PGN - ACCION DE REPETICION - Jurisprudencia del consejo de estado sobre el deber de aportar pruebas

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad administrativa El incumplimiento de normas de comportamiento obligatorias por el hoy demandado conllevó a que se produjera la lesión en un retenido y con ello las pretensiones de la demanda en acción de reparación obtuvieran el eco suficiente pues se deprecó por sus conducta irresponsable la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional y con ello una erogación a cargo del tesoro público, que se alimenta con las contribuciones de la sociedad en general, todo por la falta de diligencia y precaución que se demandan “de un buen padre de familia”, como lo considera la Ley, Doctrina y Jurisprudencia en materia de responsabilidad civil. El Ministerio Público en representación de los intereses de la sociedad, no puede ser menor ante la responsabilidad que significan las condenas en contra del Estado y la gravedad que exige la aplicación estricta de la acción de repetición según el precepto constitucional contenido en el artículo 90 y la Ley 678 de 2001, razón por la cual, ante el silencio del representante de esta entidad, enviará copias a la Coordinación de los Procuradores Delegados ante el Consejo de Estado a fin de que se investigue disciplinariamente al Procurador Judicial II En Asuntos ante la Jurisdicción Administrativa, que se abstuvo de cumplir con su deber. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para restituir los dineros erogados Definitivamente la acción de repetición, no es un requisito solo para agotar un procedimiento por cuenta de la Administración, sino que se trata de una responsabilidad de mayor envergadura a partir de lo dispuesto en el artículo constitucional, que pretende

mayor responsabilidad en las actuaciones y omisiones de los servidores públicos. Por tanto, en consideración a todo lo anterior, en vista a que de conformidad con los planteamientos en el marco teórico y normativo, la entidad demandante, esto es la POLICIA NACIONAL, si fue diligente en comprobar adecuadamente los requisitos objetivos y subjetivos para que se produjera una condena en acción de repetición en contra del entonces Teniente de la Policía Nacional, razón más que suficiente para que la sentencia objeto del recurso de alzada en concepto respetuoso de esta Delegada, deba ser revocada y en su lugar declarar la responsabilidad el antes mencionado, condenando al reintegro de los dineros que debió cancelar la Policía Nacional en cumplimiento de sentencia en Acción de Reparación. En concepto del Ministerio Público la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío de fecha 06 (seis) de octubre de 2011, debe ser revocada, para dar lugar a la DECLARACION DE RESPONSABILIDAD del demandado y consecuencialmente ser CONDENADO a restituir los dineros erogados a favor del afectado y otros en cumplimiento de la Sentencia del 1 de Febrero de 2006, proferida por el Tribunal antes mencionado en Acción de Reparación Directa. De otro lado, además se advierte que en razón del silencio del Ministerio Público en primera instancia, se oficiará conforme al numeral 10 del caso en concreto que antecede, al Señor Procurador Delegado Coordinador de Procuradores ante el H. Consejo de Estado, para lo de su competencia. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Debe acreditarse el aspecto subjetivo/ACCIÓN DE

REPETICIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el deber de aportar pruebas Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No.162 /2012

Bogotá, D.C., Mayo 22 de 2011

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 6300123310002008002320 01 (42926)

Acción de Repetición

ACTOR: MINDEFENSA POLICIA NACIONAL DEMANDADO: GELVER YESID PEÑA ARAQUE Sentido del concepto: REVOCAR la sentencia recurrida, en razón a que existen los elementos de juicio suficientes que informan la culpa grave en que incurrió el Policial demandado. Responsabilidad administrativa es distinta a la responsabilidad penal. Oficiar Coordinador de Delegados ante el Consejo de Estado por presunta irregularidad al no actuar en primera instancia el Procurador Judicial II en Asuntos ante la Jurisdicción

