PGN - ACCION DE REPETICION - Está acreditada la condición de servidor público del demandado

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Condena impuesta por lesiones causadas por agente de la Policía Nacional ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad según marco legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de viabilidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejerció oportunamente …para el caso sub lite la oportunidad para incoar la acción de repetición será la de dos años luego del pago total de la obligación, conforme a lo previsto literalmente en el artículo 11 de la ley 678 de 2001.El pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander se realizó el 27 de diciembre de 2001, en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería el 28 de diciembre de 2003. Como la demanda se presentó el 16 de diciembre de 2003 se concluye que la acción se ejercitó dentro de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Deber de incoar la acción de repetición en contra del funcionario responsable ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad ACCIÓN DE REPETICIÓN-No está acreditada la condición de servidor público del demandado No se cuenta con copia del acto de nombramiento y posesión del demandado como agente del estado, ni certificación de la oficina de personal o recursos humanos de la Policía que den cuenta de la calidad del demandado como agente de la Policía Nacional para la fecha de los hechos. Tampoco se cuenta con copia de las actuaciones penal y disciplinaria seguidas contra el demandado por las lesiones ocasionadas al señor….Ante la falta de los medios de prueba adecuados se tiene que no se probó en

debida forma la calidad de servidor público del demandado y por tanto en concepto del Ministerio Público faltaría dicho presupuesto necesario para la prosperidad de la acción. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 2 Expediente 51656 ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se acreditó el pago de la condena impuesta a la entidad demandada Para acreditar el pago se allegó al proceso copia de la Resolución 00674 del 24 de diciembre de 2001 emitida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se ordenó el pago de sentencias y conciliaciones, sin embargo en tal acto no se observa de manera clara la orden de pagar la aludida condena, destacando que la copia de dicha decisión no es nítida, pues en el primer folio del mencionado acto no se distinguen los radicados, nombres de las partes ni cuantía del pago. Obra comprobante de egreso No. 26921 en el cual consta que se pagó a…la suma $133’499.663,24 por concepto de los perjuicios causados a…,sin que se haya acreditado que quien recibió actuaba con autorización o como apoderado de los beneficiarios, de donde no es viable inferir el pago efectivo de la condena, y ante la falta de prueba de tal pago resulta improcedente el reembolso pretendido. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Necesidad de probar dolo o culpa grave en la conducta causante de condena al Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se

cuenta con medios de convicción que permitan imputar dolo o culpa grave al demandado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se carece de sustento para evaluar la conducta del demandado La parte actora se limitó a allegar copias del fallo de condena en contra de la administración, sin que se hayan arrimado a la actuación copias de los procesos penal y disciplinario surtidos por los mencionados hechos en contra del demandado, ante ello se concluye que no se cuenta con medios de convicción que permitan imputarle dolo o culpa grave al señor…, pues se carece de pruebas directas sobre las circunstancias del hecho y no se puede suponer obrar negligente o con ligereza por parte del agente del Estado .Advierte el Ministerio Público que no se alega ni se prueba que contra el demandado se haya proferido sanción penal o disciplinaria por el hecho de las lesiones causadas al señor…, que permitieran inferir el dolo o la culpa grave del agente. Las solas conclusiones del fallo de condena no pueden ser recogidas “per se”, pues para ello se requería contar con los medios de prueba que le sirvieron de soporte para su respectiva valoración. En resumen a esta actuación no se allegó acervo probatorio, ni se practicaron pruebas tendientes a acreditar el elemento subjetivo, ante la falta de dichas evidencias se carece de sustento para evaluar la conducta del demandado, por lo que se advierte que tampoco se cumplió con tal presupuesto para repetir. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No prosperó por falta de presupuestos de procedibilidad No se acreditó en debida forma la calidad de servidor público del demandado, ni el pago

de la condena, ni el dolo o la culpa grave que se atribuye. Por ello las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar .De conformidad con las consideraciones precedentes, esta Agencia del Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada denegando las pretensiones Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 3 Expediente 51656

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0241-2014

Bogotá D. C., 29 de septiembre de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente doctora: OLGA MELIDA VALLE de DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 51656 (68001333 1007 2004 00114-01)

