PGN - ACCION DE REPETICION - Exige demostrar fehaciente la culpa grave o el dolo con que actuó el se

EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por condena a la Rama Judicial al negar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a una funcionaria CARGA DE LA PRUEBA-A cargo de la entidad actora Cuando se demanda por vía de repetición, la Entidad actora tiene la carga de demostrar, en forma fehaciente, que la actuación dolosa o gravemente culposa del servidor dio lugar a la condena o al acuerdo conciliatorio y, por ende, al pago, toda vez que sobre aquél recae la presunción de inocencia.

DOLO Y CULPA GRAVE-Implica un comportamiento contrario a derecho y dirigido a causar daño o producto de una negligencia ajena a toda justificación La culpa grave o el dolo corresponden a un reproche a la conducta del servidor público, en tanto implica un comportamiento contrario a derecho y dirigido a causar daño o cuando menos producto de una negligencia ajena a toda justificación. Es necesario entonces una valoración de la conducta que no solo demuestre descuido sino una negligencia en el manejo de los asuntos que no admite comparación ni siquiera con la que emplean las personas de poca prudencia en los asuntos propios. Es decir, al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación, se debe determinar si la conducta del servidor se sujetó a los estándares de corrección o si por el contrario los desbordó hasta descender a los niveles que no se esperarían ni siquiera de la actuación de una persona negligente. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Exige demostrar fehaciente la culpa grave o el dolo con que actuó el servidor del Estado en los hechos contra la Entidad

De ahí que la prosperidad de la acción de repetición exija que durante su trámite se demuestre en forma fehaciente la culpa grave o el dolo con que actuó el servidor en los hechos que dieron lugar al proceso contra la Entidad, sin que sea jurídicamente admisible tener como único soporte de la misma la sentencia condenatoria o el acuerdo conciliatorio, toda vez que en ese debate procesal no intervino el hoy demandado, no tuvo derecho a pedir pruebas, ni a contradecir los hechos ni los medios probatorios solicitados, aportados y/o practicados a instancia de quienes sí eran partes en ese proceso. CONDENA A ENTIDAD PÚBLICA-Surgió de la declaratoria de nulidad de las resoluciones que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales En el caso concreto la parte actora se limitó a presentar con la demanda copia autenticada de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Rama Judicial, cuyo contenido y alcance permite inferir que la condena impuesta surgió de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No 1831 de 27 de diciembre de 2002 y No 1381 de 20 de febrero de

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición 2003, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales alegados por la funcionaria. Actos

administrativos que de manera alguna pudieron ser expedidos por el demandado, pues según constancia laboral que obra en el proceso la vinculación del funcionario con la Rama Judicial, en el cargo de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Manizales finiquitó el 31 de enero de 2001. CARGA DE LA PRUEBA-La entidad demandante no acreditó en debida forma presupuestos necesarios para que prospere la acción de repetición Si bien en la sentencia se hace un estudio en cuanto a las diferencias que existen entre el contrato de prestación de servicios regulado por la Ley 80 de 1993 y el contrato de trabajo y/o la vinculación a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, para luego concluir que las condiciones en que se realizó la prestación del servicio por parte de la funcionaria corresponden a una relación laboral, tal consideración de manera alguna implica que el demandado hubiese querido realizar un hecho ajeno a las finalidades del servicio público, como tampoco que el daño acaecido haya sido consecuencia de una infracción directa a la Constitución y a la Ley, o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En concepto del Ministerio Público, es claro concluir que la entidad demandante incumplió con la carga procesal de la prueba, pues no acreditó en debida forma presupuestos necesarios para que prospere la acción de repetición. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado DOLO Y CULPA GRAVE-Jurisprudencia del Consejo de Estado

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352)

Accion de Repetición

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ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 013 /2016

Bogotá, D.C., 4 de febrero de 2016 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 55.248 (17001333100320110035201)

ACCIÓN DE REPETICIÓN

Actor: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA Demandado: ARIFF ABDALA AGUDELO El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó demanda1 contra el doctor ARIFF ABDALA AGUDELO, para la época de los hechos Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Manizales, para que se le declare civil y administrativamente responsable a título de culpa grave por utilizar indebidamente la figura del contrato de prestación de servicios suscrito con la señora Luz Stella Gutiérrez Aristizábal, para que ejerciera funciones propias de un servidor público, lo cual conllevó a que ésta demandara en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales, resultando condenada la

1 Incoada el 18 de enero de 2011 (fl 14 c. ppal)

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición Rama Judicial mediante sentencia de 19 de julio de 2007 proferida por el Tribunal