Contenciosa Administrativa en el Distrito Judicial del Quindio. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de

la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la 2 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. EL MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL a través de apoderado judicial en ejercicio de Acción de Repetición, instaura demanda en contra de GELVER YESID PEÑA ARAQUE, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, como consecuencia de las lesiones personales que sufriera JORGE ELIECER VALENCIA LÓPEZ, en hechos acaecidos en las instalaciones de la SIJIN de la ciudad de Armenia, el día 27 de enero de 2000. 1.2. La contestación El apoderado judicial de GELVER YESIDE PEÑA ARAQUE, contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, invocando la falta de legitimación en la causa por pasiva de manera anti técnica, pues el argumento se encaminó a demostrar la caducidad de la acción y por otro lado la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no existe elemento probatorio que demuestre la conducta gravemente culposa o dolosa del

demandado. . 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de sentencia del 6 de octubre de 2011, profiere sentencia declarando no probadas las excepciones invocadas por la 3 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) parte demandante y en segundo lugar negando las pretensiones formuladas en la demanda de acción de repetición. Básicamente la decisión se fundamenta en la falta de pruebas que permitieran demostrar de demandado, porque los elementos objetivos si se acreditaron, en tanto que el subjetivo, al menos de la lectura de la sentencia del Tribunal Superior Militar, se deduce que el Policial demandado, se le declaró incurso en causal de justificación, razón suficiente para que fuera absuelto, del hecho punible por el cual se había investigado, específicamente las lesiones personales en la modalidad de culposas. Señala que las sentencias de la Justicia Penal Militar no fueron mencionadas, ni cuestionadas por la Policía Nacional. Acota que sin embargo las decisiones disciplinarias destacaron que había sobrepasado los límites del cumplimiento del deber, por lo que fue sancionado con suspensión de 10 días, pero el análisis del tema de la culpa no se efectuó en dicha instancia administrativa, en tanto que en

la penal si. Por tal razón, el Tribunal Contencioso, considera válido el análisis efectuado en sede de Jurisdicción Penal, en razón a que no existen otros elementos de juicio aportados en el proceso de Acción de Reparación, ni tampoco en el de Acción de Repetición. 1.4. Argumentos de la apelación La Policía Nacional apela el fallo antes mencionado, con el argumento que la entidad no debe responder indefinidamente por la falta atribuible al actor, así este no haya sido vinculado a través de llamamiento en garantía, porque debe cumplirse el deber señalado en el artículo 90 de la Constitución Política. ( Cuaderno del Consejo de Estado, Folios 223 y 224):

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

4 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

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2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es suficiente para esperar se deprequen favorablemente las pretensiones en acción de repetición, el demostrar el pago de la condena de que fue objeto la Administración? 2.1.2. ¿El análisis que se encuentra en la resolución del informativo disciplinario, se encuentran los elementos subjetivos para deprecar responsabilidad administrativa en la acción de repetición?

2.1.3. ¿Es de recibo la decisión penal, en la cual se declara la causal de justificación absolviendo al hoy demandado por el delito de lesiones personales culposas? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1 Vigencia de la ley 678 de 2001 De otro lado, respecto a la vigencia de la ley 678 de 2001, la misma ley dispone lo siguiente: 5 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) ARTÍCULO 31. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias 2.2.2. El aspecto subjetivo para la prosperidad de la acción de repetición ARTÍCULO 5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 374 de 2002 ARTÍCULO 6º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

6 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

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4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a

detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-455 de 2002 2.2.3. El aspecto subjetivo debe ser acreditado El Consejo de Estado ha ido reiterando la importancia de acreditar debidamente el aspecto subjetivo, el decir el dolo o la culpa grave en que incurrió el funcionario público, lo que prohijó la declaratoria de responsabilidad administrativa de la Administración en la acción de reparación, es decir la posibilidad de aplicar las normas sustanciales en la materia. Al respecto entre otros pronunciamientos ha señalado: “El dolo y la culpa constituyen el elemento subjetivo que debe estar acreditado para que sea viable la acción de repetición, como quiera que se trata de una acción personal, en la cual se valora y juzga el comportamiento del funcionario, servidor público o agente estatal, en la producción de un determinado daño que ha sido previamente resarcido por la organización estatal”1 2.2.4. Las pruebas de la conducta del agente estatal en el proceso penal También el Consejo de Estado en esta materia se ha pronunciado a fin de facilitar la labor del Juez Administrativo en la Acción de Repetición. Al respecto ha dicho: “En este orden de ideas. El problema jurídico se centra en determinar si las providencias ejecutoriadas del proceso penal sirven y son suficientes para, 1 C.E. Sección Tercera. Expediente 35529. Auto del once (11) de noviembre de 2009. Consejero

