prestación del servicio médico Para esta Delegada, resulta coherente inferir que por parte del médico con la atención que le brindó al paciente, actuó en forma omisiva, por cuanto éste falleció por herida perforante que le comprometió órganos internos, a pesar del diagnóstico del mencionado médico, donde señalaba que no había herida perforante; ello permitió la salida del menor sin que se le hubieran realizado los exámenes respectivos que facilitaran descartar una lesión intra abdominal y tampoco dispuso ó se aseguró, aunque depone en su testimonio haberlo hecho, la remisión del paciente a un Centro Médico Especializado de mayor nivel de atención. En consecuencia, es claro que en el judice se configura una falla del

servicio, por omisión, al no haberse ordenado por parte del médico la remisión del paciente a un centro médico de mayor nivel, donde pudieran haberse valorado en mejor manera las lesiones que presentaba el menor, y también porque el diagnostico inicial que realizó el doctor, fue equivocado. FALLA EN EL SERVICIO MEDICO-Deficiencia y falta de elementos básicos y de personal profesional médico para la prestación del servicio de salud Para esta Delegada del Ministerio Público, no es de recibo el argumento por parte del Hospital Olaya al exponer su condición de centro médico de atención de primer nivel, y de contar únicamente para la atención de los pacientes con el personal y los elementos básicos para tal efecto, pues de lo expuesto en el presente caso, quedo claro que el Hospital Olaya para el momento que se le prestó la atención médica al joven, que terminó con su fallecimiento, no contaba con los elementos básicos necesarios, como lo era un laboratorio, un equipo de rayos X y medicamentos, como también quedo evidenciado la falta de disposición de personal médico y de enfermería necesario para brindar una atención médica más diligente y oportuna, lo que evidencia una falla en el sistema integral de prestación del servicio médico hospitalario, que cuando se conoce de sus limitaciones, la diligencia obliga a actuar rápidamente y con la lógica que permita preservar la vida de los pacientes. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R.

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Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad compartida Así las cosas después de concluir con el análisis probatorio de las pruebas allegadas dentro de la instancia contenciosa de reparación directa, como las que obran dentro del proceso de repetición, podemos concluir que se denota una responsabilidad compartida entre el actor y la parte accionada, toda vez que respectos al primero hubo falencias al adolecer de medios adecuados como equipos, medicamentos y recurso humano profesional y de la segunda por que es claro que le asistió responsabilidad al médico por su actuar omisivo y por el error cometido en el diagnostico realizado al joven, porque sencillamente no fue remitido aun hospital de mayor nivel de complejidad y por que nunca adelantó acciones diligentes y responsables para asegurarse que el paciente fuera valorado por cirugía para descartar las posibles lesiones intra - abdominales, como a la institución hospitalaria por la ya expuesto. En consecuencia y considerando la concurrencia de culpas, esta Delegada considera justo atribuir una responsabilidad del 50% para el Hospital Rafael Uribe Uribe ESE, producto de la fusión de los hospitales Olaya y San Jorge, y de un 50% para el médico, razón por la cual el galeno sólo responderá por el 50% de la condena ordenada en la sentencia.

CONCEPTO No. 115 / 2012

Bogotá, D.C 11 de abril de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 2500023260002005001412 -01 (42268)

Acción de Repetición

ACTOR: Hospital Rafael Uribe Uribe ESE

DEMANDADO: Jesús Alejandro Ramírez Ramírez

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) Sentido del concepto: solicitud de revocar el fallo recurrido originado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011) / Acción de Repetición. / Error y omisión en la prestación del servicio médico. / Deficiencia y falta de elementos básicos y de personal profesional médico para la prestación del servicio de salud. / Responsabilidad compartida. / La Corporación en donde reposa el original de un documentos, no puede exigir copias autenticadas de dicho documento, para proferir decisión sobre este mismo. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos.

De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: (fls.1 a 8 )

 La señora MARINA PERDOMO RÍOS y otros, mediante la acción de Reparación Directa, presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá el 6 de octubre de 1998 por falla en la prestación del servicio de salud que ocasionó muerte de su hijo RONIC ALEXANDER MAYORGA PERDOMO. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01)  El Hospital Rafael Uribe Uribe ESE es producto de la fusión de los hospitales Olaya y San Jorge, quienes conforme al Acuerdo 11 de 2000 del Concejo de Bogotá se subrogaron en sus derechos y obligaciones de toda índole.  El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección TerceraSubsección B, mediante sentencia del 10 de Septiembre de 2004, declaró administrativamente responsable al Hospital Olaya ESE, por la muerte del menor.  Mediante resolución No 024 de 20 de enero de 2005, el HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE ordenó el pago a favor del doctor Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon. apoderado de la señora MARINA PERDOMO y OTROS, la suma de sesenta y seis millones setecientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($66.762.500), en cumplimiento de lo ordenado por el Tribual Administrativo de