Administrativo de Caldas. Pretende que se condene al demandado a pagar o reintegrar a la Rama Judicial, debidamente actualizada, la suma de $5.595.199.00, monto que canceló para dar cumplimiento a la sentencia. 1.2 Contestación de la demanda.- Ariff Abdalá Agudelo2 alega que su conducta no encaja dentro de los conceptos de dolo o culpa grave establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, pues la decisión judicial que impuso el reconocimiento económico a favor de la señora Luz Stella Gutiérrez no necesariamente permite arribar a esa conclusión. En la aclaración de voto de la magistrada Lucia Josefina Herrera López se refieren varias jurisprudencias del Consejo de Estado en las que se indica que la suscripción de contratos administrativos de prestación de servicios con personas que colaboran con algunas dependencias judiciales se ajusta a derecho. Que cumplió con las ritualidades establecidas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 al celebrar los contratos administrativos de prestación de servicios con la señora Gutiérrez, por ende no es posible aceptar que se hubiesen celebrado con

desconocimiento de la ley o mala fe. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Caldas3 negó las pretensiones de la demanda. El a-quo concluyó que la entidad accionante no cumplió con su carga probatoria, pues con los documentos presentados con la demanda es imposible calificar como dolosa o gravemente culposa la conducta del demandado. 2 (fls 119 a 124 c. ppal y 8 a 13 c. 3) 3 En sentencia de 16 de julio de 2015 (fls 17 a 23 c. Consejo de Estado)

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352)

Accion de Repetición 1.4 APELACION.- La Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial4 alega que si le cabe responsabilidad al demandado, dado que celebró un contrato de prestación de servicios contraviniendo disposiciones constitucionales y legales, pues dicha vinculación ha debido realizarse por medio de un contrato laboral y no mediante un contrato de naturaleza civil. Que la actuación del demandado constituyó una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues no tuvo en cuenta que dicha modalidad de contratación era por sí misma un recurso excepcional y por ende temporal ante el riesgo del surgimiento de nóminas paralelas. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema Jurídico Para resolver sobre los planteamientos del apelante corresponde precisar sobre los requisitos exigidos para que proceda la acción de repetición y establecer si

éstos se cumplieron en el caso concreto. 2.2 Sobre los presupuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición el Consejo de Estado5: “(…) ha explicado en abundantes providencias6 los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición7. Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: 4 (fl 25 c. Consejo de Estado) 5 Sección Tercera, sentencia de 24 de julio de 2013. EXP 46.162 6 (pie de página de la cita) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407, entre otras. 7 (pie de página de la cita)Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente: 33407.

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación 8 , una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto9. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente10 suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del

Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables. 2.3 Caso concreto 2.3 (i) Sobre la forma idónea para acreditar la calidad de servidor público del demandado para la época de los hechos ha dicho el H. Consejo de Estado11: 8 (pie de página de la cita) La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente. 9(pie de página de la cita) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente: 30327. 10 (pie de página de la cita)El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas. 11 Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2014. Expediente 39730

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición “Con fundamento en el material probatorio recaudado dentro del plenario, la Sala

considera que las pretensiones de la demanda deben desestimarse; por lo que confirmará la sentencia de primera instancia. Pues en el sub lite, no logró acreditarse el primero de los elementos requeridos para la procedencia de la pretensión de repetición a los que se hizo referencia párrafos atrás, esto es, la calidad de servidores públicos o ex servidores públicos de los demandados. En efecto, la Sala advierte que respecto de los señores José Adonaí Albarracín y Libardo Duarte Arévalo no se aportó ninguna prueba que resultase idónea para acreditar su condición de servidores públicos para el momento de los hechos que produjeron la declaratoria de responsabilidad patrimonial en contra de la entidad aquí demandante, en sede de reparación directa, por la muerte de los señores Vargas Rocha y Jaramillo Herrera. Si bien la Sala observa que en la contestación de la demanda del señor Duarte Arévalo se afirmó que ambos demandados eran agentes de la Policía Nacional para la época de los hechos, dicha prueba no puede considerarse conducente para el efecto. Lo anterior, teniendo en cuenta los diversos pronunciamientos de la Corporación en los que se ha analizado el tema de la prueba idónea para acreditar la calidad de servidor público. Así, en sentencia del 8 de febrero de 2001 se señaló lo siguiente12: “De tiempo atrás la Jurisdicción ha admitido la prueba supletoria para acreditar tiempos de servicios estatales, restrictivamente con fundamento en la Ley 50 de 1886 que al respecto manda: Art 7° No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos ó por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los

cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar en los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias auténticas.” Art. 8º En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al código militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe 12 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Rad: 66001-23-31-000-1997460-01, C.P: Tarsicio Cáceres Toro.

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. (…)

(…) Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley”. De manera más reciente, el Consejo de Estado ha sostenido la posibilidad de acreditar la calidad de servidor público por medio de cualquier prueba documental en la que la entidad a la que se encontraba vinculada la persona acusada de producir el daño cuya reparación tuvo que sufragar la primera, certifique o dé cuenta, por lo menos, de la forma de vinculación del agente, las funciones correspondientes a su cargo y el tiempo durante el cual prestó sus servicios a la entidad13.”