Acción Repetición

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Demandado: Jesús Antonio Fajardo Fernández El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- La Nación – Ministerio de Defensa Nacional demandó al señor Jesús Antonio Fajardo Fernández, agente de la Policía Nacional para el 25 de mayo de 19921, fecha de los hechos que dieron lugar a la condena, para que reembolse la suma que la demandante debió cancelar conforme a sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 20 de mayo de 1998, que condenó al

ente público al pago de los perjuicios morales ocasionados por las lesiones causadas al señor Jesús Martín Grimaldos, sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa promovido por el antes mencionado contra la entidad pública que hoy demanda (Cfr. fls.39 a 42 C.1). 1.2. El curador ad litem dice atenerse a lo que resultare probado en el proceso (Cfr. fls. 71 y 72 C.1) 1 Fecha en que el demandado – agente de la policía nacional estando en la localidad de Molagavita accionó arma de dotación oficial contra el señor Jesús Martín Grimaldos causándole herida en el codo del brazo izquierdo, lesión que le generó imposibilidad de utilizar el brazo por fallas en la articulación. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 4 Expediente 51656 1.3. El a quo denegó las pretensiones al concluir que no estaban dados los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición. Señaló que no se probó el dolo ni la culpa grave del demandado (Cfr. fls. 115 a 126 C.2). 1.4. Apeló la parte actora. Alega que no se estudió la sentencia de fecha 20 de mayo de 1998 que condenó a la demandante por la conducta dolosa del demandado, quien accionó su arma con la intención de herir al señor Jesús Martín (Cfr. fls.128 y 129 C.2).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Primer problema jurídico consiste en determinar si se demandó en tiempo o si al momento de demandar ya había operado la caducidad de la acción. De no haber operado la caducidad, sería pertinente analizar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la acción de repetición. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) Se allegó copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander del 20 de mayo de 1998 (Cfr. fls. 3 a 28 C.1), mediante la cual se condenó al mencionado ente público a pagar lo que ahora pretende que se le reembolse, la que se notificó por edicto fijado por tres días el 12 de junio de 1998 (Cfr. fls. 28 y 29 C.1), ejecutoriada el 17 de junio de 1998 (Cfr. fls. 28, 29 y 41 C.1). En la sentencia de constitucionalidad C 832 del 8 de agosto de 20012 se 2 “(…) En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho repetir cuando no se ha

pagado. Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales. (…) … como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado. Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.(…) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056

5 Expediente 51656 condicionó el oportuno ejercicio de la acción de repetición, indicando que la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuar el pago de la condena, sin embargo tal lineamiento no resulta aplicable al presente asunto, pues fue emitido con posterioridad a la condena proferida en contra de la administración y las sentencias de constitucionalidad sólo tienen efecto hacía el futuro3. Por ello para el caso sub lite la oportunidad para incoar la acción de repetición será la de dos años luego del pago total de la obligación, conforme a lo previsto literalmente en el artículo 11 de la ley 678 de 2001. El pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander se realizó el 27 de diciembre de 2001 (Cfr. fls. 33 y 41 C.1) en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería el 28 de diciembre de 2003. Como la demanda se presentó el 16 de diciembre de 2003 (Cfr. fl. 43 y 43 vto C.1)se concluye que la acción se ejercitó dentro de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos. Probada además la existencia de una condena en contra de la administración se considera pertinente entrar a examinar si están dados los demás presupuestos para la prosperidad de la acción. 2.1. Presupuestos para la viabilidad de la acción de repetición Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926:

“Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la Si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (subrayo y destaco) 3 Artículo 45 ley 270 de 1996: “REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056

6 Expediente 51656 conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. 2.2. Calidad de servidor público El medio probatorio idóneo para comprobar la calidad de servidor público y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias auténticas del nombramiento y del acta de posesión4: 4 Sección Segunda. Sentencia de 8 de febrero de 2001, Expediente 66001-23-31-000-1997-460-01, Consejero Ponente Tarcisio Cáceres Toro. “De la prueba supletoria en el campo laboral administrativo. De tiempo atrás la Jurisdicción ha admitido la prueba

supletoria para acreditar tiempos de servicios estatales, restrictivamente con fundamento en la Ley 50 de 1886 que al respecto manda: Art 7° No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos ó por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar en los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias autenticas.” Art. 8º En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al código militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. (…) (…) Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además