Cundinamarca mediante fallo del 10 de Septiembre de 2004. El pago de la suma antes indicada, se hizo el 28 de enero de 2005 mediante comprobante de pago No 7279 y cheque No 082540 de fecha 28 de enero de 2005 del Banco Davivienda. 1.2. Contestación de la demanda – Demandado. El señor Jesús Alejandro Ramírez Ramírez por conducto de apoderada debidamente constituida (fl: 85 c.1), contestó en tiempo la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y aduciendo que aquel dio cabal cumplimiento a las funciones que desempeñaba en el centro médico asistencial Olaya, en forma diligente, de buena fe y acorde con la ley. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) Propuso como excepciones las que denominó:  Falta de una defensa integral y el deber de cuidado por parte del demandado Hospital del Olaya, hoy Hospital Rafael Uribe Uribe, el cual dio lugar a que fuera objeto de condena, por lo anterior médico Jesús Alejandro Ramírez, no tiene la obligación de sufrir la carga de responsabilidad.  Eximente de responsabilidad al exfuncionario (sic) público por falta de una defensa técnica de la entidad del Estado condenada.

 Contradicción en las excepciones en el proceso tramitado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por parte de la demandada y en la demanda de está en la acción de reparación.  Responsabilidad de la víctima.  Responsabilidad del Estado - Hospital Olaya hoy Rafael Uribe Uribe por fusión.  Inexistencia de dolo, o culpa grave del Dr. Alejandro Ramírez, por lo tanto, se debe tener como excepción de improcedencia de la acción de repetición por la ausencia de uno de los requisitos del artículo 90 de la C.N. y Decreto 687 (sic) deI 2001.  Buena fe excluyente de toda responsabilidad.  Excepción de ausencia de nexo causal que permita imputar al galeno un hecho perjudicial. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01)  Las de oficio que se encuentren probadas. Aportó y solicitó la práctica de pruebas." (fls. 52 a 84 c.1). 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo en la sentencia proferida el veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011), denegó acceder a las pretensiones de la demanda, conforme a las siguientes:  Señaló que en el proceso de responsabilidad administrativa en el que resultó condenada la entidad demandante, se demostró que el paciente se encontraba

en estado de embriaguez y que tanto el menor como sus familiares presionaron al médico para que le diera la salida.  Indicó que si bien en el momento de la atención de joven fallecido se cometió un error en el diagnóstico por parte del médico Jesús Alejandro Ramírez, de lo señalado por el Tribunal de Ética Médica, y por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (folios 118 a 120, c.2), se tiene que la valoración inicial del paciente depende de la anamnesis1 y del examen físico, es decir que son estos los medios para obtener los signos y síntomas que pueden indicar el grado de gravedad de la lesión, teniendo en cuenta que en este caso el paciente no colaboraba con la atención y no se contaba con exámenes de laboratorio porque no estaba en funcionamiento, los signos que pudo percibir el médico tratante lo llevaron a deducir que lo que se veía como una herida de 1,4 cm, se trataba de una lesión no perforante, sin descartar la necesidad de mantenerlo en 1 Anamnesis: conjunto de informaciones del paciente, anteriores a la enfermedad 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) observación y de que fuera valorado por cirugía, para lo cual era necesario remitirlo.

 Observó, que si bien es cierto que la remisión del menor no se llevó a cabo, la entidad demandante no demostró que esto hubiera sucedido por voluntad del médico tratante, porque así lo hubiera ordenado o decidido, lo cual constituiría su culpa grave. 1.4. Argumentos de la Apelación - Entidad demandante. A través de su apoderada, la entidad demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, argumentando que la finalidad del recurso está orientada a que sea revocada la sentencia por las siguientes razones (fls. 274 a 277 del cuaderno del Consejo de Estado): Expuso fundamentalmente las siguientes razones de inconformidad: Manifiesta que no se tuvieron en cuenta los fundamentos de Derecho que se esgrimieron para impetrar la acción de repetición, entre los que se encuentra la condena de que fue objeto el Hospital Olaya, por la conducta omisiva en que incurrió el entonces médico general JESÚS ALEJANDRO RAMÍREZ y que de acuerdo a los documentos que se anexaron, como la historia clínica, este incurrió en un error, manifestando que no había herida penetrante y permitió la salida del menor, sin que se hubiera realizado los exámenes respectivos para descartar una lesión intra abdominal. Expone que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia mediante el cual condenó al Hospital Olaya dentro de la Acción de Reparación 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) Directa, claramente expresó "Es claro que en el sub-judice se configura una falla del servicio de omisión" y también porque el diagnóstico inicial que realizó el Dr. RAMÍREZ, fue equivocado", a lo anterior no le cabe duda alguna que el galeno JESÚS ALEJANDRO RAMÍREZ, fue quien dio origen a que por su conducta omisiva se condenara al Hospital y en ese orden se debe dar cumplimiento a lo que predica nuestra Constitución Nacional en el artículo 90, Ley 678 de 2001, artículo 86 del Decreto 01 de 1984, y que el fallador de primera instancia no ha tenido en cuenta. Expresa que existe la claridad suficiente de responsabilidad del hoy implicado y que así se lee de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en alguna de sus partes afirma que el Doctor Ramírez, médico del CAMI Olaya, no debió dejar salir al menor hasta tanto, no se le hubieran realizado los exámenes respectivos para descartar una lesión intra abdominal. Argumenta, que si bien es cierto el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha manifestado que no se encontró probado el dolo, que es uno de los requisitos para que se pueda imputar una conducta al demandado y en consecuencia hacer que las pretensiones de la demanda sean prósperas, no menos cierto es, que está demostrado que existió culpa grave y así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección tercera Sub sección B dentro del