Al expediente se aportó prueba idónea para acreditar que el demandado ARIFF ABDALA AGUDELO tenía vínculo legal y reglamentario con la Rama Judicial: - 13 (pie de página de la cita) Al respecto, en la sentencia del 27 de febrero de 2013 se dijo que: “Si bien el Tribunal concluyó que efectivamente se encontraba acreditada la calidad del ex agente del Estado del demandado, derivado de la mención hecha en la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2004, en sede de reparación directa, esta Subsección considera que dentro del proceso no obra ninguna prueba que así lo indique. En primer lugar, el oficio remitido por el Ejército Nacional de 22 de junio de 2011 simplemente indicó que el señor Fernández Quesada se encontraba retirado, pero no se observa la forma de vinculación, o las funciones que le correspondían, ni el tiempo en que estuvo prestando sus servicios al Ejército Nacional. Así mismo, la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2004 que resolvió la acción de reparación directa impetrada por los familiares del soldado regular Víctor Rodríguez, en un aparte sostuvo que con fundamento en un certificado emanado por el Oficial de Sección Base de datos de Dirección de Personal del Ejército Nacional se puede deducir que efectivamente sí era miembro de tal institución.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp: 43.189) Más adelante, en sentencia del 6 de marzo de 2013, Exp: 43460, se afirmó lo siguiente: “Por lo tanto, la calidad de agente o

ex agente del Estado en este caso pudo haberse acreditado con una certificación de tiempo de servicio, o con la demostración del vínculo legal o reglamentario que impera para los empleados públicos. Contrario a ello, en el sub lite no obra ninguna prueba que acredite que efectivamente el señor Tarra Zipa era empleado público para la fecha de ocurrencia de los hechos descritos, no pudiendo imputarle responsabilidad”. Finalmente, dentro en la sentencia identificada con el No. de expediente 42.920, se sostuvo que “(…) respecto del primer requisito, (calidad del agente) que obra en el material probatorio original de los extractos de la hoja de vida de los señores José Nevet López Giraldo y Jorge Alonso Puerta Duque suscritos por el Coordinador Grupo de Archivo General de la Policía Nacional, en donde se indica fecha de vinculación y retiro de los agentes mencionados (Fls. 102 y 103 C.1), Certificaciones originales del Codificador de Nómina Área de Talento Humano Meval de la Policía Nacional correspondiente a los señores Carlos M. Rodríguez González y Juan Oquendo, en donde se manifiesta la fecha de vinculación de los mencionados señores y que se encuentra vigente su vínculo con la entidad (Fls. 111 y 119 C.1) y Copia simple del acta de posesión del 22 enero de 1993 del señor Juan Manuel Oquendo Puerta, como agente profesional (Fl. 130 C. 1). Adicionalmente, de la prueba trasladada se puede corroborar la calidad de funcionario de los agentes de policía para la época de los hechos”.

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición Acto administrativo de nombramiento en el cargo de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, de la Dirección Ejecutiva Seccional de ManizalesCaldas14, - Acta de posesión de fecha 27 de junio de 199715, y – Certificación D.T.H 054 suscrita por la Coordinadora División de Talento Humano de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, en la cual consta que el doctor Abdala Agudelo Ariff, “laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 20 de mayo de 1993 hasta el 31 de enero de 2001, siendo su último cargo el de Director Ejecutivo Seccional de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales”16 2.3 (ii) Respecto de la prueba para acreditar el pago que se reclama en ejercicio de la acción de repetición, el Consejo de Estado en sentencia de 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582, precisó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda.

[…]

2.2.- Caso concreto. […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón de una condena judicial. Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones17, dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por 14 (fl 87 c. ppal) 15 (fl 88 c. ppal) 16 (fl 86 c. ppal) 17 (Pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida18. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago19, modo de extinción

de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación20 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor

del acreedor. A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago 21 o e l recibo 22 según el Código de Comercio, documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión 7) Por la pérdida de la cosa que se debe 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. 18 Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc. 19 Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 20 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. 21 22

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Accion de Repetición general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial. En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. (Resalto y subrayo). Para acreditar el pago de la condena impuesta a la Rama Judicial se allegaron, entre otros, los siguientes soportes documentales23: - Copia auténtica de la Resolución No 4483 de 14 de diciembre de 2009 expedida por la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura”24, mediante la cual se da cumplimiento a una sentencia y dispuso reconocer y pagar al Dr. Gabriel Darío Ríos Giraldo (apoderado de la beneficiaria Luz Stella Gutiérrez Aristizábal) la

suma de $5.595.199.00. - Copia de la Orden de pago No 2875 de 18 de diciembre de 200925, en donde se relaciona como saldo a pagar la suma de $5.595.199,00 a favor de Ríos Giraldo Gabriel Darío.

• Copia de la obligación y orden de pago No. 2.108 de fecha 2009/12/18, en la cual consta el registro de la obligación correspondiente a la Resolución No 4483 23 Algunos en copia simple junto con la demanda (fls 87 a 91 c. ppal), otros en original y copia autenticada

(fls 19 a 58 y 93 a 109 c. ppl) 24 (fls 73 a 82 c. ppal) 25 (fl 83 c. ppal)

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EXPEDIENTE: 55.248 (2011-00352) Accion de Repetición de fecha: 2009/12/14, por valor de $5.595.199.00 para ser cancelado a Gabriel Darío Ríos Giraldo en la cuenta corriente