PGN - ACCION DE REPETICION - Existencia de culpa grave del demandado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Existencia de culpa grave del demandado El Ministerio Público considera que en el presente caso, la demandante demostró suficientemente los elementos uno y tres, es decir, la condena a la entidad y el pago de la misma, por el hecho de haber sido impuesta medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva de la libertad del procesado, el demandante probó el elemento relativo a la actuación dolosa o gravemente culposa del servidor público con su proceder. Esta Delegada remitiéndose, tanto al Artículo 71 de la Ley 270 de 1996, por la cual se establece una presunción de legal de la responsabilidad del funcionario judicial, (así como lo estatuido en el Artículo 6° de la Ley 678 de 2001 ) cuando se ordenó la privación la libertad del sindicado, sin los requisitos mínimos exigidos por el Código de Procedimiento Penal, hecho que sirvió de fundamento para que el Comité de Conciliación y Reparación de la Fiscalía General de la Nación, autorizara la celebración de audiencia de conciliación, la que fuera aprobada por el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca, la culpa grave se evidencia en el actuar inexcusable de un Fiscal, quien ostentando la calidad de abogado, desconoce de manera abierta las normas legales que permiten restringir el derecho fundamental de la libertad. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen de responsabilidad subjetiva Los servidores públicos están sujetos a un régimen de responsabilidad subjetiva y, por lo tanto, probado el título de imputación, en este caso la responsabilidad subjetiva derivada

de la actuación gravemente culposa del demandado, presupuesto de hecho de la acción de repetición, hay lugar a imponer sanción al servidor consistente en el pago total o parcial de la suma que la entidad demandante debió reconocer a la víctima indirecta del daño antijurídico. En concepto del Ministerio Público la sentencia del veintidós (22 ) de julio de dos mil once (2.011), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, dentro del proceso de la Fiscalía General Nación contra el demandando, debe ser REVOCADA, consecuentemente accediendo las pretensiones del actor. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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J.M.L CONCEPTO N°.128 / 2012

Bogotá, D.C., 02 de mayo de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200900252 01 (42777)

ACCIÓN DE REPETICIÓN

ACTOR: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEMANDADO: ROGER ANTONIO GAVIRIA BURBANO Sentido del Concepto: Solicitud de revocar , y consecuentemente conceder

las pretensiones de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, existencia de culpa grave del demandado en acción de repetición. Se logró acreditar los elementos probatorios por parte del demandante. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público

1. ANTECEDENTES

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L 1.1. Demanda - hechos La Fiscalía General a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra el servidor señor ROGER ANTONIO GAVIRIA BURBANO, por los daños y perjuicios, ocasionados con su conducta gravemente culposa, que con ella causó daño antijurídico a la entidad accionante, al imponer Medida de Aseguramiento, consistente en detención preventiva, cuando no existía la debida valoración probatoria. Actuación que dio origen a que el H. Tribunal Administrativo del Valle del

Cauca aprobara conciliación prejudicial, a través de decisión del 25 de febrero de 2005, por las causas de la privación de la libertad a que fue sometido el señor ANCIZAR MOLINA MAÑOZCA, dando la Fiscalía General de la Nación cumplimiento a acuerdo conciliatorio cancelando la suma de veinticinco millones setecientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($ 25.717.842) M.L. 1.2. La contestación La parte demanda pese haber sido notificada personalmente de la demanda, no contestó el libelo demandatorio (Auto del 27 de mayo de 2009, folio 34 del cuaderno del Tribunal). Surtido el periodo probatorio se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, derecho del cual no hicieron uso las partes. El señor Agente del Ministerio Público, 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L Procurador Judicial N°. 20. Delegado ante la Corporación no emitió concepto alguno. 1.3. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de fecha 22 de julio de dos mil once (2011), resolvió negar las pretensiones de la demanda,

basado en los siguientes argumentos:

1. Inicia su estudio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en que la entidadad demandante si ejerció la acción de repetición, cuyo sustento Constitucional y legal se derivo de los Artículos 90 de la Constitución Política y

86 del Código Contencioso Administrativo.

2. Que cuando se da el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido de la consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo aquel deberá repetir contra este.