Ponente Dr. Enrique Gil Botero 7 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) en sede del proceso de repetición, dar por acreditado el dolo de los funcionarios públicos, máxime si en recientes oportunidades se ha precisado que la sentencia proferida en el proceso contencioso administrativo que dio origen a la acción de repetición (v.gr. nulidad y restablecimiento del derecho) no es suficiente en si misma para a partir de allí derivar la prueba del dolo o la culpa grave del funcionario. La sentencia penal puede llegar a tener efectos vinculantes en la acción de repetición, todo lo cual dependerá de la valoración que haya efectuado el juez de lo criminal en el respectivo trámite procesal. De otro lado, resulta incuestionable que, en aquellos eventos en que la condena haya sido impuesta a título de dolo, no resultará viable al juez contencioso administrativo, desconocer la valoración realizada por el juez penal. En este contexto, si bien el concepto de dolo en materia de acción de repetición tienen un contenido y alcance no equiparable al dolo penal, lo cierto es que comparten ciertos rasgos distintivos, que hacen vinculante la condena penal en esta jurisdicción, siempre que, se reitera, la mimsa se haya imputado a título de dolo; lo anterior como quiera que la culpa

grave en tratándose de la acción de repetición (culpa grave y leve) tiene una graduación diferente a la punitiva (culpa con o sin representación), motivo por el cual los conceptos no pueden ser asimilados y, por ende, no resulta predicable los efectos de cosa juzgada en lo penal frente al proceso de repetición”.2 2.2.5. Obligación de aportar las pruebas Uno de los aforismos latinos más repetidos en materia de procedimiento o práctica judicial es aquel que reza “da mihi factum, dabo tibi ius” que traduce: “dadme las pruebas y te daré el derecho”. 2 El mismo Auto citado inmediatamente anterior. 8 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) En el Código se Procedimiento Civil, se impone la necesidad de la prueba en los siguientes términos: ARTÍCULO 174. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. De otro lado la carga de la prueba o “onus probandi” se atribuye o corresponde a la parte que reclama el derecho, salvo en aquellas oportunidades en que sin duda debe ser aplicada la teoría de la carga dinámica de las pruebas. Veamos que dice el Código de Procedimiento Civil: ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen 2.2.6. Sentencia del Consejo de Estado en cuanto al deber de aportar pruebas en la Acción de Repetición La Jurisprudencia respecto a este deber entre otras manifestaciones del Consejo de Estado ha dicho: Finalmente la Sala llama la atención a las entidades públicas que ejercen la acción de repetición, con el fin de recordarles que sobre ellas recae la carga de probar los elementos objetivos y subjetivos mencionados para la prosperidad de la acción de repetición, como lo manifestó recientemente3 “No satisface esta conducta procesal cuando la actora se limita a afirmar o incluso, en principio, cuando simplemente allega al expediente la sola 3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. 17.482 Agosto 31 de 2006 y Exp. 28.448 Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 9 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) sentencia de condena a cargo del Estado, puesto que en este juicio no se trata de una pretensión ejecutiva, sino de un proceso contencioso y declarativo de su responsabilidad por culpa grave o dolo en su acción u omisión que habría ocasionado un daño que resarció el Estado, y en el cual el interesado en obtener una sentencia favorable de la jurisdicción deberá

desplegar una actividad probatoria prolífica, acorde y proporcional con dicho interés, siendo por tanto indispensable que sea celoso en atender la carga procesal probatoria que implica el acreditamiento de los elementos que han sido explicados, para el éxito y prosperidad de las pretensiones y el aseguramiento de los fines constitucionales y legales de la acción de repetición, lo cual no se evidenció en el presente caso”. 2.3. Las pruebas obrantes Se acreditaron efectivamente las pruebas objetivas de la condena, la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío el pago y la sentencia penal del Tribunal Penal Militar, mediante la cual se absolvió por legítima defensa al hoy demandante, esta última aducida al proceso por el demandado. Pero también se tiene en cuenta la resolución por medio de la cual se decidió en segunda instancia la investigación disciplinaria en contra de Gelver Yesid Peña Araque. Es decir las mismas pruebas en que se sustenta la decisión de primera instancia, objeto del recurso. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, se tienen los siguientes aspectos, a partir de los cuales, observa el Ministerio Público debe ser revocada la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar la responsabilidad del demandado, debiendo en consecuencia restituir los dineros pagados por la Policía Nacional. 10 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

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1. El caso objeto de la Litis, el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío condenó a la Policía Nacional, en acción de reparación, al encontrar que se había adecuado una conducta en donde “se evidencia la desproporción de la medida de la autoridad policial, resultando desmedida y absurda, que ocasionó, entre otras la pérdida de un ojo del demandante” .

2. La Policía Nacional, tal como se comprobó pagó la condena impuesta, tal como se lee en la Resolución 593 del 6 de diciembre de 2000 y además el comprobante de egreso 3748 del mismo mes y año. Quiere decir que las condiciones objetivas para la prosperidad de la acción de repetición fueron cumplidas a cabalidad.

3. Retomando entonces el aspecto subjetivo, a partir del cual se puede deprecar la responsabilidad, sin duda, como lo advierte el Tribunal Contenciosos Administrativo del Quindío en el fallo en acción de reparación, el hoy demandado, incurrió en una conducta desproporcionada, la que no corresponde a quien es responsable de sus actuaciones como agente estatal, quien ha sido debidamente entrenado para cumplir su misión constitucional frente a los ciudadanos.

4. Incurre en error de apreciación en la sentencia objeto del recurso el Tribunal aludido, al no tener en cuenta la resolución en que se advierte la inconsistencia disciplinaria del policial, quien actúa desproporcionadamente y además sobrepasa los límites contemplados en el artículo 39, numerales 1, 13, 14 y 15 del Decreto 2584 de 1993, el cual es el Reglamento de

Disciplina y Ética para la Policía Nacional. La Resolución aludida es la que en segunda instancia, tras incoar recurso de apelación, decide la situación del disciplinado, imponiendo a consecuencia del exceso en sus deberes, la sanción de diez días de suspensión. 11 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

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5. Incurre también en error de apreciación, al aplicar el contenido de la sentencia penal, en donde le es aplicada causal de justificación al entonces Teniente, bajo el razonamiento de que al apoderarse de “dos bastones de mando”, por cuenta de los amotinados y desdibujar con ello la culpa, pero a título penal.

6. Cabe advertir que ambas culpas no tienen las mismas lecturas en el proceso de responsabilidad administrativa, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, pero acudiendo a las reglas de la sana critica y a la lógica en rigor jurídico, de la lectura de ambas decisiones, esto es la penal y la disciplinaria, en procesos en donde contó con defensa técnica el hoy demandado, se puede arribar sin duda a la conclusión, que si bien penalmente podía ser relevado de responsabilidad, disciplinaria y administrativamente se dan los elementos constitutivos de responsabilidad a título de culpa grave, que se guía según los derroteros del derecho

administrativo y particularmente en sede de acción de repetición, por la falta de diligencia y precaución, tal como lo señala el desarrollo del tema por la doctrina y jurisprudencia en materia civil.