proceso No 98-2621 que encontró responsable al Hospital Rafael Uribe por falla médica en la atención del menor fallecido en hechos sucedidos el 24 de agosto de 1997.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste o no responsabilidad patrimonial al médico Jesús Alejandro Ramírez Ramírez por las sumas de dinero que debió pagar el Hospital Rafael Uribe Uribe, con ocasión de la condena que le fue impuesta al Hospital Olaya E.S.E. mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso de reparación directa? 2.1.2. ¿El demandado médico Jesús Alejandro Ramírez Ramírez, incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa en la atención médica prestada al menor, es decir, si con su actuar le significó a la entidad demandante la condena por falla médica y por lo tanto, el pago de la suma de $66'762.500,00 a los familiares del menor. 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran

el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Régimen de Responsabilidad aplicable El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional la obligación del Estado de repetir en contra del funcionario que por dolo o culpa grave haya dado lugar a una condena judicial en su contra. Dicha institución, en la época en que ocurrieron los hechos materia del presente asunto, se regía por lo establecido en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) En virtud de las referidas normas de este estatuto, los funcionarios estatales son responsables por los daños que causen por la culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones y en aquellos casos en que resulte condenada la entidad aquella podrá repetir contra el funcionario. Con fundamento en dichas normas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido los presupuestos de la acción de repetición, cuya acreditación resulta indispensable a efectos de poder realizar un estudio de fondo del asunto, a saber: “De ahí que en la aplicación de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, como se señaló en esta providencia, consisten en que el

Estado haya sido condenado o visto compelido conforme a la ley a la reparación de un daño antijurídico, y que se haya pagado el perjuicio o indemnización impuesto en la condena, todo lo cual debe ser acreditado en el plenario por la entidad pública demandante en el proceso, mediante el aporte de copias autenticas de la sentencia ejecutoriada y copias auténticas de los actos administrativos y demás documentos o pruebas idóneas que demuestren la cancelación de la indemnización del daño; de lo contrario, esto es, si no se cumplen dos condiciones y no se acreditan en forma legal dentro del proceso, el estado no puede ni tiene la posibilidad de sacar avante la acción contra el agente estatal y menos aún la jurisdicción declarar su responsabilidad y condenarlo a resarcir.2 “ Así las cosas, la responsabilidad de los servidores y ex servidores públicos se equipara, por lo que si se pretende declarar la responsabilidad de estos, se requiere que dicho funcionario haya producido con su conducta dolosa o gravemente culposa, un detrimento al patrimonio público. El concepto de dolo y culpa grave que exige la Constitución y la Ley para que se configure la responsabilidad del funcionario o ex funcionario, ha sido objeto de 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 31271 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) pronunciamientos por parte del Consejo de Estado3, quien se ha referido sobre el particular en los siguientes términos: “El primer aspecto que debe examinar la Sala es el relativo a los conceptos de culpa grave y dolo que consagran los artículos 77 del C.C.A. y 90 inciso 2º. de la Constitución Política, eventos en los cuales además de la responsabilidad del Estado se compromete la responsabilidad personal del funcionario. (...) De conformidad con el art. 28 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su significado natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras: pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Por su parte, el art. 63 de la misma obra señala que La Ley distingue tres especies de culpa o descuido: Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar ios negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un

hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro." Estas previsiones, sin embargo, deben armonizarse con lo que dispone el articulo 6o de la Carta Política, el cual señala que los servidores públicos son 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 1999, expediente 1999-10865 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) responsables no sólo por infringir la Constitución y las leyes como lo son los particulares, sino también por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones; así mismo con el artículo 91 de la misma obra que no exime de responsabilidad al agente que ejecuta un mandato superior, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona. Igualmente, el juez debe valorar la asignación de funciones señaladas en el reglamento o manual de funciones sin que dicho reglamento pueda, de ningún modo, como lo sugieren algunos, entrar a definir cuales conductas pueden calificarse de culpa grave o dolo por cuanto este es un aspecto que la Carta ha deferido a la reserva de ley (artículo 124 Constitución Política).

De aquí se desprende que si bien los conceptos de culpa penal y culpa civil pueden equipararse, el juez administrativo al momento de apreciar la conducta del funcionario público para determinar si ha incurrido en culpa grave o dolo, no debe limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del 'buen servidor público', sino que deberá referirla también a los preceptos constitucionales que delimitan esa responsabilidad (artículos 6 y 91 de la CP.)". En el presente caso debe advertirse que los hechos y actos debatidos ocurrieron el día 24 de agosto de 1997, fecha en la cual se prestó la atención médica al menor, esto es antes de la expedición de la Ley 678 de 20014, por lo tanto, dicha normativa no es aplicable en los aspectos sustanciales de este caso. Solamente es aplicable la Ley 678 de 2001 en los aspectos procesales y, en relación con la parte sustancial, al ser los hechos y actos debatidos anteriores a dicha normativa, - 24 de agosto de 1997-, se aplicarán las normas vigentes para esa época, esto es, las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo. Ahora bien, para determinar cuáles son los asuntos procesales y sustanciales que gobiernan el caso, es necesario determinar los elementos de la acción de 4 El artículo 31 de la Ley 678 de 2001 señala la vigencia de dicha ley a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial, la cual se surtió el 4 de agosto de 2001.

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) repetición, los cuales han sido explicados por el Consejo de Estado5 de la siguiente manera: - La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; - La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; - El pago realizado por parte de la Administración; y - La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición. 2.2.2. Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social

en Salud Decreto 2174 de 1996 55 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006. Exp: 18.440; 6 de diciembre de 2006. Exp: 22.189; 3 de diciembre de 2008. Exp: 24.241; 26 de febrero de

2009. Exp: 30.329; 13 de mayo de 2009. Exp: 25.694, entre muchas otras.

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) “Decreto 2174 de 1996 - artículo 3. "Características de la Calidad de la Atención en Salud. La calidad de la atención en salud está dada por el conjunto de características técnico-científicas, humanas, financieras y materiales que debe tener la seguridad social en salud, bajo la responsabilidad de las personas e instituciones que integran el sistema y la correcta utilización de los servicios por parte de los usuarios" "Las características principales de la calidad de la atención en salud son: la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad y la racionalidad técnica. La calidad integra características adicionales como la idoneidad y competencia profesional, la disponibilidad y suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia, la integralidad, la continuidad, la atención humanizada y la satisfacción del usuario con la atención recibida".

2.2.3. Ley 100 de 1993 – Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Articulo 153 – numeral 9 de la Ley 100 de 1993. “CALIDAD. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y practica profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida en Gobierno, las Instituciones Prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia" (folio 123 del c.2). Artículo 185 de la ley 100 de 1993. "Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Son funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, prestar los servicíos de salud en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente ley". 2.2.4. Carga de la Prueba En el caso sub examine se debe precisar que es la entidad pública es la encargada de probar y demostrar al despacho lo pretendido, al respecto el Consejo de Estado se 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42268 (2500023260002005001412-01) ha pronunciado en los siguientes términos6: "Bajo las circunstancias antes descritas, es pertinente llamar la atención en

cuanto a la carga de la prueba que le corresponde a las entidades públicas de demostrar los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, para lo cual la Sala reitera la admonición que ha hecho en otras sentencias en los siguientes términos: Es del caso advertir a la entidad demandante que el derecho - deber de ejercer la acción de repetición contra los funcionarios y exfuncionarios o particulares que ejerzan funciones públicas, comporta el desarrollo efectivo de la carga de la prueba tanto al incoar la acción como durante las etapas previstas para ello dentro del proceso, con el fin de demostrar judicialmente los presupuestos objetivos (sentencia condenatoria y pago) y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente público, por la cual debe reparar al Estado las sumas que éste canceló dentro de un proceso indemnizatorio, lo que además se traduce en garantizar el derecho de defensa dentro del proceso al demandado servidor o ex servidor público o particular que ejerció función pública, de suerte que le permita presentar sus pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra para responsabilizarlo por los hechos que originaron una indemnización o el pago de una condena. "(. . .) "En esta labor, dicho sea. de paso