3. Recordó que las entidades públicas deben promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa, originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor que no estuvo vinculado al proceso respectivo o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

4. Dado que esta es una acción civil por su carácter retributivo es de contenido económico, pero además de índole preventiva, en la medida que propugna por

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. J.M.L la materialización de los principios constitucionales de moralidad, eficacia y economía de la gestión pública por la finalidad que se persigue.

5. Es cierto que en plenario reposa copia simple del Acta de Conciliación,

contentiva en el acuerdo conciliatorio, pero se observó, que dicha providencia no puede ser valorada en este proceso, en tanto en que se aportó en copia simple, en razón que las copias informales de los documentos públicos no ofrecen la certeza requerida por la Ley. documentos aportados que no, tienen la virtualidad de acreditar o demostrar los hechos se pretenden hacer valer ante la jurisdicción.

6. Concluye el Tribunal Administrativo del Valle que no se logró acreditar los elementos probatorios que confieran prosperidad de la acción de repetición y al no contar con el acervo probatorio idóneo, en el cual se demuestren los extremos fácticos y jurídicos de la demanda que permitan comprobar que en el asunto de la controversia, se cumplió con los requisitos y presupuestos de dicha acción, cuando se tiene por expresa remisión del Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo en el régimen probatorio, según lo establecido por los Artículos 177 y 254 ( modificado por el Decreto Ley 2282 de 1989, Artículo 1°, N°. 17.) del Código de Procedimiento Penal, por eso no tuvo otro camino que denegar las pretensiones invocadas. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del ente demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de julio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en razón a que negó las pretensiones de la demanda, solicitando

su revocatoria argumentando lo siguiente: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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. J.M.L

1. La Sala del Tribunal Administrativo del Valle encuentra, que en el plenario reposa a del cuaderno único, copia simple del Acta de Conciliación N° 012 del 25 de enero de 2005, contentiva del acuerdo conciliatorio, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación, se obliga a pagar al convocante y a su familia, por lo tanto dicha providencia no puede ser valorada, pero lo cierto es que si se arrimo en copia autentica el auto aprobatorio de conciliación ante el Tribunal de Contencioso administrativo del Valle.

2. Considera que la copia que se allego con la demanda del acta de conciliación es auténtica por cuanto se tiene certeza sobre las personas que intervinieron en su elaboración. Las pruebas que demuestran y le dan validez a mi decir se encuentran en el propio expediente, veamos: Copia auténtica del auto aprobatorio del acuerdo emanado del Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca. Copia de la conciliación prejudicial celebrada ante la Procuraduría Judicial 18 Delegada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Copia auténtica del Acta de Comité de Conciliación y Repetición de la Fiscalía General de la Nación, en la que se ordena el ejercicio de la presente acción.

3. Es de resaltar que desde la demanda se informa al Despacho judicial de conocimiento, de la imposibilidad de aportar las decisiones auténticas o

autenticadas, por lo que muy respetuosamente se le solicitó, en aras de propender por la garantía de preciados derechos fundamentales de mi patrocinada, se oficiara a distintas entidades estatales a fin de que 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L remitieran tales decisiones con sus certificaciones para que obraran al interior del proceso.

4. Solicita se revoque la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se encuentra probado en el expediente que el servidor señor ROGER ANTONIO GAVIRIA BURBANO, en calidad de Fiscal 155 de Instrucción de Dagua Valle del Cauca, hubieran actuado con culpa grave o dolo en la providencia mediante la cual ordenó la detención preventiva de un ciudadano? 2.1.2. ¿Debe el señor ROGER ANTONIO GAVIRIA BURBANO en calidad de Fiscal 155 de Instrucción de Dagua Valle del Cauca, responder patrimonialmente en acción de repetición, por causa de su supuestos errores judiciales, por ordenar la medida de aseguramiento de que fue objeto el señor ANCIZAR MOLINA MAÑOZCA?