7. En el caso del entonces policial, se ha de tener en cuenta que su entrenamiento debió estar orientado al cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. De hecho el artículo 218 de la Carta reza textualmente, que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

8. De otro lado en sus entrenamientos y capacitaciones, se encuentran la forma en que deben actuar siguiendo los lineamientos de la Ley y los Reglamentos, como ocurre con el Decreto 2584 de 1993, que como se advirtió se trata del Reglamento de Disciplina y Ética de la Policía Nacional.

12 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) El cumplimiento de estos no tienen excepciones, más cuando se trata de un oficial, que debe dar ejemplo en sus comportamientos avenidos en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley en sentido genera, es decir obligación no solo para con los ciudadanos o habitantes del territorio nacional, sino además frente a los hombres que se encuentran sujetos por

su rango a él. En el caso fue por un lado una acción irreflexiva y por el otro una omisión del catálogo de normas a que se encontraba obligado.

9. El incumplimiento de normas de comportamiento obligatorias por el hoy demandado conllevó a que se produjera la lesión en un retenido y con ello las pretensiones de la demanda en acción de reparación obtuvieran el eco suficiente pues se deprecó por sus conducta irresponsable la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional y con ello una erogación a cargo del tesoro público, que se alimenta con las contribuciones de la sociedad en general, todo por la falta de diligencia y precaución que se demandan “de un buen padre de familia”, como lo considera la Ley, Doctrina y Jurisprudencia en materia de responsabilidad civil. 10.El Ministerio Público en representación de los intereses de la sociedad, no puede ser menor ante la responsabilidad que significan las condenas en contra del Estado y la gravedad que exige la aplicación estricta de la acción de repetición según el precepto constitucional contenido en el artículo 90 y la Ley 678 de 2001, razón por la cual, ante el silencio del representante de esta entidad, enviará copias a la Coordinación de los Procuradores Delegados ante el Consejo de Estado a fin de que se investigue disciplinariamente al Procurador Judicial II En Asuntos ante la Jurisdicción Administrativa, que se abstuvo de cumplir con su deber. Definitivamente la acción de repetición, no es un requisito solo para agotar un procedimiento por cuenta de la Administración, sino que se trata de una responsabilidad

13 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) de mayor envergadura a partir de lo dispuesto en el artículo constitucional, que pretende mayor responsabilidad en las actuaciones y omisiones de los servidores públicos. 11.Por tanto, en consideración a todo lo anterior, en vista a que de conformidad con los planteamientos en el marco teórico y normativo, la entidad demandante, esto es la POLICIA NACIONAL, si fue diligente en comprobar adecuadamente los requisitos objetivos y subjetivos para que se produjera una condena en acción de repetición en contra del entonces Teniente de la Policía Nacional GELVER YESID PEÑA ARAQUE, razón más que suficiente para que la sentencia objeto del recurso de alzada en concepto respetuoso de esta Delegada, deba ser revocada y en su lugar declarar la responsabilidad el antes mencionado, condenando al reintegro de los dineros que debió cancelar la Policía Nacional en cumplimiento de sentencia en Acción de Reparación, a favor de JORGE ELIECER

VALENCIA LÓPEZ Y OTROS.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío de fecha 06 (seis) de octubre de 2011, debe ser revocada, para dar lugar a la DECLARACION DE RESPONSABILIDAD de GELVER YESID PEÑA ARAQUE y consecuencialmente ser CONDENADO a

restituir los dineros erogados a favor de JORGE ELIECER VALENCIA LÓPEZ y otros en cumplimiento de la Sentencia del 1 de Febrero de 2006, proferida por el Tribunal antes mencionado en Acción de Reparación Directa. 14 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 39.274 (250002326000 2006 02143 01) De otro lado, además se advierte que en razón del silencio del Ministerio Público en primera instancia, se oficiará conforme al numeral 10 del caso en concreto que antecede, al Señor Procurador Delegado Coordinador de Procuradores ante el H. Consejo de Estado, para lo de su competencia. Respetuosamente, del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co