de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley. (Subrayado ajeno al texto original) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 7 Expediente 51656 No se cuenta con copia del acto de nombramiento y posesión del demandado como agente del estado, ni certificación de la oficina de personal o recursos humanos de la Policía que den cuenta de la calidad del demandado como agente de la Policía Nacional para la fecha de los hechos. Tampoco se cuenta con copia de las actuaciones penal y disciplinaria seguidas contra el demandado por las lesiones ocasionadas al señor Jesús María Grimaldos Rodriguez Ante la falta de los medios de prueba adecuados se tiene que no se probó en debida forma la calidad de servidor público del demandado y por tanto en concepto del Ministerio Público faltaría dicho presupuesto necesario para la

prosperidad de la acción. 2.3. Pago En sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] 2.2.- Caso concreto. […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón de una condena judicial. Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones5, 5 (pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 8 Expediente 51656 dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida6. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago7, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación8 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma,

mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor. A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago 9 o e l recibo 10 según el Código de Comercio , documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que 7) Por la pérdida de la cosa que se debe

1. Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. 6 (pie de página de la cita) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc. 7 (pie de página de la cita) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 8 (pie de página de la cita) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición.

Bogotá, 2002. 9 10 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 9 Expediente 51656 efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial. En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. En este caso, no se solicitó la práctica de alguna prueba idónea ni se aportó un

documento tendiente a demostrar el cumplimiento de tal obligación, ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de apoderado o delegado para ese efecto. (subrayado fuera de texto) […] ” Para acreditar el pago se allegó al proceso copia de la Resolución 00674 del 24 de diciembre de 2001 emitida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional (Cfr. fls. 30 a 32 C.1), mediante la cual se ordenó el pago de sentencias y conciliaciones, sin embargo en tal acto no se observa de manera clara la orden de pagar la aludida condena, destacando que la copia de dicha decisión no es nítida, pues en el primer folio del mencionado acto no se distinguen los radicados, nombres de las partes ni cuantía del pago (Cfr. fls. 30 a 32 C.1). Obra comprobante de egreso No. 26921 en el cual consta que se pagó a Efraín Ochoa Mancipe la suma $133’499.663,24 por concepto de los perjuicios causados a Jesús Martín Grimaldos, sin que se haya acreditado que quien recibió actuaba con autorización o como apoderado de los beneficiarios, de donde no es viable inferir el pago efectivo de la condena, y ante la falta de prueba de tal pago resulta improcedente el reembolso pretendido. 2.4. Del elemento subjetivo Los hechos que se atribuyen al demandado tuvieron ocurrencia en día 7 de enero de 1994 por lo que en el caso no es dable acudir a las presunciones de la

Ley 678 de 2001. La parte actora se limitó a allegar copias del fallo de condena en contra de la administración, sin que se hayan arrimado a la actuación copias de los procesos penal y disciplinario surtidos por los mencionados hechos en contra del demandado, ante ello se concluye que no se cuenta con medios de convicción que permitan imputarle dolo o culpa grave al señor Jesús Antonio Fajardo Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 10 Expediente 51656 Fernández, pues se carece de pruebas directas sobre las circunstancias del hecho y no se puede suponer obrar negligente o con ligereza por parte del agente del Estado. Advierte el Ministerio Público que no se alega ni se prueba que contra el demandado se haya proferido sanción penal o disciplinaria por el hecho de las lesiones causadas al señor Jesús Martín Grimaldos, que permitieran inferir el dolo o la culpa grave del agente. Las solas conclusiones del fallo de condena no pueden ser recogidas “per se”, pues para ello se requería contar con los medios de prueba que le sirvieron de soporte para su respectiva valoración. En resumen a esta actuación no se allegó acervo probatorio, ni se practicaron pruebas tendientes a acreditar el elemento subjetivo, ante la falta de dichas evidencias se carece de sustento para evaluar la conducta del demandado, por lo que se advierte que tampoco se cumplió con tal presupuesto para repetir. CONCLUSION No se acreditó en debida forma la calidad de servidor público del demandado, ni

el pago de la condena, ni el dolo o la culpa grave que se atribuye. Por ello las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. De conformidad con las consideraciones precedentes, esta Agencia del Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada denegando las pretensiones. De los señores Consejeros, con todo respeto, FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado fbo/FMSG Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056