2.2. Marco Teórico. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Del Dolo y la culpa Grave en la le Ley 678 de 2001. La Ley 678 de 2001: establece en su artículo 2 que La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este orden de ideas la misma ley establece claramente el significado de Dolo y Culpa Grave en los artículos 5 y 6 cuando expresa: ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia

del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal 2.2.2. Acción de repetición – Elementos estructurales Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. La Sala analizará cada uno de los anteriores requisitos en la medida en que se verifique su existencia. Con base en los anteriores medios de prueba, encuentra la Sala satisfecho el primero de los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, pues se encuentra acreditado que la entidad demandante fue condenada a pagar una suma de dinero a favor de una persona, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el demandado.1 (Negrillas fuera de texto). 2.2.3. Acción de repetición - culpa grave o dolo: El Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-199708809-01 se pronunció sobre las características que se deben estudiar para

determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado una detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L “Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de

sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa-. Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio

temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. (Negrillas fuera de texto). 2.2.4. Responsabilidad personal del agente – Culpa Grave. Definición “Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite

el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. 2 2.2.5 Responsabilidad personal del agente – Prueba “Para que se pueda imputar la responsabilidad al agente público mediante la acción de repetición se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio. Es decir, como arriba se explicó, se trata de un responsabilidad subjetiva del agente público y, por ende, se encontrará obligado a reparar al

Estado si el daño o perjuicio le es imputable por haberlo causado con dolo o culpa grave. En el presente caso, el acervo probatorio allegado al proceso no permiten deducir la actuación dolosa o gravemente culposa del demandado en el entendido de su asimilación a términos del artículo 63 del Código Civil, en consonancia con los artículos 6, 101, 102 y 103 de la Constitución Política. En este orden de ideas cabe precisar que en relación con todos los aspectos de la controversia planteada, se tendrán en cuenta las pruebas documentales auténticas aportadas por las partes, y las testimoniales practicadas en este proceso. Visto el acervo probatorio cabe recordar que la responsabilidad personal del agente por la expedición de un acto administrativo que posteriormente es declarado nulo sólo puede predicarse en la medida en que se compruebe la actuación dolosa o gravemente culposa del agente. De conformidad con este criterio jurisprudencial y atendiendo a los hechos demostrados en el proceso, la Sala encuentra que no se demostró que el demandado hubiera actuado con dolo o culpa grave en la expedición del acto administrativo que decretó la insubsistencia, como quiera que una razonable interpretación de las normas vigentes en esa época, permitía concluir que le correspondía la competencia para el efecto como Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La prueba recaudada 2 Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933)”.

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. J.M.L muestra que el demandado en su calidad de Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, puso en conocimiento de la Junta Directiva de la entidad el nombramiento del señor PLAZAS ROJAS en el cargo de Director de Sistemas, así como el acto de declaratoria de insubsistencia del señor SÁNCHEZ MORENO, como se desprende del acta 2251 de 26 de marzo de 1993, de la Resolución No 591 de 31 de diciembre de 1993 proferida por la Personería Distrital de Bogotá y del testimonio del entonces Director Jurídico de la entidad Doctor Juan Francisco Forero. Es decir el demandado acogió una posibilidad jurídicamente válida, consiste en que al aprobar tal nombramiento, también se aceptara tácitamente por la Junta Directiva el retiro de la persona desvinculada, con lo cual entendió cumplida la obligación que le correspondía de conformidad con los artículos 7 del Acuerdo 105 de 1995 y 32 del Acuerdo 7 de 1977 y por ende descartada cualquier actuación inducida por el dolo o la culpa grave. Cabe recordar que era práctica común en la empresa el que una vez proferidos los actos administrativos respectivos, estos se ponían a consideración de la Junta Directiva, la

cual podía expresamente oponerse a las determinaciones tomadas y ordenar el reintegro respectivo o incluso si no manifestaba oposición alguna a los movimientos de personal, entender que tácitamente los había aceptado, según lo afirmó el señor Juan Francisco Forero Director Jurídico de la entidad”. (negrillas y comillas fuera de texto).3 2.2.6. Legitimidad para actuar – Término El artículo 678 de 2001 establece: “ARTÍCULO 8o. LEGITIMACIÓN. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición:

1. El Ministerio Público. 2. <Numeral modificado por el artículo 6o. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO 1o. Cualquier persona podrá requerir a las entidades legitimadas para que instauren la acción de repetición, la decisión que se adopte se comunicará al requirente. PARÁGRAFO 2o. Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se refiere este artículo no iniciare la acción

en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución”. 3 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 25000-23-26-000-2001-02841-01(30226). 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L 2.2.7. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr. "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras

palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. J.M.L que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos."' 2.2.8. Código Contencioso Administrativo. Artículo 168 En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicar